fedea

Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles

EEE 2021-33

Julio López Laborda Universidad de Zaragoza, Fedea y Equalitas

Carmen Marín González Fedea

Jorge Onrubia Instituto Complutense de Estudios Internacionales (UCM), Fedea y Equalitas

DICIEMBRE 2021

Agradecimientos: Julio López Laborda agradece la ayuda recibida del Gobierno de Aragón y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Grupo de Investigación de Economía Pública). Los autores agradecen la ayuda prestada desde el Servicio de Estudios Tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con la información aportada para la estimación de los Impuestos Especiales. El grado de exactitud o fiabilidad de la información derivada por elaboración propia de los autores de los datos suministrados por el INE es de la exclusiva responsabilidad de aquellos.

Índice

3 Resumen 5 Sección 1 Introducción 7 Sección 2 De la renta de mercado a la renta disponible extendida 17 Sección 3 Prestaciones monetarias 20 Sección 4 Impuestos 35 Sección 5 Gasto público en sanidad y educación 39 Sección 6 Impacto agregado de impuestos y prestaciones 45 Referencias 48 Anexo I Impuestos y prestaciones por tipos de hogar 51 Anexo II Impuestos y prestaciones por comunidades autónomas

Resumen

En este sexto Informe del “Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles” se estima, para los años 2017 y 2018, el impacto distributivo sobre los hogares residentes en España de las prestaciones públicas monetarias y en especie y el sistema fiscal. El estudio abarca a los residentes en las diecisiete comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Este documento presenta algunas novedades relevantes en cuanto a los instrumentos de intervención pública que considera. Las prestaciones monetarias examinadas son, como en anteriores Informes, las pensiones públicas de jubilación y de supervivencia, prestaciones y subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad y asistencia social y ayudas al estudio, familiares y a la vivienda. La primera novedad es que este Informe integra en el Observatorio de manera regular las prestaciones en especie de sanidad y educación.

En cuanto a los impuestos, se analizan las figuras ya incluidas en los Informes precedentes, es decir, IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Cotizaciones Sociales a cargo del trabajador o autónomo, IVA, ITPAJD, Impuestos Especiales sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas, sobre Hidrocarburos, sobre las Labores del Tabaco y sobre la Electricidad e Impuesto sobre las Primas de Seguros. Pero se incorpora la imputación del Impuesto sobre Sociedades (IS) y las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Los cambios introducidos permiten al Observatorio ofrecer una fotografía mucho más precisa de la capacidad redistributiva de la intervención pública en España a través de impuestos y prestaciones.

En este documento se exponen y discuten los principales resultados obtenidos para 2018, que pueden resumirse de la siguiente manera:

1º. La intervención pública en forma de impuestos, prestaciones monetarias y en especie ha reducido en algo más de un 35% la desigualdad en la distribución de la renta de mercado de los hogares residentes en España en 2018.

2º. Las prestaciones públicas monetarias son responsables de casi un 70% de esa reducción en la desigualdad. Aunque todas ellas contribuyen a corregir la desigualdad, cerca del 60% de su efecto redistributivo agregado se debe a las pensiones de jubilación y casi un 20%, a las de supervivencia.

3º. Las prestaciones públicas en especie de sanidad y educación explican un 23%, aproximadamente, de la reducción de la desigualdad en la renta de mercado en 2018. El efecto redistributivo del gasto público en sanidad es sensiblemente superior al del gasto público en educación. Para este último gasto, más del 96% del efecto reductor de la desigualdad corresponde a la educación no superior, de tal forma que el gasto en universidad y en el ciclo superior de formación profesional prácticamente no altera la distribución de la renta disponible.

4º. El sistema fiscal es responsable de poco más de un 7% de la reducción de la desigualdad en la distribución de la renta de mercado de los hogares residentes en España. Por lo que respecta a los impuestos directos, el IRPF (muy señaladamente) y el IS tienen un efecto redistributivo positivo, al igual que el conjunto de cotizaciones a la Seguridad Social. Por contra, todos los impuestos indirectos tienen un efecto redistributivo negativo.

5º. El análisis conjunto de los impuestos y prestaciones muestra que los hogares pertenecientes a los tres primeros quintiles de renta (esto es, el 60% de los hogares residentes con menor renta bruta) son beneficiarios netos de la intervención pública, ya que perciben un subsidio efectivo neto (prestaciones menos impuestos) que es decreciente con la renta bruta: del 90,6% de la renta bruta para el primer quintil, al 17,4% para el tercero. Los hogares situados en los dos siguientes quintiles (es decir, el 40% de los hogares con mayor renta bruta) son contribuyentes netos, ya que soportan un tipo efectivo neto creciente, desde el 4,8% para el cuarto quintil hasta el 25,5% para los centiles 91 a 99 y el 25,2% para el 1% de hogares con mayor renta bruta. Esta caída del tipo efectivo neto para el 1% más rico muestra que el sistema de impuestos y prestaciones en España agota su progresividad en la parte más alta de la distribución de la renta bruta.

Sección 1 Introducción

Este Informe estima el impacto distributivo sobre la renta de los hogares españoles de los principales impuestos (directos e indirectos) y prestaciones públicas (monetarias y en especie), en los años 2017 y 2018. El estudio abarca a los residentes en las diecisiete comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Este documento constituye el sexto Informe del Observatorio iniciado en 2016, y que hasta este momento cubre los años 2013 a 2018. Este sexto Informe presenta algunas novedades en cuanto a su estructura y los instrumentos de intervención pública que considera.¹ La metodología empleada es la publicada en López Laborda, Marín y Onrubia (2016b), con las modificaciones recogidas en López Laborda, Marín y Onrubia (2021).

En este Informe se completa de manera sustancial la información suministrada hasta ahora en el Observatorio. En la vertiente de las prestaciones públicas, se incorpora al análisis la imputación a cada hogar del gasto público en sanidad y educación, aplicando la metodología que se detalla y aplica en López Laborda, Marín y Onrubia (2020). En la vertiente de los impuestos, se realiza, por primera vez, la imputación a los hogares del Impuesto sobre Sociedades (IS) y de las cuotas empresariales a la Seguridad Social; ambos cambios requieren de una modificación en la renta de mercado de los hogares que pagan estos tributos, que se explica en la siguiente sección. Tras estas extensiones, cabe afirmar que el Observatorio ofrece una fotografía muy precisa del impacto distributivo sobre los hogares residentes en España de los principales impuestos y prestaciones públicas, en un año determinado. Como ya hemos señalado en los anteriores Informes, sigue estando pendiente la realización de un análisis distributivo que adopte una perspectiva de ciclo vital, complementaria a la que aquí se desarrolla.²

¹ Los informes anteriores se recogen, respectivamente, en López Laborda, Marín y Onrubia (2016a, 2017, 2018, 2019 y 2020).

² Esta aproximación se ha aplicado recientemente, por ejemplo, en el Reino Unido, por Levell et al. (2015, 2016) y Roantree y Shaw (2018), quienes concluyen que, desde una perspectiva de ciclo vital, (1) la desigualdad de la renta primaria es mucho menor que la estimada con un enfoque anual, (2) el sistema de impuestos y prestaciones es menos efectivo en reducir la desigualdad, lo que refleja que la intervención pública realiza, sobre todo, redistribución intrapersonal, y (3) las prestaciones y los impuestos directos reducen menos la desigualdad que adoptando un enfoque anual, pero los impuestos indirectos también son menos regresivos. Otros ejemplos de adopción del enfoque de ciclo vital pueden encontrarse en Ter Rele (2007), para los Países Bajos, Bovenberg et al. (2008), para Dinamarca, Aaberge y Mogstad (2015), para Noruega, Productivity Commission (2015), para Australia, Bengtsson et al. (2016), para Suecia o Auerbach et al. (2016) y Steuerle et al. (2019), para Estados Unidos.

En coherencia con los cambios en el contenido que se han apuntado, también se modifica la organización del Informe, que adopta una estructura más convencional, habitual en las investigaciones en este ámbito, de acuerdo con la siguiente secuencia. En primer lugar, las prestaciones monetarias percibidas por los hogares se añaden a su renta de mercado (o renta primaria), obteniéndose la renta bruta. A continuación, los impuestos minoran la renta bruta de los hogares, determinando su renta disponible. Finalmente, las prestaciones en especie de sanidad y educación se suman a la renta disponible, y el resultado es la renta disponible extendida de cada hogar.

En consecuencia, el Informe se estructura de la siguiente manera. En la sección 2, se definen los diversos tipos de renta y se explica cuáles son los impuestos y las prestaciones públicas que se consideran en el análisis. También se detalla cómo debe modificarse la renta de mercado para imputar adecuadamente los efectos del Impuesto sobre Sociedades y las cuotas empresariales de la Seguridad Social. La estimación de la incidencia distributiva de cada instrumento de la intervención pública se presenta en las secciones siguientes: en la sección 3, de las prestaciones públicas de carácter monetario, en la sección 4, de los impuestos, y en la 5, de las prestaciones públicas en especie. El impacto agregado de prestaciones e impuestos se contiene en la sección 6. Además de para el año 2018, todos los cálculos se realizan también para 2017, con la finalidad de que se puedan comparar los resultados con los obtenidos para este año en el Cuarto informe del Observatorio.

El Informe tiene dos anexos. En el primero, se muestra el reparto de los impuestos y prestaciones entre diversas categorías de hogares. En el segundo, se detalla la incidencia distributiva de impuestos y prestaciones en cada comunidad autónoma.

En el sitio web del Observatorio en www.fedea.net está disponible información cuantitativa detallada, en formato Excel (https://bit.ly/3pvZA6l), tanto de los impuestos como de las prestaciones, para todos los años del Observatorio.

