Estudios sobre la Economía Española - 2016/04 Las consecuencias de la reciente crisis económica para la innovación empresarial española

Juan Mulet Meliá

FEDEA

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1.- Introducción

La actual crisis no ha afectado de la misma manera en todos los países a los esfuerzos dedicados a actividades innovadoras, de los cuales la I+D es una componente relevante y decisiva de la calidad de la innovación. La base de datos Main Science and Technology Indicators (MSTI)(1)de la OCDE contiene datos sobre los gastos en I+D de 49 de sus países miembros. Sólo 19 de ellos han declarado menos gastos en esta actividad en 2013 que en 2008, y España figura en el quinto puesto cuando se los ordena de mayor a menor reducción. Como regla general, los países con economías claramente dependientes del conocimiento han tenido una reacción rápida y positiva, con incrementos entre los años citados, y descontada la inflación, que en la mayoría de los casos superan el 5%, y pueden llegar a tener dos dígitos en países realmente comprometidos.

Este documento analiza, utilizando los datos oficiales (2), cómo la innovación y la I+D españolas se han visto afectadas por esta recesión. La autoridad estadística española, el Instituto Naciona de Estadística (INE) realiza desde 1967, con metodología OCDE, una Estadística (Manual de Frascati) (3) sobre actividades en Investigación y Desarrollo (I+D) y, desde 2002, una Encuesta (Manual de Oslo) (4) sobre Innovación en las Empresas. Sus resultados alimentan las bases de datos de Eurostat (UE) (5) y de la Stan OECD Structural Analysis Statistics (OCDE) (6), una vez que son armonizados con los de otros países miembros de estas organizaciones internacionales. Solamente razones históricas, que sería ocioso tratar aquí, hacen que existan estas dos medidas de partes de una única realidad, que es la creación de conocimiento y su utilización para el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad.

La finalidad de la I+D es la creación de nuevo conocimiento y, según la metodología citada, incluye las tres actividades siguientes: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental, que se definen como sigue:

La investigación básica consiste en trabajos experimentales, estadísticos o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada.

La investigación aplicada consiste también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico.

El desarrollo experimental corresponde a trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y la experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.

La innovación, también siguiendo la metodología propuesta por la OCDE, se refiere a las actividades que realizan o financian las empresas, tanto para generar conocimiento (su I+D) como para transformar el que generan o adquieren en productos, procesos y servicios o en sus mejoras, para su introducción en el mercado. Excepcionalmente, la metodología también intenta capturar las empresas que “en el periodo estudiado tienen innovaciones en curso o no exitosas” (INE).

La Encuesta de Innovación cuantifica las empresas de más de diez empleados que realizan actividades innovadoras de todo tipo, tecnológicas y “no tecnológicas”, y se detiene en evaluar, para las innovaciones tecnológicas, los esfuerzos dedicados a las actividades siguientes:

• I+D interna (realizada dentro de la propia empresa).

• I+D externa (contratada por la empresa a otras organizaciones públicas o privadas).

• Adquisición de la tecnología incorporada al inmovilizado material: maquinaria y otro tipo de instrumentos y equipo.

• Adquisición de inmovilizado inmaterial, o sea la compra de conocimientos externos, normalmente en forma de licencias, acuerdos, software o know-how.

• Diseño industrial e ingeniería de producto para elaborar los elementos descriptivos y especificaciones del producto o servicio.

• Ingeniería de proceso, que concreta los procedimientos de producción de bienes o provisiones de servicios, asegurando la calidad del producto final.

• Lanzamiento de fabricación, que permite obtener una muestra de fabricación o realizar un ejercicio de provisión de servicios, para comprobar su comercialización.

• Estudios y pruebas que buscan reducir el riesgo de la comercialización del nuevo bien o servicio, de la puesta en funcionamiento del nuevo proceso o de la adopción del nuevo método.

La recogida de datos de I+D es intrínsecamente más fácil que la de los datos de innovación, y la ya larga experiencia acumulada a lo largo de tantos años hace que los resultados de la Estadística de I+D sean mucho más fiables que los obtenidos de la Encuesta de Innovación. Por estas razones es frecuente que los datos de I+D sean utilizados como un proxy (7)de la actividad innovadora de un país. Como es lógico, esta aproximación es mucho más adecuada para las economías con una fuerte componente manufacturera, pero mucho menos para las que cuentan con un gran sector de servicios, como es el caso español.

Esta circunstancia merece un comentario. Actualmente, como se ha dicho, la Encuesta de Innovación no pregunta por los esfuerzos que realizan las empresas para llevar a cabo las innovaciones no tecnológicas, las que están basadas en el conocimiento derivado de las humanidades y las ciencias sociales. Para estas innovaciones solo se intenta averiguar cuantas empresas realizan este tipo de innovaciones. Un dato importante para calibrar la capacidad innovadora del tejido productivo, pero no para conocer el esfuerzo que el país hace para lograr esta innovación, determinante para nuestra economía.

Para la interpretación de los datos obtenidos y para explicar la relación entre la I+D y la innovación medidas por las autoridades estadísticas, se recurre a un concepto popularizado en la década de los noventa del pasado siglo, que reconoce que en el proceso de innovación intervienen varios agentes, de los cuales el único imprescindible es la empresa, que actúan dentro de un sistema, el sistema de innovación (8), que puede ser visto en su dimensión nacional, regional o, incluso, local.

Los demás agentes son la I+D pública, realizada en establecimientos creados y financiados mayoritariamente por los gobiernos. Las administraciones, que aplican dinero público a estas actividades, y que regulan los procesos innovadores. Una multitud de organizaciones que, fundamentalmente, intervienen en la transferencia de conocimiento a las empresas y en ciertas ocasiones lo crean, que reciben diversos nombres: centros, institutos, parques, fundaciones, etc.

Y, finalmente, muchas instituciones que no habiendo sido creadas para intervenir en los procesos innovadores, se han hecho necesarias para su buen funcionamiento. Es el caso, por ejemplo, del sistema educativo, del sistema financiero y del mercado.

Para el sistema en su conjunto se deben conocer los recursos, sus inputs, involucrados, y los resultados, sus outputs, que se consiguen con aquellos. Son datos imprescindibles para comparar el tamaño de los sistemas de innovación: los gastos incurridos, tanto en I+D como en innovación, el origen de los fondos que los financian, y las personas, en sus diferentes categorías, que realizan estas actividades, cuyas retribuciones son el mayor componente del gasto,

Los resultados más directos e identificables del sistema de innovación son, además de aprendizaje de las personas e instituciones, cuya valoración es muy difícil, las publicaciones científicas, los diferentes soportes de propiedad industrial e intelectual (patentes, secreto industrial y licencias) y, en el momento actual de amplia globalización, otra medida de su eficacia es el comercio exterior, especialmente el de productos de alta tecnología y de bienes de equipo, que son los mercados más dependientes de la capacidad tecnológica de un país o de una región.

En la actual estructura política de España, dentro de su sistema nacional, están los diferentes sistemas regionales, que son importantes porque los gobiernos autonómicos han asumido, dentro de sus políticas económicas, el fomento de la innovación.

Este documento está dividido en dos amplias secciones y un punto a modo de conclusiones. La primera sección está dedicada a la I+D. Se basa en datos de calidad reconocida, procedentes de la Estadística del INE y, de bases de datos internacionales cuando se presentan comparaciones con otros países.

La segunda sección está dedicada a la innovación en el sentido definido por el Manual de Oslo de la OCDE, ya comentado anteriormente. Su aportación más fiable es en cuanto al número de empresas innovadoras en sus diferentes tipos. Los demás datos deben ser interpretados con cierta precaución y siempre teniendo en cuenta la diferencia de metodologías entre esta Encuesta y la Estadística de I+D. Sin duda la más importante es que la Encuesta sólo se refiere a empresas de más de diez empleados, mientras que la Estadística pregunta a todas las empresas, independientemente de su tamaño.

El punto de conclusiones resume lo analizado en los puntos anteriores y se detiene en comentar enfoques de las políticas gubernamentales, que podrían favorecer la mejora de la situación española.

2.- La evolución de la I+D española durante la crisis

Como ya se ha comentado, la I+D española está sufriendo los efectos de la actual crisis económica. Como es lógico, sus consecuencias no son iguales en todos sus componentes ni en todos sus agentes, aunque todos ellos estén resultando perjudicados. A continuación se analiza la evolución de los indicadores que se consideran más relevantes y para los que se dispone de datos de calidad reconocida.

2.1- El gasto total ejecutado en I+D y sus componentes.

El sistema español de innovación tiene, desde siempre, un gasto reducido en comparación con los de su entorno. Es un sistema pequeño para la economía del país. Un claro efecto negativo de estos años de crisis ha sido su reducción. En valores absolutos, el gasto español en I+D fue en 2008 de 14.701 millones de euros corrientes, y ha pasado a ser de 12.820 M€, en 2014, es decir se ha reducido en un 13 %. El gasto ejecutado por el sector público disminuyó en este mismo período en un 9 %, siendo en 2014 de 6.014 M€ y el del sector privado en un 16 %, con 6.806 M€. En términos del PIB del país, este gasto ha pasado de representar el 1,35 % en 2008, al 1,23 % en 2014. La figura 1 muestra su evolución durante estos años de crisis, así como la de las contribuciones de los sectores privado y público.

Más del 80% de los gastos totales españoles en I+D han correspondido siempre a gastos corrientes, como muestra la figura 2, y esta proporción ha aumentado durante la crisis, llegando al 92,4% en 2014. Obviamente, esto ha sido posible porque las inversiones han disminuido en más del 63%, lo que supone que los gastos corrientes sólo se han reducido en algo más de 1%.

Estos gastos corrientes totales han sido dedicados en su mayoría a investigación aplicada, siempre por encima del 40 %, como muestra la figura 3. Los dedicados a desarrollo se han mantenido alrededor del 35 %, mientras que la investigación básica ha estado en todo momento en algo más del 20 %. El menor peso que ha tenido siempre el desarrollo es una consecuencia, que se detecta en todos los indicadores, de la baja actividad en I+D de las empresas españolas.

