Seguimiento de la crisis del coronavirus y del Plan de Recuperación

ANGEL DE LA FUENTE (Coordinador)

BENITO ARRUÑADA

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DÍAZ

MARCEL JANSEN

DIEGO RODRÍGUEZ

DIEGO RODRÍGUEZ

BOLETÍN COVID No. 14

Estudios sobre la Economía Española 2022/02

Enero de 2022

fedea

Las opiniones recogidas en este documento son las de sus autores y no coinciden necesariamente con las de Fedea.

Enero de 2022

Angel de la Fuente (FEDEA e IAE-CSIC), coordinador Benito Arruñada (UPF y FEDEA) Miguel Ángel García Díaz (URJC y FEDEA) Marcel Jansen (UAM y FEDEA) Diego Rodríguez (UCM y FEDEA) Alfonso R. Sánchez (FEDEA)

Resumen

Este documento es parte de una serie de boletines de seguimiento de la crisis del Covid. En él se recopila una serie de indicadores de los efectos de la pandemia sobre la actividad económica y las cuentas públicas y se analizan y valoran las principales medidas económicas que se han tomado en relación con ella en los últimos tres meses, con especial atención al seguimiento de las reformas e inversiones recogidas en el Plan de Recuperación.

Índice

2. Evolución de la actividad por sectores y regiones 4

3. El impacto económico y presupuestario de la crisis. Algunos indicadores de seguimiento 7

4. Medidas económicas y sociales adoptadas en las últimas semanas 12

5. Seguimiento de la ejecución del Plan de Recuperación 12

5.1. Reformas 12

5.2. Inversiones y ayudas 17

Anexos

1. Contenido y calendario previsto de las principales reformas recogidas en el PR 21

2. Información adicional sobre la ejecución del PR 26

3. Datos de afiliación y empleo efectivo por sectores y CCAA 30

- Fuentes estadísticas 31

- Plan de Recuperación y reformas asociadas 32

- Otras referencias 34

1. Introducción

Este documento es el número 14 de la serie de Boletines Covid que FEDEA lleva publicando desde el inicio de la pandemia. El número incorpora varias novedades que buscan adaptar su contenido a la cambiante situación. El título se ha cambiado para reflejar el creciente peso del seguimiento de las reformas e inversiones previstas en el Plan de Recuperación en los contenidos del Boletín, frente a las medidas de lucha contra la crisis per se o de mitigación de sus efectos. La compilación detallada de lo hecho en este sentido desde la llegada del virus hasta diciembre de 2021, que antes aparecía en un Anexo actualizado con cada número, se ha recogido en un número especial del Boletín (el 13) y se omitirá de los boletines futuros para aligerarlos. Por otra parte, la sección de análisis detallado del mercado de trabajo se traslada a un nuevo Boletín del mercado laboral de periodicidad trimestral, coordinado por Florentino Felgueroso, que estamos preparando con otros socios.

Durante el último trimestre de 2021, la economía española se ha mantenido en la senda de recuperación iniciada en marzo del mismo año hasta superar los niveles de empleo anteriores a la crisis, tanto en el agregado como en muchos sectores y regiones. Nuestro indicador agregado de empleo asalariado efectivo aumentó en 2,2 puntos entre septiembre y diciembre de 2021, cerrando el año con un valor de 101,6, ya claramente por encima del nivel de 2019 (= 100). Incluso los sectores y regiones más afectados están recuperando la normalidad, con Canarias y Baleares en 98 y 99 respectivamente y todos los grandes sectores situándose ya por encima de 95, con la única excepción de los servicios de alojamiento, que están en 88.

Otros indicadores muestran también un comportamiento positivo. Durante el mismo período, el paro se redujo en más de 150.000 personas, la afiliación aumentó en 260.000 efectivos y el número de trabajadores en ERTE se redujo en casi un 60%, cerrando el año en sólo unas 100.000 personas. Todo ello ha hecho que la tasa de desempleo efectivo se haya reducido en estos tres meses en 1,7 puntos, hasta el 14,4%. También muestran señales claras de recuperación los ingresos públicos. Tanto los ingresos tributarios como las cotizaciones sociales se sitúan ya por encima de los niveles prepandemia, con niveles de recaudación acumulada hasta noviembre que superan a los de 2019 en torno a un 4,5%.

La principal nota discordante sigue siendo la atonía del PIB, que parece estar creciendo en los últimos trimestres a un ritmo claramente inferior al del empleo efectivo, aunque la distancia entre ambos se ha reducido en alguna medida tras la revisión al alza del dato preliminar del tercer trimestre de 2021. A esto hay que añadir la incertidumbre generada por la crisis energética y de suministros y por la nueva ola de la pandemia generada por una nueva variante del virus, la denominada ómicron, particularmente contagiosa y resistente en alguna medida a las vacunas. Aunque la letalidad del virus ha disminuido muy significativamente, gracias fundamentalmente a los elevados niveles de inmunidad adquiridos a través de la vacunación y por vía natural, las elevadísimas tasas de incidencia están generando ya serios problemas sanitarios y económicos, especialmente en el sector turístico, que ve retrasarse una vez más la ansiada vuelta a la normalidad.¹

¹ Sobre la evolución reciente del sector turístico y sus perspectivas de cara a 2022, véase Exceltur (2022).

Desde la publicación del anterior Boletín, las novedades en materia de políticas para paliar la crisis se han limitado a una nueva extensión, hasta el 28 de febrero de 2022, de las medidas de protección de los colectivos vulnerables en materia de suministros básicos y vivienda, el llamado “escudo social,” la extensión hasta el 30 de junio de 2022 de la moratoria concursal y del período para solicitar los créditos con aval público de las líneas del ICO y la concesión de nuevas ayudas del Fondo de apoyo a la solvencia a algunas empresas.

Mucha más actividad ha habido en relación con las reformas previstas en el Plan de Recuperación. Durante el último trimestre de 2021 se han aprobado diversas leyes o proyectos de ley sobre cuestiones de calado. En materia de pensiones, la ley que recoge la primera fase de la reforma en curso ha sido aprobada por las Cortes en diciembre de 2021 sin cambios significativos sobre las grandes líneas del anteproyecto, ya conocidas desde hace meses. Como ya comentábamos en el Boletín anterior, la norma supone un paso atrás en términos de la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, pues contiene cambios que aumentarán muy considerablemente el gasto en pensiones durante las próximas décadas sin introducir medidas compensatorias significativas en materia de contención del gasto o incremento de los ingresos, más allá de traspasar el grueso del déficit actual del sistema (y posiblemente el que pueda surgir en el futuro) desde los presupuestos de la Seguridad Social a los del Estado mediante transferencias destinadas a cubrir gastos supuestamente “impropios” del sistema, que en general no son tales.

La principal novedad de la nueva ley de pensiones ha sido la introducción de una nueva disposición final cuarta en la que se concreta el diseño del mal llamado “Mecanismo de equidad intergeneracional” (MEI), que viene a sustituir al derogado factor de sostenibilidad (FS). El nuevo mecanismo tiene una estructura compleja que combina dos elementos muy dispares: i) una subida transitoria de las cotizaciones sociales en 0,6 puntos porcentuales durante diez años para nutrir un fondo de reserva que podrá utilizarse para ayudar a financiar el gasto en pensiones contributivas de 2033 en adelante y ii) un vago compromiso de abrir negociaciones con los agentes sociales para pactar medidas adicionales de gasto o ingreso si esto fuera necesario en el futuro para asegurar la viabilidad del sistema.

El MEI es la primera medida de la reforma en curso que ayudará a mitigar los problemas de sostenibilidad del sistema público de pensiones (a través de la subida de las cotizaciones), pero su diseño es francamente mejorable por varios motivos. Como se argumenta en de la Fuente, García y Sánchez (2022), el nuevo mecanismo resulta claramente insuficiente para restaurar el equilibrio del sistema, no contribuye precisamente a mejorar su equidad intergeneracional y presenta serios problemas de diseño que se ven agravados por una redacción muy confusa.

También se ha despejado, al menos en parte, la incertidumbre existente hasta ahora sobre el contenido de la otra gran reforma que se ha estado negociando durante este último trimestre, la del mercado laboral. A finales de diciembre de 2021, el Gobierno y los agentes sociales alcanzaron un acuerdo, plasmado luego en un Real Decreto-ley todavía pendiente de tramitación, para modificar la normativa sobre modalidades de contratación, negociación colectiva y ERTEs.

El decreto deroga algunos aspectos significativos de la reforma de 2013, pero se trata, de una reforma más “suave” de lo esperado que preserva en buena medida la flexibilidad necesaria para la operación de las empresas. Así, se recupera la ultraactividad indefinida de los convenios, lo que en la práctica tiene un efecto limitado dado que dos tercios de los convenios ya incluyen cláusulas en esa línea, y se restablece la primacía del convenio de sector sobre el de empresa, pero sólo en materia salarial. Por otra parte, se introduce importantes restricciones al uso de la contratación temporal junto con fuertes sanciones por su incumplimiento, pero se mantienen márgenes apreciables para el uso de estos contratos por necesidades de producción imprevistas o estacionales y se introducen provisiones específicas para el sector de la construcción que suavizan la eliminación de los contratos por obra o servicio de una forma que quizás convendría extender a otros sectores. Desafortunadamente, se ha optado por actuar únicamente a través de la imposición de restricciones al uso de contratos temporales sin una reducción de la brecha en la protección de los distintos contratos o mejoras en los incentivos de las empresas para pasar a contratos indefinidos (p.ej. a través de bonus/ malus). También sorprende que no se haya cambiado la regulación de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en línea con la jurisprudencia reciente (exigiendo proporcionalidad entre las modificaciones adoptadas y las causas alegadas).