Sección 2 De la renta de mercado a la renta disponible extendida

En esta sección, en primer lugar, se definen la unidad de análisis y los diversos tipos de renta de los hogares españoles que se utilizan en este trabajo. A continuación, se presentan los impuestos y las prestaciones públicas contemplados en el análisis distributivo que, para cada año, se realiza en este Observatorio. En esta sección, también se explica la modificación metodológica introducida en este informe para calcular la renta de mercado, necesaria para imputar adecuadamente los efectos del Impuesto sobre Sociedades y de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Finalmente, se presenta, de forma sintética, la distribución de la renta de mercado ampliada de los hogares en 2017 y 2018, como punto de partida para el análisis que se realiza en las secciones siguientes.

2.1 Unidad de análisis

La unidad de análisis empleada en el Observatorio es el hogar residente en España. La definición de hogar (privado) utilizada es la misma que la adoptada en la EPF y la ECV: “persona o conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar principal o parte de ella, y consumen y/o comparten alimentos u otros bienes con cargo a un mismo presupuesto” (INE, 2019a: 41). El estudio abarca, por tanto, a los residentes en las diecisiete comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El número de hogares residentes en España en 2017, representados por la ECV de 2018 (INE, 2019b), asciende a 18.545.875, mientras que, para 2018, la ECV de 2019 (INE, 2020) representa a 18.652.317 hogares.

Tanto la renta, en sus diferentes definiciones, como las prestaciones (monetarias y en especie) y los pagos impositivos de las figuras consideradas, corresponden en conjunto al hogar y son la suma de todos los importes correspondientes a sus miembros. La fuente de información estadística utilizada en el Observatorio, salvo que se indique otra cosa, es la ECV. Debe tenerse en cuenta que los importes anuales corresponden al año anterior al de la encuesta: la ECV de 2019 contiene información sobre la renta anual, las prestaciones monetarias y los impuestos directos y cotizaciones sociales del año 2018.

Todos los cálculos estadísticos se realizan y presentan en términos monetarios. En el Anexo online se recogen también los resultados alcanzados para las denominadas “rentas equivalentes”, que se obtienen al aplicar una “escala de equivalencia”, que tiene en cuenta el tamaño y la composición del hogar, a la renta total, a las prestaciones de cada hogar y a las cuotas impositivas.³

2.2 Categorías de renta

- Renta de mercado

La renta de mercado (o primaria) es la suma de todas las rentas percibidas por los miembros de los hogares, incluidos los menores de 16 años, como retribución de los factores productivos ofertados. Está integrada por las rentas monetarias y no monetarias brutas de los asalariados, los beneficios o pérdidas de los trabajadores por cuenta propia, el autoconsumo de bienes, la renta bruta procedente de alquileres, intereses, dividendos y el resto de rentas del capital.

- Renta de mercado ampliada

Esta magnitud es el resultado de añadir tres componentes a la renta de mercado: las transferencias netas periódicas entre hogares, las rentas procedentes de planes privados de pensiones y las indemnizaciones por despido. Estas últimas se estiman a partir de la información recogida en la ECV. La inclusión de estas tres transferencias privadas incorpora un cambio de la desigualdad de la renta primaria, el cual puede medirse comparando la desigualdad de las distribuciones de la renta de mercado y de la renta de mercado ampliada.

- Renta bruta

Para obtener la renta bruta, se suma a la renta primaria ampliada el importe de las prestaciones públicas de carácter monetario correspondientes a diferentes programas de gasto, transferidas por el sector público a los hogares. En concreto, se incorporan los ingresos por pensiones públicas en todas sus categorías (pensiones de jubilación, de supervivencia y de invalidez), las prestaciones por desempleo y enfermedad, así como distintos programas de ayuda a familias en situación económica desfavorable (ayudas para familias e hijos, ingresos por asistencia social, ayuda para la vivienda y ayudas al estudio).

De acuerdo con esta definición, la renta bruta incorpora una intervención del sector público correctora de la desigualdad de la renta de mercado ampliada, a través de las prestaciones monetarias transferidas a los hogares. Para medir este impacto distributivo se compara la desigualdad de la distribución de la renta de mercado ampliada con la de la renta bruta.

³ En este estudio aplicamos la escala de equivalencia de la OCDE modificada, que asigna valor 1 al primer adulto, 0,5 al resto de adultos a los menores de 14 años.

La renta bruta es el indicador que vamos a tomar como referencia para evaluar el impacto de cada instrumento de la intervención pública sobre los hogares agrupados según su capacidad económica. Por consiguiente, en este Observatorio, las distribuciones por quintiles reflejadas en los gráficos para las distintas categorías de renta, prestaciones públicas e impuestos se han obtenido usando como variable de referencia, en todo caso, la renta bruta de los hogares españoles de cada año.

En el gráfico 1.1 se muestra la composición de la renta bruta de los hogares por quintiles de renta. Dentro de la renta de mercado, diferenciamos entre rentas del trabajo, las procedentes del capital y las rentas de actividades económicas, integradas por los beneficios o pérdidas de los trabajadores por cuenta propia y el autoconsumo de bienes. La categoría de otras rentas está formada por las transferencias privadas tenidas en cuenta para calcular la renta de mercado ampliada. Las prestaciones monetarias de carácter público son el quinto componente considerado. En el gráfico diferenciamos dos escenarios, con la intención de poder valorar el efecto que tiene en la distribución de la renta de mercado y, consecuentemente, en la renta bruta, la incorporación de la renta societaria total y de las cotizaciones sociales empresariales. La renta societaria total se añade al valor de rentas de capital y las cotizaciones sociales empresariales aumentan el valor de las rentas del trabajo.

Gráfico 1.1. Composición por fuentes de la renta bruta (porcentajes por quintiles). Año 2018

La comparación de los dos escenarios refleja la gran concentración de las rentas societarias en el último percentil de la distribución. En dichos hogares, las rentas de capital aumentan su

representación del 14% al 45% de la renta bruta, al incluir la renta societaria. En los percentiles 91 a 99 también aumenta el peso de las rentas de capital, pero más modestamente, del 4% al 9%. En el resto de la distribución, los cambios apenas son relevantes. En el caso de las rentas del trabajo, la imputación de las cotizaciones sociales empresariales como mayor retribución origina cambios positivos hasta el decil 9, siendo mayor la variación positiva del peso de estas rentas en los cuatro primeros quintiles, entre 4 y 5 puntos porcentuales, y de 3 puntos en el noveno decil. Los percentiles 91 a 99 sufren un mínimo retroceso en el peso de estas rentas de 1 punto, mientras que el gran cambio lo experimentan los hogares del último percentil, que ven reducida la participación de las rentas del trabajo en su renta bruta en 23 puntos, del 65% al 42%. No obstante, debe tenerse en cuenta que en esta recomposición de la renta bruta interactúan los cambios introducidos en la cuantificación de las rentas del capital y en las rentas del trabajo. Como veremos más adelante, estos cambios en la distribución por fuentes de renta de la renta bruta, derivados de la ampliación del cómputo de la renta primaria, pueden ayudar a explicar algunas diferencias destacables al comparar los resultados de este sexto informe del Observatorio con los obtenidos en informes anteriores.

- Renta disponible

Con la renta bruta, los hogares afrontan sus obligaciones fiscales tanto por impuestos directos y cotizaciones sociales, como por impuestos indirectos. La minoración de la renta bruta en estos pagos da lugar a la renta disponible.

Los impuestos directos considerados en el Observatorio son: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre Sociedades (IS) y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP). Además, dentro del bloque de la fiscalidad directa, se tienen en cuenta las Cotizaciones Sociales (CCSS) a cargo de trabajadores y autónomos, así como las abonadas por los empresarios, incluyéndose también las cotizaciones de los trabajadores desempleados y las realizadas en beneficio de estos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Los impuestos indirectos incorporados en el Observatorio son: el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), los Impuestos Especiales (IIEE) sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas, sobre Hidrocarburos, sobre las Labores del Tabaco y sobre la Electricidad, y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.

La aplicación de estos impuestos tiene un impacto distributivo originado por el reparto de su carga entre los hogares, el cual se refleja al comparar la desigualdad de la distribución de la renta bruta con la de la renta disponible.⁴

- Renta disponible extendida

El Observatorio incorpora al análisis la estimación del impacto distributivo del gasto público en educación y sanidad. La sanidad y la educación son las dos principales políticas de gasto en bienes preferentes, cuya provisión por parte del sector público se realiza, mayoritariamente, mediante transferencias en especie. Valoradas monetariamente, estas transferencias en especie aumentan la renta disponible, dando lugar a una última categoría de renta denominada renta disponible extendida.

Para cuantificar el impacto distributivo de estas prestaciones en especie comparamos el cambio en la desigualdad que se produce al pasar de la distribución de la renta disponible a la de la renta disponible extendida.

