Estudios sobre la Economía Española - 2020/36

Aspectos económicos de la crisis del Covid-19 Boletín de seguimiento no. 7

Florentino Felgueroso (FEDEA)

Angel de la Fuente (FEDEA e IAE-CSIC)

Noviembre 2020

fedea

Las opiniones recogidas en este documento son las de sus autores y no coinciden necesariamente con las de FEDEA.

Noviembre de 2020

Florentino Felgueroso (FEDEA) y Angel de la Fuente (FEDEA e IAE-CSIC)

Resumen

Este documento es parte de una serie de boletines de seguimiento de la crisis del Covid. En él se recopila una batería de indicadores de los efectos de la pandemia sobre la actividad económica y las cuentas públicas, se analizan y valoran las principales medidas económicas que se han tomado en relación con ella en las últimas semanas y se ofrece un análisis detallado de la evolución reciente del mercado de trabajo. También se incluye una sección sobre la evolución del nivel de actividad por sectores y regiones a partir de los datos de Contabilidad Trimestral, afiliación y ERTEs y una tribuna invitada firmada por Beatriz González Lopez-Valcarcel.

Índice

1. Introducción 2 2. Tribuna invitada. COVID-19: un antes y un después para la economía española (Beatriz Gonzalez Lopez-Valcarcel) 4 3. Evolución de la actividad por sectores y regiones 9 4. El impacto económico y presupuestario de la crisis. Una batería de indicadores de seguimiento 12 5. Medidas adoptadas para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis 23 - Estimaciones del coste presupuestario de las medidas contra el Covid 23 - Previsiones macroeconómicas y presupuestarias 25 - ¿A qué se destinarán las ayudas europeas? Un análisis de los PGE 28 6. El mercado de trabajo: un análisis detallado 40 a. Evolución de la afiliación y el paro 40 b. Análisis dinámico de la afiliación y el paro 48 c. Análisis dinámico de los ERTE 50 d. Paro de larga duración 55 e. Perceptores de prestaciones por desempleo 57 f. Inmigrantes y mercado de trabajo durante la pandemia 58 f. Destrucción de empleo en Europa durante el segundo trimestre Anexos 1. Principales medidas económicas y sociales para paliar los efectos de la crisis 61 a. Flexibilidad en el empleo y sustitución de rentas salariales 61 b. Otras medidas de apoyo a empresas y autónomos 64 c. Apoyo a familias vulnerables 67 d. Ayudas sectoriales 70 e. Ayudas a y a través de las CCAA y CCLL 71 f. Otras medidas 73 2. Datos de afiliación y empleo efectivo por sectores y CCAA y estimaciones del PIB mensual de las CCAA 74 Referencias - Normativa más relevante 75 - Otras referencias 77 - Fuentes estadísticas 78

1. Introducción

Este documento es el séptimo boletín de seguimiento de la crisis del Covid que publica FEDEA. En él se incluyen las secciones ya habituales, incluyendo la dedicada a la evolución del nivel de actividad por sectores y regiones, y una tribuna invitada firmada por Beatriz Gonzalez López-Valcarcel, de la ULPGC.

Los datos del mes de octubre confirman una cierta ralentización de la recuperación económica con la llegada de la segunda ola de la pandemia, que también comienza a apreciarse en lo indicadores de uso del tiempo de google. Se observa un estancamiento o incluso a un ligero retroceso del empleo efectivo debido a una menor salida de trabajadores de los ERTE y al aumento de las prestaciones por cese de actividad y del paro registrado, que se traslada a nuestras estimaciones de output regional. Como ya sucedió en septiembre, la ralentización ha sido más intensa en los sectores más afectados por la pandemia, en particular la hostelería y el entretenimiento, así como en las regiones insulares, especialmente Baleares, por su elevada dependencia del turismo. La tasa de paro efectiva nacional se ha incrementado en dos décimas de punto durante octubre hasta situarse a final de mes en el 20,4%. Por otra parte, los últimos indicadores disponible de ingresos tributarios, que se publican con un mes de retraso y además reflejan la actividad con un cierto retardo, han seguido mejorando.

En materia de política económica, la principal novedad desde la publicación del Boletín anterior ha sido la aprobación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, que ya se está tramitando en el Congreso. A efectos de este informe, lo más interesante del proyecto de PGE es que comienza a concretar los planes del Gobierno para la utilización de las ayudas europeas canalizadas a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y de la iniciativa REACT-EU. Se ha optado por integrar el grueso de estas actuaciones en los PGE a través de una serie de programas específicos de gasto gestionados por los distintos ministerios, preasignándose además muchas partidas por territorios. La dotación total de estos programas asciende a unos 26.600 millones de euros, de los que 24.200 provendrían del MRR -- a lo que habría que añadir otros 8.000 millones de REACT-EU que se integrarían directamente en los presupuestos de las CCAA. Los ingresos previstos en los PGE por anticipos de estos mecanismos, sin embargo, ascienden a sólo unos 6.800 millones (MH, 2020d). Así pues, las actuaciones previstas para 2021 con cargo a las ayudas de recuperación europeas se financiarán fundamentalmente con recursos adelantados por el Gobierno español para facilitar su puesta en marcha, que se irán recuperando posteriormente según se vayan ejecutando y certificando los proyectos correspondientes.

Esta forma de proceder presenta tanto ventajas como inconvenientes. Trabajar con la maquinaria de los Ministerios, en vez de a través de una agencia o estructura ad-hoc de nueva creación, puede ayudar mucho a agilizar la tramitación y puesta en marcha de las actuaciones previstas y quizás también su justificación ante los organismos europeos, lo que es particularmente importante dado lo ajustado de los plazos fijados para la asignación y ejecución de las ayudas y el procedimiento previsto de pagos a posteriori sobre la base de certificaciones por etapas. Por otra parte, la dispersión de la gestión entre numerosas unidades administrativas tenderá a hacer que los fondos europeos se perciban como un complemento de los presupuestos ordinarios de los distintos departamentos, con lo que podría perderse la visión de conjunto y reducirse la coherencia entre las distintas actuaciones así como dificultarse la reasignación de fondos entre partidas, si así lo aconsejara la situación. A esto hay que añadir que seguimos sin tener demasiados detalles sobre los criterios y procedimientos de selección y seguimiento de los proyectos o sobre los mecanismos de colaboración con el sector privado de cara al diseño de los distintos programas.

En la sección 5 se presenta un desglose tan detallado como ha sido posible de los usos previstos de los Fondos europeos incluidos en los PGE. Como cabría esperar, las dos partidas más importantes se destinan al impulso de la transición energética y la digitalización. En la primera, dotada con algo más de 7.000 millones de euros, el grueso de los fondos para el fomento de la descarbonización se deja en manos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), pero se recogen también casi 1.800 millones de euros, dispersos entre varios ministerios, para la rehabilitación energética de viviendas y otros edificios. A estas partidas habría que sumar también una parte significativa de los fondos para I+D básica y aplicada que también se dedicarían a temas energéticos. Por su parte, la digitalización absorbe unos 5.000 millones en ayudas horizontales y partidas destinadas a la modernización del sector público, a lo que habría que añadir buena parte de las ayudas a sectores específicos que se recogen en un bloque aparte de programas. La tercera partida en importancia se destina al reforzamiento del sistema sanitario y la protección social y la cuarta a educación, investigación y fomento del empleo. Finalmente, se recogen unos 2.300 millones para infraestructuras tradicionales de transporte, con énfasis en el ferrocarril, alrededor de 1.200 para protección medioambiental y en torno a 400 para infraestructuras hidráulicas.

El PRR incluye, por tanto, un amplio espectro de actuaciones con un fuerte énfasis en lo verde y lo digital, pero con espacio también para la protección social y las infraestructuras más tradicionales. Como ya indicábamos en el anterior Boletín, se echa de menos (aquí o más generalmente en los PGE), una partida importante destinada a la recapitalización o ayudas a fondo perdido a empresas viables en los sectores más afectados por la crisis que ayude a preservar un tejido productivo esencial durante un período de baja actividad que será largo. A título de ejemplo, las ayudas directas previstas para el sector turístico rondan los 900 millones, con una buena parte preasignada a inversiones energéticas o digitales, y no parece que haya ayudas previstas para la restauración u otros sectores en situaciones similares. Sorprende también la reducida inversión asignada a las infraestructuras hidráulicas, que deberían ser una de las prioridades del Plan dado su deficiente mantenimiento y su importancia de cara a la lucha contra las secuelas del cambio climático. Por otra parte, muchas de las inversiones necesarias en este ámbito deberían financiarse con préstamos a devolver por sus beneficiarios a través de mayores cargos o tasas, en vez de con las ayudas no retornables a las que por el momento se está restringiendo el Gobierno español. Finalmente, también sería deseable una mayor atención a la educación, incluyendo las universidades, no sólo en términos de su dotación presupuestaria sino también, y sobre todo, en cuanto a la adopción de reformas que ayuden a mejorar la calidad del sistema y su imbricación con el sector productivo.

La sección dedicada al análisis detallado del mercado de trabajo se inicia con un análisis de los datos de empleo y paro desde inicio del verano. En estos 4 meses, las variaciones mensuales de ambos indicadores se situaron entre las mejores de la serie histórica. No obstante, los indicadores dinámicos muestran que el mercado de trabajo no ha funcionado a pleno gas durante este período. Los flujos de entrada y salida del paro y del empleo se situaron por debajo del 80% de los valores registrados en años recientes. Además, el paro de larga duración no ha cesado de crecer, alcanzando el 32% de los parados registrados. La cobertura de las prestaciones por desempleo, por su parte, ha aumentado en los últimos trimestres, aunque sigue siendo inferior a la registrada durante la Gran Recesión, 2008- 2013. Finalmente, mostramos que al igual que en esa recesión, los trabajadores inmigrantes vuelven a ser los más perjudicados por la crisis-- en especial las mujeres extranjeras, que han visto aumentar su tasa de paro en unos 7 puntos porcentuales. Además, cerca de dos tercios de este colectivo estuvo en una situación de infrautilización laboral durante el segundo trimestre cerca y casi la mitad en el tercero.

2. Tribuna invitada.

La crisis económica de COVID-19: Vías de salvación¹

COVID-19: un antes y un después para la economía española

Beatriz Gonzalez Lopez-Valcarcel (Universidad de las Palmas de Gran Canaria)

Las dos curvas están conectadas

Las dos curvas de la pandemia -la de contagios y la de actividad económica- están conectadas. Las medidas y restricciones de interacción humana para ralentizar la primera (la tan citada frase de "aplanar la curva") y evitar el colapso del sistema sanitario frenan la economía, ralentizan la actividad productiva y empeoran las cifras de empleo y la generación de rentas, a la vez que imponen un elevadísimo coste fiscal (Conde-Ruiz, 2020). Ese trade-off ya estaba claro desde el principio de los tiempos COVID en marzo (Ferri, 2020). El objetivo de las políticas, que a la vez son sanitarias y económicas, es contener la epidemia dañando el mínimo la economía. Nunca las políticas económicas habían sido tan sanitarias, nunca las políticas de salud habían tenido tanto impacto económico como en estos tiempos COVID. El reto actual es de fine tunning: ir abriendo o cerrando las restricciones sobre la economía, consiguiendo a la vez contener los contagios por debajo del nivel crítico de los recursos sanitarios.

El Finacial Times publicaba el 19 de octubre una gráfica² con la nube de puntos de los países, en abscisas la tasa de mortalidad por COVID-19, en ordenadas el porcentaje de caída del PIB en 2020. La forma decreciente de la nube es evidente. China ocupa la posición superior izquierda, España está en la opuesta.

Comparada con pandemias anteriores, el SARS-COV-2 ha matado menos: a 1.2 millones de personas, de los 7,700 millones de habitantes del planeta (el 0.02%). La gripe española, por poner una referencia próxima, mató en 1918-20 al 2.5% de la población, fue 125 veces más letal que la COVID-19. La peste negra, en el siglo XIV, eliminó a la tercera parte de la población europea.

El coste de la COVID-19

Los estudios de coste de la enfermedad, que aproximan la carga de enfermedad, son un clásico en economía de la salud. Contabilizan para una región o país los costes sanitarios directos, los costes indirectos de pérdida de productividad por mortalidad prematura y por morbilidad, y los costes de los cuidados informales atribuibles a una determinada enfermedad o grupo de enfermedades. En el caso de la COVID, para aproximar el coste de la enfermedad hay que incluir el coste económico de la caída del PIB como consecuencia de la propia infección y de las medidas dispuestas para afrontarla. El PIB cae por tres mecanismos (Carlsson-Szlezak, P. et al., 2020): la reducción del consumo y aumento del ahorro debido a las expectativas de las familias, la pérdida de riqueza neta ligada a la evolución pesimista de los mercados financieros, que se acaba traspasando a la economía real, y la disrupción de la oferta, cadenas de suministros, etc. que repercuten directamente en el empleo y la productividad. La tabla 1 contiene los componentes del coste de la COVID-19. Para Estados Unidos, se ha estimado que puede llegar a unos 13 billones de $ (el 90% del PIB), y aproximadamente la mitad de esa cifra corresponde a la caída del PIB en 10 años atribuible a la pandemia (Cutler & Summers, 2020). Mulligan (Mulligan, 2020) estima un coste, también para EEUU, de 7 billones de $ por año en términos de pérdida de bienestar. Otro estudio para EEUU (Bethune, 2020) calcula que el coste marginal de una infección, en términos de caída de actividad económica, es de 286,000$.

¹ Agradecemos a Marta García Rodríguez, Manuel García Santana y Pau Salvador Pujolàs Fons por sus comentarios y sugerencias.

² https://ig.ft.com/coronavirus-global-data/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=a01241894ebriefing-dy-20201019&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-a01241894e-45417342

Tabla 1. Conceptualización de los costes de la COVID-19

Para España no hay datos todavía que permitan aproximar los costes totales de la COVID. Vale la pena mencionar, sin embargo, que el coste de oportunidad de mantener recursos ociosos como camas de hospital o quirófanos disponibles para posibles necesidades COVID es considerable. Por ejemplo, hemos estimado los sobrecostes atribuibles a la COVID en Canarias para el primer semestre de 2020 (Abásolo Alessón et al., 2020). Nunca habían estado los hospitales públicos tan vacíos como durante el mes de abril de

2020, con tasas de ocupación por debajo del 60%. La COVID ha supuesto un sobrecoste sanitario directo de casi el 11% del gasto sanitario público total, y ha pospuesto gastos de atención sanitaria a los pacientes de otras patologías no atendidos durante la primera oleada de la pandemia, además del coste en pérdidas de salud y de productividad de esas personas.

La estrategia TRA (Test, Rastreo, Aislamiento) es extremadamente coste-efectiva

Todos los análisis económicos otorgan un enorme valor a los test COVID. El estudio de Cutler antes mencionado (Cutler & Summers, 2020) concluye que el gasto en tests y rastreo de contactos consigue una ratio beneficio/coste de 30 a 1. Otro análisis estima entre 4 y 15 esa ratio (Atkeson et al., 2020). No existe ninguna tecnología, programa o intervención sanitaria en España que ni de lejos se aproxime a esos valores. La mayor parte del gasto sanitario está en el primer cuadrante del plano coste efectividad, es decir, consigue resultados de salud mejores que la tecnología estandar pero con un coste adicional, que sin embargo podría compensar el esfuerzo extra. Aunque no hay un umbral oficial o aceptado para esa disposición social a pagar por un Año de Vida ganado Ajustado por Calidad (Sacristán et al., 2020), parece que en España la sociedad está dispuesta a gastar entre 20,000 y 30,000€ por conseguir un año de vida ajustado por calidad. Muy pocas nuevas tecnologías son ahorradoras de costes, es decir, dominantes en aquel plano de coste-efectividad: mejores y mas baratas que las existentes. Pues bien, la estrategia TRA (test, rastreo y aislamento) es altamente coste-efectiva, dominante y ahorradora de costes a largo plazo.

Un antes y un después. La transformación productiva del país y el atractivo de la sanidad

La digitalización se ha convertido en un mantra. El Plan de octubre 2020 de Recuperación, Trasnformación y Resiliencia de la Economía Española (España Avanza) de presidencia de gobierno ³ menciona (página 45) la "sociedad del dato", versión actualizada de la sociedad de la información de la década pasada, en el contexto de la estrategia de inteligencia artificial (IA)). La IA ha tomado fuerza en los últimos meses, propulsada por la COVID-19, también en sanidad.

Para hacernos una idea de la envergadura del cambio, miremos a China. Baidu (el equivalente chino de google, que literalmente significa “cientos de veces”, sugiriendo tareas repetitivas pero también persistencia en la persecución de lo ideal) incorpora IA para propósitocs tan diversos como detectar gente sin mascarilla en entornos urbanos densos, mediante monitorización de imágenes, o hacer 1,500 llamadas de seguimiento COVID por segundo, hasta diagnosticar la infección con algoritmos inteligentes que analizan radiografías, o hacer un análisis de grano fino de la movilidad humana. En Europa, proyectos como el 1+Million Genomes (conseguir mas de un millón de genomas de personas europeas) o los biobancos se han acelerado con la COVID, y la financiación dirigida a la investigación COVID ha propulsado la estandarización e interoperabilidad de los datos clínicos y epidemiológicos y el uso de la IA.

La digitalización es uno de los ejes de la transformación económica buscada para mejorar la productividad total de los factores, única solución a medio plazo a la crisis de la deuda y para afrontar el creciente deficit estructural, como se argumentaba en la tribuna del boletín anterior de FEDEA (Conesa et al., 2020). El plan Next Generation apoyará financieramente con fondos europeos proyectos prometedores. Ya el proyecto de PGE 2021 incorpora 27,000 millones de euros de fondos europeos incondicionados para la reconstrucción y transformación económica digital y verde. Una parte de esos fondos se destinará a sanidad. Este sector está transformándose desde un sector de gasto, con poca capacidad de arrastre y de impulso sobre otros sectores de la economía, hacia un sector con enorme potencial para generar valor, a partir de los datos que se generan como subproducto asistencial y de ensayos clínicos. Se prevé que sea de los sectores que más rápidamente completen la digitalización (Saniee et al., 2017). La COVID ha allanado una gran parte de las barreras organizativas y culturales a la innovación en sanidad. La interoperabilidad de las bases de datos clínicas se ha facilitado, y los ciudadanos están ahora mas dispuestos a sacrificar algo de intimidad en pro del bien comun y el conocimiento de la pandemia (Gerdon et al., 2020). La disponibilidad de datos masivos impulsará adicionalmente la investigación biomédica y en servicios sanitarios, en las que España tiene una posición relevante en Europa. La I+D biosanitaria está en posición de aportar un considerable valor añadido y empujar hacia el cambio de modelo productivo Next Generation. Además, será de los sectores con gasto público más expansivo, tanto para asistencia sanitaria como para proyectos de I+D+i (véase la revisión de las medidas económicas y sociales para paliar los efectos de la crisis en el anexo del boletín de octubre (Felgueroso et al., 2020).

