El Impuesto Temporal de Solidaridad de las grandes fortunas y su encaje con el Impuesto sobre el Patrimonio

DIEGO MARTÍNEZ

MANUEL DÍAZ

CARMEN MARÍN

Apuntes 2022/29

Noviembre de 2022

fedea

Las opiniones recogidas en este documento son las de sus autores y no coinciden necesariamente con las de Fedea.

Diego Martínez (Universidad Pablo Olavide y FEDEA), Manuel Díaz (FEDEA) y Carmen Marín (FEDEA)

Noviembre de 20222

En esta nota se analizan las posibles repercusiones del nuevo impuesto de solidaridad para las haciendas autonómicas, sin entrar a valorar esta figura tributaria. Las principales líneas del nuevo impuesto se perfilan en una nota de prensa publicada por el Ministerio de Hacienda¹ en las que se afirma que éste se aplicaría a partir de 2023. A mediados de octubre, sin embargo, en el Plan Presupuestario 2023 se desliza la idea de que dicho impuesto sería de aplicación ya en 2022. Aunque en el citado documento se señala de forma explícita que su vigencia se concentraría “temporalmente” en los dos próximos años, el pasado 10 de noviembre se registró una enmienda a la Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito por parte de los Grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, a fin de crear el tributo a las grandes fortunas y fijando su entrada en vigor cuando se apruebe, que será previsiblemente, antes de que finalice 2022.²

Sus principales rasgos coinciden en esencia con los del actual Impuesto sobre el Patrimonio (IP) en términos de reglas de valoración, deducibilidad de deudas, límite conjunto con IRPF, mínimos exentos, etc. El impuesto afectaría a los patrimonios netos superiores a los 3,7 millones de euros, teniendo en cuenta un mínimo exento de 0,7 millones de euros, de acuerdo con la siguiente tarifa:

La recaudación anual estimada es de 1.500 millones de euros, que se debe destinar a políticas de apoyo a los más vulnerables. Se establece asimismo su deducibilidad completa con el IP autonómico, esto es, la cuota pagada en concepto de IP se descuenta, si es el caso, de la correspondiente en el impuesto estatal de solidaridad.

¹https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/S.E.H ACIENDA/29-09-22-NP-Medidas-fiscales-2023.pdf

² Véase la enmienda no. 99 en https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-271-5.PDF#page=1

Como recordatorio, el IP se enmarca entre los impuestos que gravan la riqueza desde su establecimiento con “carácter excepcional y transitorio” en noviembre de 1977, configurándose con carácter definitivo en el mes de junio de 1991. Más tarde, en el año 2008, se elimina hasta su posterior restablecimiento de manera temporal para los años 2011 y 2012 a través del Real Decreto-ley 13/2011, con un mínimo exento de 700.000 euros y una exención de 300.000 euros para la vivienda habitual del contribuyente. Debe notarse aquí que las CC.AA. fueron compensadas por dicha eliminación; con el nuevo sistema de financiación autonómica de 2009 dicha compensación fue incluida en los recursos generales del modelo y que, al ser recuperado el impuesto, no se anuló. En este sentido, puede afirmarse que las CC.AA. de régimen común han estado recibiendo recursos en concepto de IP por partida doble y dos vías no excluyentes. Desde 2012 el IP se ha ido prorrogando año a año hasta que la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021 lo restableció con carácter indefinido. La tarifa estatal es la siguiente:

El IP se encuentra cedido a las CC.AA., que son las perceptoras del 100% de la recaudación obtenida y con potestad normativa para aprobar tarifas diferentes a la estatal, distintos mínimos exentos o bonificaciones de la cuota. Durante este último año, se ha intensificado el proceso de competencia fiscal a través de la reducción de tarifas y el establecimiento de bonificaciones. Aunque es cierto que el anuncio de rebajas en el IP tiene como consecuencia directa una reducción de la recaudación a través del mismo, también se especula con la posibilidad de que se produzcan traslados de propietarios de grandes patrimonios hacia las comunidades que reducen o eliminan el impuesto, con un eventual aumento de recaudación a través de otras figuras tributarias como el IRPF.

La recaudación del impuesto de solidaridad será percibida por el Estado y la del IP se mantendrá en las CC.AA. Ante esta situación nos encontramos con comunidades que presentan tipos más reducidos en su IP que los propuestos a través del impuesto de solidaridad y comunidades que están bonificando la totalidad del IP (Comunidad de Madrid y Andalucía) o una parte del mismo (Galicia). Estas comunidades no podrán beneficiar a sus contribuyentes con menores tipos ya que el impuesto de solidaridad aumentaría hasta compensar la rebaja. Por lo que, en principio, las comunidades tienen incentivos para aumentar su IP para bases liquidables por encima de 3 millones hasta el nivel fijado en el nuevo impuesto estatal en todos los tramos que se vean afectados, con lo que la recaudación neta estatal tendería a ser nula. Sin embargo, no se verían afectadas por debajo de ese umbral, por lo que podrían mantener las bonificaciones actuales hasta los 3 millones de euros de base liquidable.