2.3 Cambios metodológicos en la definición de la renta de mercado

Como novedad, en este informe del Observatorio incorporamos al análisis distributivo las dos figuras principales que faltaban para completar el sistema fiscal: el Impuesto sobre Sociedades y las Cotizaciones Sociales abonadas por los empleadores. Para ello, adoptamos la reciente propuesta de Saez y Zucman (2019) sobre incidencia distributiva de los impuestos, en la que se sostiene, a nuestro juicio de manera convincente, que los pagos fiscales deben asignarse a los propietarios de los factores productivos que son objeto de gravamen o, en el caso de los impuestos indirectos, a quienes realizan los consumos finales. Bajo esta aproximación, no es necesario realizar ninguna hipótesis sobre incidencia económica, aunque tampoco se utiliza, estrictamente, la incidencia legal. De acuerdo con este enfoque, el Impuesto sobre Sociedades debe imputarse íntegramente a los accionistas (de igual forma que los impuestos restantes sobre el capital son atribuidos a sus propietarios), mientras que las cotizaciones sociales empresariales deben atribuirse en su totalidad a los trabajadores (de igual manera que se hace con el resto de las cotizaciones sociales e impuestos que gravan las retribuciones del trabajo). Como afirman Saez y Zucman (2019), se trata de una aproximación perfectamente coherente con los agregados económicos y con los modelos teóricos de imposición, sin negar, ni mucho

⁴ Hay que advertir que, en las comparaciones internacionales, es frecuente encontrar análisis en los que la renta disponible solamente contempla la aplicación de impuestos directos y cotizaciones sociales, no incluyendo, por tanto, los impuestos indirectos.

menos, la importancia de los cambios en el comportamiento motivados por los impuestos. Su propósito es, sencillamente, evaluar cómo afectan los impuestos a la distribución de la renta, una vez producidos esos cambios. En este sentido, los autores establecen la diferenciación conceptual entre el “análisis de la distribución actual” de la renta (current distributional tax analysis), en el que se basa su propuesta, y el “análisis distributivo de la reforma” (distributional tax reform analysis), dirigido a cuantificar el impacto distributivo de las respuestas de comportamiento potenciales generadas por los cambios producidos en los impuestos.

Desde esta perspectiva, hay que considerar que, aunque es posible que el Impuesto sobre Sociedades se traslade en parte a los trabajadores (con una reducción de sus salarios), en parte a los consumidores (con un aumento de los precios) y en parte a los propietarios del capita (con una reducción de sus beneficios), su cuota la habrán pagado íntegra y directamente los propietarios del capital. Esto es plenamente consistente con lo que nos interesa medir en este trabajo: cómo afecta el pago del Impuesto sobre Sociedades a la distribución de la renta resultante después de que en los mercados se hayan producido todos los cambios motivados por este impuesto (y por los demás impuestos y prestaciones). En paralelo, una reducción del Impuesto sobre Sociedades afectará, sin duda, a trabajadores, consumidores y propietarios del capital, pero directamente supondrá un menor pago por parte de estos últimos, que afectará de una determinada manera a la nueva distribución de la renta que haya resultado de los cambios en precios, salarios y beneficios. Igual razonamiento podemos seguir para medir el impacto de las cotizaciones sociales empresariales en la distribución de la renta bruta de los hogares.

Desde el punto de vista metodológico, además de la imputación a los hogares de las cuotas del Impuesto sobre Sociedades y de las Cotizaciones Sociales empresariales, la aplicación del enfoque de la “distribución actual” requiere incluir en la renta primaria la totalidad de las rentas que son gravadas por los diversos impuestos. En el caso del Impuesto sobre Sociedades, esto supone incluir en la renta de mercado el importe anual de los beneficios obtenidos por las sociedades cuyas acciones están en manos de los hogares residentes, tanto si se trata de los dividendos distribuidos a los accionistas como si se trata de beneficios mantenidos como reservas en las sociedades. De igual forma, las rentas salariales percibidas por los miembros del hogar deben ser incrementadas en el importe de las cotizaciones sociales pagadas por los empleadores, al considerarse que este coste fiscal supone una mayor retribución del factor trabajo, con independencia de que sea abonado a la Seguridad Social por el empleador.

En cuanto a la aplicación de esta metodología, hay que señalar que, mientras que la ECV contiene información del importe de las cotizaciones sociales empresariales imputables a cada trabajador (que, no obstante, hemos debido completar en algunos casos), en el caso de las rentas societarias, esta encuesta no contiene información sobre su cuantía total, ni tampoco de la parte correspondiente a los dividendos distribuidos, al figurar estos incluidos en la misma variable de rentas del capital que los intereses. Por supuesto, la ECV tampoco contiene información de la cuota del Impuesto sobre Sociedades pagada. Por tanto, para poder disponer de estas partidas ha sido necesario estimarlas a partir de la explotación de la información disponible en la ECV y de las estadísticas agregadas del Impuesto sobre Sociedades y del IRPF publicadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En concreto, para estimar los beneficios societarios íntegros (antes del pago del Impuesto sobre Sociedades) que deben formar parte de la renta primaria de los hogares con accionistas, se parte del resultado contable de las sociedades que recoge la Agencia Tributaria en su Estadística de las Cuentas anuales no consolidadas del Impuesto sobre Sociedades (AEAT, 2021a), corregido en los aumentos y disminuciones por el Impuesto sobre Sociedades (167.135 millones de euros en 2018). La cuota del Impuesto sobre Sociedades de 2018 (23.193 millones de euros) se toma de la Estadística de las Cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades (AEAT, 2021b). En consecuencia, el tipo medio efectivo de este impuesto en 2018 fue el 13,88%.

Puesto que el análisis de este Observatorio tiene como objetivo los hogares residentes en España, es necesario calcular qué parte de estos beneficios societarios corresponde a los mismos. De acuerdo con la información contenida en las Cuentas anuales no financieras de los sectores institucionales de 2018 (INE, 2021), las rentas distribuidas por las sociedades a accionistas residentes en España ascienden en 2018 a 98.160 millones de euros, con diversos destinos.⁵ Además, las sociedades repartieron ese año 21.225 millones de euros a accionistas no residentes, lo que eleva el total de dividendos distribuidos a 119.385 millones de euros. Para imputar la renta societaria a los hogares, debemos excluir los dividendos percibidos por las administraciones públicas y por las ISFL. En cuanto a los dividendos percibidos por sociedades y por los hogares residentes, de acuerdo con la aproximación seguida, consideramos que, en ambos casos, el pagador del impuesto es el hogar. Ahora bien, la hipótesis de que los hogares perceptores de dividendos son los titulares de todo el capital societario en manos de residentes puede ser razonable para los dividendos obtenidos por las sociedades no financieras y de crédito; pero esto no es así en el caso de las entidades aseguradoras y las instituciones de

⁵ Estos beneficios fueron distribuidos a Administraciones Públicas, 4.705 millones; Instituciones sin fines de lucro (ISFL), 181 millones; sociedades no financieras, 46.227 millones; instituciones financieras (de crédito, seguros e inversión colectiva), 21.570 millones; hogares, 25.477 millones.

inversión colectiva, ya que entre estos tipos de empresa se encuentran los fondos de pensiones y de inversión, para los cuales, los titulares de derechos quizás no estén percibiendo dividendos de otras sociedades, circunstancia que no se estaría reflejando en la información disponible en la ECV sobre rentas del capital. Por lo tanto, debemos dejar fuera de la imputación los dividendos cobrados por aseguradoras e instituciones de inversión colectiva. Aunque no conocemos su importe, sí sabemos que los ingresos por dividendos de las entidades de crédito representan el 55% sobre el total de rentas distribuidas por las entidades financieras. En consecuencia, asignamos a las entidades de crédito unos dividendos percibidos por importe de 11.871,7 de millones de euros (el 55% de 21.570 millones euros).

Además, hay que tener en cuenta que, en 2018, un 43,7% del capital de las sociedades no financieras pertenece a no residentes, según Contabilidad Nacional. Bajo el supuesto de que este porcentaje es generalizable a todas las sociedades, de los dividendos percibidos por las sociedades (11.871,7 millones de las entidades de crédito más 46.227 millones de las sociedades no financieras) tenemos que excluir 25.389 millones de euros imputables a los accionistas no residentes, asignando los restantes 32.710 millones de euros a los accionistas residentes. Finalmente, aunque es probable que parte de los dividendos percibidos por no residentes acaben retornando a España, como no podemos averiguarlo, también los excluimos. En resumen, de los 119.385 millones de euros de dividendos distribuidos en 2018, la cuantía recibida por los hogares residentes asciende a 58.187 millones (25.477 percibidos directamente por los hogares más 32.710 percibidos por sociedades residentes y correspondientes a accionistas residentes), esto es, el 48,7%. Por lo tanto, la renta societaria total a imputar a los hogares residentes será el 48,7% del resultado contable (corregido), 81.459 millones de euros. Con este mismo porcentaje, estimamos que la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades de 2018 pagada por los hogares residentes asciende a 11.304 millones de euros.

Una vez determinada la cuantía de la renta societaria total perteneciente a los hogares residentes, para su imputación individualizada a los hogares con accionistas, así como la de la correspondiente cuota del Impuesto sobre Sociedades, primero identificamos en la ECV a los hogares que en 2018 figuran como perceptores de rentas del capital mobiliario (6.692.461 hogares). A continuación, a partir de las Estadísticas de declarantes del IRPF por partidas que publica la Agencia Tributaria (AEAT, 2021c), calculamos, por tramos de renta declarada de los contribuyentes, la proporción que representan en cada año los dividendos respecto del total de los rendimientos del capital mobiliario de carácter financiero que tributan en IRPF.⁶ Estos porcentajes, crecientes con el nivel de renta, se aplican al importe de las rentas del capital mobiliario contenido en la variable de la ECV, lo que permite obtener la parte correspondiente a los dividendos. Finalmente, se distribuye la renta societaria total en proporción a los importes de los dividendos de cada hogar y se imputa la correspondiente cuota del Impuesto sobre Sociedades.

Una vez imputada la renta societaria de cada hogar, para evitar un doble cómputo en la renta primaria de los hogares, procedemos a restar la parte de renta de la propiedad de la ECV que, de acuerdo con el procedimiento anterior, hemos estimado como dividendos, manteniendo la parte correspondiente a intereses y otras ganancias del capital.