Otras dos reformas cuya tramitación se ha iniciado en estos últimos meses son las leyes que regularán la creación de nuevas empresas y los incentivos a startups consideradas innovadoras. Dada la dificultad de la imposible tarea de escoger ganadores a priori, más que incentivos a determinadas empresas que no sabemos identificar, la estrategia más razonable pasa seguramente por establecer normas generales que ofrezcan un marco atractivo para la creación de nuevas empresas y faciliten su desarrollo. Este es, en principio, el objetivo de la nueva ley de creación y crecimiento de empresas, con la que se pretende simplificar o facilitar algunos de los trámites necesarios para crear y poner en marcha una empresa o reducir sus costes. La norma, sin embargo, presenta importantes lagunas que podrían limitar su efectividad, pero que aún estamos a tiempo de corregir. Se trataría, en particular, de prestar una mayor atención a los costes de arranque no societarios, los costes recurrentes de compliance con diversas regulaciones de discutible necesidad y las barreras derivadas de la exigencia de autorizaciones y licencias de apertura y de la existencia de diversos umbrales regulatorios, en virtud de los cuales la carga fiscal y regulatoria aumenta de forma automática con la dimensión de la empresa, un fenómeno que ha sido criticado de forma reiterada por numerosos informes de organismos internacionales.

Finalmente, en materia de inversiones hemos intentado aproximar el ritmo de ejecución del Plan, recopilando la información disponible sobre los pagos realizados hasta el momento por la Administración Central y sobre la puesta en marcha de sus programas y proyectos. En este último bloque, incluimos aquellas actuaciones para las que se han abierto convocatorias o licitaciones por parte del Gobierno central o se ha iniciado el proceso de distribución de fondos entre las administraciones autonómicas o locales o los organismos y entes públicos encargadas de ejecutarlas. Como quizás cabría esperar, el gasto ejecutado a finales de 2021 era todavía modesto y correspondía en buena medida a transferencias del Estado a las administraciones y otros entes ejecutores. Hasta el momento, se ha comenzado a poner en marcha proyectos y programas con una dotación presupuestaria total de unos 23.000 millones de euros, casi un tercio del gasto total a comprometer en los tres años que el Plan de Recuperación permite a estos efectos. Con cargo a estos fondos se han realizado pagos por un importe total de unos 9.000 millones euros que, como ya se ha dicho, corresponden fundamentalmente a transferencias en bloque a otras administraciones encargadas de la ejecución final de los proyectos. Por tanto, el proceso de ejecución del grueso de proyectos del Plan está todavía en su comienzo y el dinero irá llegando a sus destinatarios finales de 2022 en adelante.

2. Evolución de la actividad por sectores y regiones

En esta sección se presentan algunos indicadores de la evolución de la actividad por sectores y regiones elaborados a partir de datos de empleo asalariado efectivo, definido como el resultado de restar los trabajadores afectados por ERTEs del número total de asalariados afiliados a la Seguridad Social en situación de alta laboral. Los datos de afiliación en media mensual provienen de la Seguridad Social (2021a, b y c), al igual que el desglose por sectores y territorios de los trabajadores afectados por ERTEs, también en media mensual.² Los índices de ocupación (asalariada) efectiva relativa se construyen tomando como referencia los niveles reales de empleo observados durante cada mes de 2019, el último año completo antes de la llegada de la pandemia. En particular, estos índices se definen como el cociente entre el empleo asalariado efectivo observado en cada momento y el valor de la misma variable en el mismo mes de 2019.

El Gráfico 2.1 muestra la evolución del índice de ocupación efectiva en los grandes sectores de actividad. El Gráfico 2.2 muestra la misma información a un mayor nivel de desagregación, trabajando con datos para las principales actividades privadas a dos dígitos de la CNAE, excluyendo la agricultura y el servicio doméstico. Las actividades más afectadas por la crisis se concentran en el sector turístico y ciertas ramas de servicios, destacando la hostelería (servicios de comidas y alojamiento) y las actividades deportivas y de entretenimiento. Las menos afectadas han sido la agricultura, el suministro de energía y agua y los servicios públicos, que son con diferencia el sector en el que más ha aumentado el empleo en relación a 2019.

Gráfico 2.1: Evolución de los índices de ocupación asalariada efectiva por grandes sectores

El nivel de actividad tocó fondo entre abril y mayo de 2020 con una caída media de unos 25 puntos, iniciándose seguidamente un proceso de recuperación que comienza en mayo en la construcción y en algunos servicios a empresas y en junio en el resto de los sectores. Con datos agregados, esta fase de recuperación duró hasta septiembre u octubre de 2020, iniciándose después un período de estancamiento, e incluso de ligero retroceso, que cubre la parte final de 2020 y los dos primeros meses de 2021. En marzo de ese año, finalmente, comienza una nueva fase de recuperación que nos devuelve a final de año a niveles de empleo al menos cercanos, y con frecuencia ligeramente superiores, a los registrados antes de la pandemia, tanto en el agregado como en la mayor parte de los sectores.

² Los datos de afectados por ERTEs se han publicado en los últimos meses a través de notas de prensa que generalmente van acompañadas de un archivo de Excel. Estas notas se colgaban habitualmente en la página web del Gabinete de Comunicación del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social:

https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/inicio

y en meses recientes también en

https://revista.seg-social.es/

Descendiendo a nivel sectorial, casi todas las ramas productivas han ido recuperando sus niveles de actividad pre-pandemia, aunque de una forma lenta y con ciertos altibajos. Los sectores más afectados (hoteles, establecimientos de comidas y bebidas y entretenimiento, incluyendo eventos deportivos) han mostrado oscilaciones mucho más marcadas que el resto de sectores durante el último año pero en los últimos meses registran una clara recuperación. Los grandes sectores más rezagados, hostelería y alojamiento, están ya a fines de año en torno al 90% de su ocupación pre-pandemia, aunque la llegada de la nueva variante ómicron y la nueva ola de contagios vuelve a amenazar una vez más su actividad.

Gráfico 2.2: Evolución de los índices de ocupación asalariada efectiva detalle de las principales actividades privadas (CNAE a dos dígitos)

- Nota: Para marzo de 2020 no hay datos de afectados por ERTE. Su valor se aproxima por interpolación lineal entre febrero (= 0) y abril. Lo mismo es cierto en noviembre de 2021, excepto a nivel agregado. Esta nota se aplica también al Gráfico siguiente, con datos desagregados por regiones.

Los índices de ocupación relativa pueden calcularse también por comunidades autónomas. El Gráfico 2.3 resume la incidencia territorial de la crisis en términos de este indicador. Como cabría esperar, el impacto de la pandemia ha sido especialmente acusado en las comunidades insulares debido al elevado peso del sector turístico, particularmente en Baleares, que seguía en octubre de 2020 casi un 30% por debajo del nivel del mismo mes del año anterior tras haber llegado a perder casi un 50% en mayo. La aparente mejora de esta comunidad en el último trimestre de 2020 se debe fundamentalmente al final de la temporada turística, que siempre se traduce en una caída importante del empleo, pero la situación vuelve a deteriorarse en primavera. Tras el fuerte repunte de la segunda mitad de 2021, tanto Baleares como Canarias se sitúan muy cerca de recuperar el nivel de empleo de 2019, lo que ya han hecho todas las demás comunidades. Entre estas destacan Extremadura, Murcia y Castilla la Mancha, con un mayor peso del sector agrario y una menor dependencia del turismo, cuyos niveles de empleo mensuales no llegaron a caer en ningún momento más de 20 puntos con respecto a 2019 y han sido las primeras en regresar a los niveles de ese año.

Gráfico 2.3: Evolución de los índices de ocupación asalariada efectiva por CCAA

Trabajando con medias trimestrales, el Gráfico 2.4 compara la evolución del empleo asalariado efectivo con la del PIB a precios constantes, con ambas variables medidas en términos relativos a los valores registrados en el mismo trimestre de 2019. Quizás sorprendentemente, hay diferencias significativas entre las sendas de ambas variables que generan una cierta incertidumbre sobre el ritmo real de la recuperación, que aparenta ser bastante más suave en términos de PIB que de empleo una vez superados los dos primeros trimestres de la crisis.³ El menor crecimiento del PIB que del empleo en los últimos trimestres es difícil de interpretar. Podría deberse simplemente a la dificultad de medir correctamente el output en las circunstancias actuales o a que nuestro indicador de empleo no recoge variaciones en horas medias de trabajo, pero también podría indicar que las restricciones impuestas al despido están obligando a mantener en plantilla a trabajadores en principio redundantes, lo que tiende a reducir la productividad aparente del trabajo.

³ La discrepancia entre ambas variables se ha suavizado algo tras la revisión al alza por el INE de la primera estimación del PIB del tercer trimestre, pero sigue siendo llamativa.

Gráfico 2.4: Evolución del PIB y del empleo asalariado efectivo 100 = mismo trimestre de 2019 - Nota: los datos de PIB se toman de la Contabilidad Nacional Trimestral (INE, 2022).

Los datos de horas totales trabajadas de la Contabilidad Trimestral, recogidos por la línea verde a trazos en el gráfico, tampoco ofrecen pistas muy claras sobre qué está pasando. La diferencia entre el nivel relativo de empleo y el de output muestra una tendencia creciente durante el período analizado, tanto si el empleo se mide en horas trabajadas como en ocupados efectivos, pero la serie es mucho más volátil cuando se trabaja con los datos de horas, cuya fiabilidad podría verse comprometida en las condiciones actuales, al igual que la del PIB.