Aunque en la estructura administrativa de España no tiene una clara justificación, se acostumbra a separar el gasto total en I+D en sus tres agentes ejecutores: empresas, enseñanza superior y organismos de investigación dependientes de la administración. Las empresas son las mayores ejecutoras de I+D, pero cuando se suman los gastos de Enseñanza Superior y de los otros organismos públicos, resulta que las empresas son solo responsables de algo más de la mitad del gasto. En 2008, lo fueron del 55 % y en 2014 del 53 %. La Enseñanza Superior ejecuta habitualmente alrededor del 30 % del gasto, unos diez puntos porcentuales más que el resto de organismos dependientes del Estado. Este reparto se ha mantenido aproximadamente estable durante todos estos años de crisis.

Una visión crítica del gasto total en I+D

Los valores absolutos del gasto en I+D son una clara muestra del pequeño tamaño del sistema español de innovación. El gasto total en I+D en 2014 equivale solamente al 1,23 % del PIB de este año. Como referencias pueden tomarse los valores de este indicador en 2013, para la UE-28, 1,91 %, para la UE-15, 2,06 % y para la OCDE, 2,36%. Cuando se comparan los euros dedicados por los diferentes países, la pequeña dimensión del sistema español se hace mucho más patente. Mientras España dedicó en 2013 unos 19.193 millones de dólares PPC, Alemania destinó 103.909 M$ PPC, unas cinco veces y media más, cuando el PIB alemán sólo supera en dos veces y un tercio al español. El gasto francés en I+D fue 2,8 veces superior al español, y su PIB es 1,6 veces mayor. El Reino Unido gastó por este concepto dos veces más que España, cuando su PIB es una vez y media el español.

Este comportamiento es ciertamente anormal entre los países europeos avanzados. Cuando se comparan estos datos armonizados en $PPC entre 2008 y 2013, la caída española es del 5,9 %, mientras que en los cinco países más grandes de la Unión Europea hubo un crecimiento del 19,0 %, y en el total de la OCDE del 17,4 %. La figura 5 muestra esta evolución en términos del PIB anual de varios países.

Otra anomalía que presenta nuestro gasto en I+D es el reparto en su ejecución. Una anomalía que la crisis no ha alterado. En España, poco más de la mitad de la ejecución de la I+D corresponde al sector privado, proporción que comparte con Italia y Canadá. En la UE-28, en la OCDE y en Alemania y Francia, las empresas ejecutan más de dos terceras partes de la I+D total. Y en EE.UU., Japón y Corea del Sur esta proporción está cerca de las cuatro quintas partes. La evolución de este reparto durante la crisis es objeto de la figura 6.

Figura 6.- Evolución del porcentaje del gasto total en I+D ejecutado por las empresas

2.2.- El origen de la financiación de la I+D española

Las fuentes de financiación de la I+D española, como en todos los países, fueron: las empresas, las administraciones y el sector exterior. En nuestro país, históricamente la contribución de las empresas y las administraciones ha sido parecida, mientras que el sector exterior (comunitario y no comunitario) ha aportado algo menos del 7 %. Durante esta crisis (Figura 7), la diferencia entre las aportaciones de las administraciones y de las empresas ha fluctuado entre el 7 % en que se superó en 2010 y la diferencia negativa en un 1,2 % de 2013. En 2014 fue también negativa, pero algo menos, unos 0,9 puntos porcentuales.

Las cantidades aportadas por cada sector han sido siempre aplicadas en su inmensa mayoría a su propia investigación. En 2008, el gasto ejecutado por el sector público era financiado en un 87 % por el propio sector, porcentaje que pasó a ser el 85,9 % en 2014. Igual ocurre en el caso del sector privado, que financió el 76,6 % de su gasto en 2008 y el 82,5 % en 2014.

La financiación cruzada ha experimentado algunos cambios durante la crisis. En 2008, la I+D del sector público financiada por las empresas fue el 8,6 %, y en 2014 el 7 %. El cambio entre estos años ha sido mayor en la financiación de las administraciones a las empresas, que paso del 18,2 % en 2008 al 9,8 % en 2014.

El destino de los fondos procedentes del exterior, tampoco ha sufrido en estos años grandes variaciones. En 2008, la administración recibía del exterior el 4,3 % de su financiación, y las empresas el 5,2 %. En 2014, estas cifras eran en 2014, el 7 % para la administración y el 7,8 % para las empresas. Frente a los fondos extranjeros, el sector público parece haber ganado competitividad frente al privado. En 2008, los porcentajes eran el 40,5 % para el sector público y el 59,5 % para el privado. En 2014, pasaron a ser el 44,5 % y el 55,5 %, respectivamente. Las figuras 8 y 9 muestran estas magnitudes en millones de euros.

Figura 8.- Financiación y ejecución del gasto de I+D según agentes para 2008 (M€) (Fuente:INE)

En resumen, la crisis no ha modificado sustancialmente el destino habitual de los fondos para I+D. Esta manifiesta falta de colaboración entre el sector público y el privado en tareas de creación de conocimiento es una debilidad de nuestro sistema de innovación.

Figura 9.- Financiación y ejecución del gasto de I+D según agentes para 2014 (M€) (Fuente:INE)

Es de advertir que los datos presentados hasta aquí se refieren a los fondos recibidos e informados por los ejecutores de I+D. Lógicamente las aportaciones reales de las administraciones difieren de las presupuestadas al comienzo del ejercicio económico por e Gobierno, en sus Informes anuales sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en el caso de la Administración General del Estado (AGE), y por las Autonomías en sus presupuestos respectivos. Más coincidencia debería haber entre las ejecuciones de gastos por las administraciones y las cantidades que los ejecutores de I+D dicen haber recibido de ellas.

Para el año 2008, los PGE preveían un total de 9.428 M€, de los cuales 5.190 M€ correspondían al llamado Capítulo VIII (Activos financieros) y, por lo tanto, destinados a préstamos. Este año, los agentes ejecutores declararon haber recibido de las administraciones públicas, tanto estata como autonómicas, un total de 6.699 M€. Para el año 2014, los PGE preveían 6.140 M€, de los cuales 3.727 M€ estaban destinados a préstamos, y la declaración de los agentes ascendió a 5.303 M€.

Por lo que se refiere a los presupuestos de las administraciones comunitarias, el Ministerio de Hacienda publica el importe consolidado de las CC. AA. para sus políticas de investigación, desarrollo e innovación. La figura 10 presenta la evolución de estas cifras junto con las de los PGE totales y su valor cuando se excluyen las partidas financieras (Capítulo VIII).

Como puede comprobarse, las partidas asignadas por las CC. AA. han sido, en los años más recientes, comparables a las cantidades reales (no financieras) que ha presupuestado la Administración General del Estado (AGE) para esta política. Existe sin embargo una diferencia importante en cuanto a la aplicación de estos fondos, porque ha sido siempre una norma que las partidas dedicadas a convocatorias competitivas de los PGE hayan sido mayores que las de las CC. AA., aunque ha habido importantes diferencias entre ellas.

La ejecución de los presupuestos de la AGE destinados a esta política ha tenido siempre unos niveles muy bajos de ejecución. Según los informes sobre la Liquidación de los PGE, que publica anualmente el Ministerio de Hacienda (9), se producen año tras año significativas diferencias entre los “créditos definitivos” y las “obligaciones reconocidas”. Estos niveles de ejecución ha sido muy diferentes en sus diferentes Capítulos, lo que ha dado siempre una mala y equivocada imagen de su gestión. La Política 46 se descomponía en los PGE de 2014 en 15 programas, asignados a diferentes ministerios. Los dos gestionadas directamente al Ministerio de Economía y Competitividad: el 463B Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica y el 467C Investigación y desarrollo tecnológico, representaban el 66% del importe total de la Política 46 y el 75% del correspondiente al Capítulo VIII: Activos financieros: Concesión de préstamos a otros agentes por el Sector Público. El nivel de ejecución de los diferentes Capítulos de estos dos programas, 463B y 467C, en el período 2008-2014 es el objeto de la figura 11, donde se comprueba que es precisamente el Capítulo VIII, que suponía el 60% del total de la Política 46 en 2014, el que tiene los peores niveles de ejecución, consecuencia del escaso interés que las empresas muestran por este instrumento de política de investigación, desarrollo e innovación.

Figura 11.- Ejecución de los programas de la Política 46 gestionados directamentepor Mº de Economía y Competitividad (Fuente:Mº de Economía y Competitividad)

(*) Datos provisionales

No es muy fácil conciliar las cifras resultantes de la Estadística de I+D con las de ejecución de los Presupuestos. La cifra capturada por la Estadística para la aportación de las administraciones para 2014 fue de 5.303 M€, que supuestamente serían aportados, no necesariamente este mismo año, por la AGE y las CC. AA. La suma de los fondos reales presupuestados por la AGE, 2.413 M€, y de los de las CC. AA. 1.916 M€, suponen un total de 4.329 M€, unos mil millones menos que la capturada por la Estadística. Una posible explicación es que algunos organismos hayan contabilizado el dinero recibido en forma de créditos como aportación de la administración. Aquella diferencia de mil millones de euros representa una cuarta parte del capítulo VIII de los PGE de 2014.

Finalmente es interesante prestar atención al funcionamiento de la fiscalidad de la innovación (10), considerada siempre como muy generosa pero que, como se verá, tiene escasa aplicación por nuestras empresas. Como indica la figura 12, que presenta el número de pymes y grandes empresas que en los años considerados declaraban tener actividades de I+D y el de las que obtuvieron desgravaciones fiscales, la incidencia de este estímulo a la innovación es más bien reducido. En 2008, solo el 24 % de las pymes con I+D fueron objeto de desgravación por innovación, porcentaje que era del 34 % en 2010, el último año con datos publicados. Este aumento es debido a la reducción del número de empresas con I+D, porque las que han disfrutado de ayuda fiscal han sido, en número, prácticamente las mismas. Por lo que se refiere a las grandes empresas, el porcentaje se ha mantenido en el 12 % a lo largo de estos años.