En la siguiente tabla³ se visualiza qué comunidades se ven afectadas por el impuesto de solidaridad debido a que su tarifa en el IP presenta tipos más reducidos que los anunciados en el impuesto de solidaridad. Estas regiones son Cataluña, Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y las cuatro haciendas forales. Todas estas comunidades con la excepción de las haciendas forales presentan un tipo máximo en el IP inferior al establecido en el impuesto de solidaridad. En el caso de las haciendas forales, la diferencia entre el IP y el impuesto de solidaridad afecta a más tramos de la tarifa. A título orientativo, la tabla presenta el tipo máximo del IP, el tipo máximo del impuesto de solidaridad y la diferencia entre ambos.

Dicha tabla recoge también el impacto de las bonificaciones vigentes en tres comunidades mediante ajustes a los tipos de gravamen. Por un lado, la bonificación del 100% vigente en la Comunidad de Madrid se traduce en un tipo efectivo del 0%. Por otro lado, la bonificación del 25% en Galicia, que supone, en la práctica, reducir todos los tipos en un 25%, con lo que el tipo máximo se reduciría desde el 2,5% al 1,88%. Y, por último, la reciente bonificación del 100% de la cuota resultante del IP aprobada en Andalucía por el Decreto-ley 7/2022, de 20 de septiembre. Como Anexo a este documento se recogen las tarifas autonómicas aplicables en cada comunidad, así como la enumeración de las CC.AA. acogidas a la tarifa estatal. Otra cuestión que resulta interesante presentar es a partir de qué nivel de patrimonio neto estarán afectados los contribuyentes de las diferentes comunidades. Las CC.AA. sombreadas en gris (La Rioja, C. Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Castilla y León) presentan tipos iguales o superiores (caso de Extremadura) a los del impuesto de solidaridad, por lo que, dada la deducibilidad del IP, sus contribuyentes no se verán afectados por la introducción de dicho impuesto. En el caso contrario están Madrid y Andalucía con una bonificación completa del IP. En este caso, el patrimonio neto a partir del cual opera el impuesto de solidaridad es de 3,7 millones de euros (3 millones de euros más 700.000 del mínimo exento). Para el resto de las comunidades, hemos calculado el patrimonio neto a partir del cual opera el impuesto de solidaridad utilizando las tarifas de ambos impuestos y considerando la deducibilidad de la cuota del IP en el impuesto de solidaridad. Este patrimonio neto incluye el mínimo exento del IP, que es diferente según la comunidad considerada. Los resultados de estos cálculos se recogen en la última columna de la tabla. Como se puede ver, este nivel de patrimonio neto oscila desde los 3,7 millones de euros en Madrid o Andalucía, hasta los 209,9 millones de islas Baleares (cuya diferencia de tipos es del 0,05%, que se compensa con la cuota pagada por el IP en tramos inferiores a los 3 millones hasta el nivel de patrimonio neto de 209,9 millones). En Galicia afectaría a partir de los patrimonios de 8,6 millones de euros (en este caso, se incluyen en los cálculos la bonificación del 25% de la tarifa del IP). Para País Vasco y Navarra se ha tenido en cuenta el tramo de la tarifa del IP a partir del cual comienza a afectar el impuesto de solidaridad. Así, en Bizkaia el patrimonio neto afectado es a partir de los 9 millones de euros, en Navarra desde los 11,5 millones de euros y en las diputaciones forales de Álava y Guipuzkoa desde los 13 millones. En Cataluña a partir de los 17,5 millones de euros. En Asturias, Murcia y Cantabria se abonaría el impuesto de solidaridad a partir de los 23,9, 25 y 26 millones de euros, respectivamente. Aparte, habría que añadir a todos los cálculos de patrimonio neto la exención de 300.000 euros de la vivienda habitual.

³ En la versión original de esta nota había un error en la última columna (Patrimonio neto a partir del cual opera el impuesto de solidaridad) en Cataluña, Álava, Bizkaia y Navarra que se ha subsanado.