3. El impacto económico y presupuestario de la crisis. Algunos indicadores de seguimiento

En esta sección se recopila una serie de indicadores para facilitar el seguimiento de los aspectos económicos y presupuestarios de la crisis del Covid-19. El Cuadro 3.1 muestra las variables elegidas, divididas por bloques, con la fuente de la información entre paréntesis. Tras prescindir de los indicadores de uso del tiempo de Google, que prácticamente han regresado a la normalidad, las variables que utilizamos tienen frecuencia mensual y se publican con un retardo de entre dos semanas y dos meses. Los Gráficos 3.1 y 3.2 resumen la evolución de los distintos indicadores. En la mayor parte de los casos, los datos disponibles desde el inicio de la pandemia se muestran junto con la serie mensual del año 2019, que servirá como referencia de lo que podría ser un año “normal” tirando a bueno.

El primer bloque de indicadores se refiere al mercado de trabajo y su evolución se resume en el Gráfico 3.1. En este bloque se incluyen el paro y la afiliación a la Seguridad Social registrados al final de cada mes, el número de afectados por ERTEs y beneficiarios de prestaciones extraordinarias para autónomos por cese de actividad y el desempleo efectivo, definido como la suma del paro registrado más los afectados por

ERTEs y los beneficiarios de prestaciones por cese de actividad – esto es, como la suma total de los activos que no están trabajando (al menos a jornada completa), estén o no en situación de alta en la Seguridad Social.

Cuadro 3.1: Indicadores de seguimiento

Los primeros efectos del Covid sobre el mercado de trabajo fueron dramáticos. En marzo de 2020 se produjo un aumento del paro registrado de más de 300.000 personas y una caída de la afiliación de más de 800.000 efectivos. En abril, el paro siguió creciendo al mismo ritmo pero la afiliación a la Seguridad Social comenzó a estabilizarse. Por otra parte, la relativa estabilidad de esta variable en ese momento podría dar una idea un tanto engañosa de la evolución del empleo pues en ella se incluye a los trabajadores afectados por ERTEs, que no están trabajando o lo hacen sólo una parte de la jornada. El número de afectados por estos expedientes se disparó en abril hasta niveles nunca vistos, en torno a los 3,4 millones. A este grupo hay que sumar también los trabajadores por cuenta propia cubiertos por prestaciones extraordinarias por cese de actividad, que vendrían a ser el equivalente a los ERTE para los autónomos. Este colectivo superó el millón de personas en los meses del inicio de la pandemia.

Desde mayo hasta septiembre u octubre de 2020, la situación se estabiliza y comienza luego a mejorar. La afiliación gira claramente al alza en estos meses aunque con ciertos altibajos, y el paro registrado se estabiliza e incluso desciende ligeramente. Por otra parte, se reduce muy apreciablemente el número de afectados por ERTEs, que descienden desde 3,4 millones a finales de abril hasta 1,1 millones en julio y 0,6 millones en octubre. Más difícil de interpretar es la evolución de los ceses de actividad pues el fuerte descenso de julio se debe a la extinción de la prestación extraordinaria por este concepto, que fue sustituida por una ayuda más restrictiva que inicialmente sólo cobraban unos 150.000 trabajadores. Posteriormente se han recuperado o puesto en marcha nuevas prestaciones del mismo tipo y el número de beneficiarios ha vuelto a aumentar otra vez, aunque manteniéndose muy lejos de los niveles de la primavera de 2020.

Desde septiembre u octubre de 2020 hasta febrero de 2021 entramos en un período de estancamiento o leve retroceso de todos los indicadores de empleo. Entre septiembre y febrero, el paro aumentó en 230 mil personas, la suma de los ERTEs y ceses de actividad en 410 mil y la afiliación descendió en 150 mil personas. Aunque una parte importante de los retrocesos del paro y la afiliación tenían carácter estacional, lo cierto es que la vigorosa recuperación del empleo que se produjo en torno al verano de 2020 desapareció en la parte final del año, como ya hemos visto en la sección anterior. Esto se aprecia también con claridad en la evolución de la tasa de desempleo efectivo (calculada como el cociente entre el paro efectivo y la población activa de la última EPA), que subió más de 2,5 puntos entre septiembre y febrero.

Gráfico 3.1: Indicadores de mercado de trabajo millones de personas

b. Afiliación a la Seguridad Social

c. Afectados por ERTEs y ceses de actividad

d. Desempleo efectivo - Notas: Millones de personas. En el panel d, se incluyen también los afectados por ERTEs y los beneficiarios de la prestación por cese de actividad ligado al Covid-19.

A partir de febrero de 2021, finalmente, vuelve a cobrar fuerza la recuperación. El paro se reduce en 825.000 personas entre febrero y diciembre, situándose por debajo del registrado en el mismo mes de 2020 desde mayo en adelante y por debajo del nivel de 2019 en diciembre. Durante el mismo período, la afiliación aumenta en 860.000 efectivos, mejorando holgadamente el registro del mismo período de 2020 e igualando o superando también el de 2019 a partir de junio. Por su parte, el número de trabajadores en ERTE se reduce en un 90%, cerrando el año en poco más de 100.000 personas, el nivel más bajo desde el inicio de la crisis. Todo ello ha hecho que la tasa de desempleo efectivo se haya reducido en estos once meses en 8,5 puntos, hasta el 14,4%.

El siguiente bloque reúne distintos indicadores de la evolución de la finanzas públicas. En materia de ingresos, seguimos la evolución de la recaudación neta de los impuestos gestionados por la Agencia Tributaria estatal (AEAT), incluyendo el IRPF, el IVA, el Impuesto de Sociedades y los Impuestos Especiales junto con otros impuestos menores, así como la de las cotizaciones pagadas al Sistema de Seguridad Social (donde no se incluye el SEPE a estos efectos). En cuanto a los gastos, consideramos por separado los del Estado, las CCAA y la Seguridad Social, contabilizados con un criterio de caja. Para el Estado se utiliza el total de pagos no financieros en contabilidad presupuestaria y para las CCAA los pagos no financieros con cargo al ejercicio corriente. En el caso de la Seguridad Social, consideramos los pagos realizados dentro del capítulo 4 de transferencias corrientes, que corresponden fundamentalmente al pago de las pensiones y otras prestaciones económicas del Sistema de Seguridad Social (en el que no se incluye el SEPE y por lo tanto tampoco las prestaciones por desempleo). Finalmente, se incluye un indicador de la evolución de la deuda del Estado. Se trata, en particular, de la financiación neta acumulada, definida como la diferencia entre las emisiones y amortizaciones realizadas hasta el momento a lo largo de cada año.

La evolución de estas variables se resume en el Gráfico 3.2. La crisis ha tenido un efecto apreciable sobre los ingresos tributarios de las administraciones públicas que ha tendido a concentrarse en los primeros meses de la pandemia. En cuanto a los ingresos tributarios gestionados por la AEAT, su cuantía total cae en 2020 en torno a un 30% en relación con 2019 en abril, mayo y junio. Aunque las cosas mejoran en la segunda parte del año, la caída acumulada hasta diciembre se aproxima al 9%. El patrón es cualitativamente similar en el caso de las cotizaciones sociales, aunque con una caída menor, que se sitúa ligeramente por debajo del 4% en el acumulado hasta diciembre. Los datos de 2021, sin embargo, muestran una saludable recuperación de los ingresos tributarios y de las cotizaciones sociales, que se sitúan por encima de los niveles prepandemia. En ambos casos, la recaudación acumulada hasta noviembre supera a la de 2019 en torno a un 4,5%.

Gráfico 3.2: Indicadores de finanzas públicas, datos mensuales miles de millones de euros corrientes

a. Ingresos netos totales recaudados por la AT b. Cotizaciones de la Seg. Social

c. Gasto no financiero del Estado

d. Gasto no financiero de las CCAA

e. Transf. corrientes de la Seg. Social

f. Financiación neta acumulada del Estado

Los efectos de la pandemia también son claramente perceptibles en los indicadores de gasto público. A nivel autonómico, el impacto de la crisis comienza a notarse de abril de 2020 en adelante, aunque de una forma irregular y con un fuerte pico en diciembre que deja el incremento anual del gasto no financiero de 2020 en el 11,5%. Este aumento proviene en buena parte del fuerte crecimiento del gasto corriente en bienes y servicios (+22,7% en el acumulado hasta diciembre) que seguramente es de origen sanitario y quizás en parte educativo. En cuanto al Estado, los efectos de la crisis comienzan a apreciarse ya en el mes de marzo y el incremento acumulado en relación al año anterior se sitúa en el 28% en 2020, aunque este incremento se debe en buena parte al fuerte aumento de las transferencias a las CCAA y a la Seguridad Social. En el caso de la Seguridad Social, el incremento acumulado hasta diciembre de 2020 del gasto en prestaciones ha estado en torno al 11%. A esta cifra han contribuido significativamente las prestaciones por cese de actividad, que prácticamente no existían hasta el momento, la creación del IMV, el fuerte aumento del gasto en incapacidad temporal causado por la pandemia y el crecimiento del gasto en pensiones. En el caso del gasto, los datos de 2021 son menos alentadores que los de ingresos. En las tres administraciones citadas, el gasto acumulado (hasta octubre o noviembre, según el caso) supera holgadamente al registrado en el mismo período del año anterior, con un incremento del en el caso de la Seguridad Social, casi el 8% en el de las CCAA y del 17% en el del Estado. Las dos últimas cifras, sin embargo, son difíciles de valorar porque en la segunda mitad del año incluyen ya parte del gasto financiado por el Fondo de Recuperación, que habría que separar del gasto ordinario para tener una idea clara de la evolución de este último.