³ https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf

Ya desde hace unos años la sanidad, en un inteso proceso de concentración empresarial, se está convirtiendo en un sector atractivo para los inversores privados. En la medida en que consiga extraer valor de mercado de los datos que genera rutinariamente, ese atractivo aumentará.

Mas desiguales: ¿a quien dejaremos atrás?

Las pandemias tienen efectos sobre las desigualdes económicas y también sobre las desigualdades sociales en salud. La peste negra (1347-51) mató a unos 200 millones de personas en Europa, un tercio de la población, y como resultado de la reducción drástica de mano de obra, se salió de la crisis con un aumento sustancial de las rentas de trabajo y una reducción de la desigualdad. Pero otras pandemias, y la actual parece ser el caso, amplían la brecha de desigualdad. Por una parte, la exposición y el riesgo de infección es mayor para trabajadores no cualificados que no pueden teletrabajar, que viven en condiciones que les impiden el aislamiento, en convivencia intergeneracional, se mueven en transporte público de riesgo como el metro y viven en barrios con tasas de incidencia elevadas debido a la agregación de los riesgos individuales. Una vez infectadas, las personas de nivel socioeconómico bajo tienen peor pronóstico porque las comorbilidades que empeoran la gravedad (obesidad, diabetes) son mas frecuentes en estos grupos desfavorecidos de población. Finalmente, mueren más y presentan mas secuelas físicas y psíquicas si sufren barreras de acceso al sistema sanitario, aunque no sean oficiales, por ejemplo, por la dificultad para navegar por internet y bajo nivel de e-health literacy, o por el colapso de los centros de salud en los barrios pobres con mayor incidencia. Además de estos efectos directos sobre la salud, la COVID deja secuelas a largo plazo sobre renta, empleo y productividad derivadas de la educación y de otros factores.

Vacunación inteligente y solidaria

La luz al final del túnel está en las vacunas, que permitirán volver a la libertad de movimientos y a la actividad económica y social deseada. La estrategia de vacunas de la Comisión Europea se basa en firmar acuerdos de riesgo compartido con varias compañías (cuatro en la actualidad) que están desarrollando ensayos clínicos de vacunas. Si finalmente no se llegan a autorizar y comercializar, serán costes hundidos, pero si salen al mercado, Europa tendrá acceso a un número establecido en contrato de (millones de ) dosis a un precio "razonable". Esta estrategia es inteligente porque evita la fragmentación de compradores en un mercado salvaje, compitiendo por comprar un producto ofrecido en régimen de monopolio u oligopolio, con los sobreprecios consiguientes. Es solidaria porque reconoce que sólo cuando el planeta entero esté libre de SARS-COV-2, Europa lo estará⁴ . Por eso, Europa forma parte de acuerdos globales de acceso a las vacunas liderados por la OMS.

Referencias

References

1. Abásolo Alessón, I., González Lopez-Valcarcel, B., & Rodríguez-Mireles, S. (2020). La COVID-19 y la sanidad canaria. Hacienda canaria [ISSN 1696-6945], n. 53, p. 157-178. https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/75211

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1. Atkeson, A., Droste, M., Mina, M. J., & Stock, J. H. (2020). Economic Benefits of COVID-19 Screening Tests. medRxiv.

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1. Bethune, Z. A. (2020, abril). COVID-19 infection externalities: Trading off lives vs. Livelihoods [BER Working Paper 27009. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.]. NBER Working Paapers. https://lmic-cimt.ca/now-of-work/bethune-z-akorinek-a-2020-april-covid-19-infection-externalities-trading-off-lives-vs-livelihoodsnber-working-paper-27009-cambridge-ma-national-bureau-of-economic-research

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1. Carlsson-Szlezak, P., Reeves, M, & Swartz, P. (2020). What coronavirus could mean for the global economy. Harvard Business Review, 3.

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1. Conde-Ruiz, J. I. (2020, mayo 7). El coste fiscal del confinamiento. Nada es Gratis. https://nadaesgratis.es/admin/coste-fiscal-del-confinamiento

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1. Conesa Roca, JC, Fernández de Córdoba Martos, G, & Kehoe, TJ. (2020). La crisis económica del COVID-19: Vías de salvación. En Estudios sobre la Economía Española—2020/30 Aspectos económicos de la crisis del Covid-19.

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1. Cutler, D. M., & Summers, L. H. (2020). The COVID-19 Pandemic and the $16 Trillion Virus. JAMA, 324(15), 1495. https://doi.org/10.1001/jama.2020.19759

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1. Felgueroso, F, De la Fuente, A, & Jansen, M. (2020). Aspectos económicos de la crisis del Covid-19 (FEDEA. Boletín de seguimiento no. 6). FEDEA.

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1. Ferri, J. (2020, marzo 25). El Impacto Macroeconómico del Coronavirus. Nada es Gratis. https://nadaesgratis.es/admin/el-impacto-macroeconomico-del-coronavirus

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1. Gerdon, F., Nissenbaum, H., Bach, R. L., & Kreuter, F. (2020). Individual Acceptance of Using Health Data for Private and Public Benefit: Changes During the COVID-19 Pandemic. Harvard Data Science Review. https://hdsr.mitpress.mit.edu/pub/3uc0p5dq/release/1

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1. Mulligan, C. B. (2020). Economic Activity and the Value of Medical Innovation during a Pandemic (N.^o w27060). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w27060

⁴ Declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, en la página web de la estrategia de vacunas: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1103

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1. Sacristán, J. A., Oliva, J., Campillo-Artero, C., Puig-Junoy, J., Pinto-Prades, J. L., Dilla, T., Rubio-Terrés, C., & Ortún, V. (2020). ¿Qué es una intervención sanitaria eficiente en España en 2020? Gaceta Sanitaria, 34, 189-193. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.06.007

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1. Saniee, I., Kamat, S., Prakash, S., & Weldon, M. (2017). Will productivity growth return in the new digital era? An analysis of the potential impact on productivity of the fourth industrial revolution. Bell Labs Technical Journal, 22, 1-1. https://www.academia.edu/37456184/Will_productivity_growth_return_in_the_new_di gital_era

3. Evolución de la actividad por sectores y regiones

Como en el anterior Boletín y en otras publicaciones relacionadas,⁵ la variable clave en la que nos apoyaremos en esta sección para hacer un seguimiento del proceso de recuperación por sectores y territorios es el empleo asalariado efectivo, definido como el resultado de restar los trabajadores afectados por ERTEs del número total de asalariados afiliados a la Seguridad Social en situación de alta laboral.⁶ Los datos de afiliación media mensual provienen de la Seguridad Social (2020a y b), al igual que el desglose por sectores y territorios de los trabajadores afectados por ERTEs.⁷

Con estos datos se construyen índices de ocupación (asalariada) efectiva relativa a un contrafactual sin Covid.⁸ Estos índices se definen para cada territorio o sector y cada mes como el cociente entre el empleo asalariado efectivo observado y el valor esperado de la misma variable en ausencia de la pandemia. Esta última variable se aproxima aplicando al empleo asalariado en el mismo mes de 2019 la tasa de crecimiento interanual del empleo asalariado registrada en cada territorio o sector en febrero de 2020, esto es, el último mes antes de la llegada masiva de la pandemia a España.

El Gráfico 3.1 muestra la evolución del índice de ocupación efectiva en los grandes sectores de actividad. El Gráfico 3.2 muestra la misma información a un mayor nivel de desagregación, trabajando con datos para las principales actividades privadas a dos dígitos de la CNAE, excluyendo la agricultura y el servicio doméstico. Las actividades más afectadas se concentran en el sector turístico y ciertas ramas de servicios, destacando la hostelería (servicios de comidas y alojamiento) y las actividades deportivas y de entretenimiento.

⁵ Véase en particular Felgueroso y de la Fuente (2020) y de la Fuente y otros (2020).

⁶ En principio, podría construirse un indicador similar de empleo efectivo para los trabajadores autónomos restando a de la afiliación total a las personas que perciben ayudas por cese de actividad. Sin embargo, la serie sería un indicador menos fiable de empleo efectivo que su homóloga para asalariados por varios motivos. Uno de ellos es que la prestación extraordinaria por cese de actividad ligada al Covid desapareció el pasado junio, generando un fortísimo corte en la serie. Hemos preferido, por tanto, trabajar sólo con la serie de asalariados, suponiendo por tanto implícitamente que la de no asalariados se comporta de una forma similar ante el shock que supone la pandemia.

⁷ Los datos de afectados por ERTEs se han publicado en los últimos meses a través de notas de prensa que en ocasiones van acompañadas de un archivo de Excel. Generalmente, estas notas se cuelgan en la página web del Gabinete de Comunicación de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social: http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/inicio

Los datos de octubre no incluyen todavía los nuevos tipos de ERTE (por impedimento o limitaciones de actividad) creados por el RDL 30/2020 de 29 de septiembre, lo que tenderá a sesgar al alza nuestros índices de ocupación efectiva y por tanto las estimaciones de PIB de ese mes. Puesto que la mayor parte de las CCAA no comenzaron a imponer restricciones importantes a la actividad económica hasta la parte final de octubre, el sesgo no debería ser muy acusado en ese mes.

⁸ Véase de la Fuente (2020a) y la sección 2 del número 5 de este Boletín (Felgueroso y de la Fuente, 2020).

Gráfico 3.1: Evolución de los índices de ocupación asalariada efectiva por grandes sectores

Gráfico 3.2: Evolución de los índices de ocupación asalariada efectiva detalle de las principales actividades privadas (CNAE a dos dígitos)

- Nota: Para marzo no hay datos de todas las variables necesarias para calcular el índice. Su valor se aproxima por interpolación lineal entre febrero (= 100) y abril.

En todos los casos, el nivel de actividad parece haber tocado fondo, dando paso a un proceso de recuperación que se inicia en mayo en la construcción y en algunos servicios a empresas y en junio en el resto de los sectores, pero que en muchos casos está todavía lejos de devolvernos a la normalidad. Así, las ramas productivas más afectadas se han estancado o incluso retrocedido en septiembre y octubre, manteniéndose en ese último mes con caídas de entre el 30% y el 65% de la ocupación con respecto al contrafactual sin Covid. Al mismo tiempo, incluso las actividades menos afectadas en el peor momento de la crisis y/o las que primero se han recuperado muestran una preocupante tendencia a estabilizarse en niveles inferiores a su empleo pre-pandemia. A la ralentización de la recuperación en los últimos meses han contribuido sin duda el rebote de la tasa de contagios que se inició en julio y las restricciones a los viajes a España impuestas a partir de ese momento por algunos importantes países emisores de turistas. Aunque la temporada alta del turismo ya ha concluido (excepto en Canarias), el agravamiento de la situación sanitaria que estamos experimentando con la llegada de la segunda ola de la pandemia está teniendo un efecto negativo ya visible sobre el proceso de recuperación que previsiblemente se acentuará en las próximas semanas.

Gráfico 3.3: Evolución del PIB regional en 2020 diferencia porcentual con el mismo mes de 2019

Los índices de ocupación relativa pueden calcularse también por comunidades autónomas. Partiendo de estos coeficientes, es posible aproximar la evolución mes a mes del PIB de cada territorio utilizando el procedimiento propuesto en de la Fuente (2020b). El Gráfico 3.3 resume la incidencia territorial de la crisis en términos de este indicador. Como cabría esperar, el impacto de la pandemia es especialmente acusado en las comunidades insulares debido al elevado peso del sector turístico, particularmente en Baleares, que seguía en octubre casi un 25% por debajo del nivel del año pasado tras haber llegado a perder casi un 50% en mayo. En el extremo opuesto se encuentran las comunidades de Extremadura, Murcia y Castilla la Mancha, con un mayor peso del sector agrario y menor dependencia del turismo, cuyos PIBs mensuales no llegaron a caer en ningún momento más de 20 puntos con respecto al año pasado y se sitúan en octubre con pérdidas por debajo de los 2 puntos. Para el conjunto de España, la economía parece haber tocado fondo en mayo, con una caída de 25 puntos, iniciándose seguidamente una recuperación que comienza a ralentizarse a partir de julio, tanto en el agregado como para la mayor parte de las comunidades.

4. El impacto económico y presupuestario de la crisis. Una batería de indicadores de seguimiento

En esta sección se recopila una serie de indicadores para facilitar el seguimiento de los aspectos económicos y presupuestarios de la crisis del Covid-19. El Cuadro 4.1 muestra las variables elegidas, divididas por bloques, con la fuente de la información entre paréntesis. Algunos indicadores están disponibles casi en tiempo real con frecuencia diaria, pero la mayor parte de ellos tienen frecuencia mensual y se publican con un retardo

Cuadro 4.1: Indicadores de seguimiento

Cuadro 4.1: continuación

de entre dos semanas y dos meses. Los Gráficos 4.1-4.6 resumen la evolución de los distintos indicadores. En la mayor parte de los casos, los datos disponibles para 2020 se muestran junto con la serie mensual completa de 2019, que servirá como referencia de lo que podría ser un año “normal” tirando a bueno.

El primer bloque de indicadores tiene que ver con el patrón de uso del tiempo de la población española. Estos indicadores se construyen utilizando datos elaborados por Google a partir de la geolocalización de los teléfonos móviles de sus usuarios e indican el tiempo pasado en cada lugar, medido en relación con el nivel medio observado durante un período de cinco semanas anteriores al comienzo de la epidemia (del 3 de enero al 6 de febrero de 2020).

Como se aprecia en el Gráfico 4.1, las medidas de confinamiento que se adoptaron a mediados de marzo para reducir el ritmo de contagios tuvieron un efecto dramático sobre los patrones de comportamiento y movilidad de los españoles. Tras la proclamación del estado de alarma, el tiempo que la población pasa en casa aumentó rápidamente hasta estabilizarse durante varias semanas en torno a un 30% por encima del nivel anterior al inicio del estado de alarma, mientras que el tiempo de permanencia en el centro de trabajo se redujo en torno a un 70% como resultado del cierre de muchas actividades, el crecimiento del paro y el aumento del teletrabajo. El descenso de la movilidad se aprecia también en el marcadísimo descenso del tiempo dedicado a actividades de ocio y consumo no esencial y en el uso del transporte público.

Comenzando a mediados de abril, sin embargo, los patrones de movilidad y uso del tiempo comienzan a normalizarse gradualmente. A principios de julio, el tiempo pasado en casa había recuperado prácticamente el nivel anterior a la crisis mientras que el índice de permanencia en el centro habitual de trabajo y el tiempo dedicado al ocio y el consumo no esencial habían vuelto al 80% de sus niveles normales. Desde entonces, los indicadores se estabilizan, aunque con altibajos apreciables, y en la parte final del período comienzan a mostrar indicios de lo que podrían ser los efectos de las restricciones impuestas para contener la segunda ola de la pandemia, aunque con cambios mucho más suaves que los observados en primavera. Desde mediados de septiembre, el tiempo pasado en el hogar gira suavemente al alza mientras que el dedicado al ocio y al consumo se reduce más abruptamente. Ya en octubre, se interrumpe también la tendencia al alza del tiempo pasado en el lugar de trabajo y en el transporte público que se registraba desde el final del verano.

Gráfico 4.1: Uso del tiempo en España, media móvil de los últimos siete días 100 = media poco antes del inicio de la crisis (3 de enero a 6 de febrero)

- Fuente: Google (2020). a. Consumo eléctrico, total nacional en media semanal

Gráfico 4.2: Indicadores de actividad en tiempo real mismo período del año anterior = 100

b. Gasto consumidores por medios electrónicos

El segundo bloque de indicadores contiene dos variables, el consumo eléctrico y el gasto de los consumidores a través de medios de pago electrónicos, que reflejan en tiempo real aspectos importantes del nivel de actividad económica, uno por el lado de la oferta y el otro por el de la demanda. Aunque ambos indicadores están disponibles diariamente, utilizaremos medias semanales o medias móviles de siete días para apreciar mejor su tendencia.

El panel a del Gráfico 4.2 muestra la evolución del consumo medio de electricidad en el país en cada semana, normalizado por el valor registrado durante la misma semana de 2019.⁹ Tras el comienzo del confinamiento (a mitad de la semana 11, marcada por una línea vertical azul), el consumo medio llegó a caer un 20%, lo que apunta a una reducción aún mayor del nivel de actividad de los sectores productivos dado que la demanda doméstica ha aumentado con el confinamiento. A partir del final del período de confinamiento reforzado y de la Semana Santa, el índice se va recuperando y parece tender a estabilizarse, con pequeños altibajos, a un nivel ligeramente por debajo de 100.

El panel b del Gráfico 4.2 muestra la evolución del índice BBVA de gasto final de los consumidores, construido a partir de los pagos realizados con tarjetas emitidas por este banco o a través de los TPVs que el mismo gestiona.¹⁰ El perfil de la serie es muy similar al de los índices de movilidad de Google, con un brusco descenso tras la proclamación del estado de alarma que se acentúa algo más en la primera mitad de abril y luego comienza a recuperarse suavemente. El gasto llega a caer un 60% en relación al mismo período del año pasado, pero regresa a la normalidad a finales de junio y se ha mantenido aproximadamente constante desde entonces con pequeños altibajos.

El siguiente gran bloque de indicadores se refiere al mercado de trabajo y su evolución se resume en el Gráfico 4.3. En este bloque se incluyen el paro y la afiliación a la Seguridad Social registrados al final de cada mes, el número de contratos registrados durante el mismo, el número de beneficiarios y el volumen de gasto en prestaciones por desempleo y el número de demandantes de empleo no parados registrados en el SEPE, también a final de mes, que tienen una relación laboral (“demandantes con relación”), donde se incluyen los afectados por ERTEs.¹¹

Los primeros efectos del Covid se comienzan a ver en los datos de marzo, en forma de una fuerte caída de la contratación que se traduce en un aumento del paro registrado en más de 300.000 personas y una caída de la afiliación de más de 800.000. En abril se acentúa el parón de la contratación, con el consiguiente aumento del paro registrado, que supera los 3,8 millones de personas al no renovarse muchos de los contratos temporales que han venciendo durante el mes. Sin embargo, la afiliación a la Seguridad Social tiende a estabilizarse, registrando sólo un descenso marginal durante el mes (frente al apreciable aumento registrado en años recientes durante el mismo período). Por otra parte, la relativa estabilidad de esta variable en ese momento podría dar una idea un tanto engañosa de la evolución del empleo pues en ella se incluye a los trabajadores afectados por ERTEs, que no están trabajando o lo hacen sólo una parte de la jornada. El número de afectados por estos expedientes se dispara en abril hasta niveles nunca vistos, en torno a los 3,4 millones.¹²

⁹ Para evitar que el cambio de fechas de Semana Santa entre un año y otro distorsione el índice, las semanas 15 y 16 de 2019 se invierten antes de calcularlo.

¹⁰ Este indicador se construye por primera vez en Carvalho et al (2020) y ha comenzado a publicarse semanalmente desde entonces en BBVA Research (2020). Agradecemos a BBVA Research que haya puesto las series numéricas a nuestra disposición.