Figura 12.- Número de empresas con actividades de I+D y con deducción fiscal aplicada

La figura 13 muestra la distribución por tamaño de las empresas que se han beneficiado de ayuda fiscal a lo largo de muchos años. El porcentaje de las grandes empresas fue creciendo hasta 2008, manteniéndose prácticamente constante desde entonces.

Por lo que se refiere al importe de las deducciones fiscales es necesario distinguir entre la cantidad que la autoridad fiscal considera justificable (Deducción generada) de la que realmente es aplicada, por causa de no cumplirse todas las condiciones exigidas (Deducción aplicada). Estas cantidades son objeto de la figura 14. La deducción generada para el último año con datos publicados, 2012, fue de 1.023 M€, y la aplicada de 292 M€. Esta última fue de 263 M€ en 2014. La crisis ha afectado a esta última cifra, que se ha visto reducida en un 17 % entre 2008 y 2014. En todo caso, hay que reconocer que nunca esta deducción fiscal ha supuesto más del 6 % del gasto empresarial en I+D.

Una visión crítica del origen de los fondos para la financiación de la I+D

De nuevo España presenta un comportamiento poco habitual en la financiación de su I+D. Como muestra la figura 15, el patrón español sólo es similar al de Italia. En los demás países las empresas son, con diferencia, las más importantes financiadoras de la I+D de sus países. Igual ocurre en la UE-28 y en la OCDE, en su conjunto.

Por el contrario, el gasto total en I+D financiado por nuestro sector público es coherente con el PIB español, como muestra la figura 17, en la que se ve que España se sitúa prácticamente en la línea de tendencia que determinan países diversos de la OCDE.

También España se diferencia en el porcentaje del gasto empresarial financiado por las administraciones (Figura 16), aunque en valores absolutos esta cantidad sea menor en muchas ocasiones. De nuevo es una consecuencia del escaso gasto en I+D de las empresas.

Ante esta situación, quizá no sorprenda el escaso cumplimiento en la ejecución de las partidas presupuestarias previstas para I+D e innovación en los PGE. Las empresas no muestran interés por la financiación de su I+D mediante créditos blandos. En ello seguramente tiene que ver el alto coste burocrático de estas concesiones, que disminuye o anula el atractivo de este instrumento.

Finalmente, llama la atención el escaso efecto que está teniendo la fiscalidad de la innovación, considerada durante muchos años la más generosa del mundo. De nuevo, debe ser una consecuencia de la escasa implicación empresarial en actividades de I+D, y de innovación, porque hay que hacer notar que el sistema fiscal español también incentiva la innovación, aunque con menor intensidad.

2.3.- El personal de I+D

La partida mayor de los gastos de I+D es siempre la de costes de personal, por lo que una manera fácil y fiable para valorar el esfuerzo realizado en esta actividad es el número de personas empleadas, medidas en equivalentes de jornada completa (EJC). El trabajo de investigación propiamente dicho es realizado por los investigadores, pero para ello necesitan personal auxiliar, unas veces para asistir al investigador en sus trabajos y otras para desarrollar tareas administrativas.

La crisis ha obligado a reducir el personal dedicado a actividades de I+D en un total del 7,2 % entre 2008 y 2014, pasando de 215.700 a 200.233, siempre medidos en EJC (Figura 18). Mientras los empleados por el sector privado han sufrido una continuada reducción, que ha sido en este período del 8 %, el número de empleados del sector público ha experimentado un bien conocido fenómeno de inercia, que hizo mantener su crecimiento hasta el año 2010, para caer mucho más bruscamente a partir de entonces, cuando los grupos de investigación públicos finalizaron proyectos que no pudieron ser substituidos por otros nuevos. Su disminución fue del 6,5 %. E número total de personas, como refleja la figura 19, siguió creciendo también hasta aquel año, compensando el decrecimiento del personal empleado por el sector privado.

Por lo que se refiere a los investigadores (Figura 20) la evolución ha sido parecida. Entre los años 2008 y 2014, el número total de investigadores disminuyó en términos de EJC en un 6,7 %, pasando de 131.000 a 122.235 entre los años considerados. Los empleados por el sector público se redujeron en un 8,3 %, siendo en 2014 un total de 77.546 en EJC y los del privado en un 3,8 %, con 44.689 en EJC.

Figura 20.- Número de investigadores (EJC) en España Este reparto entre el sector público y privado no sigue las pautas de los países desarrollados. En España sólo una tercera parte de los investigadores trabajan en empresas, mientras que en los países de referencia el porcentaje se invierte. La crisis ha corregido este desequilibrio en menos

de un uno por ciento entre 2008 y 2014 (Figura 21) aunque hasta 2010 la evolución fue en sentido contrario.

La evolución del personal técnico y auxiliar ha sido curiosamente diferente, como muestra la figura 22. Los técnicos han pasado de ser 51.800 en 2008 a 54.400 en 2014, habiendo habido un máximo en 2010 de 60.700, con una subida del 5 % en todo este período. Sin embargo, el personal auxiliar ha disminuido de forma continuada durante toda la crisis, pasando de ser 32.900 en 2008 a 23.600 en 2014, una disminución del 28,2 %.

Figura 22.- Personas en actividades técnicas y auxiliares de investigación en España (EJC)

Otro dato interesante es el número de personas físicas que están implicadas en las actividades investigadoras, desarrollando cualquier actividad o como investigadores. Su evolución en

España en estos años se presenta en la figura 23, donde se muestra que ha habido una reducción del mismo orden que en equivalentes a jornada completa (EJC), un 5,6 % para el total y un 3,5 % para los investigadores.

La proporción de la población ocupada que se dedica a actividades de I+D, tanto total como investigadores, refleja su importancia económica en un determinado país. La figura 24 muestra cómo han evolucionado estos ratios durante la crisis. Curiosamente han aumentado ambos cuando se comparan los años 2008 y 2014, lo que puede interpretarse como que estas profesiones han resistido la crisis mejor que otras. Estos ratios han mejorado en un 8,5 % para el personal total y en un % para los investigadores.

Como reflejo de la situación de los gastos españoles en I+D, el personal se concentra en mayor medida de lo habitual en el sector público. La crisis ha mejorado muy ligeramente esta proporción, pero a costa de que en los últimos años los recursos humanos públicos han descendido, mientras que los privados se han mantenido. Hay que advertir, sin embargo, que durante los primeros años de la crisis, debido al efecto de inercia en el sector público, su personal siguió creciendo.

Por otra parte, el colectivo investigador tiene una edad media elevada, que la crisis no está ayudando a disminuir. La figura 25 presenta la distribución por edades del personal docente e investigador (PDI) de las universidades españolas, con el porcentaje de Doctores y de personal estable, en el curso 2013-2014 (11). Cerca del treinta por ciento de sus doctores tenía entre cincuenta y cincuentainueve años, y un 12 % más de sesenta.

Figura 25.- Personal docente e investigador (PDI) en las universidades españolas, Curso 2013-2014 (Fuente: Mº Educación)

En una situación parecida se encuentra la plantilla del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Según un informe de la Sección Sindical del CSIC de CC. OO. (12), recogido en la figura 26, el 58 % de su personal investigador tenía el 31 de diciembre de 2012 más de 49 años.

Figura 26.- Distribución porcentual del personal, según categorias, del CSIC a 31 de diciembre de 2012 Fuente: Análisis y valoración de los recursos humanos del CSIC 2012- 2013. CC. OO. Sección sindical de CSIC Madrid, julio 2014

Tasa envejecimiento en categoría:100* nº p. de 60 años/total personas Tasa de reemplazo: 100* nº p. menos 40 años/ nº personas más 60 años Tasa de juventud: 100*nº p. de menos de 40 años/nº personas en categoría

El envejecimiento del colectivo español de investigadores es uno de los más serios problemas del sistema español de I+D. No sólo porque algunos estudios empíricos muestran que la productividad científica se eleva bruscamente entre los 28 y los 40 años, aumenta a un ritmo más lento entre los 41 y los 50, y se estabiliza después hasta la jubilación de los investigadores más activos. Sino también porque se está perdiendo el deseable ritmo de substitución de formadores, que asegure la continuidad de la excelencia adquirida en estos últimos años.

2.4.- La I+D empresarial

Sin duda, la parte más débil de la I+D española es su componente empresarial. La razón principa es que en nuestro sector productivo siempre han tenido poco peso las empresas que recurren a la tecnología para ser competitivas. España ha conseguido altas cotas de desarrollo, incluso en los años recientes, gracias a otro tipo de ventajas. Ventajas cuyo mantenimiento se ha considerado menos arriesgado que la inversión en creación y uso de conocimiento, que hubiera exigido optar por la innovación.Además, las grandes empresas de nuestro país son muy poco activas en la realización de I+D. La inmensa mayoría de nuestras empresas pertenece a los sectores de construcción y de servicios que, cuando recurren a tecnología, la adquieren en mercados, generalmente internacionales. Esto hace que la I+D empresarial española sea ejecutada en una anormal proporción por pymes, lo cual también quiere decir que no es seguro que su calidad sea comparable a la de otros países. La figura 27 muestra lo que acaba de comentarse.

La I+D empresarial española es realizada por un escaso número de empresas, que no ha dejado de disminuir durante todos estos años de crisis, como muestra la figura 28, que resume la evolución de este colectivo.

Figura 28.- Principales variables de la I+D empresarial por tamaño de empresa (2008-2014). (Fuente:INE)

En 2008 eran unas 15.049 las empresas que declaraban tener actividades de I+D, en 2014 sólo eran 10.275, lo que supone una disminución del 32 %. Pero las que más han sufrido han sido las que empleaban entre 10 y 49 personas, que han pasado de ser 7.878 a 4.203, un 47 % menos. Las grandes empresas (con más de 250 empleados) han sido las menos afectadas, desapareciendo de esta categoría un 16 %, con lo que en 2014 eran 968. La figura 29 muestra la evolución durante estos años de crisis.