Finalmente, en el panel f se aprecia como el Tesoro se puso enseguida a trabajar en la obtención de la financiación extraordinaria que ha sido necesaria durante 2020, habiendo acumulado en la primera mitad del año casi 100.000 millones de euros de financiación neta, que aumentaron en solo unos 10.000 millones adicionales durante el resto del ejercicio. En 2021 la financiación neta acumulada al cierre del ejercicio ha sido de unos 75.000 millones, claramente inferior a la del año anterior, pero todavía muy elevada.

4. Medidas económicas y sociales adoptadas en las últimas semanas

Desde el número anterior de este Boletín ha habido pocas novedades de importancia en relación con las políticas contra la crisis. Las más destacables han sido una nueva extensión, hasta el 28 de febrero de 2022, de las medidas de protección de los colectivos vulnerables en materia de suministros básicos y vivienda, el llamado “escudo social,” mediante el RDL 21/2021 y la extensión hasta el 30 de junio de 2022 de la moratoria concursal y del período para solicitar los créditos con aval público de las líneas de ICO. También se han concedido nuevas ayudas del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas a Airtificial, Grupo SERHS, Reinosa Forgings & Castings y el Grupo Soho Boutique Hoteles y se ha ampliado la ayuda concedida previamente a Duro Felguera. Los detalles de estas disposiciones se recogen en la sección 1 del Boletín 13 (de la Fuente, 2022).

5. Seguimiento del Plan de Recuperación

En esta sección nos centraremos en el seguimiento de las reformas e inversiones recogidas en el Plan de Recuperación. Aunque en la práctica aportan pocas novedades, dos documentos relevantes a estos efectos han sido el “operational arrrangement” del Plan (EC, 2021c)., hecho público por la Comisión Europea en noviembre, y el Informe de Ejecución del Plan de Recuperación (GdE, 2021b), presentado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del 14 de diciembre. Más útil es el nuevo boletín semanal de novedades sobre el Plan disponible en la web.⁴

5.1. Reformas

En el Anexo 1 se recoge el calendario de reformas previstas en el Plan de Recuperación junto con una breve descripción de los objetivos y contenido de cada una de ellas. Como estaba previsto en el calendario, en el último trimestre de 2021 ha habido importantes avances en la definición y tramitación de algunas de estas reformas. El Recuadro 5.1 recoge los hitos más significativos, que se comentan seguidamente en el resto del apartado.

Pensiones

La ley que recoge la primera fase de la reforma del sistema público de pensiones (BOE, 2021a) ha sido aprobada por las Cortes en diciembre de 2021. En línea con lo previsto en el proyecto de ley (BOGC, 2021a), la versión final de la norma deroga los mecanismos automáticos de control del gasto introducidos en la anterior reforma de pensiones, incrementa muy significativamente las transferencias del Estado a la Seguridad Social e introduce incentivos para el alargamiento de las vidas laborales. La principal novedad ha sido la introducción de una nueva disposición final cuarta en la que se concreta el diseño del mal llamado “Mecanismo de equidad intergeneracional” (MEI), que viene a sustituir al derogado factor de sostenibilidad (FS). Este último habría ligado, de 2023 en adelante, la cuantía inicial de la pensión con la esperanza de vida en la edad legal de jubilación

4 https://planderecuperacion.gob.es/documentos-y-enlaces/boletin-semanal-nextgenerationeu y

Recuadro 5.1: Reformas previstas en el Plan de Recuperación principales avances desde el Boletín anterior

• Reforma del sistema público de pensiones (primera fase). Ley aprobada en diciembre de 2021 (BOE, 2021a).

- Derogación del índice de revalorización de las pensiones y vuelta a la indexación completa y universal al IPC, aumento sustancial de las transferencias del Estado a la Seguridad Social para la financiación de gastos supuestamente impropios de esta última, incentivos para el alargamiento de las vidas laborales. Todo en línea con lo recogido en el proyecto de ley (BOCG-C, 2021a).

- Se ha concretado el diseño del “mecanismo de equidad intergeneracional” (MEI) a través de una enmienda. (Véase el texto para los detalles).

• Reforma de la negociación colectiva y de las modalidades de contratación. En diciembre de 2021 se alcanzó un acuerdo tripartito entre el Gobierno y los agentes sociales que se recoge en el Real Decreto-ley 32/2021 (BOE, 2021b). No está claro todavía si el decreto se tramitará como proyecto de ley, lo que permitiría cambios en el texto que podrían romper el consenso alcanzado entre los agentes sociales.

- Se recupera la ultraactividad indefinida de los convenios y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, pero sólo en materia salarial. Se mantiene la regulación de los cambios unilaterales en condiciones de trabajo y de los costes de despido. Se regula el convenio sectorial aplicable en el caso de subcontratas, que será el de la actividad desarrollada en la subcontrata.

- Se introducen restricciones al uso de la contratación temporal y se endurecen las sanciones por su incumplimiento. Desaparece el contrato temporal por obra o servicio. Los contratos de duración determinada podrán utilizare sólo para hacer frente a picos de producción, estacionales o imprevisibles, o para sustituciones temporales de trabajadores. Se potencia el contrato fijo discontinuo y se introduce un régimen especial para el sector de la construcción. Se modifica la regulación de los contratos de formación, estableciéndose su duración y jornada máximas y su retribución mínima, que se liga al convenio y no puede ser inferior al SMI. Para desincentivar la rotación excesiva, las cotizaciones incluirán una penalización de importe fijo por cada baja en un contrato temporal.

- Se revisa la regulación de los ERTE ordinarios y por causa mayor buscando una mayor flexibilidad (p. ej. se permite afectar o desafectar trabajadores en función de las necesidades de la empresa). Se crea la figura del mecanismo RED, adaptando la figura del ERTE como instrumento permanente para la flexibilización y estabilización del empleo ante crisis cíclicas o reestructuraciones sectoriales.

• Ley de startups (Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes): Proyecto de Ley aprobado en segunda vuelta y enviado a las Cortes (CM del 10 de diciembre).⁵ Texto disponible en MAE (2021).

- Se establecen incentivos para empresas emergentes de carácter innovador. Entre ellos se incluyen un tipo reducido del Impuesto de Sociedades, mayores exenciones por inversión, un mejor tratamiento de las stock options para empleados y un régimen ventajoso de tributación

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211210.aspx#startups

para el personal de estas empresas que se traslade a España para trabajar. Se introduce un procedimiento ad hoc de certificación del carácter innovador por parte de una empresa pública.

• Ley de creación y crecimiento de empresas: Proyecto de ley aprobado en segunda vuelta para su remisión a las Cortes (CM 30 nov.). Texto disponible en BOCG-C (2021b).

• Ley de derecho a la vivienda: Anteproyecto aprobado en primera lectura (CM, 26 oct.). Texto disponible en MTMAU (2021)

Se contempla la introducción de controles de alquileres en “zonas tensionadas” y de recargos sobre el IBI de viviendas vacías.

Se recorta del 60 al 50% la reducción en el rendimiento neto del alquiler de vivienda a efectos del IRPF, pudiendo esta sin embargo ampliarse hasta el 60, 70 o 90% bajo determinadas condiciones cuando se trate de viviendas ubicadas en zonas tensionadas.

Se regulan las obligaciones de los propietarios de viviendas (arts. 1.2 y 11) para garantizar “la función social de la propiedad.” Entre estas obligaciones se incluye “el deber de destinar la misma [vivienda] al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico.”

• Ley General de Telecomunicaciones: Proyecto de Ley aprobado y enviado a las Cortes (CM del 16 de noviembre).⁸ Texto disponible en BGCG-C, (2021c).

- La nueva LGT actualiza la ley vigente, que data de 2014, transponiendo la Directiva por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. No se introducen cambios radicales pero sí algunas novedades significativas y mejoras técnicas.

- Nueva clasificación de los servicios: se abandona el concepto tradicional de comunicaciones electrónicas y se disocia entre tres servicios: acceso a internet, transporte de señal y acceso a comunicaciones interpersonales. Se introduce regulan por primera vez los servicios transfronterizos (cables, puntos de intercambio de Internet) y centros de datos.

- Otras novedades se refieren a la actualización del Servicio Universal, la armonización de derechos de los usuarios con la normativa europea (regulándose por primera vez los contratos de paquetes de servicios) y la revisión de las normas relativas a la gestión del espectro radioeléctrico.

• Reforma de la ley Concursal. Se aprueba en segunda vuelta y se remite a las Cortes el Proyecto de Ley (Consejo de Ministros (CM) de 21 dic.).⁹

• Ley Reguladora de los planes de pensiones de empleo: Anteproyecto de ley aprobado en primera lectura en el Consejo de Ministros (CM) del 23 nov.¹⁰

• Ley de empleo: Anteproyecto aprobado en primera vuelta (CM del 3 diciembre).¹¹ Texto disponible en MTES (2021).

Como hemos argumentado en un Boletín anterior (Boletín Covid número 12)¹², el núcleo de la nueva ley supone un paso atrás en términos de la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, pues contiene cambios que aumentarán muy considerablemente el gasto en pensiones durante las próximas décadas sin introducir medidas compensatorias significativas en materia de contención del gasto o incremento de los ingresos, más allá de traspasar el grueso del déficit actual del sistema (y posiblemente el que pueda surgir en el futuro) desde los presupuestos de la Seguridad Social a los del Estado mediante transferencias destinadas a cubrir gastos supuestamente “impropios” del sistema, que en general no son tales.