2.4 La distribución de la renta de mercado ampliada

El gráfico 1.2 muestra la distribución de la renta de mercado ampliada correspondiente a los años 2017 y 2018, por quintiles (desagregándose el último quintil en el decil 9, los centiles 91 a 99 y el último centil), en términos de su valor medio y del porcentaje que representa respecto del total de los hogares. En 2018, los cuatro primeros quintiles acumulan alrededor de un 44% de la renta de mercado ampliada total, mientras que del 56% restante, un 18,6% corresponde al decil 9, un 28,1% a los percentiles 91 a 99, y un 9% pertenece al 1% de los hogares con mayor renta.

Entre 2017 y 2018, la renta de mercado ampliada de los hogares creció un 1,5%, aunque apenas se produjeron cambios significativos en la distribución por quintiles. El cambio más destacado es el producido dentro del último decil, en el que los centiles 91 a 99 ceden medio punto porcentual a favor del último percentil, que ve aumentada su participación relativa en la distribución.

⁶ Se han tenido en cuenta los tramos de rentas declaradas hasta 600.000 euros, dado que en la ECV no existen hogares con rentas superiores a este importe. El tramo de rentas negativas se ha integrado en el siguiente.

Gráfico 1.2. Distribución de la renta de mercado ampliada de los hogares en 2017 y 2018 (media en euros; participación en porcentaje)

Sección 3 Prestaciones monetarias

En esta sección, estimamos cómo afectan a la renta de mercado ampliada las principales prestaciones monetarias de carácter público.

Como ya hemos señalado en la sección anterior, de acuerdo con los datos que ofrece la ECV, consideramos las siguientes prestaciones públicas: pensiones públicas de jubilación y de supervivencia (viudedad y orfandad), prestaciones y subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad y asistencia social y ayudas al estudio, familiares y a la vivienda.

Para las pensiones de jubilación y supervivencia, la información disponible en la ECV permite identificar las prestaciones de carácter público, ya sean de gestión pública directa o a través de mutualidades. Respecto de las prestaciones por discapacidad y enfermedad, en España, estas proceden en su práctica totalidad del régimen público, independientemente de su gestión pública o privada, si bien no es factible determinar la posible inclusión en los importes de estas variables de pagos procedentes de fuera del sistema público. En el caso de las prestaciones y subsidios por desempleo, pese a su carácter estrictamente público, ha sido necesario estimar sus importes, pues la variable que las recoge incluye también, sorprendentemente, las indemnizaciones por despido recibidas por los hogares.⁷ En el resto de prestaciones consideradas, con la información disponible en la ECV, no resulta posible separar los pagos procedentes del sistema público de los procedentes de entidades privadas, aunque presumimos que el carácter público será claramente predominante.

Para cada prestación, calculamos la tasa media efectiva de subsidio en un año, como el cociente entre la cuantía de la prestación y la renta bruta de los hogares (en adelante, para simplificar, nos referiremos simplemente al “subsidio medio efectivo”). Como ya hemos explicado, por homogeneidad en el análisis, la renta de referencia es, a lo largo de todo el trabajo, la renta bruta de los hogares, si bien, como veremos más adelante, evaluaremos su papel corrector de la desigualdad de la renta de mercado ampliada. Los resultados para cada clase de prestaciones y para el conjunto de ellas en 2017 y 2018 se detallan en el Anexo online.

En el gráfico 3.1 se muestran los subsidios medios efectivos correspondientes a las divisiones de la distribución de la renta bruta de los hogares que venimos considerando, tanto para el total de las prestaciones como para las cuatro clases que hemos diferenciado: pensiones de jubilación y supervivencia, desempleo, invalidez y resto. El subsidio medio efectivo para el conjunto de prestaciones representó, para el total de hogares, el 20,7% en 2017 y el 21,1% en 2018. Por quintiles, se observa que el subsidio medio agregado es decreciente, indicativo de la progresividad de las prestaciones públicas. En el año 2018, el primer quintil obtuvo prestaciones que representaban un 68,8% de su renta bruta, mientras que para el cuarto suponían el 18,7%, descendiendo en el decil 9 al 13,5% y al 3% para el 1% de hogares con mayor renta bruta. Las cifras son similares para 2017. Por clases, todas las prestaciones monetarias consideradas presentan un subsidio medio efectivo decreciente por quintiles.

⁷ La estimación se ha realizado aplicando los límites máximos mensuales establecidos en la regulación de las prestaciones por desempleo, considerando que los importes que exceden esos límites corresponden a la percepción de indemnizaciones por despido. Las cuantías de estas indemnizaciones son, en términos generales, bastante elevadas, lo que las convierte en un factor determinante para ubicar a los hogares que las perciben tanto en la distribución de la renta primaria como en la de la renta bruta.

En el gráfico 3.1 se observa que las pensiones de jubilación y supervivencia explican la mayor parte de las prestaciones monetarias recibidas por los hogares: algo más de tres cuartas partes del subsidio medio total, mientras que las prestaciones vinculadas al desempleo representan, aproximadamente, el 10%, siendo el peso de las de invalidez entre el 8 y el 9%, y correspondiendo al resto en torno al 5%. El peso de las pensiones de jubilación y supervivencia es muy alto en todos los tramos de renta bruta y, de manera señalada, en la parte más alta de la distribución, llegando a representar en 2018 un 85% del total de prestaciones recibidas por el 1% de los hogares con más renta bruta. La importancia relativa de las prestaciones por desempleo es bastante similar en todos los tramos de renta. Para las prestaciones de invalidez, como ya sucedía en años anteriores, no existe un patrón claro en cuanto a su peso a lo largo de la distribución de la renta bruta de los hogares.

Gráfico 3.1. Subsidios medios por categorías de las prestaciones públicas en 2017 y 2018 (como porcentaje de la renta bruta de los hogares)

Adicionalmente, hemos calculado el efecto redistributivo del sistema de prestaciones monetarias de carácter público, a través del impacto de estas sobre la desigualdad en la distribución de la renta de mercado ampliada, tal y como se ha definido esta en la sección 2. A tal fin, se obtiene, como se hace habitualmente, el índice de Reynolds-Smolensky, que cuantifica la diferencia entre la desigualdad de la renta antes y después de las prestaciones, medida a través del índice de Gini, que toma valores entre 0, para la máxima igualdad, y 1, para la máxima desigualdad.

En 2018, el índice de Gini de la renta de mercado ampliada es de 0,5798, inferior al valor de 0,5820 que presentaba en 2017. El índice de Reynolds-Smolensky para el conjunto de prestaciones es de 0,1430 en 2018 y de 0,1410 en 2017, lo que supone que las prestaciones monetarias corrigen agregadamente la desigualdad de la renta de mercado en un 24,7% en 2018, ligeramente por encima del 24,2% de 2017. Aunque todas las prestaciones contribuyen a corregir la desigualdad, cerca del 60% del efecto redistributivo agregado se debe a las pensiones de jubilación, y casi un 20%, a las de supervivencia.

Sección 4 Impuestos

En esta sección, estimamos cómo los impuestos pagados por los hogares modifican la renta bruta de estos, obteniéndose la renta disponible (o neta). Empezaremos presentando los resultados para cada impuesto y seguidamente examinaremos cómo se reparte entre los hogares el conjunto de impuestos analizados, comparando el peso de los impuestos directos e indirectos para cada tramo de renta. Como ya se ha indicado, los impuestos considerados son los siguientes: IRPF, IS, Impuesto sobre el Patrimonio, Cotizaciones Sociales a cargo del trabajador o autónomo y del empresario, IVA, ITPAJD, Impuestos Especiales sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas, Hidrocarburos, las Labores del Tabaco y la Electricidad e Impuesto sobre las Primas de Seguros.

En el gráfico 4.1 se recogen los tipos medios efectivos de cada impuesto en 2017 y 2018, calculados como el cociente entre el importe de los impuestos pagados y la renta bruta de los hogares.

Gráfico 4.1. Tipos medios efectivos de los impuestos en 2017 y 2018 (%)

4.1 IRPF

En el Gráfico 4.2 se observa que, para las particiones distributivas de hogares consideradas, el tipo medio efectivo del IRPF crece a lo largo de toda la distribución de la renta bruta, consecuencia del carácter progresivo del tributo, desde el 1,1% que soportan los hogares

integrados en el primer quintil en 2018, hasta el 15,1% de los pertenecientes al 1% superior.⁸ El tipo medio efectivo agregado del IRPF es el 9,5% en 2018, algo superior al 9,3% de 2017.

Si comparamos el perfil de la evolución del tipo medio efectivo del IRPF del gráfico 4.2 con el que se reflejaba para el mismo impuesto en el Cuarto Informe del Observatorio, llama la atención que, con las nuevas estimaciones, se ha atenuado significativamente la diferencia entre los tipos correspondientes a los centiles 91 a 99 y el centil 100. En el anterior Informe, mientras los hogares situados en los centiles 91 a 99 tenían un tipo medio efectivo en 2017 del 17,7%, los hogares pertenecientes al 1% de más renta hacían frente a un tipo del 27,1%, casi 10 puntos más alto).⁹ Sin embargo, como se aprecia en el gráfico 4.2, con las nuevas estimaciones de la renta bruta, esos tipos son el 13,9% y 15,3%, respectivamente, lo que supone una diferencia de menos de 1,5 puntos.¹⁰ La razón se encuentra, fundamentalmente, en que, como ya se ha explicado en la sección 2, en este informe hemos corregido la renta de mercado (y, por tanto, también la renta bruta, que deriva de aquella), para añadir la participación de los hogares en los beneficios de las sociedades, y esta corrección afecta sobre todo a los hogares más ricos, como se comprobará también en el epígrafe siguiente. En el cálculo del tipo medio efectivo, esta adición hace que el denominador -la renta bruta- sea más alto, por lo que el cociente entre el IRPF pagado y la renta será más pequeño. Aunque también se han corregido las rentas del trabajo, incorporando el importe de las cotizaciones sociales empresariales, su influencia en la renta bruta no se encuentra tan concentrada en la parte alta de la distribución.