Nota: El tipo marginal máximo se ha corregido teniendo en cuenta la bonificación del 100% en la Comunidad de Madrid y Andalucía (Decreto-lev 7/2022. de 20 de septiembrelv del 25% en Galicia

En la siguiente tabla se muestra la cuota a pagar en el impuesto de solidaridad sobre patrimonios netos tomados a título ilustrativo de 4, 7,5 y 15 millones de euros (descontados 300.000 euros de vivienda habitual) en cada comunidad, que en el caso de País Vasco se aplicaría por diputaciones. En este cálculo suponemos que se mantiene la actual escala de gravamen autonómica y que la cuota a pagar no se ve afectada por los límites a la cuota íntegra de patrimonio e IRPF, que en términos generales no puede exceder el 60% de la base imponible del IRPF. Los patrimonios netos de 4, 7,5 y 15 millones de euros soportarían una cuota íntegra por el impuesto de solidaridad de 5.100, 70.408 y 278.364 euros, respectivamente. Estas cantidades únicamente estarían por debajo de las cuotas autonómicas del IP en Andalucía y Madrid. Para patrimonios netos de 15 millones de euros, el impuesto de solidaridad también se abonaría en Galicia, en las diputaciones forales del País Vasco y en Navarra. Estos resultados son complementarios a los ofrecidos en la tabla anterior, en la que se mostraba que únicamente los contribuyentes de Madrid, Andalucía, Galicia y las haciendas forales con patrimonio neto menor de 15 millones se veían afectados por el impuesto de solidaridad.

INCÓGNITAS NO RESUELTAS

No obstante, dado lo que se sabe actualmente sobre el impuesto, se mantiene un buen número de incógnitas sin resolver. A saber,

a) Las CC.AA. que ya han renunciado completamente a la recaudación del IP (Andalucía, Comunidad de Madrid), ¿van a recuperarlo? Desde el punto de vista financiero, podría tener sentido: antes de que la recaudación del impuesto acabe en el gobierno central, las CC.AA. afectadas podrían aspirar a recaudar la totalidad de lo tributado por sus contribuyentes. No obstante, estas comunidades también podrían reafirmarse en su posición de bonificar la cuota al 100% y reclamar contra la violación de su autonomía tributaria en los tribunales.

b) Las CC.AA. que tienen establecida una tarifa en el IP inferior a la propuesta en el impuesto de solidaridad, ¿van a permanecer impasibles ante una subida de impuestos hacia sus contribuyentes? En este caso, creemos que estas comunidades posiblemente opten por una subida de su IP a fin de no perder recaudación en favor del Estado. Las CC.AA. afectadas pueden asimismo establecer instrumentos compensatorios en sentido contrario; por ejemplo, bonificaciones en otros impuestos autonómicos como el IRPF. También podrían introducir tratamientos fiscales favorables en el tramo de su base liquidable por debajo de 3 millones de euros, que queda fuera del alcance estatal, con lo que la competencia fiscal entre comunidades no se impide y seguiría vigente.

c) ¿Cómo se concierta o convenia, según el caso, el impuesto de solidaridad con las haciendas forales? La enmienda recientemente presentada y que crea el impuesto de solidaridad establece que deben adaptarse tanto el Concierto como el Convenio Económico para considerar el nuevo tributo. En este sentido, transferir la potestad tributaria a la competencia foral exigiría algún tipo de armonización o límite a dicha potestad. De lo contrario, la competencia fiscal (que es lo que se pretende neutralizar) desde los territorios forales estaría servida. Con otras palabras, transferir el impuesto de solidaridad a las haciendas forales sin ninguna limitación en su capacidad normativa sería claramente discriminatorio para las demás pues las probabilidades de que lo bonifiquen serían muy elevadas.

d) Es evidente que la aplicación del impuesto de solidaridad va a tener consecuencias sobre las medidas anunciadas por algunas de las CC.AA., que podrían reconsiderarse. Galicia, por ejemplo, con intención de duplicar la bonificación en el IP hasta situarla en el 50%. La Región de Murcia, por su parte, ha anunciado la bonificación total del IP para 2023. O incluso la reciente la bonificación total del impuesto realizada por Andalucía.

En definitiva, es importante que se diluciden estos aspectos centrales del diseño y aplicación de nuevo impuesto de solidaridad a fin de resolver las cuestiones que afectan a nuestro marco de descentralización fiscal y, en particular, sobre las finanzas autonómicas.

Anexo

Las siguientes comunidades autónomas utilizan la tarifa estatal: Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y La Rioja. No obstante, debemos tener en cuenta que en la Comunidad de Madrid y en Andalucía se aplica una bonificación del 100% en la cuota resultante. El resto de CC.AA. aplican sus respectivas tarifas, recogidas en las tablas siguientes. Nota: Si bien la tarifa vigente en Andalucía es la que muestra la tabla anterior, la cuota del impuesto se bonifica al 100% por el Decreto-ley 7/2022, de 20 de septiembre con efectos desde 2022.

Nota: Si bien la tarifa vigente en Galicia es la que muestra la tabla anterior, la cuota del impuesto está bonificada en un 25%.