⁶ https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211130.aspx#crecer

⁷ Véase https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211026.aspx#transpor_vivienda

⁸ https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211116.aspx#economicos_telecomunicaciones

⁹ Véase https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211221.aspx#ley.

¹⁰ https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211123.aspx#pensiones

¹¹ https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211203.aspx#empleo

¹² Felgueroso y de la Fuente (2021), pp. 21-2. Véase también de la Fuente, García y Sánchez (2020) para un análisis más detallado.

En cuanto al nuevo mecanismo, el MEI tiene tres componentes. El primero es una subida transitoria de las cotizaciones sociales en 0,6 puntos porcentuales (cinco décimas a cargo de la empresa y una décima a cargo del trabajador) que se aplicará entre 2023 y 2032. Los ingresos adicionales obtenidos por esta vía se destinarán a nutrir un (subfondo del) Fondo de Reserva de la Seguridad Social que podrá utilizarse de 2033 en adelante para ayudar a financiar el gasto en pensiones contributivas. El segundo componente del MEI regula la activación de ese (sub-) fondo y limita las disposiciones de activos del mismo a un máximo de 0,2 puntos de PIB anuales. Y el tercero viene a decir que si esas dos décimas de PIB son insuficientes, se abrirán negociaciones con los agentes sociales para buscar otras soluciones. Éstas podrían incluir tanto subidas de cotizaciones u otros aumentos de ingresos como recortes de gasto, con un tope de ocho décimas de punto de PIB al año.

El MEI es la primera medida de la reforma en curso que ayudará a mitigar los problemas de sostenibilidad del sistema público de pensiones (a través de la subida de las cotizaciones), pero su diseño es francamente mejorable por varios motivos. Como se argumenta en de la Fuente, García y Sánchez (2022), el nuevo mecanismo resulta claramente insuficiente para restaurar el equilibrio del sistema, no contribuye precisamente a mejorar su equidad intergeneracional y presenta serios problemas de diseño que parecen ser fruto en parte de una redacción apresurada y poco meditada.

Contratación, negociación colectiva y nuevos ERTEs

También se ha despejado, al menos en parte, la incertidumbre existente hasta ahora sobre el contenido de la otra gran reforma que se ha estado negociando durante este último trimestre, la del mercado laboral. A finales de diciembre de 2021, el Gobierno y los agentes sociales alcanzaron un acuerdo, plasmado luego en un Real Decreto-ley todavía pendiente de tramitación, para modificar la normativa sobre modalidades de contratación, negociación colectiva, subcontratación y ERTEs. No está claro todavía si el decreto se tramitará como proyecto de ley, lo que permitiría introducir cambios que podrían romper el consenso de los agentes sociales.

El decreto deroga algunos aspectos significativos de la reforma de 2013, pero se trata, de una reforma más “suave” de lo esperado que preserva en buena medida la flexibilidad necesaria para la operación de las empresas. Así, se recupera la ultraactividad indefinida de los convenios, lo que en la práctica tiene un efecto limitado dado que dos tercios de los convenios ya incluyen cláusulas en esa línea, y se restablece la primacía del convenio de sector sobre el de empresa, pero sólo en materia salarial. Por otra parte, se introduce importantes restricciones al uso de la contratación temporal junto con fuertes sanciones por su incumplimiento, pero se mantienen márgenes apreciables para el uso de estos contratos por necesidades de producción imprevistas o estacionales y se introducen provisiones específicas para el sector de la construcción que suavizan la eliminación de los contratos por obra o servicio de una forma que quizás convendría extender a otros sectores. Desafortunadamente, se ha optado por actuar únicamente a través de restricciones al uso de contratos temporales sin una reducción de la brecha en la protección de los distintos contratos o mejoras en los incentivos de las empresas para pasar a contratos indefinidos (p.ej. a través de bonus/ malus).

Sorprende que no se haya cambiado la regulación de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en línea con la jurisprudencia (exigiendo proporcionalidad entre las modificaciones adoptadas y las causas alegadas). Los interlocutores han preferido blindar el suelo salarial de los convenios de sector compensando a las empresas con la flexibilidad del Art 41. Esto es una muestra de que los interlocutores tienen sus propios incentivos que no siempre tienen por qué coincidir con el interés general, aunque en su defensa se puede alegar que la prioridad aplicativa de los convenios de sector en materia salarial protege a los asalariados con menores salarios, incluyendo los subcontratados, cuyos sueldos se regularán a partir de ahora por el convenio de la actividad que realizan. En relación con los contratos de formación, es acertada la eliminación del límite de edad (con excepción de los contratos formalizados para la adquisición de certificados de nivel uno y dos) y el ajuste de la duración del contrato con el programa formativo. También es acertada la limitación a la duración y el encadenamiento de lo que era el contrato de prácticas, pero habría que investigar si la retribución mínima establecida no desincentiva la creación de estos contratos y si ofrece incentivos suficientes para que las empresas inviertan en la formación general de los nuevos entrantes al mercado de trabajo tras las subidas recientes en el SMI, que seguirá su senda de crecimiento en lo que queda de la legislatura. En nuestra opinión, el ejecutivo debería contemplar una diferenciación del SMI por edades para poder compatibilizar salarios dignos para los mayores de edad con una remuneración que ofrezca incentivos adecuados a las empresas para ofrecer contratos formativos.

Startups innovadores y otras empresas

El Gobierno ha enviado recientemente a las Cortes el proyecto de ley de startups o empresas emergentes innovadoras. La norma establece incentivos fiscales y ciertas ventajas administrativas para las empresas de reciente creación que cumplan determinados requisitos y tengan carácter innovador. La certificación del carácter innovador, necesaria para acceder a tales beneficios, se encomienda a la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, una empresa pública que hasta el momento se dedicaba a la financiación de “proyectos de emprendimiento innovador.”

Como argumenta Arruñada (2022a), el trato de favor que la norma extiende a ciertas empresas emergentes sólo estaría justificado si existiese evidencia clara de que éstas generan efectos externos positivos y significativos, cuestión a la que apenas se hace referencia en el proyecto de ley. Un aspecto especialmente problemático del texto es que éste no acierta a definir de manera precisa las empresas merecedoras de tales ventajas, optando por establecer un proceso de homologación ad hoc encomendado a una entidad de muy dudosa competencia para certificar qué empresas merecen o no un trato especial.

Dada la dificultad de la imposible tarea de escoger ganadores a priori, hubiera sido preferible establecer normas generales que ofrezcan un marco atractivo para la creación de nuevas empresas y faciliten su desarrollo. Este es, en principio, el objetivo de la nueva ley de creación y crecimiento de empresas, también en proceso de elaboración. El proyecto de ley pretende simplificar o facilitar algunos de los trámites necesarios para crear y poner en marcha una empresa o reducir sus costes. Como argumenta Arruñada (2022b), sin embargo, la norma presenta importantes lagunas que limitan su efectividad.

En particular, el proyecto tiende a centrarse en costes o barreras poco importantes en la práctica, como los ligados a la constitución de sociedades mercantiles, incluida la exigencia de un capital social mínimo de 3.000 euros, en detrimento de otros temas de más calado que merecerían una mayor atención. Entre estos están los costes de arranque no societarios, los costes recurrentes de compliance con diversas regulaciones de discutible necesidad y las barreras derivadas de la exigencia de autorizaciones y licencias de apertura y de la existencia de diversos umbrales regulatorios, en virtud de los cuales la carga fiscal y regulatoria aumenta de forma automática con la dimensión de la empresa, un fenómeno que ha sido criticado de forma reiterada por numerosos informes de organismos internacionales.

Vivienda

Se ha publicado ya el anteproyecto de ley de derecho a la vivienda, aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros. Como se había anunciado, el texto recoge la posibilidad de que se introduzcan controles de alquileres en zonas consideradas “tensionadas” por las CCAA o corporaciones locales competentes, lo que inevitablemente tenderá a agravar los problemas de insuficiencia de oferta que en principio se pretende resolver (véase el Boletín no. 12, p. 23). La norma incluye también muchas otras disposiciones, en las que se intenta entre otras cosas dar contenido al “derecho a la vivienda” y establecer una regulación homogénea de los aspectos esenciales de las políticas públicas de vivienda. Un aspecto particularmente delicado de la norma es la introducción de deberes asociados a la propiedad de la vivienda (arts. 1.2 y 11) con el fin de “garantizar la función social de la propiedad,” lo que podría aumentar la inseguridad jurídica en relación con la propiedad de viviendas que es ya uno de los principales desincentivos al crecimiento de la oferta de alquiler.

Otras normas

Se ha avanzado también en la tramitación de otras normas importantes. El proyecto de reforma de la ley concursal ha sido aprobado por el Consejo de Ministros en segunda vuelta para su remisión a las Cortes. Aunque el texto no se conoce todavía, a juzgar por la nota de prensa se mantienen las grandes líneas del anteproyecto, que ya comentamos en un número anterior de este Boletín.¹³ También está ya en el Congreso el proyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, un texto esencialmente técnico que traspone la directiva europea sobre comunicaciones electrónicas.