También se ha calculado la contribución del IRPF a la reducción de las desigualdades de renta entre los hogares, medida por el índice de Reynolds-Smolensky. Tras la aplicación de las prestaciones monetarias, el índice de Gini de desigualdad de la renta bruta es 0,4368 en 2018 (0,4410 en 2017). En ese mismo año 2018, el IRPF reduce en un 5% la desigualdad en la distribución de la renta bruta entre los hogares españoles, por encima del 4,7% de reducción operada en 2017. Como se verá en un epígrafe posterior, el IRPF es el instrumento redistributivo más potente con que cuenta el sector público, por el lado de los impuestos.

⁸ Al ser la renta bruta de los hogares (sin incluir las cotizaciones empresariales y la renta societaria) más alta recogida en la ECV en 2017 de 418.270 euros, el gráfico 4.2 no puede reflejar la caída en el tipo medio que sí recogen las estadísticas oficiales del IRPF para las bases más altas (en 2017, las superiores a 360.000 euros), y que se debe al mayor peso relativo en esos tramos de renta de la base del ahorro, gravada a menores tipos que la base general. Para el ejercicio 2017, pueden consultarse los cuadros 55 y 56 y los gráficos 15 y 16 de la publicación de la Dirección General de Tributos (2021a).

⁹ Véase López Laborda, Marín y Onrubia (2019), gráfico 8, p. 22.

¹⁰ Utilizando escalas de equivalencia, el tipo medio efectivo del IRPF cae para el 1% más rico, con respecto al tramo anterior, tanto en 2017 como 2018: véase el Anexo online.

Gráfico 4.2. Tipo medio efectivo del IRPF en 2017 y 2018 por tramos de renta bruta (%)

4.2 Impuesto sobre Sociedades

El tipo medio efectivo del Impuesto sobre Sociedades (IS) es el 0,93% en 2017 y el 0,86% en 2018. Como muestra el gráfico 4.3, el IS se comporta de manera progresiva. Los tipos medios efectivos no alcanzan el 0,5% para los hogares situados por debajo del percentil 90, llegan al 1% para los hogares pertenecientes a los centiles 91 a 99 y alcanzan casi el 6% para el 1% de los hogares más ricos. Estos últimos pagan en 2018 el 50% del importe total del IS y, junto con el grupo anterior, cerca del 80%.

En consonancia con su limitado volumen recaudatorio, la capacidad redistributiva del IS, aunque positiva, es también muy reducida. En los dos años que estamos analizando, el impuesto reduce en un 0,8% la desigualdad en la distribución de la renta bruta entre los hogares residentes en España.

Gráfico 4.3. Tipo medio efectivo del Impuesto sobre Sociedades en 2017 y 2018 por tramos de renta bruta (%)

4.3 Impuesto sobre el Patrimonio

Como en los anteriores Informes, comprobamos que el Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo marginal en nuestro análisis. Las cuantías agregadas que se consignan en la ECV por este impuesto son de 432,3 millones de euros en 2017 y 408,6 millones en 2018, lo que se traduce en un tipo medio efectivo agregado del en ambos años. Sin embargo, la cuota a ingresar por el Impuesto sobre el Patrimonio en estos dos ejercicios se eleva a 1.112 y 1.123 millones de euros, respectivamente (Dirección General de Tributos, 2020, 2021b), lo que quiere decir que la ECV no está reflejando ni el 40% de la recaudación del impuesto. Ello nos obliga a tomar con la debida cautela los resultados que se presentan a continuación.

El gráfico 4.4 muestra, para 2017, un perfil de tipos medios crecientes con la renta bruta de los hogares, desde el % para los hogares del primer quintil de renta bruta, hasta el 0,12% para los hogares ubicados en la parte más alta de la distribución de la renta. En cambio, las cifras correspondientes a 2018 muestran una cierta estabilidad, con un tipo medio efectivo entre el 0,04 y el 0,06%.

Gráfico 4.4. Tipo medio efectivo del Impuesto sobre el Patrimonio en 2017 y 2018 por tramos de renta bruta (%) Como cabría esperar de acuerdo con los resultados anteriores, y teniendo en cuenta la advertencia que se ha hecho más arriba, el Impuesto sobre el Patrimonio apenas modifica la distribución de la renta. En 201 este impuesto reduce en un la desigualdad en la distribución de la renta bruta. En 2018, el impuesto contribuye a aumentar la desigualdad en un

4.4 Cotizaciones Sociales

En este Informe incorporamos por vez primera, junto a las cotizaciones sociales correspondientes a asalariados y autónomos, las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Los resultados de la imputación de ambas cuotas a los hogares españoles agrupados por tramos de renta bruta se muestran en el gráfico 4.5.

En 2017, el tipo medio efectivo agregado de las cuotas de trabajadores y autónomos es el 4,1%, y el de las empresas, el 14%. Estas cifras apenas se modifican en 2018: el 4,1% y el 13,9%, respectivamente.

El comportamiento de los tipos medios de las cotizaciones de trabajadores y autónomos a lo largo de la escala de rentas es similar al observado en los años anteriores: con la salvedad del primer quintil, tiene una forma de U invertida, con muy poca pendiente, y con dos valores muy llamativos. Por una parte, los hogares situados en el primer quintil tienen el tipo efectivo más elevado de todos los tramos, en el entorno del 5%. Ese resultado se explica por la aplicación, en particular, a los trabajadores autónomos, de bases mínimas de cotización sobre las que deben contribuir, pese a que a sus rentas sean inferiores a las mismas o aun cuando incurran en pérdidas. Por su parte, los hogares ubicados en el 1% superior soportan un tipo efectivo del 1,5%, el más bajo de todos, con mucha diferencia. Esto es debido a la existencia de bases máximas para todos los cotizantes (3.751 euros mensuales, en 2017 y 2018), que dejan exenta de tributación una parte de las retribuciones más altas, además del menor peso relativo de la suma de las rentas salariales y empresariales en la renta bruta.¹¹

Gráfico 4.5. Tipo medio efectivo de las cotizaciones sociales en 2017 y 2018 por tramos de renta bruta (%)

La evolución de los tipos medios de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social presenta también una forma de U invertida, más marcada que en el caso de los tipos correspondientes a trabajadores y autónomos. En 2018, el tipo medio efectivo crece desde el

¹¹ Como se explica en el documento metodológico complementario a los Informes (López Laborda, Marín y Onrubia, 2016b), la ECV ofrece de manera agregada las cotizaciones sociales de trabajadores y autónomos y el IRPF correspondientes a cada hogar, lo que nos obliga a realizar una estimación de las cotizaciones soportadas por los hogares y obtener de manera residual el IRPF. Algunas medidas normativas (como la denominada “tarifa plana” de los autónomos) no se pueden cuantificar con la información disponible, por lo que es posible que haya una sobrevaloración de la carga tributaria por cotizaciones, especialmente en los primeros quintiles, compensada con una infravaloración del IRPF pagado.

5,9% para el primer quintil hasta el 17,1% del decil 9, a partir del cual empieza a reducirse, hasta caer al 5,4% para el 1% de los hogares más ricos. Como podemos ver, ahora desaparece la anomalía que hemos señalado más arriba para el primer quintil y la caída que experimenta el tipo medio efectivo en el tramo de mayor renta es mucho más pronunciada.

Las cuotas sociales de trabajadores y autónomos tienen un efecto redistributivo negativo, que se compensa con el efecto positivo de las cuotas empresariales. Agregando unas y otras, el resultado es que las cotizaciones sociales disminuyen la desigualdad en la distribución de la renta bruta, aunque en un porcentaje reducido: un 0,6% en 2017 y un 0,3% en 2018.¹²

4.5 IVA e ITPAJD

En este epígrafe, presentamos conjuntamente los resultados sobre la imputación a los hogares del IVA y el ITPAJD (modalidad transmisiones patrimoniales onerosas), ya que las fuentes que hemos utilizado (ECV y EPF) no nos permiten distinguir de manera completamente fiable cuál de los dos impuestos recae, en cada caso, sobre las adquisiciones por los hogares de viviendas y vehículos (coches, motos, embarcaciones y aeronaves), las dos categorías de bienes con hechos imponibles gravados por el ITPAJD en las transmisiones realizadas por particulares.

El tipo medio efectivo agregado de estos impuestos alcanza el 6,53% en 2017 y el 6,45% en 2018. Como se observa en el gráfico 4.6, el tipo medio cae a lo largo de la escala de rentas. En 2018, los hogares situados en el quintil inferior soportan una carga fiscal del 13,4 % de su renta bruta; sin embargo, los pertenecientes al percentil superior pagan un impuesto del 2,4% de su renta bruta. Estos resultados muestran que la disminución de la proporción de renta de los hogares destinada a consumo tiene más impacto en el comportamiento de los tipos medios que la aplicación de tipos reducidos en el IVA. Pese a que estos últimos están dirigidos, en buena medida, a reducir la carga tributaria de los consumidores de menor capacidad económica, lo cierto es que el consumo de productos sujetos a esos tipos reducidos no varía excesivamente a lo largo de la escala de renta: en 2018, representa aproximadamente un 48% de la cesta de consumos gravados de los hogares del quintil más bajo y un 40% del centil más alto.

¹² Utilizando escalas de equivalencia, tanto las cuotas de trabajadores y autónomos como las de los empresarios tienen un pequeño efecto redistributivo negativo: véase el Anexo online.