¹¹ En este grupo también se incluyen los demandantes que son trabajadores fijos discontinuos, los eventuales agrarios que perciben el subsidio y los perceptores de prestaciones adscritos a trabajos de colaboración social.

¹² De abril en adelante, el dato de afectados por ERTEs se toma de una nota de prensa del Ministerio de Seguridad Social (veáse el link al final de esta nota a la más reciente) y de los datos distribuidos con ella. Estos datos se utilizan en el Gráfico 3.d en lugar del número de demandantes con relación laboral.

http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3907

Gráfico 4.3: Indicadores de mercado de trabajo a. Paro registrado - Notas: Millones de personas. Ultimo día del mes

b. Afiliación a la Seguridad Social

c. Contratos registrados

d. Demandantes con relación laboral - Notas: Millones de contratos durante el mes y millones de personas al final de mes

e. Beneficiarios desempleo

f. Gasto en prestaciones desempleo

- Notas: Millones de personas y miles de millones de euros. Se recogen todas las prestaciones, contributivas y asistenciales, incluyendo la renta y subsidio agrarios, la renta activa de inserción y el programa de activación para el empleo. La línea verde incluye las prestaciones extraordinarias por cese de actividad.

De mayo en adelante, las cosas comienzan a estabilizarse y luego a mejorar. El número de contratos crece rápidamente, recuperándose desde un mínimo del 38% del nivel del año anterior en abril hasta el 78% de septiembre, aunque luego retrocede ocho puntos en octubre. La afiliación gira claramente al alza en estos meses aunque con ciertos altibajos, y el paro registrado se estabiliza. Por otra parte, se reduce muy apreciablemente el número de afectados por ERTEs, que descienden desde 3,4 millones a finales de abril a 1,1 millones a finales de julio. La reducción continúa, aunque a un ritmo menor, entre agosto y octubre hasta cerrar este último mes con unos 600.000 trabajadores aún afectados.¹³

Los trabajadores incluidos en ERTEs reciben prestaciones por desempleo y se incluyen por tanto entre los beneficiarios de éstas. Su extraordinario crecimiento es el principal responsable del fuerte repunte del número de tales beneficiarios y del volumen de gasto en esta prestación que se produce en abril. Ambas variables se multiplican por más de 2,2 entre marzo y abril, hasta alcanzar 4,6 millones de beneficiarios con un gasto mensual de casi 5.000 millones.¹⁴ En mayo, ambos indicadores vuelven a aumentar, pero a un ritmo mucho más lento, y en junio comienzan ya a caer, muy rápidamente los dos primeros meses y a un ritmo decreciente después, siguiendo una senda similar a la de los afectados por ERTEs.

A las prestaciones por desempleo hay que añadir también las prestaciones por cese de actividad percibidas por los trabajadores autónomos afectados por el Covid.¹⁵ Estas cifras se añaden a las correspondientes a las prestaciones por desempleo en los paneles e y f del Gráfico 4.3, obteniendo así la línea verde. Entre abril y junio existió una prestación extraordinaria que llegaron a cobrar 1,5 millones de trabajadores. Tras su extinción, se estableció una nueva ayuda que durante los primeros meses cobraban sólo unos 150.000 trabajadores.¹⁶ Esta cifra aumenta hasta 250.000 en octubre tras la recuperación o puesta en marcha de nuevas prestaciones relacionadas con el cese de actividad (véase la sección 1b del Anexo).

Los dos bloques siguientes cubren los ingresos y los gastos públicos, también con frecuencia mensual. En materia de ingresos, seguiremos la evolución de la recaudación neta de los impuestos gestionados por la Agencia Tributaria estatal (AEAT), incluyendo el IRPF, el IVA, el Impuesto de Sociedades y los Impuestos Especiales junto con otros impuestos menores, así como la de las cotizaciones pagadas al Sistema de Seguridad Social (donde no se incluye el SEPE a estos efectos). La evolución de estas variables se resume en el Gráfico 4.4, donde se muestran tanto los flujos mensuales como los totales acumulados desde el comienzo del año en cada momento. Para interpretar estos datos, conviene tener en cuenta que los ingresos recibidos durante cada mes corresponden generalmente a los impuestos devengados en períodos anteriores, generalmente con un retardo de entre uno y tres meses dependiendo del calendario de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta de cada tributo (que pueden ser mensuales o trimestrales y no siempre se distribuyen de manera uniforme a lo largo del año).

¹³ Como se ha indicado en la sección anterior (nota al pie número 7), esta cifra no incluye a los afectados por los nuevos ERTEs por limitación o impedimento de actividad, para los que aún no se dispone de datos.

¹⁴ Los datos de prestaciones por desempleo suelen publicarse con un mes de retraso sobre el paro registrado.

¹⁵ Los datos de prestaciones por cese de actividad también provienen de notas de prensa del Ministerio de Seguridad Social. La más reciente puede descargarse aquí: http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3906

¹⁶ Tras la extinción de la prestación extraordinaria por cese de actividad, sus beneficiarios pudieron optar durante el tercer trimestre a una prestación similar si su facturación cae al menos un 75% en relación al mismo período del año pasado y sus ingresos no superan un cierto umbral. Esta prestación puede solicitarse preventivamente, si se espera estar en esa situación, o a posteriori una vez concluido el trimestre. De acuerdo con los datos ofrecidos por la Seguridad Social (véase la nota anterior), el número de perceptores de esta ayuda fue sólo de unos 150.000 de julio a septiembre.

Gráfico 4.4: Ingresos tributarios (impuestos gestionados por la Agencia Tributaria Estatal + cotizaciones sociales) miles de millones de euros

a. Ingresos netos totales recaudados por la AT Parcial mensual Acumulado

b. Ingresos netos correspondientes al Estado

c. Ingresos netos correspondientes a las CCAA

d. Ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social

En relación con los ingresos gestionados por la AEAT, se recoge también su desglose entre las distintas administraciones. El grueso de estos ingresos se reparte entre el Estado y las CCAA de régimen común (las comunidades forales recaudan directamente todos estos tributos), mientras que una pequeña parte corresponde a las corporaciones locales. En el caso de las administraciones territoriales, las cifras reflejan sus ingresos mensuales por las entregas a cuenta y liquidaciones de los distintos impuestos de acuerdo con el sistema de financiación vigente. Por tanto, estos ingresos no reflejan la situación económica existente en cada momento: las entregas a cuenta se fijan en principio en los presupuestos de cada año, aunque pueden ajustarse después, y las liquidaciones se practican (en julio) con un retardo de dos años, una vez se dispone de toda la información necesaria. Con el fin de dotar a las administraciones territoriales de más recursos para hacer frente a la crisis, en 2020 el Gobierno central ha revisado al alza las entregas a cuenta, en base a las previsiones de ingresos preparadas (antes del inicio de la pandemia) para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2020, y ha anticipado una parte de la liquidación.

Hasta marzo, la única serie de ingresos en la que se observan cambios apreciables en relación al año anterior es la que corresponde a las CCAA (panel c) donde se registra un fuerte incremento de las entregas a cuenta que refleja las medidas tomadas por el Gobierno central para reforzar los recursos autonómicos. Comenzando en abril la recaudación por tributos y cotizaciones sociales ya muestra un claro deterioro de los ingresos totales, que el Estado absorbe por entero. Las cotizaciones de abril se reducen en un 6% en relación al año anterior y las de mayo y junio en un 14%, aunque las cosas tienden a normalizarse de julio en adelante. En cuanto a los ingresos tributarios, su cuantía total cae en torno a un 30% en relación a 2019 en abril, mayo y junio y el acumulado hasta este último mes en un 11%. Aunque las cosas mejoran entre julio y septiembre, la caída acumulada al final del último mes citado se mantiene en torno al 10%.

En lo que respecta a los ingresos que se queda el Estado, estos se reducen en torno a dos tercios durante abril y mayo, pasan a ser negativos en junio (indicando que el Estado está pagando en entregas a cuenta a las administraciones territoriales más de lo que recauda) y comienzan a recuperarse de julio en adelante, en parte por la mejora de la actividad y en parte por la recuperación de los pagos aplazados en los momentos iniciales de la pandemia. Con todo, los ingresos estatales acumulados hasta septiembre caen en un 30%, mientras que los de las CCAA aumentan en casi un 15%.

En cuanto a los gastos, consideramos también los del Estado, las CCAA y la Seguridad Social, contabilizados con un criterio de caja. Para el Estado se utiliza el total de pagos no financieros en contabilidad presupuestaria y para las CCAA los pagos no financieros con cargo al ejercicio corriente. En el caso de la Seguridad Social, consideramos los pagos realizados dentro del capítulo 4 de transferencias corrientes, que corresponde fundamentalmente al pago de las pensiones y otras prestaciones económicas del Sistema de Seguridad Social (en el que no se incluye el SEPE y por lo tanto las prestaciones por desempleo).

Los perfiles de estos indicadores se muestran en el Gráfico 4.5. Los datos de gasto llegan también hasta septiembre para el Estado y la Seguridad Social y están disponibles solo hasta agosto en el caso de las CCAA. A nivel autonómico, el impacto de la crisis comienza a notarse de abril en adelante, aunque de una forma irregular, y proviene en buena parte del fuerte crecimiento del gasto corriente en bienes y servicios (+14,9% en el acumulado hasta agosto) que seguramente es de origen sanitario. En cuanto al Estado, los efectos de la crisis comienzan a apreciarse ya en el mes de marzo, con un incremento en el gasto total del 20% en relación al mismo mes del año pasado que recoge el fuerte

Gráfico 4.5: Gasto público

a. Gasto total no financiero del Estado Parcial mensual Acumulado

b. Gasto total no financiero de las CCAA

c. Gasto en transferencias corrientes de la Seguridad Social

aumento de las transferencias a CCAA (en más del 50%) y del gasto corriente en bienes y servicios (que más que se triplica) como resultado de la evolución del gasto sanitario y farmacéutico. En abril el patrón se mantiene y acentúa, con un crecimiento interanual del gasto del 50% debido fundamentalmente al aumento de las transferencias a las CCAA (incluyendo un anticipo de la mitad de la previsión de la liquidación de 2018, además de las mayores entregas a cuenta) y a la Seguridad Social, así como al crecimiento del gasto sanitario (que pesa poco en el total). En mayo las transferencias a CCAA se normalizan y con ellas el nivel de gasto en el mes, que “sólo” crece un 11% en relación al año anterior. En junio y julio se observa otro fuente repunte del gasto que se debe fundamentalmente a una transferencia de 11.000 millones a la Seguridad Social para compensar los efectos de la crisis sobre sus cuentas y a las transferencias a las CCAA por la liquidación del SFA y la entrega del primer tramo del Fondo Covid, dotado con 6.000 millones de euros. Aunque el gasto se modera mucho en agosto y septiembre, el acumulado al final de este último mes se sitúa un 25% por encima del año pasado. Por último, en el caso de la Seguridad Social el cambio más llamativo es el incremento en el gasto de abril a junio como resultado del pago de prestaciones extraordinarias por cese de actividad ligadas al Covid, que ascienden a más de 1.000 millones mensuales. Esta partida es la principal responsable del aumento interanual del gasto en prestaciones en los meses de abril a junio (entre el 12 y el 14 por ciento).¹⁷ En el acumulado hasta septiembre, también ha aumentado apreciablemente el gasto en pensiones de jubilación y en incapacidad temporal.

Gráfico 4.6: Deuda pública y tipos de interés

a. Financiación neta mes a mes

b. Financiación neta acumulada

c. Tipo efectivo de interés a 5 años

d. Prima de riesgo a 10 años con Alemania

El último bloque cubre la evolución de la deuda del Estado y de algunos indicadores de tipos de interés. Se incluye, en particular, la financiación neta, definida como la diferencia entre emisiones y amortizaciones (flujo mensual y total acumulado en cada momento del año), el tipo efectivo de interés de los bonos a 5 años y la prima de riesgo a 10 años con Alemania. Como se aprecia en el Gráfico 4.6, los datos de los últimos meses muestran que el Tesoro se ha puesto enseguida a trabajar en la obtención de la financiación extraordinaria que será necesaria durante la crisis, habiendo acumulado en la primera mitad del año casi 100.000 millones de euros de financiación neta. Los tipos de interés se mantienen muy bajos en relación con la experiencia histórica, sin duda gracias a la intervención del BCE. En cuanto a la prima de riesgo, ésta muestra una tendencia al alza desde finales de febrero hasta mediados de abril, con picos ocasionales en los momentos de mayor nerviosismo en los mercados, y una reducción apreciable de mayo en adelante, con tendencia a estabilizarse en torno a los 80 puntos básicos.

¹⁷ En julio se produce un fuerte aumento de gasto en relación al año anterior que en buena parte proviene de transferencias internas a la propia Seguridad Social sobre cuya naturaleza y objetivos no hemos conseguido encontrar información.

Cuadro 4.2: Resumen de indicadores de seguimiento

- Notas: (*) diferencia en puntos porcentuales con el dato de Febrero (**) diferencia en puntos porcentuales con la media de febrero

A modo de resumen, el Cuadro 4.2 recoge los valores más recientes disponibles de los indicadores de seguimiento. En la mayor parte de los casos, estos valores toman la forma de índices, normalizados por el valor correspondiente al mismo período del año pasado, que se iguala a 100. La excepciones son el tipo de interés de los bonos del Estado y la prima de riesgo, en cuyo caso se toma como referencia la media de febrero, esto es, el valor justo antes del inicio de la crisis.

Gráfico 4.7: Evolución del desempleo efectivo paro registrado + afectados por ERTEs + beneficiarios de la prestación por cese de actividad millones de personas - Nota: La línea negra corresponde al paro registrado al final de cada mes de 2019 y la roja a la misma variable en 2020. En la línea verde se incorporan también los afectados por ERTEs y los beneficiarios de la prestación por cese de actividad ligado al Covid-19, también a final de mes en la medida de lo posible.

Con los datos que se han publicado tras el anterior observatorio, se confirma la ralentización de la recuperación. Esto se ilustra en el Gráfico 4.7, donde se muestra la evolución del desempleo efectivo, definido como la suma del paro registrado más los afectados por ERTEs y los beneficiarios de prestaciones por cese de actividad – esto es, la suma total de los activos que no están trabajando (al menos a jornada completa), estén o no en situación de alta en la Seguridad Social. Dividiendo esta cifra por la población activa, se obtiene una tasa de paro efectiva del 20,4%, dos décimas por encima del mes pasado.

5. Medidas adoptadas para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis

En esta sección se analizan las principales medidas que se han tomado en las últimas semanas para paliar los efectos económicos y sociales de la epidemia. Desde la publicación del número anterior de este Boletín, a mediados de octubre, la principal novedad ha sido la aprobación de un nuevo Plan Presupuestario para el conjunto de las administraciones públicas y del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, que ya se está tramitando en el Congreso. En el Proyecto y el Plan se incluye un escenario macroeconómico para 2020-21 y una previsión de cierre presupuestario para 2020 y se comienzan a concretar los detalles del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR). Por otra parte, se ha creado una ayuda transitoria de último recurso para los parados que hayan agotado otras prestaciones y ayudas y se ha autorizado la primera intervención del Fondo de apoyo a las empresas estratégicas, que ha otorgado 475 millones en préstamos a Air Europa.

Estimaciones del coste presupuestario de las medidas contra el Covid

El nuevo Plan Presupuestario 2021 (Reino de España, 2020b) incluye una estimación del impacto presupuestario de las principales medidas adoptadas para hacer frente a la crisis del Covid que actualiza las cifras recogidas en el Programa de Estabilidad 2020 del pasado mes de abril (Reino de España, 2020a). Las principales magnitudes se resumen en el Cuadro 5.1. En él se incluyen los aumentos de gasto y reducciones de ingresos discrecionales previstos desde la óptica de la Administración Central (incluyendo la Seguridad Social), así como las garantías públicas a créditos y otros instrumentos financieros. A diferencia de lo que se hacía en el Plan de Estabilidad, las exoneraciones de cuotas sociales ligadas a los ERTEs y ayudas por cese de actividad, junto con otras bonificaciones similares, se incluyen (como subvenciones) en la partida de aumentos de gasto en vez de en la de reducciones de ingresos.¹⁸

La partida más importante es la destinada a financiar el incremento del gasto en prestaciones por desempleo y cese de actividad, ligadas en buena parte a los ERTEs, y las correspondientes bonificaciones de cuotas sociales. Las ayudas a empresas y autónomos se articulan fundamentalmente a través de avales públicos para préstamos y otros instrumentos de crédito, del aplazamiento de tributos y cotizaciones sociales y de la adecuación del cálculo de los ingresos a cuenta de los mismos a la nueva situación. En cuanto a las ayudas a colectivos vulnerables, muchas de ellas no tienen impacto presupuestario público porque los costes se trasladan a agentes privados, incluyendo a las empresas suministradoras de electricidad y otras utilities, instituciones financieras y arrendadores. Las que se recogen en el Cuadro son fundamentalmente ayudas a la vivienda, incluyendo avales públicos a microcréditos a hogares vulnerables para el pago del alquiler.

Cuadro 5.1: Impacto presupuestario esperado de las medidas contra el Covid adoptadas por la Administración Central

- Fuentes: Reino de España (2020b), Cuadros 2.3-2.5, pp. 21-32. - (*) Nota: Además de las garantías públicas a préstamos a empresas, se incluyen aquí los avales que España aporta a ciertos instrumentos de ayuda europeos que se financian mediante deuda emitida por la Comisión o el BEI. Se incluyen también los 10.000 millones de la dotación del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

Otra partida de cuantía importante es la destinada a reforzar los recursos de las CCAA, incluyendo la revisión al alza de las entregas a cuenta a las CCAA sobre la base de previsiones de ingresos anteriores a la crisis y por lo tanto muy optimistas a posteriori. A esto hay que sumar el Fondo Covid-19, con una dotación de 16.000 millones, que financiará transferencias no reembolsables a las CCAA para hacer frente a gastos generados por la pandemia y compensar la caída de ingresos autonómicos.

¹⁸ Véase Reino de España (2020b), p. 41. Se considera que la cotización se paga al 100% y genera por tanto los derechos correspondientes, aunque una parte de la misma corre a cargo del Estado en vez de las empresas.

En conjunto, por tanto, el impacto total previsto de la crisis sobre los presupuestos de la Administración Central se cifra en torno a los 56.000 millones de euros en incrementos de gasto y pérdidas de ingresos, a lo que habrá que añadir en futuros ejercicios el coste de los prestamos fallidos que cuenten con garantías públicas.

Previsiones macroeconómicas y presupuestarias

Las previsiones recogidas en el Cuadro 5.1 se integran dentro del Plan Presupuestario en un escenario macroeconómico y presupuestario más amplio que se resume en el Cuadro 5.2. El Gobierno espera una caída del PIB nominal y real del 11,2% en 2020 y un fuerte incremento del déficit presupuestario (necesidades de financiación) del conjunto de las Administraciones Públicas, que se situaría por encima del 11% del PIB y nos dejaría al final del ejercicio con un stock de deuda pública que rondaría el 119% del PIB. Se prevé un aumento del gasto de casi 62.000 millones de euros y una caída de los ingresos de más de 27.000 millones, lo que en términos porcentuales supondría aumentar los gastos en casi doce puntos y reducir los ingresos en torno a cinco y medio.