5.2. Inversiones y ayudas

En esta sección se repasa la información existente sobre la ejecución de los proyectos de inversión y programas de ayudas incluidos en el Plan de Recuperación. Para cada partida de interés, la primera columna del Cuadro 5.1 muestra el gasto total previsto en el Plan y la segunda recoge aquellas partidas presupuestarias para las que se han abierto convocatorias o licitaciones por parte del Gobierno central o al menos se ha iniciado el proceso de distribución de fondos entre las administraciones autonómicas o locales o hacia las entidades públicas que las ejecutarán en última instancia. El total de esta segunda columna es similar a la cantidad consignada en los PGE para 2021 en concepto de ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), por lo que parece que el grueso de los programas previstos se han puesto en marcha durante el año, si bien ha de tenerse en cuenta que al menos algunas de las partidas movilizadas que se recogen en el Cuadro incluyen fondos para varios ejercicios (lo que no siempre es fácil de detectar).

¹³ Véase el Boletín no. 12, Felgueroso y de la Fuente, 2021, p. 25.

Cuadro 5.1: Gasto con cargo al MRR: total previsto y programas puestos en marcha durante 2021, millones de euros

- Fuentes: Total previsto, Cuadro 5.1 del Boletín no. 11. Gasto en marcha (ver Anexo 2): Referencias del Consejo de Ministros, listado de convocatorias, https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias, y boletín semanal Next Generation EU, https://planderecuperacion.gob.es/documentos-y-enlaces/boletin-semanalnextgenerationeu.

Esto no quiere decir, por supuesto, que todo el gasto previsto en estos programas ya haya sido ejecutado. El Cuadro 5.2 muestra el gasto ejecutado (obligaciones reconocidas) por el Estado hasta el 30 de noviembre de 2021, tomado de las estadísticas mensuales de ejecución de los PGE que publica la IGAE (2021b). El gasto se desglosa aquí por Ministerios, puesto que en muchos casos la información disponible es insuficiente para identificar con precisión el tipo de gasto de cada partida. El Cuadro muestra que con cargo a los 23.000 millones de fondos del PR ya movilizados, se han ejecutado ya casi 9.000 millones de gasto, aunque buena parte de ellos corresponde a grandes partidas que han sido transferidas por el Estado a los organismos y entes públicos encargados de ejecutarlas, como el IDEA, el CDTI o RED.es, o a las comunidades autónomas. En relación con estas últimas, el Cuadro 5.3 muestra el desglose territorial de los más de 11.000 millones de los recursos del PR que hasta el momento se han asignado a esta administraciones, a los que habría que añadir otros 3.000 gestionados por las entidades locales. (GdE, 2021b).

Cuadro 5.2: Gasto del MRR presupuestado en 2021 y ejecutado hasta el 30 de noviembre, por Ministerios millones de euros

- Fuentes: Obligaciones reconocidas hasta el 30 de noviembre. IGAE (2021b), Cuadro GTOS 019 y cuadros del Anexo I.

¹⁴ En el número de agosto de 2021 de IGAE (2021a, p. 28) se ofrecía un desglose de las transferencias con cargo al MRR entre las destinadas a otras administraciones ejecutoras y a entidades no incluidas en el sector público. La información estaba en un apartado muy técnico y un tanto recóndito del informe (en el que se detallan los ajustes necesarios para pasar de contabilidad presupuestaria a contabilidad nacional) y además no se ha incluido en números posteriores. Sería deseable que se ofreciera de forma regular y en un lugar más visible.

Cuadro 5.3: Fondos del PR asignados a las CCAA en 2021, millones de euros

- Fuente: GdE (2021b)

Novedades en relación con los PERTEs

En los últimos meses se ha avanzado también en la definición y articulación de los proyectos estratégicos (PERTEs) previstos en el Plan de Recuperación. En el Boletín 11 de esta serie (Felgueroso y de la Fuente, 2021b, pp. 26-7) se reseñaba la aprobación en julio de 2021 del primero de estos proyectos, el dedicado al vehículo eléctrico y conectado (VEC). A finales de diciembre del mismo año se han aprobado las bases para la concesión de ayudas a las “actuaciones integrales” previstas en el proyecto.¹⁵ A este fin se destinan un máximo de 2.975 millones (hasta 1.425 millones en préstamos y 1.550 en subvenciones) que se concederán en concurrencia competitiva a agrupaciones de empresas que han de incluir pymes y socios tecnológicos con capacidad para realizar las actividades de I+D incluidas en la propuesta.

Tras el PERTE VEC, se han aprobado dos nuevos proyectos estratégicos, uno para el sector sanitario y otro para energías renovables y almacenamiento energético. El PERTE SV (por salud de vanguardia)¹⁶ busca promover el desarrollo de un sector sanitario puntero y digitalizado, potenciando la medicina personalizada de precisión mediante ayudas destinadas a centros científicos y sanitarios y al tejido empresarial y potenciando la colaboración entre todos ellos. El PERTE fue aprobado en el Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 2021 y contará con una aportación de fondos públicos por importe de 982 millones de euros, que se espera ayude a movilizar una inversión privada de 487 millones. Para su gobernanza, se establece una estructura similar a la del PERTE VEC, copresidida por las ministras de Ciencia y Sanidad e integrada por representantes de los ministerios implicados junto con representantes de centros sanitarios y de investigación y empresas del sector.

Por su parte, el PERTE ERHA (energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento)¹⁷ fue aprobado en Consejo de Ministros el 14 de diciembre de 2021 con un presupuesto público de 6.920 millones de euros, distribuido entre diversos componentes del Plan de Recuperación, y una inversión privada complementaria prevista en unos 9.500 millones. Su objetivo es impulsar el sector nacional de energías renovables y el despliegue de estas fuentes de energía.

15 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21612

¹⁶ https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211130.aspx#perte

¹⁷ https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211214.aspx#transicion_perte

ANEXOS

1. Contenido y calendario previsto de las principales reformas recogidas en el PR

La Comisión Europea ha publicado un anexo a la propuesta de decisión de ejecución del Consejo sobre el Plan de Recuperación español (CE, 2021a) en el que se ofrecen detalles adicionales sobre los proyectos y reformas incluidos en el Plan y un detallado calendario de ejecución. Acompaña también a la propuesta de decisión un documento de trabajo de los servicios de la Comisión (CE, 2021b) que incluye algunos detalles interesantes, aunque su status legal no está del todo claro y un documento sobre “operational arrangements” (CE, 2021c) que se solapa bastante con el anterior pero incluye algunos detalles adicionales.

En este anexo se resumen las grandes líneas de las principales reformas incluidas en el Plan y su fecha esperada de entrada en vigor, distinguiendo entre cuatro grandes bloques: mercado laboral, pensiones, educación y ciencia y otras materias.

1.1. Reformas en materia de mercado laboral

• Objetivos generales:

“... principales objetivos son reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, reducir el uso generalizado de contratos temporales y corregir la dualidad del mercado laboral, aumentar la inversión en capital humano, modernizar los instrumentos de negociación colectiva y aumentar la eficacia y la eficiencia de las políticas activas de empleo. .... Algunas de las reformas propuestas se están debatiendo actualmente con los interlocutores sociales a través de un proceso de diálogo social. Por lo tanto, algunos detalles se han dejado explícitamente abiertos.” (CE, 2021a, C23, p. 234). En EC (2021c, p. 267 y otras) se insiste en la necesidad de respetar el diálogo social y que las reformas sean parte de un “comprehensive approach balancing the need for flexibility and security in the labor market….”

• Regulación del teletrabajo: Sept. de 2020. Se han promulgado los reales decretos-ley 28 y 29/2020, uno para el sector privado y otro para el público.

Objetivo: “mejorar la protección y la flexibilidad de los trabajadores, preservando al mismo tiempo la productividad empresarial” (CE, 2021a, C23, p. 234)

“se garantizará las mismas condiciones laborales a quienes trabajan a distancia y a quienes lo hacen de modo presencial, así como el carácter voluntario del teletrabajo, tanto para el trabajador como para el empleador” (CE, 2021a, C23, p. 234)

• Igualdad de género en la retribución y planes de igualdad. Octubre de 2020. Reales decretos 901 y 902/2020. Entrarán en vigor tras un período de seis meses.

• Regulación del régimen laboral de los repartidores de las plataformas digitales. Mayo de 2021, RDL 9/2021. Se establece la presunción de que la relación entre la empresa y el repartidor es de carácter laboral.

• Simplificación de contratos: Previsto 2021-T4. Se busca simplificar el menú de contratos existentes, reduciéndolo a tres tipos principales (estable, temporal y de formación/prácticas). Se quiere “limitar las causas válidas para la utilización de contratos temporales, haciendo que los contratos indefinidos sean la norma general.” (CE, 2021a, C23, p. 236)

• “Modernización” de la negociación colectiva: Previsto 2021-T4. Contenido abierto, dependerá de los resultados de la negociación con sindicatos y patronal. Se dice que “los cambios no darán lugar a obstáculos desproporcionados para que las empresas se adapten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad.” (CE, 2021a, C23, p. 238)

• Reforma de la normativa sobre subcontratación: Previsto 2021-T4. Se pretende “mejorar las condiciones de trabajo y los derechos de las personas que trabajan en empresas subcontratadas” así como impedir “la externalización de servicios a través de la subcontratación cuando se utilice como medio para reducir los estándares laborales de las personas que trabajan para las empresas subcontratistas.” (CE, 2021a, C23, p. 238)

• Nuevos ERTEs permanentes: Previsto 2021-T4. Se pretende introducir mecanismos permanentes de flexibilidad y estabilidad interna y recualificación. Se financiarán a través de un fondo tripartito que se nutrirá de las cotizaciones de empleadores y trabajadores y una aportación del Estado.