Gráfico 4.6. Tipo medio efectivo del IVA y el ITPAJD, sobre renta y sobre gasto en 2017 y 2018, por tramos de renta bruta (%)

En consecuencia, el IVA y el ITPAJD se comportan de manera regresiva para el conjunto de hogares. En efecto, tras la aplicación de esos tributos, la desigualdad en la distribución de la renta bruta de los hogares aumenta en un 2,86% en 2017 y en un 2,94% en 2018.

Lógicamente, la evaluación de la progresividad efectiva del IVA y el ITPAJD cambia si calculamos los tipos medios efectivos en relación al gasto total de los hogares, en lugar de sobre la renta bruta. El propio gráfico 4.6 muestra los resultados de ese ejercicio para 2017 y 2018. Se observa que los tipos efectivos definidos sobre el gasto de los hogares crecen suavemente a lo largo de la distribución de la renta.¹³

¹³ Estos resultados pueden ser útiles para utilizarse en una valoración del impacto distributivo del IVA desde una perspectiva de ciclo vital, pero no permiten concluir, sin más, que, con ese enfoque, el IVA es un impuesto ligeramente progresivo, porque no se están tomando en consideración las herencias y donaciones recibidas y transmitidas por los hogares. Hay alguna evidencia de que, también en términos de ciclo vital, el ahorro es creciente con la renta: para Estados Unidos y Reino Unido, véase Bozio et al. (2013, 2017); para Dinamarca, Jakobson et al. (2019). Como ya hemos señalado en la introducción, la evidencia en el Reino Unido muestra que el IVA sigue siendo regresivo, aunque menos que si se adopta un enfoque anual para medir el impacto redistributivo de las políticas públicas. En Francia, Georges-Kot (2015) estima que la regresividad del IVA se reduce a la mitad adoptando la perspectiva de ciclo vital.

4.6 Impuestos Especiales

Se incluyen en esta sección cuatro Impuestos Especiales: los Impuestos sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas, el Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto sobre las Labores del Tabaco y el Impuesto Especial sobre la Electricidad; además del Impuesto sobre las Primas de Seguros. El tipo medio efectivo agregado sobre la renta bruta de estos impuestos apenas se modifica entre 2017 y 2018, pasando del 1,5% al 1,4%. Los dos impuestos más importantes, en términos recaudatorios, son el de Hidrocarburos y el de Labores del Tabaco. El tipo medio efectivo del primero es un 0,82% en 2017 y un 0,77% en 2018; el del segundo, un 0,47% y 0,42% en los mismos años.

Tal como se observa en el gráfico 4.7, el tipo medio efectivo del conjunto de Impuestos Especiales es relativamente alto para los hogares del primer quintil (2,1% en 2018) y no deja de reducirse, hasta representar un 0,5% de la renta bruta de los hogares pertenecientes al 1% superior en ese mismo año. Este perfil decreciente del tipo medio efectivo es común a todos los Impuestos Especiales considerados.

Gráfico 4.7. Tipo medio efectivo de los Impuestos Especiales, sobre renta y sobre gasto, en 2017 y 2018, por tramos de renta bruta (%) El comportamiento del tipo medio efectivo refleja, como en los anteriores Informes, la regresividad de los Impuestos Especiales, aunque su reducida importancia recaudatoria hace que su contribución al aumento de la desigualdad sea bastante pequeña. Estos impuestos aumentan la desigualdad de la renta bruta en un 0,46% en 2017 y en un 0,44% en 2018.

El gráfico 4.7 también muestra cómo el tipo medio efectivo del conjunto de Impuestos Especiales crece a lo largo de la distribución de la renta, cuando se calcula sobre el gasto total de los hogares (con una caída para el tramo superior en 2018).

4.7 IBI

El INE solo suministra datos del IBI pagado por la vivienda principal de los hogares, por lo que consideramos que no son suficientemente representativos de la carga asociada a ese impuesto. Por tal motivo, aunque en este epígrafe ofrecemos algunos resultados sobre este tributo, ya que nos parece interesante poder decir algo sobre el tipo medio efectivo del IBI que recae sobre las viviendas habituales de los hogares y su comportamiento por quintiles de renta bruta, no integraremos estos resultados en los análisis que realizaremos en los epígrafes siguientes sobre el impacto agregado del sistema fiscal y de los impuestos y las prestaciones en la renta de los hogares.

La cuota del IBI representa en 2017, para el total de hogares españoles, un 0,7% de su renta bruta y un 0,6% en 2018. Como muestra el gráfico 4.8, por grupos de renta, la parte del IBI que recae sobre las viviendas principales de los hogares es claramente regresiva: en 2018, el tipo medio efectivo cae desde el 1,8%, para el quintil inferior, hasta el 0,2%, para el 1% con mayor renta bruta.

Gráfico 4.8. Tipo medio efectivo del IBI en 2017 y 2018 por tramos de renta bruta (%)

4.8 Impuestos totales

En este epígrafe vamos a examinar cómo se reparte entre los hogares residentes en España la carga tributaria agregada de los impuestos analizados en los epígrafes anteriores (con la excepción del IBI). Los resultados se muestran en el gráfico 4.9.

En 2017, el conjunto de impuestos considerados en este estudio representa el 36,5% de la renta bruta de los hogares, prácticamente el mismo porcentaje de 2018 (36,3%). Como refleja el gráfico 4.9, en 2018, el tipo medio efectivo crece desde el 27,6% que corresponde a los hogares situados en el primer quintil, hasta el 40,7% para los hogares ubicados en los centiles 91 a 99, y cae casi 10 puntos para los hogares del “top de renta bruta, cuyo tipo medio efectivo es el 30,8%.

En 201 el conjunto de impuestos considerados en este estudio representa el 36,5% de la renta bruta de los hogares, prácticamente el mismo porcentaje de 2018 (36,3%). Como refleja el gráfico 4.9, en 2018, el tipo medio efectivo crece desde el 27,6% que corresponde a los hogares situados en el primer quintil, hasta el 40,7% para los hogares ubicados en los centiles 91 a 99, y cae casi 10 puntos para los hogares del “top 1%” de renta bruta, cuyo tipo medio efectivo es el 30,8%.

Gráfico 4.9. Impuestos totales de los hogares españoles en 2017 y 2018 por tramos de renta bruta (%) En 2017, el conjunto de impuestos considerados en este estudio representa el 36,5% de la renta bruta de los hogares, prácticamente el mismo porcentaje de 2018 (36,3%). Como refleja el

gráfico 4.9, en 2018, el tipo medio efectivo crece desde el 27,6% que corresponde a los hogares situados en el primer quintil, hasta el 40,7% para los hogares ubicados en los centiles 91 a 99, y cae casi 10 puntos para los hogares del “top 1%” de renta bruta, cuyo tipo medio efectivo es el 30,8%.

Si comparamos el gráfico 4.9 con los gráficos que ofrecían la misma información en los Informes anteriores del Observatorio, hay dos resultados que llaman la atención.¹⁴ El primero es que los hogares pertenecientes al primer quintil ya no hacen frente a un tipo medio efectivo superior a algunos hogares con mayor renta bruta, como ocurría en los anteriores Informes.¹⁵ El segundo, que, si en los Informes precedentes los hogares más ricos soportaban el tipo medio efectivo más alto, ahora, como refleja el gráfico 4.9, su tipo medio es solo superior al que soporta el 40% de los hogares con menos renta. Como detallamos a continuación, ambos resultados se deben a la incorporación al análisis que se realiza en este Informe de las cuotas empresariales a la Seguridad Social y el IS, y al ajuste correlativo que hemos debido realizar en la renta de los hogares, tal como se ha explicado en la sección 2 de este documento.

El cambio en la posición del primer quintil con respecto a los siguientes se explica por la imputación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Como se aprecia en el gráfico 4.5, no hay diferencias relevantes en el tipo medio efectivo que soportan los hogares por las cuotas sociales de trabajadores y autónomos (con la excepción de los más ricos), pero sí las hay en el tipo que corresponde a la cuota empresarial, que va creciendo de manera significativa entre quintiles, hasta que cae para los más ricos. Mientras el tipo efectivo de las cuotas empresariales para el primer quintil es el 5,9% en 2018, para el segundo es el 9,9%, y para el tercero, el 13,5%. Esta es la diferencia más importante entre este Informe y los precedentes (ya que, como hemos visto, el Impuesto sobre Sociedades solo afecta al 10% más rico) y es suficiente para que el

¹⁴ Véase, por ejemplo, López Laborda, Marín y Onrubia (2019), gráfico 2, p.14, que reproducimos, para facilitar la comparación:

¹⁵ No obstante, este resultado se mantiene si el análisis se realiza en términos de renta equivalente. En tal caso, el tipo medio efectivo que soportan los hogares del primer quintil es superior al soportado por los hogares del segundo quintil. Véase el Anexo online.

primer quintil aparezca con el tipo medio efectivo más reducido de todos los hogares, para el conjunto de impuestos.

En la explicación del cambio que se produce en la posición del 1% más rico confluyen varios factores. Por un lado, como se ha detallado en el epígrafe 4.1, como consecuencia del aumento en la renta imputada a estos hogares, cae significativamente el tipo efectivo que soporta ese grupo en el IRPF (gráfico 4.2). Por otro, el tipo medio efectivo de las cuotas sociales de las empresas es 10 puntos inferior en el grupo del 1% con más renta bruta que en los hogares de los centiles 91 a 99 (gráfico 4.5). La imputación del IS, que afecta especialmente a los hogares situados en el 1% más rico, que deben hacer frente a un tipo efectivo 5 puntos superior a los hogares situados en los centiles 91 a 99, no es suficiente para compensar los dos resultados anteriores.