Cuadro 5.2: Proyecciones macroeconómicas y presupuestarias, 2020 Plan Presupuestario 2021, conjunto de las Administraciones Públicas

- Fuente: Reino de España (2020b), Cuadros 1.2, 1.5, 2.7 y 2.8, pp. 12, 13, 36 y 42.

En sus previsiones de otoño, la Comisión Europea (CE, 2020b) eleva la caída esperada del PIB español en 1,2 puntos, hasta el 12,4%, y la de déficit en 0,9 puntos hasta el 12,2%. Las cifras de la Comisión y del Gobierno implican previsiones muy distintas sobre la evolución de la actividad en la parte final del año. De acuerdo con la Contabilidad Trimestral del INE (2020), el PIB acumulado durante los tres primeros trimestres del año en curso asciende a unos 815.000 millones de euros, medido a precios constantes de 2019T1, lo que supone una caída del 11,4% en relación al mismo período de 2019. Tomando como dada esta cifra, y suponiendo que los precios se mantienen constantes durante todo 2020, la previsión del Gobierno para el año completo implica un PIB del cuarto trimestre (T4) superior en un 3% al del tercer trimestre (T3), mientras que la de la

Comisión supondría una caída del PIB del 2,3% entre T3 y T4.¹⁹ En principio el dato de octubre, con una ligera mejora del índice de ocupación efectiva, sería más consistente con las previsiones del Gobierno que con las de la Comisión, pero habrá que ver qué impacto tienen en la parte final del año las nuevas restricciones a la actividad económica que se están tomando en muchas comunidades para contener la segunda ola de la pandemia.

Pasando a las previsiones presupuestarias, las cifras de gasto parecen consistentes con las recogidas en la sección anterior sobre el coste de las medidas adoptadas hasta el momento y con la información disponible sobre otros compromisos de gasto del Gobierno. Los datos más relevantes se recogen en el Cuadro 5.3. Las primeras dos líneas corresponden a las medidas de gasto para combatir el Covid que se recogen en el Cuadro 5.1. En principio, se excluyen las transferencias del Estado a las CCAA, que desaparecen al consolidar las distintas administraciones, pero hemos supuesto que las CCAA aumentan su gasto sanitario y social por el importe de las transferencias estatales destinadas a tal efecto (los dos primeros tramos del fondo de 16.000 millones más algunas transferencias menores para gasto social) y el incremento de las entregas a cuenta del SFA.

Cuadro 5.3: Incrementos previstos del gasto de las AAPP

Por otra parte, en el Cuadro se incluyen también las tres partidas siguientes, que recogerían aumentos de gasto no relacionados con la pandemia:

i) el coste estimado de los compromisos existentes para incrementar los salarios de los funcionarios y equiparar los de la Guardia Civil y la Policía Nacional con los de los cuerpos de policía autonómicos (utilizando estimaciones tomadas de la prensa)

ii) una estimación del aumento del gasto en pensiones contributivas. Se obtiene a partir del incremento observado entre 2019 y 2020 del gasto en esta partida acumulado hasta octubre. La tasa de variación interanual calculada sobre los primeros diez meses del año se aplica al gasto total de 2019 para estimar el de 2020.

iii) el coste del nuevo Ingreso Mínimo Vital usando la estimación que hizo la AIReF (2019) del coste neto de su propuesta de renta mínima y suponiendo que la ayuda estará vigente durante cuatro meses.²⁰

La proyección de ingresos parece menos plausible a la vista de la previsión de caída del PIB y de los datos disponibles de recaudación, que llegan hasta septiembre. El Gobierno espera una reducción de los ingresos por tributos y cotizaciones sociales de 23.600 millones, lo que supone un descenso del 5,4% en relación a 2019. Dada la previsión de caída del PIB que maneja el Gobierno, la experiencia de las últimas décadas, sin embargo, apunta a una caída de los ingresos por estos conceptos mucho mayor que la recogida en el Plan Presupuestario. Una regresión de la tasa de crecimiento de la recaudación sobre la tasa de crecimiento del PIB con datos desde 1995 sugiere que, en promedio, la recaudación tributaria ha variado casi exactamente en la misma proporción que el PIB durante las últimas décadas.²¹ Esto nos llevaría a esperar una caída de ingresos del orden del 11%, lo que supone unos 50.000 millones, algo más de dos veces la previsión del Gobierno. Por otra parte, la recaudación acumulada hasta septiembre de los ingresos tributarios (centrándonos en los gestionados por la Agencia Tributaria estatal) y de las cotizaciones sociales²² ha caído en un 7,7% en relación al mismo período del año anterior, lo que también apunta a una caída de ingresos mayor que la prevista por el Gobierno aunque no tan lejana de ésta como sugiere el cálculo anterior. Si suponemos que esta tasa del 7,7% se mantiene para el conjunto del año, la caída de ingresos sería de unos 33.800 millones, 10.000 millones por encima de la previsión del Plan Presupuestario.

¹⁹ Si se toma como referencia el último trimestre de 2019, el Gobierno esperaría en 2020T4 una caída interanual del PIB del 10,7% que la Comisión elevaría al 15,3%.

²⁰ En principio, la ayuda podrá cobrarse con efectos retroactivos desde junio, pero no parece probable que se alcance este año el número inicialmente previsto de beneficiarios.

Así pues, las previsiones de ingresos y de déficit del Gobierno para 2020 parecen ser un tanto optimistas y convendría seguramente revisarlas a la baja al menos en un punto de PIB, lo que nos dejaría con un déficit superior al 12% del PIB, en línea con las previsiones de la Comisión Europea.

Previsiones para 2021

El Plan Presupuestario incluye también previsiones macroeconómicas y presupuestarias para 2021. Para ese año se presentan dos escenarios macroeconómicos, un escenario “inercial”, en el que no se consideran los efectos de las ayudas europeas canalizadas a través del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR), y otro escenario “con ayudas” en el que se intenta aproximar los efectos macro de los fondos europeos que se incorporan a los presupuestos de 2021 a través del PRR (unos 27.400 millones). Sin embargo, las proyecciones presupuestarias se presentan sólo para uno de los dos escenarios macro, el que incluye las ayudas europeas.²³

Una vez más, las previsiones del Gobierno son más optimistas que las que acaba de presentar la Comisión Europea, con un margen mayor que en 2020. El Gobierno espera un crecimiento del PIB real del 7,2% sin ayudas europeas, que eleva al 9,8% cuando se incluyen éstas, mientras que la Comisión rebaja el crecimiento esperado al 5,4% (sin ayudas). En cuanto al déficit, el Gobierno espera reducirlo al 7,7% (con ayudas) mientras que la Comisión lo deja en el 9,6% (sin ellas). La AIReF (2020) considera que las proyecciones de crecimiento del Gobierno son muy optimistas a la luz de la evolución actual de la pandemia pero no imposibles de alcanzar si “confluyen circunstancias favorables tanto en lo que respecta a la evolución de la pandemia, como a la ejecución e impacto” de las ayudas europeas recogidas en el PRR (p. 6) y espera en cualquier caso menores ingresos y un déficit algo más elevado. En su escenario central se prevé un crecimiento del PIB real del 8,2% y un déficit del 8%.

²¹ Para más detalles, véase de la Fuente (2020b).

²² Véase el Gráfico 4.4 en la sección 4 y la discusión en torno al mismo.

²³ O al menos eso parece, porque la exposición es bastante confusa. Los títulos de las secciones y cuadros relevantes indican que se ofrecen resultados “sin MRR ni ReactEU” o “sin Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (véanse las pp. 36 y 42 del Plan Presupuestario) y lo mismo se afirma explícitamente en la p. 42. Sin embargo, los comentarios sobre la evolución prevista de los impuestos (pp. 38 y 39) y la inversión pública (p. 41) indican que los cálculos se han basado en el escenario macro con ayudas europeas y algunos datos (como los ingresos por cotizaciones sociales) resultan muy poco plausibles cuando se convierten de puntos de PIB a millones de euros utilizando el PIB del escenario inercial. Por tanto, interpretamos que el escenario presupuestario que se presenta en el Plan incluye las ayudas recogidas en el PRR. La AIReF (2020, pp. 6 y 21) parece haber llegado a la misma conclusión en su reciente informe sobre los presupuestos de 2021.

Cuadro 5.4: Proyecciones macroeconómicas y presupuestarias, 2021, conjunto de las Administraciones Públicas, incluyendo PRR

- Fuente: Reino de España (2020b), Cuadros 1.2, 1.5, 2.7, 2.8 y 3.1, pp. 12, 13, 36, 42 y 53. (*) Nota: En el Cuadro 2.7 del Plan Presupuestario se ofrece una cifra de 117,4 que resulta inconsistente con el resto del escenario pero sería aproximadamente compatible con el PIB previsto en el escenario sin ayudas.

Coincidimos con la AIReF en que el escenario macro del Gobierno resulta muy optimista dada la evolución reciente de la pandemia, que está llevando a numerosas comunidades autónomas a adoptar medidas muy restrictivas que incluyen el cierre total de la hostelería y buena parte del comercio en algunos territorios. Pero incluso tomando como dada la previsión de crecimiento del PIB del Gobierno, creemos que habría que corregir a la baja la previsión de ingresos en casi un punto, lo que nos dejaría con un déficit del 8,6%. Este cálculo se basa en la relación histórica entre crecimiento del PIB y de los ingresos descrita más arriba, que se aplica al último dato observado de ingresos por tributos y cotizaciones (el de 2019) para aproximar la evolución previsible de esta variable hasta 2021, a lo que hay que sumar los ingresos adicionales resultantes de las nuevas medidas tributarias previstas para 2021, que incluyen la creación de nuevos impuestos y subidas de otros ya existentes. El Gobierno cifra el impacto de estas medidas en unos 6.800 millones, lo que también podría ser un tanto optimista.

¿A qué se destinarán las ayudas europeas? Un análisis de los PGE

A efectos de este informe, lo más interesante del proyecto de PGE es que comienza a concretar los planes del Gobierno para la utilización de las ayudas europeas canalizadas a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y de la iniciativa REACT-

EU.²⁴ Se ha optado por integrar el grueso de estas actuaciones en los PGE a través de una serie de programas específicos de gasto gestionados por los distintos ministerios, preasignándose además muchas partidas por territorios. La dotación total de estos programas asciende a unos 26.600 millones de euros, de los que 24.200 provendrían del MRR -- a los que habría que añadir otros 8.000 millones de REACT-EU que se integrarían directamente en los presupuestos de las CCAA. Los ingresos previstos en los PGE por anticipos de estos mecanismos, sin embargo, ascienden a sólo unos 6.800 millones (MH, 2020d). Así pues, las actuaciones previstas para 2021 con cargo a las ayudas de recuperación europeas se financiarán fundamentalmente con recursos adelantados por el Gobierno español, que se irán recuperando posteriormente según se vayan ejecutando y certificando los proyectos correspondientes.²⁵

Esta forma de proceder presenta tanto ventajas como inconvenientes. Trabajar con la maquinaria, ya establecida y rodada, de los Ministerios en vez de a través de una agencia o estructura ad-hoc de nueva creación puede ayudar mucho a agilizar la tramitación y puesta en marcha de las actuaciones previstas y quizás también su justificación ante los organismos europeos, lo que es particularmente importante dado lo ajustado de los plazos fijados para la asignación y ejecución de las ayudas y el procedimiento previsto de pagos a posteriori sobre la base de certificaciones por etapas. Por otra parte, la dispersión de la gestión entre numerosas unidades administrativas tenderá a hacer que los fondos europeos se perciban como un complemento de los presupuestos ordinarios de los distintos departamentos, con lo que podría perderse la visión de conjunto y reducirse la coherencia entre las distintas actuaciones así como dificultarse la reasignación de fondos entre partidas, si así lo aconsejara la situación. A esto hay que añadir que seguimos sin tener detalles sobre los criterios y procedimientos de selección y seguimiento de los proyectos o sobre los mecanismos de colaboración con el sector privado de cara al diseño de los distintos programas.

El Cuadro 5.5 muestra el desglose por ministerios de los gastos previstos con cargo al MRR y a REACT-EU. Los ministerios se agrupan en tres grandes bloques de acuerdo con la naturaleza de sus competencias, distinguiendo entre los de carácter administrativo o político, los centrados en asuntos sociales y sanitarios, y los de carácter más económico, entre los que incluimos a educación y universidades como agentes inversores en capital humano. Como cabría esperar, es el tercer bloque de ministerios el que gestionará el grueso del gasto previsto, pero una parte apreciable de los recursos se destina a asuntos sociales y sanidad, mientras que en el primer bloque el gasto previsto es mucho más reducido y se limita generalmente a partidas para la digitalización de los propios ministerios y para la rehabilitación de sus edificios buscando ahorros energéticos (rehabilitación energética de aquí en adelante para acortar).

²⁴ El proyecto de PGE está disponible en la web del Ministerio de Hacienda (MH, 2020a), organizado en cinco series de varios volúmenes cada una. El Tomo IV de la serie verde (MH, 2020b) contiene el desglose de los programas de gasto que recogen las actuaciones previstas en el PRR y REACT-EU. Las memorias de objetivos en las que se describen (con niveles muy desiguales de claridad y detalle) el contenido de estos programas se incluyen en los tomos de la serie roja (MH, 2020c) que corresponden a los distintos ministerios. Los Anexos de inversiones reales que se incluyen en la serie verde (MH, 2020d) también tienen información útil sobre la naturaleza de algunas de las inversiones del PRR recogidas en los Presupuestos.

²⁵ Puesto que en Contabilidad Nacional se aplica un criterio de devengo, las transferencias europeas se imputarían al año en el que se realizó el gasto que las genera, con lo que los adelantos no supondrían en principio un aumento del déficit. En contabilidad presupuestaria, sin embargo, los adelantos sí generarían un aumento del déficit de 2020.

Cuadro 5.5: Gasto presupuestado con cargo a las ayudas europeas de recuperación

El 80% del gasto previsto con cargo a las ayudas europeas corresponde a operaciones de capital, destacando la partida de transferencias de capital, que incluye en torno a 19.000 millones en transferencias a otras administraciones (incluyendo organismos autónomos, el sector público empresarial y las administraciones territoriales), así como a empresas, ONGs y familias, para financiar inversiones muy diversas. Tal como se había anunciado, no se incluye por el momento ninguna partida a financiar con préstamos europeos sino sólo mediante transferencias no retornables.

El Cuadro 5.6 muestra un desglose aproximado del gasto previsto con cargo a los fondos europeos de acuerdo con su naturaleza y el Cuadro 5.7 contiene el desglose más detallado que hemos podido construir a partir del proyecto de PGE. Centrándonos en el Cuadro 5.6 vemos que, como cabría esperar, las dos partidas más importantes se destinan al impulso de la transición energética y la digitalización. En la primera, dotada con algo más de 7.000 millones de euros, el grueso de los fondos para el fomento de la descarbonización se deja en manos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), pero se recogen también casi 1.800 millones de euros, dispersos entre varios ministerios, para la rehabilitación energética de viviendas y otros edificios. A estas partidas habría que sumar también una parte significativa de los fondos para I+D básica y aplicada que también se dedicarían a temas energéticos. Por su parte, la digitalización absorbe unos 5.000 millones en ayudas horizontales y partidas destinadas a la modernización del sector público, a lo que habría que añadir buena parte de las ayudas a sectores específicos que se recogen en un bloque aparte de programas.

Cuadro 5.6: Gasto presupuestado con cargo a las ayudas europeas de recuperación por naturaleza del gasto

La tercera partida en importancia se destina al reforzamiento del sistema sanitario y la protección social y la cuarta a educación, investigación y fomento del empleo. Finalmente, se recogen unos 2.300 millones para infraestructuras tradicionales de transporte, con énfasis en el ferrocarril, unos 1.200 para protección medioambiental y en torno a 400 para infraestructuras hidráulicas.

El PRR incluye, por tanto, un amplio espectro de actuaciones con un fuerte énfasis en lo verde y lo digital, pero con espacio también para la protección social y las infraestructuras más tradicionales. En relación con la composición del paquete se echa de menos, como ya indicábamos en el anterior Boletín, una partida destinada a la recapitalización o ayudas a fondo perdido a empresas viables en los sectores más afectados por las restricciones sanitarias que ayude a preservar un tejido productivo esencial durante un período de baja actividad que será largo. A título de ejemplo, las ayudas directas previstas para el sector turístico rondan los 900 millones, con una buena parte preasignada a inversiones energéticas o digitales, y no parece que haya ayudas previstas para otros sectores en situaciones similares, como la restauración. Sorprende también la reducida inversión asignada a las infraestructuras hidráulicas, que deberían ser una de las prioridades del Plan dado su deficiente mantenimiento y su importancia de cara a la lucha contra las secuelas del cambio climático. Por otra parte, muchas de las inversiones necesarias en este ámbito deberían financiarse fundamentalmente con préstamos a devolver en última instancia por sus beneficiarios a través de mayores cargos o tasas, en vez de con las ayudas no retornables a las que por el momento se está restringiendo el Gobierno español. Finalmente, sería deseable también un mayor énfasis en la educación, incluyendo las universidades, no sólo en términos de su dotación presupuestaria sino también y sobre todo en cuanto a la adopción de reformas que ayuden a mejorar la calidad del sistema y su imbricación con el sector productivo.

Para un desglose más fino, puede consultarse el Cuadro 5.7. El gasto total de cada programa, que aparece en la última columna, se desglosa en la medida de lo posible de acuerdo con el agente que lo ejecuta. La primera columna recoge el gasto ejecutado directamente por los ministerios junto con las transferencias a organismos autónomos y otros entes y empresas públicas dependientes de la Administración Central. Las dos siguientes muestran las transferencias a comunidades autónomas y entidades locales y la cuarta las transferencias al sector privado, en el que se incluyen empresas, entidades sin ánimo de lucro y hogares.

Cuadro 5.7: Desglose del gasto presupuestado con cargo a los mecanismos europeos de recuperación

- Notas: En ocasiones el total puede ser mayor que la suma de parciales porque incluye algunas partidas menores difíciles de clasificar. Sector privado incluye empresas, familias e instituciones privadas sin ánimo de lucro. Sector público estatal incluye los ministerios, los organismos autónomos y otros entes públicos y el sector empresarial estatal.

(*) Los dos componentes del programa se desglosan a partir del comentario en la memoria de objetivos de que el 80% de la inversión prevista es para “transición digital”

6. El mercado de trabajo: un análisis detallado

En esta sección habitual del Boletín de Seguimiento en la que se analiza de forma detallada la evolución del mercado de trabajo durante la pandemia, nos centramos primero en los datos de empleo y paro del mes de octubre, de nuevo uno de los mejores de la serie histórica en términos de variaciones mensuales.