Figura 29.- Evolución del número de empresas con actividades de I+D, según tamaños

La distribución del gasto en I+D según el tamaño de las empresas ha seguido una evolución parecida. Lógicamente las grandes empresas han tenido reducciones menores y el valor absoluto del gasto de las pymes tiene menos influencia en el gasto total. Así, mientras el gasto empresarial total entre 2008 y 2014 ha disminuido en un 16 %, el de las empresas con un empleo de entre 10 y 49 trabajadores lo ha hecho en un 39 %, y el de las grandes empresas en un 1,1 %. La evolución de esta variable es objeto de la figura 30.

Un indicador de la consistencia de la actividad empresarial en I+D es el porcentaje de empresas que tienen estructurado un departamento con esta responsabilidad. El número total de estas empresas ha disminuido durante la crisis, aunque en 2014 se ha manifestado un aumento en las que emplean entre 10 y 49 empleados y en las del segmento siguiente, entre 50 y 249. En 2014, fueron aproximadamente la mitad de las empresas que declararon actividades de I+D, las que dijeron contar con un departamento específico. La mayor proporción estuvo en las grandes, con un 63 %, seguida por las del segmento anterior (de 50 a 249 empleados) que sitúan esta proporción en un 57 %. La figura 31 muestra la evolución del número de empresas españolas con departamento de I+D.

Figura 31.- Evolución del número de empresas con departamento de I+D, según tamaños

La figura 32 presenta la evolución del número de investigadores, medidos en EJC, que empleaban las empresas, separadas por tamaños. En total solo ha disminuido el número de investigadores en un 3,6 %, entre 2008 y 2014, pero ha habido una gran variación por tamaños. Las empresas que ocupaban entre 10 y 49 empleados han perdido al 21 % de sus investigadores, mientras que las grandes los han aumentado en un 6,7 %.

La disminución del gasto empresarial, que en total ha sido como ya se ha comentado de un 16 %, es muy distinta en sus diversas componentes. La evolución en valores absolutos de estas partidas es objeto de la figura 33. En ella se comprueba la mayor importancia de los gastos corrientes frente a los de capital, y que son estos últimos los que más se han resentido en esta época de crisis.

Figura 33.- Evolución de las categorías de gasto en I+D empresarial en España

Pero incluso en las partidas del gasto corriente ha habido un comportamiento muy diferente, como se muestra en la figura 34, donde se presenta la evolución sobre el valor de cada partida en el año 2008. Mientras el total de las retribuciones para el personal incluso han experimentado un ligero aumento hasta 2014, el importe destinado a otros gastos corrientes disminuye, pero mucho menos los de capital, que pierden cerca del 60 % del valor que tuvieron en 2008.

Como resumen de la variación experimentada durante la crisis por las empresas con actividades de I+D, se incluye a continuación la figura 35.

Figura 35.- Variación de datos de empresas con I+D, según tamaño, en el período 2008-2014

Una visión crítica de la I+D empresarial española

Dentro de la escasa dimensión de la I+D empresarial española, hay una serie de características, ciertamente contradictorias, a destacar. En el sentido negativo, no sólo es escaso el I+D empresarial, sino que también es ejecutado en una proporción exagerada por las pymes. Seguramente esto hace que sea de menor calidad que en otros países, y que sus posibilidades de convertirse en ventajas competitivas para el país sean menores, aunque pueda ser rentable para las pymes que la emprenden.

También en sentido negativo, cabe señalar que la crisis ha supuesto un duro golpe para las empresas que emplean entre 10 y 49 empleados, que representan el 41 % del conjunto de las empresas investigadoras. Este colectivo se ha visto reducido en un 47 %, frente al 32 % del total. Una posible explicación es que estas empresas no tenían todavía integrada en su estrategia la actividad de I+D, y la han tenido que abandonar durante estos años difíciles. Y es posible que algunas de estas empresas hayan también desaparecido, lo cual es grave porque ellas debían ser el embrión del futuro sistema español de innovación, que antes de la crisis era realmente activo y crecía a buen ritmo.

En el lado positivo hay que constatar que las empresas que sobreviven en esta actividad tienen conductas consistentes, como lo demuestra el que en su conjunto el número de investigadores haya disminuido sólo en un 3,6 %, aunque las de entre 10 y 49 empleados hayan perdido un 21 % de los suyos. También debe considerarse positivo que el número de empresas con departamento de I+D nunca ha tenido grandes descensos, y en 2014 haya aumentado en las empresas de los segmentos de tamaño medio.

Finalmente, es también positivo el comportamiento de las diferentes partidas del gasto total empresarial en I+D. Si bien el gasto total se ha reducido entre 2008 y 2014 en un 16 %, esta disminución lo ha sido por una extraordinaria disminución de la partida destinada a inversiones (gastos de capital), que se ha situado en más del 60 %. Curiosamente, las retribuciones al personal han tenido un muy ligero aumento en esta etapa y en ningún año han disminuido. Y los otros gastos corrientes han notado la crisis, pero no intensamente. De nuevo, todo parece indicar que las empresas implicadas en actividades de I+D han querido mantener su capacidad, aunque hayan tenido que renunciar a mejorarla.

2.5.- Los resultados de la I+D

La mayor parte del conocimiento de calidad generado por la I+D es objeto de publicaciones en revistas de prestigio mundial. Obviamente algunos resultados son retenidos, por más o menos tiempo, por sus financiadores pero, dado el carácter global de la ciencia, más tarde o más temprano son dados a conocer por aquel medio al colectivo investigador. Por este motivo, el número de publicaciones generados por un país es un fiel reflejo de su actividad científica, y el número de veces que estas publicaciones son citadas en otras se considera un indicador fiable de su calidad. Desde hace unos años se ha popularizado el denominado “índice h”, que fue ideado por el físico Jorge E. Hirsch, de la Universidad de California, para medir la productividad de los investigadores, y es usado también para la medida de la ciencia generada por los países. Un valor h de este índice nos dice que el investigador ha publicado h artículos que han recibido al menos h citas cada uno. Como es lógico, este número refleja simultáneamente tanto la productividad como la calidad de estas publicaciones.

Obviamente, el número de publicaciones no es el único resultado de la I+D, aunque sí puede proporcionar una forma útil de medir el output investigador y de hacer comparaciones entre países. Otros resultados directos son las patentes solicitadas y concedidas, las licencias y los ingresos que éstas generan y, por supuesto, las personas que se forman continuamente en la actividad investigadora. La I+D tiene consecuencias sobre la calidad de la producción de un país por lo que otra consecuencia, no inmediata y en la que es difícil medir la influencia de la I+D, es la capacidad exportadora.

Publicaciones

La I+D española ha mejorado en las últimas décadas de forma importante y esto se refleja en que, según el ranking de Scimago (13), nuestro país ocupa el décimo lugar mundial según el número de publicaciones durante el período 1996-2014, y el décimo segundo en términos del valor de su índice h. Las publicaciones de calidad consideradas por este ranking, que incluye todos los campos, incluidas las humanidades y la socioeconomía, son 952.099, de las que se consideran “citables” 884.670. El índice h toma el valor 591 para España. La figura 36 muestra los primeros veinte países de esta lista, ordenados por el índice h, tal como figuraba en noviembre de 2015.

Figura 36.- Caracaterísticas de las publicaciones de países (Fuente: Scimago)

Para que estas cifras cobren sentido pueden realizarse fáciles comparaciones internacionales con países supuestamente parecidos a España por motivos diferentes. Como muestra se ha elegido: Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Finlandia, Holanda, Italia, Polonia y Suecia. Una estimación del gasto que los gobiernos de España y de estos países han hecho en I+D en el periodo 1996-2013 puede obtenerse de las bases de datos de la OCDE, y puede ser un referente de comparación. La figura 37 presenta los datos utilizados para estas comparaciones.

Figura 37.- Datos de publicaciones y gastos para la comparación internacional (Fuente: Scimago)

Para una mejor comprensión de estos datos, se comentan las siguientes figuras. Así, por ejemplo, la figura 38 parece indicar que la financiación pública si explica el número total de documentos publicados, pero también muestra que Corea del Sur es una excepción, seguramente porque la política de este país ha buscado siempre una fuerte conexión entre la I+D y la industria que, evidentemente, no tiene especial interés en las publicaciones. España muestra un comportamiento que no difiere del resto de los países.

La figura 39 lleva a conclusiones parecidas. El número de citas que han recibido en este período los documentos de los diferentes países también se puede justificar con el gasto realizado. Es de nuevo una excepción Corea del Sur, seguramente por las mismas razones. Y en este caso España muestra una cierta debilidad, que podría explicarse porque en este largo período la I+D española ha estado todavía en una continua mejora.

Es fácil de justificar que los gastos totales de los países expliquen el número medio de citas que reciben sus publicaciones, como queda bien patente en la figura 40. Los países pequeños pero con una fuerte capacidad científica publican menos documentos pero tienen una mejor repercusión en el colectivo científico. Es el caso Bélgica, Finlandia, Suecia y Holanda. Corea de Sur es de nuevo la excepción y España forma un grupo relativamente homogéneo junto con Canadá e Italia.

Tampoco puede sorprender la figura 41, que relaciona el índice h del país con la financiación pública en este período. Países como Finlandia o Bélgica, dado su reducido tamaño, publican un número relativamente pequeño de documentos por lo que, aun teniendo una buena acogida, son pocos lo que se traducen en un bajo valor de su índice h. La buena calidad de la I+D de Suecia y Holanda hace que su índice h sea parecido al español.

A la vista de todo lo anterior hay que concluir que la I+D española ocupa una posición digna en el contexto mundial, sobre todo si se reconoce que el progreso en las últimas décadas ha sido excelente. Caben, sin duda, posibilidades de mejora que la actual crisis no propicia.

La inercia siempre inherente en la I+D, especialmente en la pública, que es la que genera la mayor parte de las publicaciones en Europa, ha hecho que el número de las publicaciones españolas no se haya visto afectado hasta 2012, como muestra la figura 42. El crecimiento anual se ha mantenido en el ritmo habitual en la década anterior hasta este año. En 2013, el ritmo se redujo a la mitad y en 2014, según los datos actuales que son provisionales, fue negativo. Obviamente, no se puede aventurar nada de la calidad, porque las citas se producirán en los próximos años.