El gráfico 4.10 diferencia entre los impuestos directos e indirectos soportados por los hogares en cada tramo. En el bloque de la imposición directa incluimos el IRPF, el IS, el Impuesto sobre el Patrimonio y las Cotizaciones Sociales. Por su parte, el bloque de impuestos indirectos está integrado por el IVA y el ITPAJD, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.

Para el conjunto de hogares residentes en España, en 2018, el tipo medio efectivo de los impuestos directos es el 28,4%, y el de los indirectos, el 7,9%. Eso quiere decir que los primeros representan un 78,3% del total de impuestos pagados por los hogares, y los indirectos, el 21,7% restante.

El gráfico 4.10 muestra claramente el carácter regresivo de los impuestos indirectos y el progresivo de los directos, con la salvedad, ya explicada, del último tramo de renta. Solo para el primer quintil pesan más los impuestos indirectos (casi un 60%) que los directos. En el otro extremo de la distribución de la renta bruta, el peso de los impuestos indirectos en el tax-mix del “top 1%” no llega al 10%.

Gráfico 4.10. Impuestos directos e indirectos en 2017 y 2018 por tramos de renta bruta (%)

También se ha calculado la contribución del conjunto del sistema fiscal a la reducción de las desigualdades de renta entre los hogares. Como ya se ha señalado más arriba, la desigualdad de la renta bruta, medida por el índice de Gini, se ha reducido de 0,4410 en 2017 a 0,4368 en 2018. El índice de Reynolds-Smolensky para el conjunto de impuestos ha sido de 0,0158 en 2017 y 0,0152 en 2018. En consecuencia, el sistema fiscal ha reducido la desigualdad de la renta bruta en un 3,6% en 2017 y en un 3,5% en 2018. No obstante, a pesar del ligero descenso en 2018 del efecto redistributivo del sistema fiscal, la desigualdad de la renta después de impuestos, o renta disponible, también ha disminuido, de 0,4252 a 0,4217.

El gráfico 4.11 muestra la contribución de cada impuesto al efecto redistributivo agregado del sistema fiscal, y refleja con claridad el papel protagonista representado por el IRPF en la corrección de las desigualdades de renta de los hogares.¹⁶

¹⁶ Como el cálculo del efecto redistributivo de cada impuesto se hace siempre con relación a la renta bruta de los hogares, el efecto redistributivo agregado del sistema fiscal no es la mera suma de los efectos redistributivos de sus componentes, sino que depende también de sus respectivos tipos medios y de las reordenaciones de rentas. Sobre la posibilidad de agregación de efectos redistributivos puede verse Lambert (2001: cap. 11).

Gráfico 4.11. Porcentaje en que los impuestos aumentan (+) o reducen (-) la desigualdad en la renta bruta de los hogares en 2017 y 2018

Sección 5 Gasto público en sanidad y educación

En esta sección concluimos el proceso de imputación de los impuestos y prestaciones que integran la intervención pública, examinando cómo la renta disponible de los hogares se modifica por la imputación a los mismos de las prestaciones públicas en especie de sanidad y educación.

Como se explicaba en López Laborda, Marín y Onrubia (2020), para la imputación del gasto en sanidad aplicamos el enfoque del valor del seguro. Dado el carácter universal de la cobertura de la sanidad pública en España, consideramos beneficiarios a la totalidad de los miembros que integran los hogares residentes en España. La adopción de este enfoque puede interpretarse como la provisión de un seguro sanitario público de cobertura general para toda la población residente en España.

Las categorías de gasto sanitario consideradas en el Observatorio son las siguientes:

- Servicios hospitalarios y especializados

- Servicios primarios de salud

- Servicios de salud pública

- Servicios colectivos de salud

- Gasto en farmacia

- Traslado, prótesis y aparatos terapéuticos

- Gasto de capital

En cuanto a la imputación del gasto público en educación, seguimos el enfoque del consumo real, a partir de la identificación en los hogares de la ECV de los usuarios efectivos de cada uno de los niveles educativos contemplados en el estudio. Las categorías de gasto en Educación consideradas para la imputación individualizada son las siguientes:

- Educación infantil y primaria

- Educación secundaria y formación profesional (sin incluir el ciclo superior)

- Educación superior: universitaria y formación profesional de ciclo superior.

- Educación especial y compensatoria.

- Educación en régimen especial (escuelas de idiomas, conservatorios de música, etc.)

- Educación de adultos

- Educación ocupacional

- Educación en el exterior

- Servicios complementarios

- Actividades extraescolares y anexas

- Administración, formación de profesores, investigación y otros

- Becas (excepto para Educación superior)

- Becas (para Educación Superior)

- Corporaciones locales y ciudades autónomas

- Transferencias de las administraciones educativas a las corporaciones locales.

Para estimar la cuantía a imputar a cada hogar, tanto en el caso de la sanidad como de la educación, se parte, para cada año, del coste presupuestario total ejecutado, en términos consolidados, ofrecido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, 2021) para los grupos de función correspondientes al gasto en salud (07) y en educación (09). Para todas las categorías de gasto consideradas, se ha dispuesto del desglose del coste presupuestario ejecutado en cada comunidad autónoma, lo que permite una imputación más afinada de cada categoría a los beneficiarios de los hogares residentes en cada comunidad.¹⁷. Una vez determinado para cada año el gasto total correspondiente a las categorías consideradas para sanidad y educación, este se distribuye entre los hogares, de forma individualizada, siguiendo los criterios recogidos en López Laborda Marín y Onrubia (2020).

El gráfico 5.1 muestra la evolución del subsidio medio efectivo para el gasto público de sanidad y educación y para su agregado. El subsidio medio correspondiente a la sanidad para el conjunto de hogares es un 8,9% de la renta bruta, en 2017 y 2018; el correspondiente a la educación, el 5,4%, también en los dos años.

Se aprecia claramente que tanto el gasto sanitario como el educativo son progresivos, ya que sus respectivos subsidios medios efectivos decrecen a medida que aumenta la renta bruta de los hogares. Para la sanidad, el subsidio medio para los hogares ubicados en el primer quintil es un 35,6% en 2018, mientras que, para los hogares situados en el tramo más alto, representa un

¹⁷ Para el gasto en sanidad, la desagregación por categorías procede de la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) (Ministerio de Sanidad, 2021), mientras que, en el caso del gasto en educación, para todos los niveles educativos, los datos proceden de la Estadística del Gasto Público en Educación (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021).

1,4% de su renta bruta. Para la educación, los porcentajes correspondientes son el 13,8% y el 1,2%. En consecuencia, las prestaciones públicas en especie de educación y sanidad suponen prácticamente un 50% de la renta bruta de los hogares más pobres, y menos del 3% de los más ricos.

Gráfico 5.1. Subsidio medio efectivo del gasto público en sanidad y educación por tramos de renta bruta de los hogares, 2017 y 2018 (%)

El carácter progresivo del gasto en sanidad y educación se refleja en los índices de redistribución. Como se ha señalado en la sección anterior del Informe, la desigualdad de la renta después de impuestos, o renta disponible, ha disminuido entre 2017 y 2018, de 0,4252 a 0,4217. El índice de Reynolds-Smolensky del gasto sanitario es de en 2017 y 0,0396 en 2018. En términos porcentuales, la sanidad pública reduce en un 9,6% la desigualdad de la renta disponible en 2017, y en un 9,4% en 2018.

En cuanto al gasto educativo, el índice de Reynolds-Smolensky es de en 2017 y 0,0125 en 2018. O, de otra forma, el gasto público educativo ha minorado la desigualdad en la distribución de la renta disponible de los hogares residentes en un 2,9% en 2017, y en un 3% en 2018. Más del 96% de ese efecto corrector de las desigualdades se debe a la educación no superior, de tal forma que el gasto en universidad y en el ciclo superior de formación profesional prácticamente no altera la distribución de la renta disponible.

El efecto redistributivo del gasto público en educación es sensiblemente inferior al del gasto público en sanidad, por diversos motivos. En primer lugar, porque el subsidio medio efectivo para el gasto en educación es, aproximadamente, el 60% del correspondiente al gasto sanitario. En segundo lugar, porque el índice de progresividad global de Kakwani del gasto educativo es algo más del 70% del mismo índice para el gasto sanitario. Finalmente, porque la reordenación de las rentas de los hogares a consecuencia de la intervención pública es mucho mayor para la educación que para la sanidad. La combinación de estos tres resultados produce un índice de redistribución de Reynolds-Smolensky para el gasto en educación mucho menor que para el sanitario.¹⁸

Sumando los gastos públicos en educación y sanidad imputados a los hogares, podemos calcular el efecto redistributivo derivado del conjunto de las prestaciones públicas en especie. El índice de Reynolds-Smolensky agregado es en 2017 y 0,0470 en 2018, es decir, que el gasto público en educación y sanidad ha minorado la desigualdad en la distribución de la renta disponible (insistimos, después de impuestos y prestaciones monetarias) de los hogares residentes en España en un 11,5% en 2017 y un 11,1% en 2018.¹⁹

¹⁸ Recuérdese que el índice de Reynolds-Smolensky, RS, depende del subsidio medio efectivo de la prestación, b, del índice de Kakwani, K, y del efecto reordenación, R, de acuerdo con la siguiente ecuación: No obstante, la diferencia entre la capacidad redistributiva de ambos servicios no es tan grande si los cálculos se realizan en términos de renta equivalente, es decir, teniendo en cuenta el tamaño y la composición del hogar. Ello es debido a que, como consecuencia de la aplicación de la escala de equivalencia, la renta de los hogares con hijos se reduce con respecto a la misma renta obtenida por los hogares sin hijos, y solo los primeros se benefician del gasto público en educación. En 2018, el índice de Reynolds-Smolensky del gasto en sanidad pasa a ser 0,0452 (frente a 0,0396 en términos de renta monetaria), y el del gasto en educación, 0,0234 (frente a 0,0125).