Para ello, actualizamos nuestro análisis de los indicadores dinámicos de altas y bajas de la afiliación y del paro. Además, intentamos realizar un análisis dinámico de la cobertura de los ERTE usando los datos de afiliación, demanda y prestaciones, y de la EPA del tercer trimestre. Completamos esta sección, actualizando también los datos del paro de larga duración e introduciendo un apartado sobre la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo entre los demandantes inscritos en las oficinas de empleo, comparándolas con las de la Gran Recesión. Finalmente, concluimos con un análisis específico de los principales indiciadores del mercado de trabajo de los inmigrantes, comparando tambén esta nueva crisis con la Gran Recesión 2008-2013.

a- Evolución de la afiliación y del paro

Desde julio, la afiliación está siguiendo una evolución atípica. Se están produciendo aumentos mensuales netos superiores a los registrados en años recientes. Si en septiembre se había registrado el mayor aumento desde el inicio de siglo, en octubre se computó el segundo mayor aumento de esta serie. Este mismo fenómeno se reprodujo también en la serie de paro registrado. Si en septiembre se registraba una caída del paro en un mes en el que se producen aumentos, en el mes de octubre se produjo el segundo menor aumento de la década.

Gráfico 6.1: Variación mensual de la afiliación media (julio-octubre)

Gráfico 6.2: Variación mensual del paro registrado (julio-octubre)

Fuente: SEPE

La reducción del número de trabajadores cubiertos por ERTE siguió su desaceleración iniciada a lo largo del verano. Si en setpiembre el número de trabajadores en ERTE era un 21.5% del máximo alcanzado en abril, en octubre este indicador se redujo en unos 3.8 pp. Otro síntoma del frenazo de la salida de los trabajadores en ERTE es la convergencia entre la cobertura media y la de fin de mes, tal como se muestra en el Gráfico 6.3. Por ora parte, estos datos no incluyen los ERTE afectados por la nueva regulación del RDL 30/2020 de 29 de septiembre, por lo la evolución real de la cobertura de este instrumento de protección del empleo sólo se conocerá en los próximos meses.

Gráfico 6.3. Trabajadores cubiertos por ERTE (abril-octubre 2020)

Fuente: MISSMI

En balance, a pesar de la evolución positiva de la afiliación, la afiliación media de los asalariados en estos meses, no ha superado aún el nivel del año 2018, y descontando los trabajadores cubiertos por ERTE por fuerza mayor, el número de afiliados asalariados plenamente efectivos, es decir, que no hayan sufrido una suspensión de contrato o reducción de jornada por causa de ERTE por fuerza mayor, se sitúan en media en niveles de octubre de 2017.

En octubre, la desviación de la afiliación media desde febrero de 2020 ya sólo fue de 268 mil. Se habían llegado a perder 745 empleos asalariados entre febrero y abril, es decir, se habría recuperado 477.5 mil empleos (un 65% de lo perdido). No obstante, este cálculo no tiene en cuenta el crecimiento que se produce habitualmente entre febrero y octubre. De hecho, existen 423 mil afiliados de diferencia entre los niveles de octubre 2020 y 2019. Además, también se había producido un aumento de 344 mil entre febrero de 2020 y 2019 (es decir, lo que correspondería a la ganancia de empleo perdida por la pandemia). Estos datos deberían tenerse en cuenta al tratar del empleo perdido desde el inicio de la crisis, dado que no sólo ha supuesto una reducción del empleo desde entonces, sino también una desviación importante respecto de la senda seguida en los últimos años. Por otra parte, existen aún 528 mil trabajadores en ERTE.

Gráfico 6.4: Evolución de la afiliación media de trabajadores asalariados entre enero y octubre (2001-2020) Fuente: MISSMI

La EPA del tercer trimestre también arrojó algo de luz sobre la evolución del empleo y del paro desde el inicio de la pandemia. En los dos primeros trimestres de la pandemia, el número de ocupados se había reducido en un 12.4% desde el cuarto trimestre de 2019, en el tercer trimestre se produjo una notable recuperación, aunque la caída de la ocupación seguía siendo considerable: un 5.9%.

El número de trabajadores con empleo plenamente efectivo, es decir, no afectado por ERTE o paro parcial se había reducido en 5.4 millones (-29.7%) entre el 4T 2019 y el 2T de 2020. En el tercer trimestre, dicha reducción ya se limitaba a 1.7 millones de ocupados (-8.4% desde T4 2019).

El otro fenómeno que afectó significativamente a los indicadores de paro en el T2 del 2020 fue el aumento de la inactividad laboral, debido a los efectos del Estado de Alarma en los procesos de búsqueda de empleo. Así, el número de inactivos había aumentado en cerca de 1.3 millones de personas entre T4 2019 y T2 2020. En T3 2020, se recuperaron unos 898 mil activos, y con ello, el número de personas desempleadas aumentó en 354 mil personas respecto de T2 2020, a pesar el aumento tan notable del empleo.

Las horas de trabajo efectivas que se había reducido cerca de un 27.2% respecto del 2019, también aumentaron notablemente en el T3 2020, sin embargo, aún fueron un 8.1% inferiores a las del T3 2019.

Gráfico 6.5: Evolución de las principales macromagnitudes del mercado de trabajo en la EPA (2005.1-2020.3) Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE)

Gráfico 6.6: Evolución las horas de trabajo efectivas (Índice de base 100 en 2019)

Notas: Incluyendo pluriempleos y sustituyendo los valores ausentes por los promedios de las celdas formadas por el tipo de jornada, la situación profesional, la actividad económica y la ocupación. Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE)

Los datos del paro de la EPA del segundo trimestre se vieron muy alterados por el paso de una parte sustancial de los activos sin empleo a la inactividad por no poder buscar empleo activamente o por su indisponibilidad para buscar o trabajar. De esta forma, y también porque por definición, las personas en situación de ERTE que esperan retornar a la actividad en un plazo de tres meses se siguen considerando ocupados, la tasa de paro se ha visto prácticamente inalterada.

Por esta razón, conviene usar los datos proporcionados por esta encuesta para ampliar los indicadores de paro con medidas alternativas de la infrautilización del trabajo más allá de la definición oficial de tasa de paro que sigue los criterios muy rígidos de la OIT, como hace el BLS en EEUU (véase Felgueroso, 2014).²⁶

En concreto, se parte de esta tasa de paro (denominada U3), y se van añadiendo sucesivamente aquellas personas consideradas como no ocupadas pero que no buscan empleo por motivos económicos, es decir, porque creen que no lo van a encontrar o por que están en situación de ERTE (U4), los que no buscan por otras razones pero están disponibles para trabajar (U5), y las personas ocupadas a tiempo parcial de forma involuntaria (U6). A este indicador, sumamos aquí además, aquellas personas consideradas como ocupadas pero que no trabajaron en la semana de referencia por que estuvieron en situación de ERTE o de paro por motivos técnicos o económicos (U7), y las que tuvieron un reducción de jornada por estas mismas razones (U8).

En el Gráfico 6.7, se muestran los valores de estos 6 indicadores desde el primer trimestre de 2005. Como se puede observar en el T2 2020, U8 llegó a alcanzar el 44.1% de las personas que desean y están disponible para trabajar. En el T3 2020, este indicador recayó hasta el 29.3%. La tasa de paro si incluyéramos también a las personas que no buscan trabajo, por desánimo u otros motivos, pero desean trabajar (U5) sería 4 pp superior a la tasa de paro oficial (U3) e incluyendo a los empleados a tiempo parcial involuntario (U6), 5.6 pp más..

²⁶ https://www.bls.gov/news.release/empsit.t15.htm y Felgueroso (2014): “Midiendo el paro como los americanos”, Nada es Gratis https://nadaesgratis.es/felgueroso/subempleo-y-precariedad-indicadorespara-la-recuperaci%C3%B3n

Gráfico 6.7: Indicadores de infrautilización del trabajo (2005.1-2020.3) Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE)

El tercer trimestre también ha supuesto un acercamiento de las tasas variación interanual del empleo de la EPA y de afiliación en alta laboral, y un aumento de las diferencias entre los valores de ambas series en niveles. Tal como explicamos en el Boletín Nº 5, en el T2 2020, estas diferencias se habían alterado sobremanera, lo que podía ser achacable tanto a los problemas que tuvo el INE para realizar la Encuesta en pleno estado de Alarma, como a su impacto en el empleo irregular.

Gráfico 6.8: Evolución de las diferencias entre el empleo de la EPA y la afiliación en alta a la Seguridad Social Fuente: EPA (INE) y MISSMI

b- Análisis dinámico de la afiliación y del paro

El análisis de los indicadores dinámicos del mercado de trabajo ayuda a entender lo que ha ocurrido desde el verano en el mercado de trabajo y nos proporciona una visión no tan positiva de la evolución reciente del mismo. Así, en el Gráfico 6.4 mostramos la evolución interanual de las altas y bajas de afiliación mensuales. Como se puede ver después de los mínimos alcanzados en marzo y abril, y la recuperación entre mayo y julio, esta progresión se ha frenado. Desde julio hasta octubre, el número medio de altas se situó en el 77% de las registradas en el mismo período de 2019, y el de bajas en el 73%. Lo mismo ocurrió con el número total de contratos registrados que se situó también en el 73%.

Algo parecido ha ocurrido con las bajas del paro que llegaron incluso a alcanzar valores similares a los del 2019 en julio, recayendo entre agosto y octubre, situándose en promedio en el 84.5%. El número de altas del paro, por su parte convergió con el de 2019 en junio y recayó en julio-octubre, alcanzado un promedio del 73% del registrado en el mismo período del año 2019.

Gráfico 6.9: Evolución de las altas y bajas mensuales de afiliación y de los contratos mensuales: relación con los valores registrados en el mismo mes del año anterior (enero 2016-octubre 2020)

Gráfico 6.10: Evolución de las altas y bajas del paro registrado entre últimos días de mes: relación con los valores registrados en el mismo mes del año anterior

Fuente: SEPE

En definitiva, los indicadores dinámicos muestran que a lo largo de este verano y este inicio de otoño, nuestro mercado de trabajo no funcionó a pleno gas. En términos de empleo, podríamos decir que funcionó por debajo del 80% en comparación con el año anterior.

De hecho, como se puede ver en el Gráfico 6.11, el aumento del paro en el mes de octubre en cerca de 50 mil personas se produjo con los niveles de bajas y altas del paro más bajos mínimos de los últimos 15 años.

Gráfico 6.11: Evolución de las altas y bajas de parados entre últimos días de los meses de septiembre y octubre (2006-2020)

c- Análisis dinámico de los ERTE

En cuanto a los trabajadores en ERTE, los datos procedentes del MISSMI indican que la tasa de cobertura en relación con la afiliación de asalariados mensual media se situó en octubre en el 4%, unos 0.8 puntos menos que en septiembre y 16.8 pp menos que los registrados en mayo. De estos 4 pp, 3.4 pp corresponderían a los ERTE por fuerza mayor. No obstante, como recordamos en la sección anterior, esta estadística no incorpora aún los ERTE afectados por la nueva regulación aprobada a finales de septiembre.

Por otra parte, la información sobre ERTE proporcionados por el MISSMI sigue sin encajar con los datos de demanda ofrecidos por el SEPE, o al menos, su encaje tiene una difícil explicación. En efecto, tal como se puede observar en el Gráfico 6.12, el número de demandantes con empleo siguió siendo muy elevado a finales de octubre: cerca de 2.8 millones de personas, de los cuales 1 millón eran demandantes con relación labora, rúbrica en la que se incluyen los trabajadores con ERTE, los demandantes con contratos fijos discontinuos en situación de inactividad y los demandantes en situación de colaboración social. La gran mayoría de este colectivo son sin embargo trabajadores cubiertos por ERTE, de ahí su reducción progresiva desde mayo de 2020. El otro colectivo de trabajadores empleados (en la rúbrica de demandantes ocupados) no ha cesado de crecer desde el inicio de la crisis, multiplicándose por 3.3 desde marzo, hasta alcanzar los 1.8 millones.

En cualquier caso, como se puede observar en el Gráfico 6.12, en mayo, los datos de trabajadores cubiertos por los ERTE del MISSMI y los de demandantes con relación laboral del SEPE llegaron a coincidir, no obstante, desde entonces no han cesado de divergir. Los primeros eran a finales de septiembre la mitad de los segundos. Esta posible divergencia puede deberse a como se contabilizan las altas y bajas de los trabajadores en ERTE en ambas fuentes de datos. Los registros del SEPE distinguían entonces hasta 5 tipos de modificaciones de las situaciones de trabajadores en ERTE (desde la incorporación plena a la actividad, todos los días y sin parcialidad, hasta la actividad en días alternos, con o sin reducción de jornada, o con reducción de jornada variable). No hemos podido encontrar una explicación de la metodología usada por el SEPE para dar de baja a un demandante con relación laboral, aunque la lógica es que esta se produzca con la incorporación plena a la actividad.

Gráfico 6.12: Evolución del número de demandantes con relación laboral y del número de trabajadores cubiertos por ERTE (abril-octubre 2020)

Por otra parte, el SEPE completa los datos sobre demandantes con relación laboral con los datos de altas y bajas de demandantes en esta situación. Es decir, nos informa sobre la dinámica de los trabajadores en ERTE, algo que sólo proporciona puntalmente el MISSMI. Así, desde el máximo alcanzado en mayo aún se habría producido unas 612 mil altas hasta septiembre. El número de altas ha repuntado en octubre, alcanzando 114 mil altas. Las bajas, por otra parte, alcanzaron su máximo en julio, y experimentaron un repunte en septiembre y octubre, alcanzando la cifra de 690 mil este último mes.

Gráfico 6.13: Evolución del número de demandantes con relación laboral, sus altas y bajas y del número de trabajadores cubiertos por ERTE (marzoseptiembre 2020) Fuente: MISSMI. Y SEPE

El Cuadro 6.1 muestra cómo se distribuyen las bajas de las situaciones de demandante con relación laboral entre fines de mes, es decir, las transiciones desde una situación de demandante con relación laboral a final del mes anterior a otra situación a final del mes corriente. Como se puede observar las transiciones a una situación de paro han sido muy residuales hasta el momento, alcanzando sin embargo un máximo del 2.6% en este mes de octubre (33,3 mil personas), pero estando por debajo del 1% en los demás meses. Las bajas como demandante de empleo han sido el tipo de transición más frecuente, sin embargo, el segundo tipo de transición para ser incluido en la rúbrica de “demandante ocupado” también ha sido significativo, especialmente entre junio y julio, y sobre todo en este mes de octubre: un 24.2%. Desconocemos a qué tipo de transición corresponde realmente esta nueva situación, lo que nos parece relevante es que las tasas de salida de los “demandantes ocupados” hacia el paro si que ha sido relevante. Durante el período analizado, se han producido más de 366 mil transiciones de demandante ocupado a parado. Desconocemos no obstante si estas personas estuvieron cubiertas previamente por ERTE.

Cuadro 6.1. Transiciones desde situaciones de demandante con relación laboral

Fuente: SEPE

Otra fuente de datos que nos informa sobre la dinámica de los ERTE son los datos de beneficiarios de prestaciones originadas por estar en suspensión de contrato o reducción de jornada. El Gráfico 6.14 muestra como los beneficiarios medios por suspensión de contrato se estabilizó desde junio. En septiembre, el número medio beneficiarios (ya sea por suspensión de contrato o por reducción de jornada) superó en unas 430 mil a la cobertura mensual de los ERTE según el MTISS. Este hecho podría deberse a una doble contabilidad en los datos del SEPE, dado que una persona puede a lo largo del mismo mes pasar de beneficiario por suspensión de contrato a beneficiario por reducción de jornada

El total acumulado desde marzo de 2020 de altas iniciales de beneficiarios de prestaciones vinculadas a los ERTE ascendía en septiembre de 2020 a 3,95 millones en el caso de las suspensiones de contrato y de 883 mil en el caso de las reducciones de contrato. En principio, y excluyendo problemas de doble contabilidad, estas cifras podrían equivaler al número trabajadores cubiertos por ERTE desde el inicio de la pandemia hasta septiembre de 2020, en cada una de sus modalidades.

Gráfico 6.14: Evolución de los beneficiaros de prestaciones cuya causa de derecho es la suspensión de contrato o la reducción de jornada (fin de mes y media mensual, marzo-septiembre 2020). Fuente: SEPE

Gráfico 6.15: Evolución de las altas iniciales de beneficiarios con causa de derecho de suspensión de contrato o reducción de jornada (total acumulado desde marzo hasta septiembre 2020)

Fuente: SEPE

Finalmente, la EPA de flujos también permite hacer un análisis dinámico de las transiciones desde los ERTE. Este ejercicio se presenta en el Cuadro 6.2. Como se puede observar, según la EPA, el 16.9% de los trabajadores con suspensión de contrato pasaron a situación de desempleo o inactividad en T2 2020, y el 15.3% en T3 2020. Entre los ocupados con reducción de jornada, estas transiciones hacia el no-empleo fueron 15.2% en T2 2020 y 4.6% en T3 2020. Por otra parte, la gran mayoría de los que permanecieron empleados fuera del ERTE lo hicieron en la misma empresa (un 98% en promedio de los dos trimestres y de los dos tipos de ERTE).

Cuadro 6.2. Transiciones desde situaciones de ocupados en ERTE o paro parcial (de T1 a T2 y de T2 a T3, EPA de flujos, 2020)

Fuente: Dolado, Felgueroso y Jimeno (de próxima publicación como documento de trabajo de FEDEA)

d- Paro de larga duración

Otro fenómeno que se ha de observar con atención en cada crisis es la evolución del paro de larga duración. Para ello, nos fijamos en la duración de las demandas de empleo. Como se puede observar en el Gráfico 6.16, el aumento del paro en el mes de octubre ha sido equivalente al aumento del paro entre los demandantes cuya duración de la demanda es superior a 12 meses, es decir, entre los parados de larga duración. A partir de agosto el paro de larga duración (mayor de 12 meses) ha superado el paro de menor duración (6 meses o menos). Mientras que se reduce el paro de las personas que iniciaron su demanda de empleo durante la crisis sanitaria sigue aumentando el de las personas cuya demanda se registró antes del inicio de esta crisis. Aquellos parados cuya duración de la demanda es superior a 12 meses crecieron en más de 68 mil personas y ya son un 32% más que en febrero.

Gráfico 6.16: Demandantes parados según duración de la demanda

Gráfico 6.17: Crecimiento mensual del paro de larga duración Nota: Aumento del número de demandantes parados a final de mes cuya demanda se registró hace más de doce meses

Fuente: SEPE

e- Perceptores de prestaciones por desempleo

El Gráfico 6.18 muestra las tasas de cobertura de las prestaciones por desempleo entre los demandantes no empleados registrados en las oficinas de empleo en función de duración de la búsqueda de empleo según los datos de la EPA.

La tasa de cobertura difiere bastante de la duración del desempleo, mostrando una relación negativa con dicha duración. Para todas las duraciones se observa que se ha producido un aumento de la tasa de cobertura desde el inicio en los primeros trimestres de 2020, no obstante, excepto para los que llevan más de dos años buscando, la cobertura no alcanza los niveles máximos de la crisis del 2008-2013.