Patentes

Las patentes pueden tener su origen en la I+D realizada en el país, por esta razón se las considera también una medida de la eficacia de su investigación. Teniendo en cuenta que el valor económico de una patente no se manifiesta ni en su solicitud ni en su concesión, los datos sobre patentes deben ser tomados siempre con cierta precaución, porque es muy difícil capturar de una manera agregada las consecuencias económicas de sus licencias o de la explotación por el agente generador.

España es un país con muy poca tradición en la protección y explotación de derechos de propiedad industrial e intelectual, pero curiosamente los efectos de la crisis se han hecho notar como muestra la figura 43. Las solicitudes de patentes por no residentes a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) (14) no han dejado de disminuir en estas últimas décadas, seguramente como consecuencia de nuestra integración en Europa. El crecimiento de las solicitudes de residentes registró un aumento constante hasta la llegada de la crisis, que se ha visto bruscamente interrumpido, sin que se haya todavía recuperado.

Desde el punto de vista de los resultados de la I+D es más interesante analizar las patentes PCT (Patent Cooperation Treaty) solicitadas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, objeto de la figura 44, porque tienen más posibilidades de éxito económico. Estas solicitudes crecieron hasta 2010, momento en el que las empresas, sus principales solicitantes, notaron el efecto de la crisis, que no llegaría en el caso de las universidades y el CSIC hasta dos años más tarde, en 2012.

Una visión crítica de los resultados de la I+D

No puede caber ninguna duda de que España se ha incorporado al pequeño grupo de países capaces de crear conocimiento. Nuestro país ha dedicado, hasta la llegada de la crisis una cantidad continuamente creciente de recursos a la investigación científica y el sistema ha respondido. Es un fenómeno habitual porque el propio sistema reacciona en busca de la excelencia y todos los países con esta política han registrado idénticos éxitos. La gran incógnita es el efecto que tendrá la reducción de recursos en estos últimos años. Es verdad que el sistema reaccionó y no notó la disminución de aportaciones públicas hasta 2012, manifestando una inercia, también habitual en estos casos. El crecimiento menos intenso del año 2013 y la cifra provisional de publicaciones de 2014, pueden ser una señal de alarma, pero es pronto para certificar el deterioro.

Si se ha conseguido la excelencia de nuestra investigación, parece que estamos lejos de su relevancia para nuestra economía. Nuestra I+D se ha ido definiendo en un esquema de “abajoarriba”, y era muy difícil que lo que el sistema de I+D quería y podía hacer coincidiera con lo que nuestra economía necesitaba, y menos si esto no era identificado por nadie y todavía menos comunicado a los investigadores. Las patentes producidas, que no es un claro índice de relevancia, son pocas y en buena parte proceden de los trabajos de los investigadores, sin el compromiso empresarial.

Nuestro país optó a finales de la década de los ochenta por implicarse en la política científica, lo que ha sido un éxito, pero es obligado decir que todavía no ha iniciado una política de innovación. Seguramente era lo más aconsejable en aquellas fechas en las que lo que después se ha llamado el modelo lineal de innovación se consideraba una explicación de los efectos económicos de la I+D. Pero no todos los países han actuado de la misma manera. Los que mejor han aprovechado el conocimiento científico y tecnológico en los últimos años para forzar su crecimiento económico han procedido al revés. Han dedicado enormes cantidades de dinero a su política de innovación, y solo se han preocupado de su política científica cuando la tecnología que podían adquirir en el exterior ya no les servía para mantener sus ventajas competitivas.

La figura 45 presenta la relación entre el número de solicitudes en 2013 de patentes PCT de diversos países con su gasto en I+D en el período 2006-2013, donde lo más relevante es el pape de Corea del Sur en esta cuestión que contrasta enormemente con el que tiene en las publicaciones científicas. España solicitó en aquel año 1.675 patentes y Corea del Sur 11.438.

No cabe duda de que España ya puede confiar en su capacidad científica, ni de que si se quiere progresar sobre la tecnología se debe tomar la determinación de decidir y financiar una importante política de innovación. Si se pretende basar nuestro progreso en algo más que en servicios de bajo valor añadido, es seguro que este nuevo camino es el adecuado, y que este será muy exigente en recursos.

2.6.- El reparto territorial de la actividad de I+D

La distribución en el territorio español de las actividades de I+D está lejos de ser uniforme. En 2014, según indica la figura 46, la mayor parte de esta actividad se concentró, en más de un 78%, en cinco CC. AA.: Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Flgura 46.- Reparto territorial del gasto en I+D, 2014

El gasto en I+D en las CC. AA., como se puede comprobar en la figura 47 no refleja ni el valor de su PIB, ni su contribución al PIB nacional. Entre las comunidades de mayor gasto en I+D no están las que dedican a I+D una mayor parte de su PIB y, a veces, su tamaño les impide tener un peso importante en la cifra total de gasto en I+D. País Vasco y Navarra se sitúan a la cabeza en cuanto a la proporción de su PIB dedicado a I+D, les siguen Madrid, Cataluña y Andalucía.

Figura 47.- Gasto en I+D en las CC. AA. (Fuente:INE)

Otra muestra de la escasa homogeneidad del gasto español en I+D se muestra en la figura 48, en la que relaciona el PIB per cápita de las CC. AA. con el gasto en I+D en porcentaje de su PIB.

Como es lógico esta situación se corresponde con la que presenta la distribución regional del personal dedicado a investigación y de los investigadores. Las figuras 49 y 50 dan muestra de ello.

Figura 49.- Distribución por CC. AA. del personal dedicado a investigación, 2014

Figura 50.- Distribución por CC. AA. de los investigadores 2014

La figura 51 recoge estas cifras para todas las CC. AA. en EJC, mostrando de nuevo la escasa homogeneidad del sistema español de innovación, también entre las CC. AA. con menos recursos humanos.

El número del personal auxiliar es en todas las Comunidades menor que el de investigadores. La media nacional se sitúa en 1,5 investigadores por cada auxiliar. Castilla-La Mancha es la Comunidad situada en mejor posición con casi un auxiliar por investigador, como muestra la figura 52.

La crisis no ha conseguido alterar el reparto regional de la I+D española. La figura 53 muestra el peso porcentual en el conjunto de España de los principales indicadores de I+D: gasto, personal total e investigadores, en los años 2008 y 2014, y puede comprobarse que no hay diferencias apreciables en ninguno de ellos.

Una visión crítica del reparto territorial de la I+D española

En pocos sentidos nuestro país es uniforme. La I+D no puede ser una excepción. La disparidad entre regiones es importante, pero no mucho más que en otros países de la UE. La crisis no ha tenido efectos significativos sobre los indicadores que detectan estas diferencias.

Ante situaciones tan dispares no caben políticas uniformes, especialmente en lo que concierne a la relevancia de la I+D, no tanto a la excelencia. La existencia de políticas autonómicas en estas materias debería ser una ventaja para conseguir que las capacidades de cada región se orientaran a sus necesidades específicas, ya que la política estatal puede y debe cuidar de la excelencia.

Para muchas CC. AA. su progreso económico vendrá mucho más fácilmente de las “innovaciones no tecnológicas” que de las “tecnológicas”, pero todas ellas se basan en conocimiento. Las políticas de I+D de las CC. AA. deberían incidir en el conocimiento que puede impulsar el tipo de innovaciones más acordes con su estructura económica. Para identificar estas necesidades los más adecuados son sus gobiernos, que tendrán que optar por políticas de innovación, dejando en un segundo plano las políticas científicas.

3.- La evolución de la innovación

Como ya se ha comentado, la innovación que mide la metodología del Manual de Oslo es la actividad empresarial, de las empresas de más de diez empleados, que genera y usa conocimiento adquirido para la creación o mejora de productos, procesos empresariales y servicios. Aunque la existencia de innovación exige que haya éxito comercial, esta metodología intenta capturar también las empresas que han emprendido actividades que supuestamente conducirán a una innovación y a las que finalmente no han tenido éxito. El INE introduce con este fin el concepto de empresas EIN, y las define como “empresas tecnológicamente innovadoras en el periodo estudiado o con innovaciones tecnológicas en curso o no exitosas”. Por otra parte, y siguiendo las recomendaciones de la edición de 2005 del Manual de Oslo también captura las empresas que han realizado innovaciones no tecnológicas. Dada la dificultad de esta encuesta, el resultado más fiable y seguramente el más interesante para conocer la realidad de un país es precisamente el número de empresas involucradas en actividades innovadoras.

3.1.- La evolución de las empresas innovadoras españolas

Innovaciones tecnológicas

En 2008, las empresas españolas que declararon realizar actividades de innovación tecnológica fueron en total 42.206, mientras que en 2014 solamente eran 18.511, un 56 % menos, de las cuales un 91 % son pymes. Las grandes han disminuido en un 20 % y las pymes en un 58 %. Sin duda, la crisis ha supuesto un duro golpe para la innovación española, como demuestra la figura 54, y este resultado global debe ser analizado en detalle.

El sector más afectado ha sido el de Construcción, con una reducción durante estos años de crisis del número de empresas innovadoras del 90 %. En el sector primario, las empresas innovadoras en tecnología en 2014 habían disminuido en un 61%. Las industriales lo habían hecho en un 50 % y las de servicios en un 47 %. La figura 55 muestra los sectores que han perdido más de la mitad de sus empresas innovadoras.

En la figura 56 se muestran las agrupaciones sectoriales españolas que en 2014 tenían más de una tercera parte de sus empresas que se declaraban innovadoras, junto con el número de estas mismas empresas. Los sectores con mayor porcentaje de empresas innovadoras tienen un número reducido de estas empresas. Son los sectores del Petróleo, Servicios de I+D y Farmacia. El sector Químico cuenta con unas seiscientas empresas tecnológicamente innovadoras, lo que representa un alto porcentaje de sus empresas.