¹⁹ A las prestaciones, en especie o monetarias, también les resulta aplicable la aclaración contenida en la nota 16.

6 Impacto agregado de impuestos y prestaciones

Una vez que hemos examinado por separado el reparto entre los hogares españoles de los impuestos y las prestaciones, monetarias y en especie, vamos a integrar ambas perspectivas, con el propósito de determinar cuál es el impacto distributivo neto de la intervención pública. El conjunto de impuestos considerados en el Informe representa un 36,3% de la renta bruta de los hogares en 2018 (36,5% en 2017). La suma de las prestaciones monetarias y en especie analizadas supone el 35,5% de la renta bruta de los hogares (35% en 2017).

El gráfico 6.1 refleja la distribución de las prestaciones públicas percibidas y de los impuestos pagados por los hogares españoles en 2017 y 2018, mostrando, comparativamente, el resultado neto de ambos instrumentos en términos de porcentaje sobre la renta bruta de cada tramo de renta bruta. Como podemos ver, para los tres primeros quintiles, este efecto conjunto es un subsidio neto que decrece con la renta bruta: del 90,6% para el primer quintil al 17,4% del tercero, en 2018. A partir de ese quintil, el efecto neto se convierte en un tipo impositivo creciente, desde el 4,8% para el cuarto quintil hasta el 25,5% para los centiles 91 a 99 y el 25,2% para el 1% con mayor renta bruta. Este último resultado está mostrando que el sistema de impuestos y prestaciones agota su progresividad justo antes de alcanzar la parte más alta de la distribución de la renta bruta.

Gráfico 6.1. Distribución conjunta de impuestos y prestaciones en los hogares españoles en 2017 y 2018 (tipos y subsidios medios en porcentaje de la renta bruta) 2017

2018

El gráfico 6.2 recoge, para 2017 y 2018, cuál es la participación porcentual en el total de renta primaria ampliada de los hogares situados en cada tramo seleccionado de renta bruta y cuál es su participación en la renta disponible extendida total, es decir, una vez que los hogares han pagado sus impuestos y han recibido las diversas prestaciones monetarias y en especie contempladas en el Informe. En coherencia con el gráfico 6.1, los hogares pertenecientes a los tres primeros quintiles (esto es, el 60% de los hogares residentes con menor renta bruta), que son beneficiarios netos de la intervención pública, tienen una participación en la renta disponible extendida superior a su participación en la renta primaria ampliada. Concretamente, los hogares del primer quintil incrementan su participación en la renta total en casi un 75% en 2018. Lo contrario ocurre para los hogares pertenecientes al 40% de más renta, que son contribuyentes netos a la Hacienda Pública. En particular, los hogares incluidos en los centiles 91 a 99 reducen su participación en la renta total en casi un 37%, y los pertenecientes al 1% de más renta, en un 34%.²⁰

²⁰ Los datos de este gráfico nos permiten calcular el tipo marginal efectivo que soporta un hogar si se mueve hacia un quintil superior. El tipo más alto corresponde a los hogares situados en el tercer quintil, cuyo tipo marginal en 2018 es 1-(0,2235-0,1636)/(0,2352-0,1288), es decir, un 43,75%.

Gráfico 6.2. Participación de cada tramo de renta bruta en la renta total en 2017 y 2018, antes y después de prestaciones e impuestos (%) 2017

2018

El impacto sobre la renta de los hogares de esta combinación de prestaciones e impuestos puede describirse también de forma secuencial, tal como se recoge en la Tabla 1 para 2018. Así, para el hogar español medio, que en 2018 tenía una renta primaria ampliada de 34.246 euros, las prestaciones públicas de carácter monetario elevan su renta en 9.176 euros, de los cuales 6.962 euros correspondieron a pensiones de jubilación y supervivencia, 959 euros a prestaciones y subsidios de desempleo, 821 euros a prestaciones de invalidez y 433 euros al resto. El resultado es una renta bruta media de 43.422 euros que, tras el pago de 12.333 euros en concepto de impuestos directos y 3.417 euros de indirectos, se convierte en una renta disponible de 27.671 euros. Por último, la percepción de prestaciones en especie derivadas del gasto público en sanidad (3.877 euros) y educación (2.343 euros), elevan la renta disponible extendida media a 33.892 euros.

Tabla 1. De la renta de mercado ampliada a la renta disponible extendida, 2018 (media, en euros)

Por último, calculamos el impacto agregado de los impuestos y las prestaciones públicas sobre la desigualdad de la renta de los hogares españoles en 2017 y 2018. La información detallada se contiene en el Anexo online. En el gráfico 6.3 se muestran los cambios en el índice de Gini que se producen como consecuencia, primero, de añadir las prestaciones monetarias a la renta primaria ampliada, a continuación, de hacer frente los hogares al pago de impuestos directos e indirectos, y finalmente, de percibir la participación en el gasto público en sanidad y educación, para alcanzar la renta disponible extendida.

Partimos del índice de Gini de la renta primaria ampliada de los hogares que, como ya hemos señalado, es de 0,5798 en 2018. El carácter progresivo de las prestaciones públicas monetarias reduce en ese año la desigualdad que presenta la renta primaria ampliada en 0,1430 puntos de Gini, situando el índice de Gini de la renta bruta en un valor de 0,4368. A continuación, el comportamiento progresivo global de la imposición directa añade otra reducción de la desigualdad de la renta bruta de 0,0343, mientras que la regresividad de los impuestos indirectos aumenta la desigualdad de la renta bruta en 0,0154 puntos, lo que sitúa la desigualdad de la renta disponible en 2018 en un valor del índice de Gini de 0,4217. Finalmente, el gasto público en sanidad y educación todavía reduce la desigualdad en 0,0470 puntos de Gini, de forma que la desigualdad en la distribución de la renta disponible extendida se sitúa en un valor del índice de Gini de 0,3747.

En definitiva, la intervención pública en forma de impuestos, prestaciones monetarias y en especie ha reducido en algo más de un 35% la desigualdad en la distribución de la renta de mercado de los hogares residentes en España en 2018. Las prestaciones monetarias son responsables de casi un 70% de esa reducción, los impuestos, de poco más de un 7%, y las prestaciones en especie, del 23% restante.

Gráfico 6.3. Corrección de la desigualdad tras la aplicación de impuestos y prestaciones públicas en los hogares españoles en 2017 y 2018 (variaciones en el índice de Gini) 2017

2018

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ANEXO I Impuestos y prestaciones por tipos de hogar

En este anexo mostramos la incidencia del sistema español de impuestos y prestaciones para distintas categorías de hogares, en el año 2018. Los resultados detallados (también para 2017) se pueden consultar en el Anexo online.

Empezaremos por la división de los hogares según su composición. Consideramos las siguientes categorías: 1. Hogar formado por una persona de 65 o más años; 2. Hogar formado por una persona de 30 a 64 años; 3. Hogar formado por una persona de menos de 30 años; 4. Hogar formado por una pareja sin descendientes dependientes y en el que, al menos, uno de los miembros tiene 65 o más años; 5. Hogar formado por una pareja sin descendientes dependientes y en el que los dos miembros tienen menos de 65 años; 6. Hogar formado por una pareja con un descendiente dependiente; 7. Hogar formado por una pareja con dos descendientes dependientes; 8. Hogar formado por una pareja con tres o más descendientes dependientes; 9. Hogar formado por un adulto solo con al menos un descendiente dependiente; y 10. Otros hogares.

El gráfico AI.1 muestra los tipos y los subsidios medios efectivos correspondientes a cada grupo de hogar, según la composición del mismo. En este gráfico y los siguientes, los hogares se presentan ordenados de mayor a menor saldo de la intervención pública, calculado como la diferencia entre el subsidio y el tipo medio efectivo, es decir, entre prestaciones recibidas e impuestos pagados.

Gráfico AI.1. Tipos y subsidios medios efectivos en 2018 según la composición de los hogares (%)

A continuación, agrupamos a los hogares según su fuente principal de ingresos. Las categorías contempladas son las siguientes: 1. Asalariado; 2. Autónomo; 3. Pensionista; 4. Perceptor de rentas de la propiedad; 5. Perceptor de prestaciones de desempleo o subsidios; 6. Perceptor de transferencias de otros hogares. Los tipos y subsidios medios efectivos para cada categoría se recogen en el gráfico AI.2.

Gráfico AI.2. Tipos y subsidios medios efectivos en 2018 según la principal fuente de renta de los hogares (%)

En el último análisis por tipo de hogar que vamos a presentar, dividimos a los hogares por tramos de edad del sustentador principal. Los resultados en términos de tipos y subsidios medios efectivos se muestran en el gráfico AI.3.

Gráfico AI.3. Tipos y subsidios medios efectivos en 2018 según la edad del sustentador principal del hogar (%)

ANEXO II Impuestos y prestaciones por comunidades autónomas

En este anexo se recoge información sobre la incidencia de los impuestos y las prestaciones públicas, así como el impacto neto de la intervención pública, por tramos de renta, para cada comunidad autónoma, en 2018. Los resultados básicos, por quintiles de renta bruta de cada comunidad se contienen en el gráfico AII.1, para las diecisiete comunidades autónomas, con excepción, por tanto, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por razón de su tamaño.

Gráfico AII.1. Tipos y subsidios medios efectivos en 2018 por comunidades autónomas (%) ANDALUCIA

ARAGON

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CATALUÑA

CASTILLA – LA MANCHA

CASTILLA Y LEON

EXTREMADURA

GALICIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAIS VASCO

LA RIOJA

COMUNIDAD VALENCIANA