Gráfico 6.18: Tasas de cobertura de prestaciones entre demandantes no empleados registrados os en oficinas de empleo (EPA) Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE)

f.- Inmigrantes y mercado de trabajo durante la Pandemia

Dedicamos esta última subsección al análisis a los principales indicadores del mercado de trabajo de las personas inmigrantes que ya fueron los principales paganos a la Gran Recesión.

Como se puede ver en el Gráfico 6.19, la destrucción de empleo de las personas de nacionalidad extranjera llegó el 34.8% entre el T3 de 2007 y el T4 de 2013 y el 28.1% si incluimos la personas de doble nacionalidad. Resulta complicado realizar una estimación exacta, dado que gran parte de estas personas adquirieron la doble nacionalidad durante este período. No obstante, está claro que el impacto de esta recesión fue especialmente importante entre el colectivo de inmigrantes. Durante el período que llevamos de pandemia (gráfico de la izquierda), observamos que de nuevo el impacto ha sido mayor entre los inmigrantes, en especial entre aquellos que no tienen doble nacionalidad, que llegaron a perder un 11.4% de su empleo entre T4 2019 y T2 2020.

Gráfico 6.19: Variación del empleo por nacionalidades, comparación con la recesión 2008-2013 Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE)

Un resultado similar se obtiene de los datos de afiliación en alta. No obstante, hemos de tener en cuenta que las diferencias entre afiliación y empleo EPA, aunque se han ido reduciendo en la última década, siguen siendo muy relevantes, probablemente por una mayor presencia de empleo irregular. Por ello, aunque según los datos de afiliación, las diferencias en la pérdida de empleo entre nacionales y extranjeros ya se hayan disipado desde septiembre, la EPA indica está convergencia no se habría producido aún en promedio en el tercer trimestre para las personas sin doble nacionalidad.

Evolución de la afiliación mensual media Índice base 100 en febrero 2020

Gráfico 6.20: Variación de la afiliación en alta laboral y diferencias entre afiliación en alta y empleo EPA por nacionalidades Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE) y MISSMI

Finalmente, queremos destacar que el diferencial del impacto de esta crisis entre personas con nacionalidad española y personas extranjeras se amplia cuando distinguimos también por el género. Para ello, volvemos a retomar el análisis de los indicadores de infrautilización del trabajo, u3-u8, fijándonos en u3, u6 y u8.

De partida observamos que las tasas de paro (u3) aumentaron cerca de un 7 pp entre las mujeres de nacionalidad extranjera entre T4 2019 y T3 2020, por un 2.1 pp entre las mujeres de nacionalidad española. En el caso de los varones, los extranjeros aumentaron en 4.3 pp y los nacionales en 1.8pp.

Por otra parte, el indicador U6 que recoge, además del desempleo, las situaciones de subempleo y los inactivos que desean trabajar y están disponibles, alcanzó en el T3 2020 el 45.1% entre las mujeres extranjeras, casi 17 pp más que las nacionales, y el 36% entre los varones extranjeros, casi 14 pp más que los nacionales.

Finalmente, los extranjeros también han visto aumentar su U8 por una mayor presencia en los ERTE. Así, en el T2 2020, las mujeres extranjeras llegaron a tener un U8 del 65.6%, es decir, cerca de 2/3 de este colectivo que deseaba trabajar estaba en una situación de infrautilización laboral, 20 pp más que las mujeres de nacionalidad española, y los varones extranjeros tuvieron un U8 del 53.4%, 15 pp más que los nacionales.

Gráfico 6.21: U3, U6 y U8 por nacionalidad y género (2005.1-2020.3)

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE)

ANEXOS

1. Principales medidas económicas y sociales para paliar los efectos de la crisis

En este Anexo se resumen las principales medidas que el Gobierno ha ido tomando para paliar los efectos económicos y sociales de la epidemia de coronavirus. La abreviatura RDLn se refiere al real decreto-ley número n de 2020 y se utiliza para indicar la norma en la que se establece cada medida. Se recogen en letra ligeramente más pequeña las medidas incluidas en los Boletines anteriores.

a) Flexibilidad en el empleo y sustitución de rentas salariales

Una de las principales medidas adoptadas para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia ha sido la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y la mejora de sus condiciones. Esta figura permite la suspensión temporal de los contratos de trabajo o la reducción de la jornada laboral en determinadas situaciones adversas para las empresas tras un proceso de consulta con los representantes de los trabajadores y la autorización de la autoridad laboral competente, que puede ser autonómica o estatal dependiendo del ámbito de actividad de la empresa (MTSS, 2020). De esta forma, las empresas pueden reducir sus costes salariales mientras el Estado ayuda a mantener las rentas de los trabajadores afectados a través de prestaciones por desempleo, siempre que estos hayan cotizado con anterioridad durante un período suficiente. Durante la duración del expediente, la empresa ha de seguir pagando la cuota patronal a la Seguridad Social, aunque podrá solicitar una exoneración total o parcial cuando la suspensión de la actividad se produzca por motivos de fuerza mayor.

- Flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) y mejora de sus condiciones para trabajadores y empresas (RDL8, arts. 22-28). El decreto agiliza los trámites para los ERTEs de fuerza mayor y ordinarios relacionados con el Covid-19 (arts. 22 y 23) y establece que los afectados por los mismos tendrán derecho durante la duración del expediente a una prestación contributiva aun cuando no cumplan los requisitos de cotización previa normalmente exigidos para ello y que este período no se descontará del tiempo acumulado durante el que tienen derecho a cobrar la prestación en función de sus cotizaciones pasadas (art. 25). Por otra parte, en aquellos ERTEs relacionados con la epidemia que se consideren consecuencia de fuerza mayor, se establece una exoneración de la cuota patronal a la Seguridad Social, que será total pera las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para el resto (art. 24).

Para agilizar el acceso a la prestación por desempleo de los trabajadores afectados por estos expedientes en el art. 3 del RDL9 se establece que ésta será solicitada directamente por el empresario para todos los trabajadores afectados. En RDL9 se establece también que la duración máxima de los ERTEs autorizados al amparo del RDL8 será la del estado de alarma, incluyendo sus posibles prórrogas (disposición adicional primera, DA1). En la Disposición Final octava (DF8) del RDL15 se amplía el ámbito de aplicación de los ERTEs por causa de fuerza mayor para cubrir caídas significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales que también han visto reducidos sus ingresos, con la consiguiente exoneración de cotizaciones. En la misma disposición se refuerza la protección de los trabajadores fijos-discontinuos afectados por ERTEs ligados a la crisis sanitaria, incluyendo aquellos a los que les hubiera correspondido incorporarse y no pudieron hacerlo.

- Desvinculación de los ERTE del estado de alarma: El RDL18 da forma legal a un acuerdo alcanzado con los agentes sociales para desligar los ERTEs relacionados con la pandemia del estado de alarma. La duración máxima de los ERTEs de fuerza mayor derivada del Covid-19 se desvincula de la finalización del estado de alarma y se fija en principio como límite el día 30 de junio (Art. 1). También se extiende hasta el 30 de junio la mejora de las condiciones de la protección por desempleo establecida en el RDL8 para los afectados por ERTEs ligados a la pandemia (Art. 3). Igualmente, se mantiene hasta finales de junio la exoneración de las cuotas de la Seguridad Social para las empresas afectadas por tales expedientes (Art. 4). Se mantendrán las mismas condiciones (exoneración total para las empresas con menos de 50 empleados y del 75% para las demás) para las empresas cuya plantilla sigue afectada totalmente al ERTE. Para aquellas que vayan reincorporando a una parte de sus trabajadores, el porcentaje de exoneración será mayor para los trabajadores reincorporados que para los que siguen suspendidos y variará según el tamaño de la empresa y el mes. La DA1 del mismo decreto faculta al Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, para prorrogar los ERTEs de fuerza mayor, las medidas reforzadas de protección por desempleo y la exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social si al finalizar junio siguieran existiendo restricciones a la actividad por razones sanitarias. Esta decisión deberá tomarse, en su caso, tras consultarla con la Comisión tripartita de seguimiento laboral del proceso de desconfinamiento que se crea en la DA2 de la misma norma. Esta comisión estará integrada por representantes de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y las principales organizaciones sindicales y patronales.

- Extensión de los ERTE ligados al Covid hasta el 30 de septiembre (RDL24). El RDL24 recoge los términos de un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para extender hasta el 30 de septiembre los ERTEs ligados al Covid-19 y la protección reforzada frente al desempleo para los afectados por estos expedientes.

En relación con los ERTEs por fuerza mayor ya vigentes, su duración máxima se extiende hasta el 30 de septiembre (art. 1). Se distingue entre dos tipos de expedientes con condiciones diferentes en lo que respecta a las exoneraciones de las cuotas patronales a la Seguridad Social:

1) Para aquellas empresas que hayan reanudado parcialmente su actividad, se establece un esquema de exoneraciones para el período de julio a septiembre que prima la reactivación de los trabajadores (art. 4.1). Para las empresas de hasta 50 trabajadores, la exoneración será del 60% para los trabajadores activados (y por tanto desafectados del ERTE) y del 35% para los que se mantienen desactivados (afectados al ERTE). Para empresas con más de 50 trabajadores, estos porcentajes serán el 40% y el 25% respectivamente.

2) Para las empresas que todavía mantienen su actividad totalmente suspendida (y por tanto tienen a toda la plantilla afectada al ERTE) se crea la figura del ERTE de transición, con exoneraciones decrecientes en el tiempo: 70% en julio, 60% en agosto y 35% en septiembre para las empresas de hasta 50 trabajadores y 50%, 40% y 25% para las demás. Las empresas de este grupo que reinicien su actividad pasarían al tipo 1). (DA1.1)

En cuanto a los ERTEs ordinarios ligados al Covid, seguirán en vigor los ya existentes y podrá iniciarse la tramitación de otros nuevos como continuación de ERTEs de fuerza mayor actualmente en vigor antes de que expiren estos últimos, acogiéndose al procedimiento simplificado establecido en el art. 23 del RDL2 (art 2). Estos expedientes gozarán de las mismas exoneraciones establecidas para los ERTEs por fuerza mayor en el punto 1). (art. 4.2).

Se prevé la posibilidad de nuevos ERTEs por fuerza mayor en el caso de nuevas restricciones ligadas a rebrotes o medidas de contención de la pandemia. Para estos nuevos expedientes, las exoneraciones de las cuotas patronales serían las siguientes. Para empresas de hasta 50 trabajadores, el 80% para los trabajadores afectados al ERTE y el 60% para los activados. Para el resto de las empresas, los porcentajes serían del 60% y 40% respectivamente. (DA1.2)

Se mantienen hasta el 30 de septiembre las medidas especiales de protección por desempleo para los afectados por ERTEs ligados al Covid establecidas en el art. 25 del RDL8 (acceso a la prestación contributiva sin requisitos mínimos de cotización previa y sin consumo de prestaciones futuras) (art 3).

- Extensión de los ERTE ligados al Covid hasta el 31 de enero (RDL30).

1) Los ERTEs por fuerza mayor que siguen en vigor a finales de septiembre se prorrogan automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 (art. 1), lo que no comporta necesariamente el mantenimiento de exoneraciones de las cuotas patronales.

Tales exoneraciones se reservan para las empresas con estos expedientes que se consideran especialmente afectadas por la pandemia (DA1). Estas incluyen a las empresas pertenecientes a los sectores (actividades CNAE) con mayor incidencia de los ERTEs y menores tasas de recuperación de la actividad (fundamentalmente actividades turísticas, de transporte, hoteles y entretenimiento) así como aquellas que tienen una elevada dependencia de las anteriores. Las exoneraciones se aplican tanto a los trabajadores afectados al ERTE como a los que han reanudado su actividad desde el 12 de mayo. Su cuantía será del 85% para las empresas de menos de 50 trabajadores (a finales de febrero de 2020) y del 75% para el resto.

2) Se crean nuevas figuras de ERTEs por impedimento o limitaciones de actividad (art. 2) a las que podrán acogerse aquellas empresas o entidades que vean suspendidas o limitadas sus actividades en alguno de sus centros de trabajo del 1 de octubre en adelante como resultado de restricciones de carácter sanitario tomadas por las autoridades, mientras duren tales restricciones. a. Para las empresas o centros de trabajo que tengan que suspender sus actividades se establece una exoneración de las cuotas patronales a la Seguridad Social que será del 100% para las que tuvieran una plantilla inferior a las 50 personas (a finales de febrero de 2020) y del 90% para las demás.

b. Para las empresas o entidades que vean limitadas pero no suspendidas sus actividades en algún centro de trabajo, se establecen también exoneraciones sobre las cuotas correspondientes a los trabajadores cuyas actividades quedan suspendidas al menos parcialmente, teniendo en cuenta en su caso el porcentaje de la jornada afectado. Estas exoneraciones serán decrecientes en el tiempo y dependerán también del tamaño de la empresa. Para las de menos de 50 trabajadores las exoneraciones bajarán gradualmente desde el 100% en octubre hasta el 80% en enero y para las de mayor tamaño se reducirán desde el 90% hasta el 70% a lo largo del mismo período.

Estos expedientes han de tramitarse por el procedimiento ordinario previsto en el art. 47.3 del Estatuto de los trabajadores. Esta exigencia se suaviza en la DF1 del RDL32 con el fin de acelerar la tramitación, convirtiendo en potestativo el informe de la Inspección de Trabajo.

3) En cuanto a los ERTES ordinarios (por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) ligados al Covid, los que estén vigentes el 1 de octubre seguirán siendo aplicables en los términos previstos y podrán ser prorrogados si hay acuerdo. También podrán tramitarse nuevos expedientes de este tipo por el procedimiento simplificado establecido en el art. 23 del RDL8, pudiendo iniciarse su tramitación mientras esté vigente un ERTE previo por fuerza mayor. (art. 3). Las empresas que transiten desde un ERTE por fuerza mayor a uno ordinario tendrán derecho a mantener las exoneraciones descritas en el punto 1) si se consideran especialmente afectadas por la pandemia (DA1).

- Medidas complementarias ligadas a la segunda extensión de los ERTEs (RDL30)

- Se extienden hasta el 31 de enero alguna de las medidas especiales de protección por desempleo establecidas en el art. 25 del RDL8 y en particular el acceso a la prestación contributiva sin requisitos mínimos de cotización previa para los trabajadores incluidos en ERTEs ligados al Covid (RDL30, art. 8.1).

- También hasta el 31 de enero la cuantía de la prestación por desempleo se mantiene en el 70% de la base reguladora, exceptuando así la norma general que reduce este porcentaje al 50% una vez transcurridos seis meses (RDL30, art. 8.4).

- Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores afectados a los ERTEs ligados al Covid a partir del 1 de octubre reducirán su derecho a prestaciones futuras (“se elimina el contador a cero”) excepto en el caso de aquellas personas que accedan a una nueva prestación por desempleo durante el año 2021 por haberse visto afectadas por un despido objetivo, individual o colectivo, u otro cualquiera que sea declarado improcedente o por la extinción de un contrato temporal. (RDL30, art. 8.7)

- Los trabajadores afectados por los ERTE ligados al Covid tendrán prioridad para el acceso a cursos de formación profesional. (RDL30, DA30). En el plazo de tres meses deberán tomarse medidas adicionales en esta línea, incluyendo la programación de planes específicos de formación para este colectivo.

- Compromiso de mantenimiento del empleo tras la finalización de los ERTEs por fuerza mayor. La DA6 del RDL8 establece, en términos genéricos, la obligación de las empresas beneficiarias de las medidas extraordinarias previstas en la norma (presumiblemente, de las ayudas ligadas a ERTEs por fuerza mayor) a mantener durante seis meses el empleo tras la reanudación de su actividad. La DF1 del RDL18 precisa los términos de esta obligación y las consecuencias de su incumplimiento y establece ciertos límites a la misma. En particular, el compromiso se aplica a los ERTEs por fuerza mayor, las empresas incumplidoras deberán devolver las cotizaciones sociales de las que fueron eximidas y se liberará de este compromiso a las empresas que estén en riesgo de entrar en concurso de acreedores. El art. 6 del RDL24 extiende la obligación de mantener el empleo durante seis meses tras la reincorporación de los trabajadores afectados a aquellos ERTEs ordinarios que se hayan acogido a la exoneración de cuotas patronales. El artículo 5 del RDL30 mantiene la vigencia de los compromisos establecidos en normas anteriores en los términos inicialmente previstos y extiende la obligación de mantenimiento del empleo durante seis meses a las empresas que se beneficien de exoneraciones previstas en la nueva norma (el RDL30). Si hay un compromiso previo en vigor, el cómputo de los seis meses del nuevo compromiso se iniciará tras la finalización del anterior.

- Creación de un subsidio extraordinario para empleadas del hogar que hayan perdido su trabajo o visto reducida su jornada o dejado de prestar servicio temporalmente a causa de la crisis sanitaria (RDL11, arts. 30-32). Su cuantía será del 70% de la base reguladora, o de la parte de la misma correspondiente a la reducción de jornada, con un tope igual al salario mínimo. Puesto que no se especifica la duración del subsidio, se entiende que se aplica la disposición final 12 (DF12) del decreto, que fija una vigencia de un mes más que la duración del estado de alarma para las medidas en las que no se especifique otra cosa.

- Se establece un subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal para aquellos trabajadores afectados por tal circunstancia que no tengan derecho a otra prestación. La cuantía será el 80% del IPREM (esto es, unos 440 euros) y su duración de un mes, ampliable por real decreto ley (RDL11, art. 33).

- Ampliación de la protección por desempleo. Pasan a tener derecho la prestación por desempleo (presumiblemente con los requisitos habituales de cotización previa) dos colectivos que normalmente no lo tendrían: los trabajadores cuyos contratos hayan sido extinguidos a instancias de la empresa durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo (desde el 9 de marzo) y aquellos que lo hayan extinguido voluntariamente desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que posteriormente no se haya materializado como consecuencia de la crisis sanitaria (RDL15, art. 22).

- Se crea una prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o trabajos periódicos que se hayan visto afectadas por un ERTE ligado al Covid una vez dejen de estar afectadas a tal expediente por haber finalizado su período habitual de actividad (RDL30, art. 9).

- Creación de un subsidio especial de desempleo por un plazo de 90 días para aquellas personas que durante el período de alarma que comenzó el 14 de marzo hubiesen agotado las prestaciones, subsidios o ayudas de las que disfrutaban y no tuvieran derecho a otras ayudas (RDL32, art. 1).

b) Otras medidas de apoyo a empresas y autónomos

- Aplazamiento de impuestos para autónomos y Pymes. Previa solicitud, se autoriza el aplazamientos por seis meses de la deuda tributaria resultante de aquellos impuestos estatales cuyo plazo de presentación e ingreso finalice entre la fecha de publicación del decreto y el 30 de mayo para empresas y autónomos con una cifra de negocio por debajo de 6 millones de euros en 2019. No se cargarán intereses de demora durante los primeros tres meses (RDL7, art. 14), plazo que se amplía a cuatro meses en el RDL19 (DT2, con una redacción muy poco clara).²⁷ En el

²⁷ En el título de la disposición se habla, efectivamente, de la ampliación del plazo de no devengo de

RDL14 se extiende hasta el 20 de mayo el plazo para la presentación e ingreso de ciertas declaraciones y autoliquidaciones tributarias correspondientes al mes de abril. La medida afecta a Pymes y autónomos con una facturación de hasta 600.000 euros. Se incluyen, en particular, la declaración trimestral del IVA y los pagos fraccionado del Impuesto sobre Sociedades y del IRPF.