Dada la escasez de grandes empresas en el tejido productivo español, merece la pena prestar atención a la distribución de las pymes con los criterios usados ahora, resultando la figura 57.

Por su parte las grandes empresas de las agrupaciones sectoriales que tienen más de la mitad de empresas tecnológicamente innovadoras se distribuyen como indica la figura 58.

El número de empresas que desarrollaban los distintos tipos de actividades innovadoras se ha visto reducido de manera selectiva como muestra la figura 59, tanto en el segmento de las pymes como en el de las grandes.

Figura 59.- Número de empresas con diferentes tipos de actividades innovadoras en 2008 y 2014 (Fuente INE)

Las diferencias entre estos dos años se muestran en la figura 59, donde se ha recogido la disminución porcentual del número de empresas que declaraban realizar cada tipo de actividad entre 2008 y 2014. Las actividades que han perdido más empresas entre las demandantes de recursos son las de inversión (adquisiciones e I+D externa), siendo menos las que han dejado de hacer I+D.

La crisis también ha conseguido alterar el orden en cuanto a empresas con actividades de I+D. La figura 61 muestra la lista de agrupaciones sectoriales de pymes que tenían más de tres cuartas partes de sus empresas innovadoras con I+D en 2008 y su situación en 2014.

Figura 61.- Agrupaciones sectoriales de pymes con más del 75% de empresas innovadoras con I+D (Fuente: INE)

Las grandes empresas de las agrupaciones sectoriales también se han visto afectadas, como muestra la figura 62. En algunos casos, el número de empresas que declararon actividad de I+D en 2014 fueron más en 2014 que en 2008, contrariamente a lo que ha ocurrido con las pymes.

Figura 62.- Agrupaciones sectoriales de grandes empresas con más del 75% de empresas innovadoras con I+D (Fuente: INE)

Innovaciones no tecnológicas

En un país con una economía fundamentalmente dependiente de los servicios, como la de España, las innovaciones basadas en conocimientos de Socioeconomía y Humanidades, las llamadas innovaciones no tecnológicas, tienen un gran valor económico. Desgraciadamente, el número de empresas españolas que desarrollan este tipo de innovación también ha sufrido una reducción importante en estos años de crisis.

La Encuesta pregunta por las empresas que en los últimos tres años han realizado innovaciones no tecnológicas, y el resultado ha permitido generar la figura 63, que muestra la evolución de este número para las pymes y grandes empresas. La Encuesta de 2014 muestra un repunte en todos los tamaños, con lo que la pérdida habrá sido desde 2008 de un 40 % para las pymes y de un 13 % para las grandes.

En todo caso el número de empresas con innovaciones no tecnológicas es pequeño, y se ha reducido notablemente durante la crisis, como muestra la figura 64, que recoge el número de empresas de cada tamaño que han declarado innovaciones no tecnológicas en el trienio indicado.

Figura 64.- Empresas con innovaciones no tecnologicas en el período indicado (Fuente: INE)

La citada reducción ha sido en total del 8 % para el sector primario, del 41 % para la industria, del 39 % para los servicios y del 78 % para la construcción. Los sectores que han perdido a más de la mitad de sus empresas con innovaciones no tecnológicas se muestran en la figura 65.

La figura 66 muestra las agrupaciones sectoriales con más de un tercio de sus empresas de todos los tamaños con innovaciones no tecnológicas y el número de estas empresas.

Las agrupaciones por tamaño dan una información adicional interesante. Las agrupaciones sectoriales de pymes con innovaciones no tecnológicas con más de un tercio de empresas con este tipo de innovación se distribuyen como se muestra en la figura 67.

Entre las grandes empresas hay una mayor dispersión de estos indicadores. Las agrupaciones sectoriales que tienen menos de 50 empresas, se distribuyen como se recoge en la figura 68.

Mientras que las que tienen más de 50 empresas con innovaciones no tecnológicas lo hacen como indica la figura 69.

3.2 El gasto en innovación

La captura del gasto en innovación es significativamente más difícil que el de I+D, además la metodología del Manual de Oslo no pregunta a las empresas de menos de diez empleados, por lo que no tiene por qué existir una correspondencia de datos con la Estadística de I+D. Además, la Encuesta de Innovación introduce, y lo mide de forma independiente, la I+D contratada al exterior (I+D externa), por lo que esta cantidad puede aparecer tanto en las empresas que la contratan como en las que la realizan. El valor atribuido en 2014 al gasto en innovación es objeto de la figura 70, donde aparece separado según el segmento de tamaño de las empresas que lo ejecutan.

Figura 70.- Gasto en innovación en 2014 (Fuente INE)

Como era esperar, la crisis también ha afectado al gasto en innovación, como lo refleja la figura 71, donde se ha recogido su valor según los segmentos de tamaño de las empresas. Entre 2008 y 2014, el gasto total ha disminuido en un 35 %, el de las pymes en un 48 % y el de las grandes empresas en un 25 %.

El reparto de este gasto según las actividades también ha variado. El porcentaje dedicado a actividades internas de I+D es el que ha aumentado tanto en las grandes empresas como en las pymes entre 2008 y 2014. Como se ha mencionado anteriormente, se observa un esfuerzo por mantener la I+D en esta época de crisis. Las pymes, como muestra la figura 72, han disminuido el peso de sus inversiones de forma sensible, y muy ligeramente la contratación externa de I+D. Las demás partidas también han perdido peso.

Figura 72.- Reparto porcentual del gasto en innovación de las pymes

Por su parte, las grandes empresas (figura 73) también han aumentado ligeramente su contratación de I+D, reduciendo de forma considerable el peso de su adquisición de inmovilizado material. El diseño y la ingeniería son ligeramente más importantes en 2014, reforzando el hecho de su mayor dedicación interna a la innovación.

Figura 73.- Reparto porcentual del gasto en innovación de las grandes empresas Puede postularse que el valor añadido de la innovación será tanto mayor cuanto más se apoye en nuevo conocimiento. En consecuencia, una medida de su calidad puede ser el peso que su I+D tenga en el gasto que la empresa dedica a su innovación. La figura 74 presenta el peso porcentual del esfuerzo en I+D de los sectores de todas las empresas de los grandes sectores españoles.

Figura 74.- Peso de la I+D interna (%) en el gasto total de innovación en los Sectores (Fuente: INE)

Como es lógico, existen muchas diferencias entre agrupaciones sectoriales y entre los segmentos de tamaño. La figura 75 presenta las agrupaciones sectoriales cuyas pymes tienen un peso de la I+D mayor del 50 % con respecto al gasto total en innovación.

El valor de este porcentaje para las empresas grandes que superan el 50 % es objeto de la figura 76.

La escasa homogeneidad territorial del sistema español de innovación también se manifiesta, como es lógico, en los datos de innovación. Cinco CC. AA. (Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía y País Vasco) concentran el 75 % de las empresas innovadoras en 2004 y el 82 % del gasto en innovación. La figura 77 muestra estos datos para 2014 junto con los de 2008.

Figura 77.- Empresas innovadoras y gasto de innovación en las CC. AA. en 2014 y 2008 (Fuente: INE)

La crisis también ha tenido consecuencias muy diferentes en el territorio español. En la figura 78 se muestra la reducción porcentual del número de empresas y del gasto en las CC. AA. junto con la media nacional.

Una visión crítica de la innovación en España

La innovación, entendida como asume el Manual de Oslo, es decir las actividades realizadas o financiadas por las empresas para crear y aplicar conocimiento para generar y poner en e mercado una mejor oferta, está lejos de ser satisfactoria para nuestra economía. Son pocas las empresas innovadoras y muchas menos las que para ello crean nuevo conocimiento, que hacen I+D. Aunque los datos capturados por la Encuesta de Innovación no son de alta calidad, si permiten hacerse una idea de la situación relativa de los países que la realizan. Eurostat armoniza los resultados nacionales, y en su edición de 2012 ofrece los resultados que se muestran en la figura 79. España en este periodo tenía sólo el 33,6 % de empresas innovadoras, frente a Alemania con el 66,9 % o Francia con el 53,4 %.

Figura 79.- Porcentaje de empresas innovadoras en paises europeos en el período 2010-2013

Dado que las empresas pueden declarar que realizan innovaciones de diversos tipos, resulta de interés la figura 80, que presenta los datos de Eurostat para los cuatro tipos de innovaciones en el período 2010-2012, donde se comprueba que existen diversos tipos de comportamiento frente a la innovación. Mientras que en Alemania, Suecia, Bélgica, Finlandia y Holanda tienen un mayor porcentaje de innovaciones de producto, en otros países, como España, hay más innovaciones organizativas. España tenía en el periodo considerado un 19,4 % de empresas con innovaciones de este tipo, frente a un 10,5 % con innovaciones de producto. Un 13,2 % eran innovadores de marketing y un 15,1 % de proceso. Alemania tenía un 35,8 % con innovaciones de producto y un 34,4 % de marketing.

Figura 80.- Porcentaje de empresas innovadoras en paises europeos en el período 2010-2013

Un resultado más o menos directo de la innovación es la productividad total de los factores (PTF) de una economía. Este indicador mide la influencia de la combinación de los factores de producción, capital y trabajo en el crecimiento económico. La innovación busca la eficiencia en el uso del capital y del trabajo, por lo que se considera que el peso de la PTF en el total del crecimiento de una magnitud macroeconómica, por ejemplo el PIB, es un buen indicador de la innovación y de su calidad. En la figura 81 se han recogido los datos de la OCDE sobre la contribución al crecimiento medio anual del PIB en diversos países entre 1985 y 2010. España ha tenido una fuerte contribución del factor trabajo en su importante crecimiento en el ámbito europeo (2,78 % anual medio), pero ha sido debido en sólo 0,36 puntos a la PTF, mientras que en Alemania (1,22 % anual medio), ha obtenido un 0,89 % consecuencia de su PTF. Corea de Sur, con un crecimiento anual medio del 6,1%, debe un 3,83 % a la PTF.