• Refuerzo de las políticas activas de empleo y digitalización del SEPE. Previsto 2021 a 2023.

• Reforma del sistema de incentivos a la contratación: Previsto 2022-T4. Se busca simplificar el sistema de incentivos a la contratación, concentrándolos con el objetivo de “mejorar la empleabilidad de colectivos muy específicos de baja empleabilidad.” (p. 238)

• Simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo. Previsto 2022-T4. Se pretende ampliar la protección por desempleo y la duración de los subsidios, así como vincularlos a un itinerario personalizado de activación para el empleo.

1.2. Reformas previstas en materia de pensiones

• Objetivos generales:

” i) asegurar la sostenibilidad financiera del sistema a corto, medio y largo plazo; ii) mantener el poder adquisitivo de las pensiones; iii) preservar la adecuación de las pensiones; iv) proteger a los pensionistas frente a la pobreza; y v) garantizar la equidad intergeneracional…

El componente responde a las recomendaciones específicas por país sobre la preservación de la sostenibilidad del sistema de pensiones (recomendación específica por país 1 de 2019) y sobre la aplicación, cuando las condiciones económicas lo permitan, de políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda…. (recomendación específica por país 1 de 2020).” (CE, 2021a, C30, p. 289).

• “Separación de fuentes” de financiación de la Seguridad Social [sic]: incremento de las transferencias del Estado a la Seguridad Social para financiar ciertas prestaciones que se consideran (muy discutiblemente) gastos impropios. Se comenzó con los PGE de 2021, se reforzará en los de 2022 y se espera completarla antes de 2023-T4.

Las nuevas transferencias cubrirán los siguientes gastos: “i) parte de las políticas de empleo no contributivas; ii) reducciones en la cotización a la Seguridad Social para fomento del empleo; iii) la prestación por nacimiento y cuidado de hijos; iv) gastos relacionados con jubilaciones anticipadas, v) el complemento de pensiones por maternidad; v) pensiones en favor de familiares; vi) medidas de apoyo («subvenciones implícitas») a regímenes especiales; y vii) el coste de complementar las lagunas de cotización para el cálculo de la pensión de jubilación.” (CE, 2021a, C30, p. 290).

- “Annually, the State shall transfer to the Social Security system an amount equivalent to the expenditure non-contributory items. This shall enable the reduction of the Social Security deficit and its transfer to the Central Administration, which has the adequate tolos to address it.” (CE, 2021c, p. 311).

• Garantía del poder adquisitivo de las pensiones: se vuelve a la indexación general de las pensiones a la inflación. Previsto en 2021-T4, proyecto de ley ya aprobado en diciembre de 2021 (BOE, 2021a).

• Alineación de la edad efectiva de jubilación con la legal: revisión de los incentivos económicos para posponer la jubilación y las penalizaciones por adelantarla, se revisa la normativa para facilitar la compatibilidad entre trabajo y pensión, y se prohibe la jubilación obligatoria por convenio. Aprobado en diciembre de 2021, incluido en la misma ley que la indexación de las pensiones (BOE, 2021a).

• Reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos de forma que sus cotizaciones se basen en sus ingresos reales. Previsto 2022-T2.

• Reforma del sistema de pensiones complementarias: desplazamiento de los incentivos fiscales desde los planes de pensiones individuales a los nuevos planes de pensiones de empleo de promoción pública. La reforma se ha iniciado con los PGE de 2021, que reducen la aportación máxima con derecho a deducción hasta 2.000 euros anuales, cantidad que se reduce a 1.500 euros en el proyecto de PGE de 2022 y se espera culminarla en 2022-T2, con la creación de los nuevos planes de empleo de promoción pública, abiertos a todos los trabajadores y empresas y con derecho a mayores deducciones. Anteproyecto de ley aprobado en primera lectura por el Consejo de Ministros en noviembre de 2021.

• Adecuación del período de cómputo de la pensión. Previsto 2022-T4. Se habla explícitamente de extenderlo, pero sólo en el cuadro de hitos y objetivos, pero no en el texto, donde se pone el énfasis en posibles medidas que incrementarán el gasto.

“ajuste del período de cotización para el cálculo de la pensión de jubilación, con el objetivo de reforzar la progresividad del sistema y adaptar la actual normativa a las carreras discontinuas y a otras formas de trabajo atípicas” (CE, 2021a, C30, p. 291).

“Entrada en vigor de la legislación relativa a la adecuación del período de cómputo, extendiendo el período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación” (CE, 2021a, C30, p. 293). Véase también CE (2021c), p. 312.

• Substitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional. Previsto 2022-T4. Incluido en la ley de indexación de las pensiones (BOE, 2021a) pero con un diseño muy discutible.

“Sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo que garantice la equidad intergeneracional y la sostenibilidad presupuestaria. El objetivo de la medida es responder a las repercusiones de los futuros cambios demográficos sin perjudicar a la adecuación de las pensiones actuales y futuras.” (p. 291)

• “Adecuación” de la base máxima de cotización y adaptación de la pensión máxima. Previsto 2022-T4, aunque se implementaría de forma gradual durante un período de 30 años.

“La reforma incrementará la base de cotización máxima del sistema de pensiones y adaptará las pensiones máximas con el fin de ampliar la base de cotización y aumentar la progresividad del sistema de pensiones y los ingresos globales.” (CE, 2021a, C30, p. 292)

• Nuevas proyecciones de gastos e ingresos del sistema público de pensiones. Previsto 2022-T4.

Uno de los hitos previstos en el Plan es la “publicación de proyecciones actualizadas que muestren que las reformas de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022 garantizan la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo.” (CE, 2021a, C30, p. 294).

1.3: Reformas previstas en materia de educación e investigación

• Modificación de la ley orgánica de educación. Previsto 2001-T1, ley ya aprobada: Ley Orgánica 3/2020, BOE (2020).

“… una nueva ley de educación que abarca la educación infantil, la educación primaria y secundaria obligatoria y el bachillerato. Sentará las bases para aumentar las oportunidades educativas y formativas de la población en su conjunto, en particular mejorando los resultados educativos y la detección temprana de dificultades y reforzando la autonomía de los centros educativos. Se centrará en reducir la segregación de los estudiantes por sus condiciones de origen y en mejorar la capacidad inclusiva del sistema.” (CE, 2021a, C21, p. 216).

• Nueva ley de ordenación del sistema integral de Formación Profesional Previsto 2022-T2, el proyecto de ley está en tramitación (MEFP, 2021).

“La nueva ley integrará en un único sistema los dos sistemas de formación profesional existentes en la actualidad, a saber, el de formación profesional del sistema educativo y el de formación profesional para el empleo. Establecerá un sistema integral de aprendizaje permanente para la población de cualquier edad y en cualquier situación personal o laboral, ofreciendo cursos complementarios y acumulativos que den lugar a nuevas cualificaciones. También deberá ir acompañada de un proceso de orientación a lo largo de toda la vida.” (CE, 2021a, C20, p. 209)

• Reforma de la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Previsto 2022-T2.

“El objetivo de esta medida es reforzar el marco regulador del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación, con el fin de mejorar la gobernanza y la coordinación del sector, lograr una carrera científica atractiva y mejorar la transferencia de conocimientos del ámbito de la investigación al de la aplicación a productos y servicios en beneficio de la sociedad.” (CE, 2021a, C17, p. 173).

• Reforma integral del sistema universitario, incluyendo una nueva ley orgánica del sistema universitario. Previsto 2023-T4.

“La nueva Ley Orgánica tiene por objeto promover el acceso a la enseñanza superior, adaptar la organización de los cursos universitarios, garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador. La reforma mejorará la adecuación de la enseñanza superior al mercado laboral, incluido el fomento de la cooperación con instituciones del sector privado y público-privado y la introducción de una financiación basada en los resultados de las universidades….” (CE, 2021a, C21, p. 222).

1.4: Reformas previstas en otras materias

Refuerzo de la evaluación de las políticas públicas (CE 2021a, C11 y C29, pp. 101- 13 y 284-88)

• Creación de una nueva división de evaluación de la AIReF. Previsto 2021-T2, ya en vigor mediante Real Decreto 793/2021, de 14 de septiembre.

• Ley de refuerzo de la evaluación de políticas públicas. Previsto 2021-T4. En tramitación: se está elaborando un anteproyecto de ley de evaluación, que ya ha sido 18 sometido a consulta previa.

• Promulgación de los estatutos de un nuevo organismo público de evaluación. Previsto en 2023-T3.

18https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/participacion_proyectos/consulta_previa/proyectos/2021/20 21-05-17.html

Reforma de la normativa concursal y preconcursal (CE 2021a, C13, pp. 124-46)

• Reforma de la ley concursal. Previsto 2022-T2. En tramitación: se ha publicado el anteproyecto (MJAE, 2021) y se ha aprobado en segunda vuelta en Consejo de Ministros.

“La reforma incluirá el establecimiento de un procedimiento de segunda oportunidad para personas naturales más eficaz, que permita una exoneración de las deudas sin liquidación previa de los activos de la parte insolvente. Además, se introducirán los planes de reestructuración exigidos por la Directiva (UE) 2019/1023 de insolvencia, como un nuevo instrumento preconcursal que mejore la eficacia de los instrumentos pre-concursales actualmente aplicables, con el objeto de prevenir la insolvencia y el concurso subsiguiente. También se introducirá un procedimiento especial para las micropymes, que reducirá la duración y el coste del procedimiento y que se tramitará íntegramente por medios electrónicos.” (p. 125)

• Nueva ley de vivienda. (CE 2021a, C2, pp. 15-28). Previsto 2022-T3

“La Ley regulará diversos instrumentos de planificación, programación y colaboración para garantizar el cumplimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada e incluirá, como una de sus prioridades, la rehabilitación y mejora del parque de viviendas existente, así como la regeneración y renovación de los entornos residenciales en los que se encuentran.