- Creación de una línea de avales y garantías públicas para préstamos a empresas y autónomos por un valor de hasta 100.000 millones de euros (RDL8, art. 29). El 24 de marzo se autorizó un primer tramo de 20.000 millones, con la mitad reservada para PYMES y autónomos y garantías de entre el 60% y el 80% de la cuantía del préstamo. El 10 de abril se autorizó un segundo tramo, reservado por completo para Pymes y autónomos, manteniendo las mismas condiciones que para el tramo anterior. La DF8 del RDL15 permite que los avales cubran también pagarés y sirvan para reforzar las sociedades de garantía recíproca de las CCAA a través de CERSA. El 5 de mayo se autorizó el tercer tramo, que incluye 10.000 millones para créditos a Pymes y autónomos y 10.000 millones para otras empresas, ambos con las mismas condiciones que en los tramos anteriores. También se incluyen 4.000 millones para pagarés del Mercado Alternativo de Renta Fija y 500 millones para reavales de CERSA. El cuarto tramo, activado el 19 de mayo, destina 20.000 millones a Pymes y autónomos, 4.000 millones a pagarés y 500 a CERSA. Finalmente, el quinto tramo se autorizó el 16 de junio. Este tramo tiene una dotación de 15.500, de los cuales se destinan 10.000 a autónomos y Pymes, de los que se reservarán 2.500 para el sector turístico, 5.000 a otras empresas y 500 millones a la adquisición o arrendamiento financiero de vehículos destinados al transporte por carretera.

- Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO en 10.000 millones para que pueda aumentar sus líneas de financiación a empresas y autónomos. (RDL8, art. 30)

- Línea de avales para empresas exportadoras de 2.000 millones a través del CESCE (RDL8, art. 31)

- Apoyo a las empresas contratistas de las Administraciones Públicas: se suspenden temporalmente los contratos cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del Covid o de las medidas tomadas para combatirlo y se amplían en consecuencia los plazos de ejecución. La administración compensará al contratista por los daños sufridos durante la suspensión, incluyendo los salarios pagados al personal adscrito al contrato y los alquileres y costes de mantenimiento de la maquinaria e instalaciones correspondientes. (RDL8, art. 34).

- Se crea una prestación extraordinaria por cese involuntario de actividad para los autónomos afectados por la declaración del estado de alarma durante la duración del mismo (RDL8, art. 17, modificado en la disposición final primera del RDL11). Aquellos autónomos cuya actividad se vea suspendida a raíz del estado de alarma, o cuyo volumen de facturación se vea reducido en un 75% en relación al promedio del semestre anterior tendrán derecho a una prestación cuya cuantía será el 70% de su base reguladora, o el 70% de la base mínima cuando no se acredite el período de cotización exigido para acceder a la prestación en situaciones normales.

La prestación extraordinaria desaparece el 30 de junio, al concluir el mes en el que finalizó el estado de alarma. En el RDL24 se incluyen algunas medidas a favor de los trabajadores autónomos que han sido consensuadas con las principales asociaciones de autónomos. Aquellos que estuvieron percibiendo la prestación extraordinaria tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones sociales que será del 100% en julio, el 50% en agosto y el 25% en septiembre (art. 8). Alternativamente, esos trabajadores podrán solicitar la prestación ordinaria por cese de actividad si sufren durante el tercer trimestre de 2020 una reducción del 75% en su facturación en relación con el mismo período de 2019 y no alcanzan en promedio durante dicho período unos rendimientos netos mensuales superiores a 1,75 veces el SMI (unos 1.940 euros) (art. 9). Esta prestación podrá mantenerse como máximo hasta el 30 de septiembre. A partir de esa fecha, se aplicarán las condiciones normales para el acceso a la prestación por cese de actividad. La prestación podrá solicitarse y concederse de forma provisional sin esperar al final del período y tendrá que devolverse si a posteriori no se cumplen las condiciones para su concesión. Su cuantía es el 70% de la base reguladora, a lo que se añade la exoneración de las cuotas por contingencias comunes.

intereses de demora para los aplazamientos del art. 14 del RDL7. El texto, sin embargo, dice lo siguiente, que parece tratarse de un error: “Las modificaciones del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020…. se aplicarán … a las solicitudes de aplazamiento que se hubieran presentado a partir de la entrada en vigor de [dicho real decreto-ley].”

El RDL30 restablece la prestación extraordinaria por cese de actividad a partir del 1 de octubre, con una cuantía reducida al 50% de la base mínima de la actividad relevante, para aquellos autónomos que se vean obligados a interrumpir su actividad por resolución de la autoridad competente como medida de contención del virus (art.13.1). Tendrán también derecho a una prestación similar por un período máximo de cuatro meses aquellos autónomos cuyos ingresos durante el último trimestre de 2020 sean inferiores al SMI y se hayan reducido al menos un 50% en relación al primer trimestre de 2020 (art. 13.2). Por otra parte, en la DA4 del mismo decreto se prorroga hasta finales de enero de 2021 la prestación ordinaria por cese de actividad establecida en el art. 9 del RDL24 bajo las mismas condiciones, tanto para los trabajadores que ya la estaban percibiendo como para nuevas solicitudes. En la misma norma se crea también una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores de temporada (art. 14).

- La moratoria hipotecaria (ver apartado siguiente) se extiende a los inmuebles afectos a la actividad económica de empresarios y profesionales en situación de vulnerabilidad económica como resultado de la crisis sanitaria. (RDL11, art. 19).

- Se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social a conceder moratorias de seis meses sin intereses en el pago de las cotizaciones sociales devengadas a las empresas y autónomos que lo soliciten y cumplan ciertas condiciones que se fijarán mediante orden ministerial. También se podrán solicitar aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social con un interés del 0,5% (RDL11, arts. 34 y 35).

- Los autónomos y Pymes que se hayan visto afectados por el COVID-19 podrán suspender temporalmente el pago de los suministros de energía mientras dure el estado de alarma. Las cantidades adeudadas se abonarán como máximo en los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma. (RDL11, art. 44).

- El aplazamiento de alquileres (ver apartado siguiente) se extiende a los inmuebles afectos a la actividad económica de autónomos y Pymes cuya actividad se haya visto suspendida como resultado del estado de alarma o cuya facturación se haya visto reducida en más de un 75% en relación al año anterior (RDL15, arts. 1-5). El aplazamiento será obligatorio si el arrendador es una empresa pública de vivienda o un gran tenedor. En caso contrario, se permite el uso de la fianza como mecanismo de pago, debiéndose reponer ésta reponer en el plazo de un año. El aplazamiento se extenderá hasta el final del estado de alarma más un máximo de hasta cuatro meses. Los pagos aplazados, sin penalización o intereses, se recuperarán de forma fraccionada a lo largo de un período de dos años o lo que permita la duración del contrato.

- Se habilita al Consorcio de compensación de Seguros para que desarrolle actividades de reaseguro de crédito y caución. (RDL15, art. 7)

- Adecuación de las bases imponibles de los impuestos a la situación económica actual (RDL15). Los autónomos y Pymes con facturación inferior a un cierto umbral podrán calcular los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto de Sociedades sobre la parte de la base imponible que corresponde a los meses transcurridos del ejercicio en curso (en vez de a partir de la cuota del ejercicio anterior) (art. 9).²⁸ Los autónomos que tributen por el sistema de módulos (estimación objetiva) en el IRPF y el régimen simplificado del IVA podrán calcular sus pagos fraccionados a cuenta reduciendo estos en cada trimestre en proporción a los días en los que ha estado en vigor el estado de alarma (aparentemente sin ningún requisito de pérdida de ingresos u otra naturaleza) (art.11). Estos contribuyentes tendrán también la opción de pasarse temporalmente al método de estimación directa para calcular los ingresos a cuenta de este ejercicio (cosa que se podría hacer igualmente sin el decreto), con la particularidad de que el año próximo podrían volver a módulos en vez de tener que esperar tres años (art. 10). Finalmente (p. 2478) se introduce la posibilidad de supeditar el pago de ciertas deudas tributarias a la obtención de financiación a través de la línea de avales establecida en el art. 29 del RDL8 (art. 12).²⁹

²⁸ En principio, esto ya lo permite la propia ley del impuesto de sociedades (ley 27/2014, artículo 40.3). La única diferencia práctica parece ser que el decreto establece que el contribuyente que elija esta opción quedará vinculado a esta modalidad de pago fraccionado sólo por un año, mientras que en el caso general la ley establece que tal vinculación se mantendrá mientras no renuncie expresamente a ella.

- Creación de una segunda línea de avales y garantías públicas para préstamos a empresas y autónomos por un valor de hasta 40.000 millones de euros (RDL25, art. 1) orientada principalmente a financiar inversiones productivas relacionadas con la digitalización y la sostenibilidad medioambiental. En el consejo de Ministros del 28 de julio se autoriza un primer tramo de 8.000 millones, de los que 5.000 se reservan para Pymes y autónomos. Se mantiene el mismo modelo de gestión a través del ICO y las entidades financieras que para la anterior línea de 100.000 millones de avales públicos, así como condiciones similares, con porcentajes máximos de garantía del 80 por ciento para Pymes y autónomos y del 70% para el resto de empresas. El período máximo de amortización de los préstamos se amplía a ocho años. A pesar de lo que se indica en la reseña del Consejo de Ministros del 3 de julio,³⁰ el acuerdo no restringe en modo alguno la naturaleza de las inversiones elegibles y permite también que los préstamos se destinen a financiar el circulante.³¹

- Creación del Fondo de apoyo a las empresas estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros y gestionado por la SEPI (RDL25, art. 2). El Fondo podrá aportar apoyo público temporal a empresas solventes afectadas por el Covid-19 consideradas estratégicas que así lo soliciten, mediante préstamos participativos, compras de acciones y otros mecanismos. El funcionamiento del Fondo y la composición de su consejo gestor se regulan en un acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio. En el Consejo de Ministros del 3 de noviembre se autoriza el apoyo a Air Europa, mediante la concesión de un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 que deberán amortizarse en un período máximo de seis años.

c) Apoyo a familias vulnerables

- No podrán suspenderse por impago u otros motivos los suministros básicos (electricidad, gas, agua y telecomunicaciones) en el caso de las familias consideradas vulnerables en base a su nivel de renta de acuerdo con el Real Decreto 897/2017 (1,5 veces el IPREM, o unos 800 euros mensuales) (RDL8, arts. 4 y 18). En el art. 29 del RDL11, la prohibición se extiende a todas las personas físicas en su residencia habitual mientras dure el estado de alarma para el caso de los suministros de energía y agua. La prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas y agua se extiende hasta el 30 de septiembre en la DF9 del RDL26.

En el RDL19 (art. 3) se establece la obligación de los operadores de telecomunicaciones de permitir el pago fraccionado a lo largo de un período de seis meses (salvo que se acuerde otra cosa) de las facturas pendientes de pago desde el inicio del estado de alarma hasta su final o el 30 de junio sin intereses o penalizaciones para aquellos abonados que lo soliciten.

- Se amplía el bono social eléctrico a autónomos con derecho a la prestación por cese de actividad o que han visto reducida su actividad en al menos un 75% siempre que su renta familiar esté por debajo de un umbral determinado (en torno a 3 veces el IPREM, esto es, unos 1.650 euros mensuales, dependiendo del tamaño y composición de la familia) (RDL11, art. 28). En el RDL30 (DA6) el derecho a la percepción del bono social se amplía hasta el 30 de junio para hogares por debajo de determinados umbrales de renta y se amplía la definición de consumidor vulnerable (y por tanto con derecho al bono social eléctrico y térmicco) para incluir a aquellos hogares que tienen algún miembro en situación de desempleo, acogido a un ERTE o en situación de jornada reducida por motivo de cuidados.

²⁹ La redacción de este artículo es particularmente enrevesada y no parece correcta. En el punto 1 no está claro cuál es el sujeto de “impedirá”. Si se tratase de las liquidaciones presentadas sin efectuar el correspondiente ingreso (para lo que al verbo le faltaría una “n” al final), estas impedirían el inicio del período ejecutivo (esto es, la posibilidad de embargo para cobrar la deuda tributaria) siempre que el contribuyente haya solicitado financiación de la línea de avales y lo acredite. Pero a continuación se exige también que la solicitud se conceda y que la deuda tributaria se satisfaga en su integridad de inmediato, lo que en principio sucedería más tarde en el tiempo o, en caso contrario, no habría necesidad de iniciar el período ejecutivo.

³⁰ https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200703.aspx#empleo

³¹ Véase sección sobre “avales” en https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/

- Moratoria automática previa solicitud en el pago de las cuotas de hipotecas para los que padecen dificultades para hacerles frente como resultado del Covid-19.

Inicialmente por un mes y restringida a hipotecas para la compra de vivienda habitual (RDL8, arts. 7-16). Se aplica a las personas consideradas económicamente vulnerables a consecuencia de la crisis sanitaria, entendidas como aquellas que a) pierdan su empleo o experimenten una pérdida sustancial de ingresos como resultado de la epidemia, b) pasando por ello a situarse por debajo de un nivel determinado de renta familiar (en torno a 3 veces el IPREM, dependiendo del tamaño y composición de la familia) y c) cuyos pagos hipotecarios aumenten en más de un 30% en relación a su renta y, junto con los suministros básicos, supongan más del 35% de la misma. (Véase también el art. 16 del RDL11). El aplazamiento del pago de las cuotas no generará intereses adicionales.

En el RDL11 la moratoria se extiende a tres meses y se clarifica que las cuotas suspendidas no se deben liquidar una vez finalizada la suspensión, sino que todos los pagos futuros se deben posponer lo que haya durado la suspensión (p. 27888 y disposición final primera). También se extiende la moratoria a aquellas viviendas alquiladas cuyas rentas han dejado de percibirse. (art. 19). En el RDL26, el plazo para solicitar la moratoria se extiende hasta el 29 de septiembre (DF8).

- Apoyo a inquilinos vulnerables (RDL11): Para este colectivo, definido de forma similar a la utilizada en la moratoria de pagos hipotecarios (art. 16), se aprueban las siguientes medidas.

i) Se suspenden los desahucios de los que carezcan de una alternativa habitacional por un período máximo de seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma (art. 1). La DF4.2 del RDL30 extiende hasta el 31 de enero de 2021 el plazo máximo de suspensión del procedimiento de desahucio para este colectivo.

Los inquilinos vulnerables podrán solicitar el aplazamiento del pago de la renta por un período máximo de cuatro meses (arts. 3-9 y 16). El plazo para presentar la solicitud se extiende hasta el 31 de enero en el RDL30 (DF4.3).

ii) Si su arrendador es una empresas o entidad pública o un gran tenedor de vivienda (propietario de más de 10 viviendas en alquiler), éste deberá elegir entre conceder el aplazamiento o reducir el alquiler en un 50% durante el período solicitado. En el primer caso, las cuotas aplazadas se abonarán, sin recargos o intereses, de forma fraccionada durante un período de al menos tres años o lo que permita el período restante de vigencia del contrato.

iii) Los arrendadores no incluidos en el citado grupo podrán no aceptar el aplazamiento. En ese caso, el arrendatario tendrá acceso a una línea de microcréditos con aval del Estado a través del ICO para financiar el pago del alquiler. El importe máximo de esta línea de avales, que irá con cargo al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se fija en 1.200 millones en la DA3 del RDL15.

iv) Nuevo programa de ayudas al alquiler. Podrán acogerse entre otros los que tengan dificultades para devolver los créditos citados en el punto anterior. (art. 10)

- Prórroga extraordinaria, previa solicitud del arrendatario, de los contratos de arrendamiento que venzan hasta dos meses después del final del estado de alarma por un período de hasta 6 meses. (RDL11, art. 2). El plazo de vencimiento de los contratos con derecho a prórroga automática se amplía hasta el 30 de septiembre en el RDL25 (DF9) y hasta el 31 de enero de 2021 en el RDL30 (DF4.2).

- La moratoria hipotecaria se extiende a otros créditos contratados por personas vulnerables en condiciones similares (RDL11, arts. 18 y 21-27). La duración del contrato se amplía en el tiempo de duración de la suspensión, que será en principio de tres meses (ampliable mediante acuerdo del Consejo de Ministros). El plazo de presentación de la solicitud se amplía hasta el 29 de septiembre en la DF9 del RDL25.

- Creación del ingreso mínimo vital (RDL20) como prestación no contributiva de la Seguridad Social dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social mediante la garantía de un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica (arts. 1- 3). La prestación se cobrará mensualmente (arts. 9 y 11), tiene carácter indefinido, esto es, su duración se prolongará mientras se mantenga la situación de vulnerabilidad (arts. 3 y 12), y se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, mediante transferencias a la Seguridad Social como otras prestaciones no contributivas (art. 32).

Para acceder a la prestación se exige i) un año de residencia legal y efectiva en España, con ciertas excepciones, ii) encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, definida en términos de niveles de renta y patrimonio inferiores a un determinado umbral, iii) haber solicitado (y presumiblemente agotado) las demás prestaciones a las que se pudiera tener derecho (excepto las rentas mínimas autonómicas) y iv) figurar inscritos como demandantes de empleo, en el caso de no estar trabajando (art. 7). Entre las obligaciones de los beneficiarios de la prestación está la de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social (art 33.1), presumiblemente en colaboración con los servicios de empleo de las CCAA.

Se define un nivel garantizado de renta que depende de las características del hogar o “unidad de convivencia” (arts. 10.2, 10.5 y Anexo I). Para un beneficiario individual ese nivel coincide con la cuantía de las pensiones no contributivas (unos 5.500 euros anuales en la actualidad). Para hogares con varios miembros, esta cantidad se incrementará (en un factor de hasta 2,2) de acuerdo con un baremo que tiene en cuenta el número de integrantes adultos y menores del hogar a lo que se añadirá un complemento para los hogares monoparentales y podrá añadirse otro para gastos de alquiler (art. 10.3). Se considera que existe una situación de vulnerabilidad económica, y por tanto el derecho a la prestación cuando los ingresos totales de la unidad de convivencia se sitúen por debajo del nivel garantizado de renta (art. 8.2) y su patrimonio, excluyendo la vivienda habitual, no supere un nivel que se fija en tres veces la pensión no contributiva si se trata de un beneficiario individual y se incrementa en caso contrario de acuerdo con una escala que depende del tamaño y composición del hogar (art. 8.3 y 18.4-8).