También una medida de los efectos de la innovación es el número de familias de patentes tríadicas (con protección en Europa, EE. UU. y Japón) que mantiene un país. La base de datos de la OCDE contiene el número de estas familias que mantenía cada uno de sus países en 2015. Esta información junto con los valores de los gastos en I+D en el período 1996-2013, ha permitido confeccionar la figura 82, que recoge el porcentaje mundial de estas patentes que corresponde a cada país. España, que mantenía 244 familias, sólo representaba el 0,45 % del total mundial, cuando su esfuerzo acumulado total en I+D era mayor que el de otros países. La extraordinaria posición de Corea del Sur contrasta con su todavía pobre contribución a las publicaciones mundiales, como se ha visto anteriormente en este documento.

Figura 82.- Relación entre el número de familias de patentes triádicas y la financiación pública entre 1996 y 2013

4.- Conclusión. La innovación empresarial es mucho más que la I+D.

La innovación en la base de la economía del conocimiento y de un nuevo modelo productivo

Todos los países, incluso los menos desarrollados, están poniendo su confianza en una nueva economía que producirá bienes y servicios basados en el uso intensivo del conocimiento, pero para ello es imprescindible la innovación (15).

Con la innovación se conciben, crean y se ponen en el mercado, en el que triunfan, productos y servicios nuevos o antiguos mejorados. Sus más atractivas prestaciones les hacen merecedores de mejores precios y de mayores ventas. Son las innovaciones de producto o servicio. Pero también la innovación permite idear y poner en práctica procesos empresariales (productivos, de provisión de servicios, organizativos y comerciales) que hacen la actividad empresarial más eficiente. Son las innovaciones de proceso.

Gracias a la innovación se consiguen mayores facturaciones y menos consumo de los factores de producción, con lo que se genera el valor que hace posible una mayor retribución a estos factores, y premiar al empresariopor asumir el siempre alto riesgo de la innovación, que se suma al inherente a la actividad empresarial.

Es la economía del conocimiento, porque es éste el que hace posible el cambio que siempre está detrás de cualquier innovación. Un conocimiento que puede ir desde el artesanal al generado por la I+D, y proceder tanto de las ciencias exactas y naturales como de las humanidades y la socioeconomía. Este conocimiento frecuentemente será explícito, pero siempre será aplicado gracias al conocimiento tácito de las personas y las empresas. De aquí que la educación de calidad sea una demanda inexcusable de esta nueva economía.

Las ciencias exactas y naturales se han considerado como la principal fuente de la innovación en los sectores manufactureros. Con este fin muchos países han primado la formación en estos campos. Ahora se tiene el convencimiento de que también el conocimiento de las humanidades y la socioeconomía es inductor de innovaciones, no solo en los sectores de servicios sino también para muchos de los procesos de las empresas manufactureras.

La I+D es el punto de partida de todo proceso innovador, pero el camino que este proceso recorre es muy largo y con etapas muy diferenciadas, hasta el punto en que el conocimiento puede muy bien ser generado por un agente en un momento y ser aplicado por otro, después de un tiempo más o menos cercano, o puede quedar obsoleto. Pero es la aplicación la que da sentido económico al conocimiento y la que materializa la innovación de la empresa, que es a la que se refiere el Manual de Oslo de la OCDE.

La I+D y la innovación sufren el efecto de la crisis económica

Los datos sobre I+D e Innovación de España han sido expuestos en estas páginas en capítulos separados, como hacen las autoridades estadísticas de los países de la OCDE. Durante estos años de crisis, las actividades de generación de conocimiento (I+D) y de su aplicación (Innovación) se han visto privadas de recursos con consecuencias que todavía no se han manifestado en toda su amplitud, pero que ya son detectadas. Esta reducción de esfuerzos no ha ocurrido en los países que llevan años confiando en el conocimiento para generar alto valor añadido. Su reacción ante la crisis ha sido, por el contrario, aumentar su actividad innovadora, como una manera de hacer frente a la recesión económica.

Los gastos y el personal dedicados a I+D en España se han reducido, pero con intensidades y matices diferentes según los diferentes ámbitos. El gasto total en I+D ha disminuido en cerca de 13 % entre 2008 y 2014. Las empresas fueron muy sensibles desde los primeros momentos de la crisis. Sus gastos en valores absolutos han disminuido en un 16 % durante estos años pero, curiosamente, han sido los llamados gastos de capital los que han soportado de verdad la crisis, porque en 2014 son solo el 40 % de lo que fueron en 2008. La ejecución de la I+D por el sector público disminuyó por primera vez en 2010, dada la inercia que siempre muestra este sector. Respecto a 2008, su gasto fue en 2014 un 9 % menor.

El personal dedicado a actividades de I+D siguió la misma tendencia descrita. Curiosamente los investigadores del sector privado disminuyeron dos puntos y medio porcentuales menos que los del sector público. Esto coincide con otros datos que confirman una cierta robustez de la I+D empresarial frente a la crisis, a pesar de ser en cifras absolutas muy pequeña. El número total de empresas con actividad en I+D se ha reducido en un 32 %, pero han sido las que empleaban entre 10 y 40 personas en 2008, las que lo han hecho en mayor medida con un 47 %, mientras que las grandes sólo disminuyeron en un 16 %. Es más, las empresas con departamento de I+D son más en 2014 que en 2008. Los segmentos entre los 10 y 49 empleados y entre 50 y 250 son los que más han contribuido a este aumento en este último año.

La financiación pública de la I+D española es en términos de PIB razonable, y la ayuda que presta al sector privado es, en términos porcentuales sobre el gasto empresarial, varios puntos superior a la de los países avanzados, no así la cantidad absoluta aportada. Es una consecuencia más de la escasa actividad empresarial en I+D. Por esto no puede llamar la atención el bajo nivel de ejecución de la Política 46 (investigación, desarrollo e innovación) de los PGE. Año tras años una buena parte de su partida financiera (Capítulo VIII) no es aplicada, cuando últimamente es alrededor de la mitad del total de esta partida presupuestaria. Tampoco está funcionando correctamente la fiscalidad de la innovación, considerada una de las más generosas del mundo. Los créditos fiscales en realidad aplicados son alrededor del 6 % del gasto empresarial en I+D.

El mayor efecto de la crisis ha incidido en el número de empresas que declaran actividades innovadoras. Entre 2008 y 2014, las que se consideraban innovadoras tecnológicas han disminuido en un 56 %. Y en algunos sectores han dejado de ser innovadoras más del 70 %. Una disminución parecida se ha producido entre las innovadoras no tecnológicas, con cifras superiores al 60 %. La mayoría de sectores empresariales con mayor porcentaje de empresas innovadoras son pequeños, lo cual hace más precaria la innovación española.

Los datos sobre gasto en actividades innovadoras, de las que las empresas son sus únicos agentes, son en todos los países mucho menos fiables que los de I+D, por lo que no son aconsejables las comparaciones internacionales. Los datos españoles muestran una disminución del gasto en innovación del 30 % entre 2008 y 2014, que sería del 48 % para las pymes y del 25 % para las grandes empresas.

La necesaria diferenciación de las políticas de fomento de la I+D y de la innovación

La política científica española reciente ha sido un éxito, porque ha conseguido que el sector de la I+D pública contribuya de forma importante al número de publicaciones de calidad mundiales. España es el décimo generador mundial de publicaciones y ocupa el puesto décimo segundo en valor de su índice h (número de publicaciones que son citadas por lo menos h veces).No cabe duda del alto nivel de excelencia de la ciencia española

No puede decirse lo mismo de la política tecnológica ni de la política de innovación. La generación de tecnología por parte de las empresas es escasa. El porcentaje de empresas innovadoras sobre la población total es significativamente menor que en los países de referencia y el número de patentes solicitadas por las empresas españolas está claramente por debajo de de países con inversiones públicas comparables.

En España creamos una sigla para designar a este complejo proceso innovador, I+D+i, que está llevando a mucha confusión porque induce a considerar que las dos fases del proceso innovador son lo mismo, cuando en realidad son muy diferentes, tanto en su forma de desarrollarse como en los condicionantes que deben concurrir en él y, por supuesto, en lo que se refiere a sus políticas de fomento.

La I+D se desarrolla en un contexto de aprendizaje, donde la prueba y el error y la excelencia son los exponentes de este trabajo. La fase de aplicación, la parte esencial de la innovación en la interpretación del Manual de Oslo, se desarrolla en el contexto empresarial, donde prima la eficiencia y la relevancia económica.

La actividad de la I+D está condicionada por el talante indagador de sus agentes, que puede ser fácilmente orientado por la disponibilidad de recursos. Además, de hecho discurre en un ambiente altamente competitivo por los recursos disponibles, que asegura su aprovechamiento. La innovación está determinada por las prioridades del mercado en el que van a competir los productos y servicios innovados. La generación de beneficios económicos es el gran motivador de la innovación.

Pero, seguramente, donde hay una mayor diferencia para la generación de conocimiento y su aplicación es en el plano de las políticas gubernamentales.La Política de I+D, la encargada de crear nuevo conocimiento, tiene dos componentes, que es muy conveniente diferenciar: la Política Científica y la Política Tecnológica.

Para la Política Científica, la principal precaución a tomar es que los recursos no fluctúen sin criterio, ya que todo abandono del trabajo supone inevitablemente un retroceso relativo, porque el colectivo investigador mundial nunca deja de progresar. El ámbito de la investigación de calidad es tan competitivo, que solo los excelentes pueden sobrevivir en él. Todos los países, que han dedicado tiempo y recursos de manera continuada a su Política Científica, han sido exitosos. Precisamente, uno de los que lo han experimentado en fechas recientes ha sido España, que deberá aprovechar inteligentemente la recién creada Agencia Estatal de Investigación para mantener su avanzada posición.