La cuantía de la prestación se calcula como la diferencia entre el nivel garantizado de renta y los ingresos totales del hogar durante el año anterior (arts. 3 y 10.1). A efectos del cálculo de tales ingresos no se incluirán las rentas mínimas autonómicas y las ayudas públicas finalistas, incluyendo las becas y las ayudas a la vivienda, así como ciertas rentas exentas a efectos del IRPF (arts. 8.2 y 18) y se deducirán el IRPF devengado y las cotizaciones sociales (art. 18.3). La entidad gestora comprobará de oficio si se cumplen los requisitos de ingresos y patrimonio utilizando información recabada de las agencias tributarias estatal y forales cuya cesión ha de ser autorizada por el beneficiario al solicitar la ayuda (art. 19.5 y 26.3). La cuantía de la prestación podrá revisarse si hay cambios en las circunstancias del beneficiario y se actualizará de oficio, o se extinguirá en su caso, en enero de cada año tomando como referencia los ingresos del año anterior (arts. 13 y 18). Con el fin de incentivar el trabajo, se permitirá que la superación en un ejercicio del límite de renta no suponga la pérdida del derecho a la prestación en el ejercicio siguiente, remitiéndose los detalles a un reglamento (art. 8.4).

El art. 29 del RDL20 faculta a la Seguridad Social y al Ministerio de Inclusión para establecer convenios y acuerdos con CCAA y CCLL y otros órganos de la Adm. Gral. del Estado para cooperar en la gestión de la prestación e intercambiar información. Tales convenios pueden permitir que las administraciones territoriales puedan recibir solicitudes e iniciar la tramitación de las ayudas (art. 22.2) o asuman su gestión (DA4), lo que ya se prevé explícitamente con fecha tope de octubre en el caso de las comunidades forales (DA5).

Con el fin de recoger a aquellos que hayan entrado en situación de vulnerabilidad como resultado de la actual crisis sanitaria, la DT3 permite que durante 2020 se solicite la prestación en base a los ingresos medios mensuales del año en curso, en vez de los del año anterior (siempre que no se superen determinados umbrales de renta y patrimonio en 2019). En tales casos, los importes abonados durante el año en curso se regularizarán a posteriori en 2021 en función de los ingresos reales del conjunto de 2020.

En el RDL28 (DF11) y el RDL30 (DF5) se retoca la norma original para clarificar algunos puntos oscuros del texto original y facilitar la tramitación de la prestación. Entre otras cosas, la inscripción como demandante de empleo deja de ser un requisito previo para la solicitud, convirtiéndose en una obligación para los beneficiarios y se permite el cruce de datos con el padrón. Por otra parte, se amplía a seis meses el plazo máximo para resolver las solicitudes y se extiende a 2021 la posibilidad de utilizar el procedimiento extraordinario de solicitud en base a la renta del ejercicio en curso.

d) Ayudas sectoriales

- Ayudas al sector turístico (RDL7, arts. 12 y 13): Se refuerza la línea de préstamos del ICO para empresas y autónomos del sector turístico con 200 millones adicionales. Se amplían las bonificaciones del 50% de las cotizaciones sociales para contratos fijos discontinuos en el sector al período comprendido entre febrero y junio.

- Se autoriza a las autoridades portuarias a reducir o aplazar ciertas tasas portuarias para aquellas concesiones que acrediten un impacto negativo significativo sobre su nivel de actividad como consecuencia de la crisis sanitaria y los buques afectados por la misma. (RDL15, arts. 17-20)

- Ayudas al sector cultural (RDL17): Reforzamiento de la protección por desempleo de los artistas, reduciendo los requisitos de cotización previa para acceder a la prestación. Ayudas directas a las artes escénicas, a la producción audiovisual, a las salas de cine y al sector del libro e incremento de los incentivos al mecenazgo. En el RDL32 se amplía la protección por desempleo de los artistas hasta el 31 de enero (art. 2). En el mismo decreto se crea también un subsidio excepcional por desempleo para el personal técnico y auxiliar del sector de la cultura (art. 3) y se facilita el acceso de los profesionales taurinos a la prestación contributiva por desempleo.

- Planes de ayuda a la automoción y al turismo (15 y 18 de junio).³² Se anuncian el Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción y el Plan de Impulso para el Sector Turístico. Se espera financiar el grueso de sus actuaciones con recursos del Fondo de reconstrucción europeo. En el consejo de ministros del 28 de julio se autoriza una dotación de 25 millones de euros para una convocatoria de ayudas del CDTI para proyectos de innovación en hidrógeno renovable para la movilidad.

- Aprobación del Plan MOVES II (Consejo de Ministros del 16 de junio), dotado con 100 millones de euros en transferencias a las comunidades y ciudades autónomas para financiar ayudas a la movilidad sostenible que se reparten por población. Financiarán ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, la instalación de infraestructura de recarga para tales vehículos y de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, así como la implantación de planes de transporte a los centros de trabajo. El programa se inscribe en el Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción.

- Moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividades turísticas (RDL25, arts. 3 a 9). Se podrán aplazar hasta un año los pagos de principal de los préstamos hipotecarios cuando los deudores hayan sufrido en el promedio mensual de los meses de marzo a mayo una reducción de ingresos o de facturación de al menos un 40% en relación al año anterior. Los importes aplazados podrán añadirse a las cuotas restantes tras el fin de la moratoria, manteniendo el plazo de devolución originalmente previsto, o alternativamente dicho plazo podrá extenderse en un número de meses igual a la duración de la moratoria. Si el inmueble está arrendado, el beneficiario de la moratoria hipotecaria deberá trasladar al menos un 70% de su cuantía al arrendador, mediante una moratoria en el pago del arrendamiento.

³² https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/150620-sanchez-automocion.aspx https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/180620-sanchezturismo.aspx

- Programa Educa en Digital (consejo de ministros del 16 de junio). Se aprueba la subscripción de un convenio entre los Ministerios de Educación, Asuntos Económicos y Transformación Digital y la entidad pública empresarial Red.es para poner en marcha un programa de apoyo a la transformación digital de la educación en el que también podrán participar las CCAA. El programa financiará la adquisición de dispositivos y medios de conectividad para los centros educativos públicos, que podrán ponerse a disposición de los alumnos más vulnerables, así como la puesta en marcha de plataformas digitales de asistencia a alumnos y profesores. Se espera movilizar hasta 260 millones de euros, procedentes en parte de Fondos FEDER y de las CCAA. En el Consejo de Ministros del 29 de septiembre se autorizó la suscripción de convenios con once comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla que suponen la movilización de hasta 176 millones de euros, de los que Red.es aportará el 80% y las comunidades y ciudades autónomas el 20% restante.

- Línea extraordinaria de financiación para empresas y autónomos del sector turístico afectados por el Covid-19 destinada a proyectos de transformación digital e innovación, dotada con 216 millones de euros (RDL25, art. 11-37). Los préstamos tendrán una duración de hasta seis años, con tres de carencia y tipos de interés reducidos, especialmente en el caso de las Pymes (0,10% el primer año, 0,19% el segundo y el tercero y 0,69% los tres últimos).

- Aprobación del programa Renove 2020 para la renovación del parque de vehículos, dotado con 250 millones de euros (RDL25, arts. 38-52). El plan busca incentivar la sustitución de vehículos antiguos por otros menos contaminantes y más seguros.

e) Ayudas a y a través de las CCAA y CCLL

- Transferencias de 25 millones a las comunidades y ciudades autónomas para financiar ayudas a la alimentación de niños vulnerables afectados por el cierre de comedores escolares. (RDL7, art. 8)

- Se actualizan las entregas a cuenta a las CCAA de régimen común para 2020 utilizando las previsiones de ingresos tributarios totales elaboradas para el proyecto de PGE de 2020 (RDL7, arts. 2-6). El incremento resultante en el importe de las entregas se librará en los dos meses siguientes a la entrada en vigor del decreto (presumiblemente abril y mayo).

- Creación de un Fondo Social Extraordinario con una dotación de 300 millones con cargo al Fondo de Contingencia. Estos recursos se transfieren a las comunidades y ciudades autónomas para reforzar las prestaciones básicas de sus servicios sociales para mayores, dependientes y vulnerables. (RDL8, arts. 1 y 2)

- Se autoriza a las CCLL a destinar hasta 300 millones de su superávit de 2019 a inversiones en servicios sociales. (RDL8, art. 3) Las condiciones se concretan en el RDL11.

- Se distribuyen entre las CCAA 300 millones para gasto sanitario de emergencia. (Acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de marzo).

- Se anuncia un fondo no reembolsable con 16.000 millones de euros adicionales para las CCAA que se aprobará mediante Real Decreto-ley.³³ El fondo constará de tres tramos. El primero tendrá una dotación de 10.000 millones de euros, se destinará a financiar gasto sanitario ligado a la pandemia de Covid y se distribuirá en base a la incidencia del virus y a la población ajustada o a la población protegida equivalente a efectos de gasto sanitario. El segundo tramo, de 1.000 millones, se destina a gasto social y se repartirá en proporción a la población y otros indicadores mientras que el tercero, de 5.000 millones, se repartirá en función de la pérdida de recaudación de los impuestos cedidos gestionados directamente por las CCAA.

³³https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/MINISTRA/

04-05-20%20NP%20Reunion%20coordinacion%20Hacienda%204%20de%20mayo.pdf

- Creación del Fondo Covid-19 (RDL22). El decreto de creación del Fondo mantiene la dotación total prevista de 16.000 millones y su carácter de financiación adicional, al margen del SFA, y no reembolsable. Aunque varios de los tramos del Fondo tienen como objetivo ayudar a financiar ciertas partidas de gasto ligadas a la crisis (sanidad y educación, fundamentalmente), se trata de transferencias no condicionadas, que las comunidades podrán utilizar como consideren oportuno. En cuanto a la estructura por tramos del Fondo y los criterios de reparto, hay pequeñas desviaciones sobre lo anunciado previamente.

El Fondo constará finalmente de cuatro tramos. Los dos primeros, dotados con 6.000 y 3.000 millones se librarán respectivamente en julio y noviembre y se distribuirán con criterios ligados a necesidades de gasto sanitario, incluyendo la población protegida equivalente y la incidencia del coronavirus (medida por el número de pruebas PCR y el de pacientes de Covid que han requerido hospitalización o ingreso en UCI). El tercer tramo de 2.000 millones se reparte con criterios de necesidades de gasto educativo, en función de la población en edad escolar y universitaria. Finalmente, el cuarto, dotado con 5.000 millones y a librar en diciembre, se distribuye en parte por población ajustada, en parte en proporción a la recaudación media entre 2017 y 2019 por los principales tributos cedidos tradicionales (los gestionados directamente por las CCAA) y en parte en base a necesidades de gasto en transporte interurbano.

El tratamiento de las comunidades forales en el reparto es un tanto confuso y poco preciso. En relación con los tramos 1 a 3, en el artículo 2.2 que regula la distribución de los fondos se dice en primer lugar que los fondos se distribuirán entre las comunidades de régimen común. Al final del texto correspondiente, sin embargo, se establece una cantidad fija para Ceuta y Melilla y se dice que la cantidad a repartir entre las CCAA de régimen común se obtendrá deduciendo de la dotación total del tramo esa cantidad y “la participación de las Comunidades de régimen foral, que se determinará de acuerdo con los criterios establecidos” para el reparto de cada tramo. Por otra parte, la Disposición Adicional Primera (DA1) del decreto de creación del Fondo establece que la participación de las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra en estos tramos “se establecerá, respectivamente, en la Comisión Mixta del Concierto Económico y en la Comisión Coordinadora del Convenio Económico,” lo que en principio podría abrir la puerta a la utilización de criterios diferentes a los utilizados con el resto de comunidades.

En relación con el tramo 4, el artículo 2.2 parece implicar que el reparto se hará sólo entre las comunidades de régimen común, pues no hay mención ninguna a las comunidades forales o a las ciudades autónomas. Sin embargo, el segundo párrafo de la DA1 contiene una referencia confusa a una posible “cobertura de la disminución de ingresos por la caída de la actividad económica” que también se determinaría en las correspondientes comisiones mixtas del concierto y convenio. Finalmente, el decreto no dice nada sobre cómo afectaría el Fondo al cálculo del cupo y la aportación, lo que sería aconsejable.

- Programa PROA+: Transferencias de 40 millones a las CCAA para reforzar el funcionamiento de los centros educativos y el apoyo al alumnado más vulnerable durante el curso 2020-21.

- El RDL27 recoge un acuerdo con la FEMP para establecer un procedimiento que permite a las CCLL utilizar parte de sus superávits acumulados para financiar medidas sociales, culturales o medioambientales, sorteando la prohibición de incurrir en déficit que se establece en la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Las entidades locales que lo deseen podrán poner sus remanentes acumulados a disposición de la Administración General del Estado, constituyendo un préstamo cuyas condiciones se negociarán con la FEMP (art. 3). El Estado devolverá estos préstamos en un plazo máximo de 15 años a contar desde 2022. Además, el Estado transferirá a las entidades locales participantes, en concepto de ayudas no reembolsables, una cantidad proporcional al importe del préstamo, con un mínimo del 35% de tal importe y un máximo global de 5.000 millones que se desembolsarán en dos plazos, un 40% en 2020 y el 60% restante en 2021 (art. 4). Estas ayudas incrementarán los ingresos no financieros de las CCLL, permitiéndoles aumentar el gasto en las áreas indicadas más arriba sin incurrir en déficit.

- El RDL27 también suspende la aplicación de la regla de gasto a las CCLL durante 2020 (DA2), crea un fondo de 275 millones (ampliables hasta 400) para compensar los déficits incurridos por los servicios de transporte municipales durante el estado de alarma (art 5) y establece otras medidas financieras de apoyo a las corporaciones locales.

- El RDL27 no fue convalidado por el Congreso de los Diputados, por lo que decae. La suspensión de la regla de gasto se recupera a través de un acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros del 6 de octubre (véase la sección siguiente) que está pendiente de aprobación por el Congreso.

f) Otras medidas

- “Prohibición” de despido por causas objetivas relacionadas con el Covid. El art. 2 del RDL9 dice literalmente lo siguiente: “La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.” Aunque la redacción es imprecisa, presumiblemente esto quiere decir que tales despidos serían declarados improcedentes y comportarían por tanto una indemnización más elevada, y no que no se puedan realizar. El art. 7 del RDL24 extiende hasta el 30 de septiembre la prohibición de despido por causas relacionadas con el Covid. El art. 6 del RDL30 vuelve a extenderla hasta el 31 de enero de 2021.

- Permiso retribuido recuperable para trabajadores que no presten servicios esenciales durante el período del 30 de marzo al 9 de abril. Se ordena el cierre de las actividades no esenciales que no se puedan desarrollar a distancia para reducir la movilidad de las personas y reducir los contagios durante el período anterior a Semana Santa (RDL10). La recuperación de las horas no trabajadas se llevará a cabo, según se acuerde en las empresas, hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre respetando la regulación de la jornada laboral.

- Se permite el reembolso parcial de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la crisis sanitaria por un importe que no puede exceder los ingresos netos que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación. (RDL11, DA 20) En el art. 23 del RDL15 se regula la forma de acreditación de los requisitos exigidos y se precisan algunos aspectos del cálculo de la cuantía máxima del reembolso.

- Concesión de un préstamo del Estado a la Seguridad Social por un importe de 13.830 millones de euros para hacer frente a sus obligaciones, incluyendo los desembolsos extraordinarios relacionados con la crisis sanitaria. (Acuerdo del Consejo de Ministros del 14 de abril). El 26 de mayo se concede un segundo préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social para los mismos fines por un importe de 16.500 millones de euros (RDL19, art. 11). El préstamo no devengará intereses y deberá cancelarse en el plazo máximo de diez años.

- En el RDL19 (arts. 6-89 y DT1) se establece un régimen simplificado especial para favorecer la utilización de moratorias pactadas entre deudores y sus entidades financieras en relación con créditos hipotecarios y no hipotecarios al amparo de un acuerdo marco sectorial sobre tales aplazamientos. Este régimen no se restringe a deudores considerados vulnerables.

- En el Consejo de Ministros del 6 de octubre, se fija el techo de gasto no financiero del Estado para 2021 en 196.097 millones de euros, con un incremento de más del 50% en relación al año anterior. El fuerte aumento del gasto previsto se debe en parte a que se prevé realizar transferencias extraordinarias a la Seguridad Social y a las CCAA por importes de aproximadamente 18.400 y 13.500 millones y a la inclusión de gastos de hasta 27.400 millones que se prevé financiar con fondos europeos de reconstrucción.

- En el mismo Consejo de Ministros, se acuerda la suspensión de las reglas fiscales durante 2020 y 2021. Esta medida implica la suspensión de los objetivos de estabilidad y deuda pública y de la regla de gasto durante 2020 y 2021 y permite que las Entidades Locales hagan uso de sus remanentes para incrementar su gasto. El Gobierno solicitará al Congreso que aprecie si existe una situación de emergencia que aconseje esta medida excepcional, prevista en la Constitución (art. 135.4) y en la ley de estabilidad presupuestaria. Para aprobar la suspensión de las reglas fiscales se requiere mayoría absoluta del Congreso.

2. Datos de afiliación y empleo efectivo por sectores y CCAA y estimaciones de los PIBs regionales mes a mes

Con este documento se adjunta una hoja Excel (sectores&regs_nov.xlsx) con datos de afiliación, afectación a ERTEs y prestaciones por desempleo y por cese de actividad durante los últimos meses que pueden ser útiles para analizar la evolución del empleo y de la cobertura de las prestaciones citadas, todo ello a nivel de sectores de actividad o actividades CNAE a dos dígitos y de comunidades autónomas.

La hoja es una versión actualizada de la que acompañaba a de la Fuente (2020a) a la que se han incorporado también datos de comunidades autónomas. Hay que observar que hasta el momento no se ha publicado el desglose por sectores de las prestaciones extraordinarias por ceses de actividad para el mes de junio, aunque sí su número total, que es muy similar al de mayo. Por lo tanto, el valor de esta variable que se ofrece en la hoja es una estimación que se construye aplicando la tasa de crecimiento agregada de esta variable entre mayo y junio a los datos de mayo de cada uno de los sectores.

Desde el Boletín número 6 se incorporan también estimaciones de los PIBs mensuales de las comunidades autónomas. Estas estimaciones se obtienen utilizando el procedimiento descrito en de la Fuente (2020b).

Referencias

a. Normativa más relevante

BOE (2014). Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328

BOE (2015a). Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-consolidado.pdf

BOE (2015ab). Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11724-consolidado.pdf

BOE (2017). Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. https://www.boe.es/diarioboe/txt.php?id=BOE-A-2017-11505

BOE (2017b). Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 https://www.boe.es/diarioboe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692

BOE (RDL7, 2020a). Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 https://www.boe.es/diarioboe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580

BOE (RDL8, 2020a). Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824

BOE (RDL9, 2020b). Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152

BOE (RDL10, 2020c). Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

BOE (RDL11, 2020d). Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

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