La Política Tecnológica tiene, por el contrario, un gran peligro. En el momento actual, una tecnología, cuya creación es su propio objetivo, tiene un margen de tiempo de validez cada día más corto, pasado el cual se hace obsoleta. La Política Tecnológica debe asumir un doble objetivo, por una parte, impulsar la creación de tecnología que permita afrontar nuevos retos económicos y sociales y, por otro, evitar que se cree aquella que no tendrá lógicas posibilidades de aplicarse, a través de la Innovación, en el entorno que habrá financiado esta Política. La americana National Aeronautics and Space Administration (NASA) es un buen ejemplo de quien puede hacer Política Tecnológica. Conoce los problemas que presenta su misión y tiene la capacidad no solo de aprovechar sus éxitos sino, también, de difundirlos a toda la sociedad.

El fomento de la Innovación es, por el contrario, muy difícil. Muy pocos países lo han abordado con éxito y muchos, en realidad, no lo han perseguido con seriedad. Porque se trata de conseguir que las empresas asuman el gran riesgo de la Innovación, que se suma al habitual de la actividad empresarial. La Política de Innovación tiene como principal objetivo, precisamente, reducir e riesgo que procede de las actividades innovadoras, con el fin de que más empresas se impliquen en ellas o asuman otras más arriesgadas y a la vez más prometedoras. Y como es lógico, cuanto mayores son los incentivos mayores serán los riesgos asumidos, existiendo de hecho umbrales por debajo de los cuales no habrá efecto incentivador y se habrán malogrado recursos.

Hay dos vías no excluyentes para la Política de Innovación. Una es propiciar un entorno empresarial que haga menos probable y menos oneroso el fracaso de la innovación. Varios instrumentos han sido diseñados para este fin. Uno es la puesta a disposición de las empresas de instituciones públicas de I+D. Otra es la eficaz protección de la propiedad industrial de los resultados de la I+D. Una tercera es un adecuado tratamiento de las suspensiones de pago y las quiebras que tienen su origen en el fracaso de la innovación. Una cuarta es la compra pública de tecnología innovadora, en Europa una novedad aunque no en EE. UU., que ofrece un incentivo real a la innovación porque en caso de éxito asegura un primer mercado a la oferta innovadora, que supuestamente le abrirá otros muchos.

Otra vía para una Política de Innovación es aportar recursos económicos para el proceso innovador en condiciones muy favorables. Esto es aplicado fundamentalmente a las etapas de I+D empresarial, mucho más cara que la I+D exploratoria, si se excluye la llamada “big science”. Estos programas de incentivo deben estar dotados de grandes recursos y ser una opción para muchas empresas, porque no hay ninguna certeza de que los responsables políticos puedan elegir a priori a los futuros triunfadores. La experiencia ha demostrado que programas con pocos recursos (16) y dirigidos a pocas empresas no solo no han tenido éxito sino que no han resultado incentivadores de la innovación empresarial. Por otra parte, el diseño de instrumentos de este tipo debe asegurar que los recursos sean siempre adicionales y nunca substitutivos de los recursos privados.

España necesita urgentemente clarificar y reforzar sus políticas empresariales y públicas de innovación, si quiere incorporarse a la economía del conocimiento.

Frenar el continuo deterioro de la innovación española es una imperiosa necesidad, porque las condiciones del país y del mercado internacional han variado enormemente en los años recientes, y es necesario buscar nuevos caminos para recuperar la productividad de las empresas y la competitividad del país.

En 1986, con la promulgación de la llamada Ley de la Ciencia, España inició un importante cambio en su forma de abordar la moderna fuente de riqueza que es la ciencia. Lo hizo desde una visión que, en aquellas fechas, era considerada la única y la acertada. Debía comenzarse por crear una capacidad de creación científica, de la que emanaría la de crear la tecnología, que sería después aprovechada por el tejido empresarial para su innovación. El país contaba entonces con otras ventajas competitivas, básicamente derivadas de su bajo coste laboral, de su posición geográfica y de su clima, que hacían menos urgente disponer de un potencial innovador, que ya era la fuente del desarrollo económico de los países de nuestro entorno. No cabe duda que el desarrollo alcanzado por España, aprovechando aquellas ventajas competitivas, ha sido sorprendente y, hasta esta crisis, no ha habido grandes motivos de preocupación.

Sobre la base de la Ley de la Ciencia se diseñó a finales de los años ochenta una Política Científica que ha sido un éxito. Se basó en dejar libertad al colectivo científico para que eligiera los campos en los que desarrollar su talento, y en poner a su disposición de forma continuada unos modestos recursos, que han demostrado ser capaces de soportar un razonable crecimiento de los resultados. Esta política de abajo arriba nunca ha sido dirigida a supuestas o reales necesidades tecnológicas del país, y se ha guiado básicamente por el intento de premiar a los más capaces. Hoy puede decirse que esta Política Científica ha sido exitosa, pero no es seguro que pueda seguir siendo sostenible, si el país no mantiene altas cotas de avance económico.

En fechas más recientes algunos países han demostrado que era posible iniciar una Política de Innovación sin contar con una capacidad científica. Les ha resultado muy caro, pero sus resultados están a la vista, y hoy están mejor situados que España para enfrentar la economía global.

Es evidente que las arcas públicas españolas no están en el mejor momento para soportar grandes experimentos de Política, tanto Tecnológica como de Innovación. Por ello, es necesario y urgente clarificar y reforzar las todavía incipientes políticas empresariales y públicas de Innovación. No parece el momento adecuado para definir y abordar retos tecnológicos con la supuesta intención de estimular a científicos y empresarios, que siempre han sido muy costosos y pocas veces exitosos. Pero si el de tomarse en serio la Política de Innovación tanto en el ámbito empresarial como en el público.

Una primera decisión podría ser independizar la Política Científica que deberá seguir desarrollándose de la mejor manera que se pueda, de la de Innovación, que todavía hay que definir.

En el plano empresarial, la Política de Innovación exige reconocer la necesidad de aprovechar todo tipo de conocimiento para hacer cambios que mejoren sus productos y sus procesos productivos, organizativos y comerciales. Obliga a destinar recursos, económicos y humanos, a provocar y materializar estos cambios, que suponen buscar conocimiento en el exterior y crearlo en el interior. Las políticas de inversión y de personal deben tener en cuenta la necesidad de innovar.

En el plano público, es obligado poner en marcha de verdad una amplia batería de medidas financieras y de estímulo a la actividad innovadora. Dado que siempre es fácil seguir las modas, muchas de estas medidas están incorporadas, que no asumidas, en muchas otras políticas. Por esta razón, se han quedado en frívolos tópicos para resolver grandes problemas que lastran nuestra economía, como el pequeño tamaño de nuestras empresas o la escasez de vocaciones empresariales.

Un gran paso sería tomarse en serio la Estrategia de Innovación, ya incorporada a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que establece la implicación de todos los Departamentos Ministeriales en el fomento de la Innovación. De esta manera muchas de las políticas inversoras se convertirían en claros estímulos para las empresas innovadoras. También cabría revisar leyes cercanas a la Innovación, como la Concursal o la de Segunda Oportunidad. Repensar la fiscalidad de la Innovación, para que fuera realmente usada por las empresas que la necesitan. Y trabajar para que las ayudas financieras fueran realmente adecuadas a las empresas innovadoras, eliminando trabas administrativas y burocráticas que les restan eficiencia. También sería un buen momento para revisar la consistencia de las reglamentaciones que rigen la vida de organizaciones públicas o semipúblicas creadas para facilitar la innovación de las empresas, con objeto de evitar que su propia subsistencia se convierta en su fin fundamental. En resumen, se trata de hacer eficaces muchos instrumentos, que por imitación están en nuestro bagaje político, de incorporar otros nuevos que se han demostrado útiles en otros países y, con todo ello, convertir la Política de Innovación en un eje central de la política en general, porque se trata del recurso más adecuado para el desarrollo económico de los países avanzados.

Bibliografía

References

1. 1. MSTI, Main Science and Technology Indicators, OECD. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB

References

1. 2. INE, Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas anuales de I+D y Encuestas anuales de Innovación.

References

1. 3. OECD, Frascati Manual 2015, Guidelines for Collect ing and Reporting Data on Research and Experimental Development. 2015.

References

1. 4. OECD, Oslo Manual, Guidelines For Collecting And Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, 2005.

References

1. 5. EUROSTAT. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

References

1. 6. OECD, Stan Database for Structural Analysis. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STAN08BIS

References

1. 7. Manhaes Marins, L, (2008), “The Challenge of Measuring innovation In Emerging Economies’ Firms: A Proposal of a new Set of Indicators on Innovation”, Working Paper nr 2008-044, United Nations University.

References

1. 8. Lundvall, Bengt-Åke (2005), National innovation systems - analytical concept and development tool, Paper to be presented at the DRUID Tenth Anniversary Summer Conference 2005 on Dynamics Of Industry And Innovation: Organizations, Networks And Systems. Copenhagen (Denmark). June 27-29, 2005.

References

1. 9. Ministerio de Hacienda. Liquidación del Presupuesto. Informe anual. http://www.minhap.gob.es/es-ES/CDI/Informes%20y%20Memorias/Paginas/Memorias%20de%20la%20Administracion% 20Tributaria.aspx

References

1. 10. Ministerio de Hacienda. El Impuesto sobre Sociedades. Análisis de los datos estadísticos del ejercicio. http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Esta disticas_Sociedades.aspx

References

1. 11. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Estadística de personal de las universidades: Personal Docente e Investigador. Curso 2013-2014. S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario, 2015

References

1. 12. CC. OO. Sección sindical del CSIC Madrid, Análisis y valoración de los recursos humanos del CSIC 2012-2013., julio 2014.

References

1. 13. Scimago. http://www.scimagojr.com/countryrank.php

References

1. 14. OEPM, Oficina Española de Patentes y Marcas. http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/actividades_estadisticas/

References

1. 15. OECD (2013), “Raising the Returns to Innovation: Structural Policies for a Knowledge-based Economy”, OECD, Economics Department Policy Notes, No. 17. May 2013.

References

1. 16. X. González, J. Jaumandreu and C. Pazó, Barriers to innovation and subsidy effectiveness, The Rand Journal of Economics, Winter 2005 (Volume 36-4), pages 930-950.