Además, fomentará un aumento de la oferta de viviendas asequibles y sociales velando por el cumplimiento de los requisitos actualmente establecidos para los edificios de consumo de energía casi nulo … e impedirá que se adopten medidas que puedan obstaculizar la oferta de vivienda a medio plazo.” (p. 17)

• Reforma fiscal (CE 2021a, C28, pp. 276-83). Previsto 2023-T1. Hay un comité de expertos trabajando en una propuesta que deberá entregarse en febrero de 2022.

“Los objetivos que se persiguen con la reforma del sistema tributario español son hacerlo más equitativo, progresivo, sostenible y justo y, al mismo tiempo, profundizar en el diseño de una fiscalidad verde, incorporar la perspectiva de género y potenciar políticas públicas de interés general, como la protección de la salud. Las reformas también tienen por objeto fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo, la resiliencia económica y la cohesión interterritorial. Dado que la proporción global de ingresos tributarios en relación con el PIB en España es inferior que la de las economías comparables, existe margen para aumentar los ingresos y fomentar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo” (p. 276)

• Revisión de la ley de aguas. (CE 2021a, C5, pp. 55 y 58) Previsto 2023-T2.

“La reforma abordará la revisión y actualización de la Ley de Aguas, sus reglamentos y demás normativa derivada, de modo que se garantice un marco legal favorable al incremento de las inversiones” (p.55)

“Modificación de la Ley de Aguas para incluir una modificación del canon de control de vertidos de aguas residuales y del sistema de recuperación de los costes de las infraestructuras hídricas en consonancia con los principios de «quien contamina paga» y de «recuperación de costes».” (p. 58)

• Nueva ley de movilidad sostenible y financiación del transporte (CE 2021a, C1, pp. 2 y 6) Previsto 2023-T4.

“La ley … contemplará … la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de «quien contamina paga». El objetivo de esta medida es internalizar los costes externos del transporte por carretera, creando a tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector y propiciando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.“ (p. 2)

• Nueva ley de la función pública, buscando la mejora de la gestión de recursos humanos en el sector público. (CE 2021a, C11, pp.106-7). Previsto 2022-T4

2. Información adicional sobre la ejecución del PR

El Cuadro A2.1 contiene un listado tentativo de proyectos y programas del PR que, en algún sentido, se han puesto en marcha junto con sus dotaciones presupuestarias. En él se recogen las convocatorias de ayudas y licitaciones del Gobierno central que aparecen en la página web del Plan junto con otras partidas cuya tramitación se ha iniciado. Aquí se incluyen, entre otras, las que ya cuentan con decretos u otras normas aprobados en los que se fijan las bases de futuras convocatorias y las que han sido objeto de propuestas de reparto entre las comunidades y ciudades autónomas aprobadas por el Consejo de Ministros. Algunas de estas propuestas han de ser aprobadas por las correspondientes conferencias sectoriales antes del traspaso de los correspondientes fondos y la puesta en marcha por las comunidades autónomas de las correspondientes convocatorias o licitaciones.

Cuadro A2.1: Proyectos y programas puestos en marcha durante 2021

C01 Movilidad sostenible 2.624 Ayudas a municipios para zonas de bajas emisiones y la transformación del transporte urbano 1,000 I1 Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano, CCAA 900 I1 Ayudas para transformación flotas de transporte de personas y mercancías 174 I2 Plan MOVES III, ayudas compra vehículos e instalación puntos recarga 400 I2 Programa MOVES Proyectos Singulares II: desarrollo vehículo eléctrico 100 Programa MOVES FLOTAS: incentivos para electrificación de flotas de vehículos ligeros 50 C02 Rehabilitación y regeneración urbana 3.476 I1 Rehabilitación en entornos residenciales 1.151 I1 Incentivos fiscales para la rehabilitación energética de vivienda 450 I2 Construcción de vivienda social 1,000 I4 PREE 5.000: rehab edificios en pueblos de menos 5.000 hab 50 I4 DUS 5000: proyectos singulares de energía limpia en pobs. e menos de 75 I5 Rehabilitación de edificios públicos 480 I6 Ayudas elaboración proyectos piloto de planes de acción local 20 Transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero 223 I1 Modernización regadíos 52 I3 Bioseguridad en sanidad animal y vegetal 13 I4 Agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular 103 I4 Ayudas para eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 30 Agroimpulso: préstamos participativos para proyectos empresariales de base tecnológica 13 I8 I+D cadena de comercialización pesquera 9 I9 Digitalización sector pesquero 4 C04 Conservación de la biodiversidad terrestre y marina 550 I2-I4 Conservación de la biodiversidad terrestre y marina 411 I2 Ayudas para la promoción de la bioeconomía 20 I2 Ayudas Fundación Biodiversidad 8 I3 Renaturalización y resiliencia de ciudades 58 C05 Preservación del espacio litoral y recusos hídricos 177

I1 Abastecimiento de agua en pequeños municipios 100 I1 Depuración y saneamiento 2 I2 Restauración ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundación 75 C06 Movilidad sostenible, segura y conectada 859 I1-2 Infraestructuras ferroviarias, ADIF 585 I2 Carreteras, DG de Carreteras 64 I3 Actuaciones de logística 100 I4 actuaciones de digitalización de las CCAA en materia de transporte: 110 C07 Despliegue e integración de energías renovables 700 I1 Instalaciones de autoconsumo de energias renovables 550 I1 A CCAA para incentivos a renovables térmicas 150 C08 Infraestructuras eléctricas, redes y almacenamiento 387 I1 Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo 110 I1 Proyectos de I+D en almacenamiento energético, 1a anualidad 50 I2 Digitalización redes, anualidad 2021 227 C9 Hidrógeno reenovable 400 I1 Actuaciones diversas 400 C10 Estrategia de transición justa 150 I1 Restauración ambiental zonas degradadas por minería carbón 150 I1 Infraestructuras ambientales, sociales y digitales en zonas afectadas 91 C11 Modernización de las Administraciones públicas 731 I1? Digitalización tribunales económico-administrativos 27 I2 Proyecto 0 de Justicia 2030 (digitalización) 21 I2 Justicia 2030: procedimiento judicial electrónico 60 I2 A CCAA para digitalización justicia 2030 63 I2 Sistema integrado de informática de la Seguridad Social 56 I2 Modernización sistemas de gestión de personal del Ministerio de Defensa 7 I2 Transformación digital en el Sistema Nacional de Salud 11 I2 Transformación digital de la Seguridad Social, apoyo técnico 6 I3 Transf digital y modernización de los municipios de más de 50.000 habs. 93 I3 Transformación digital y modernización de las CCAA, 2021 118 I4 Renovación energética de edificios del Ministerio de Justicia 7 I4 Renovación energética edificios del Patrimonio sindical acumulado 98 I4 Renovación energética de edificios del Ministerio del Interior 91 I4 Renovación energética Ministerio de Defensa 10 C12 Política Industrial España 2030 1.739 I2 Activa financiación. Proyectos de I+D en la industria conectada 95 I2 Planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria 94 I2 Cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado (PERTE VEC)* 1.550 C13 Impulso a la PYME 3.287 I1 Programa de Atracción de Emprendimiento Femenino 10 I2 Ayudas innovación “Activa Startups” 44 I3 Proyectos de emprendimiento digital femenino 51 I3 Apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras, año 2021 20 I3 Ayudas digitalización de pymes y autónomos, varias anualidades 3.067 I3 Ayudas creación red de oficinas Acelera PYME en entornos rurales 24 I4 Modernización del comercio minorista 66 I4 Apoyo de la actividad comercial en zonas rurales 5 C14 Plan de modernización y competitividad del sector turístico 848 I1 Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos para entidades locales 660

I3 Impulso competitividad turística en territorios extrapeninsulares 46 I4 Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas 32 I4 Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico 110 C15 Conectividad digital y 5G 1.065 Programa Unico (banda ancha), extensión banda ancha a zonas sin cobertura 250 I2 Programa Unico, infraestructuras de banda ancha 250 I2 A CCAA para refuerzo conectividad en centros públicos 150 I2 A CCAA para refueezo conectividad en p. industriales y centros logísticos 100 I3 Bono social para conexión a banda ancha 30 I4 A CCAA para mejora instalaciones de comunicaciones en edificios 80 I6 Ayudas para proyectos innovadores de 5G. Prog. UNICO-5G I+D 95 C16 Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 177 Progama misiones de I+D en inteligencia artificial, grandes retos sociales 50 I+D en inteligencia artificial e integración en cadenas de valor, RED.es 105 Quantum Spain, refuerzo capacidades de supercomputación cuántica 22 C17 Fortalecimiento del sistema nacional de ciencia y tecnología 1.510 I1 Subvenciones a CCAA para planes complementarios de I+D+i 134 I2 Infraestructuras científicas y técnicas singulares 38 I2 Infraestructuras Instituto Carlos III de Salud 15 I2 Convocatoria 2021 de ayudas para la adquisición de equipamiento 180 I2 Al CERN para proyectos de investigación 13 I2 Refuerzo sistema I+D, varios 28 I3 Proyectos de investigación en líneas estratégicas, en colaboración público- 86 I3 Proyectos de I+D+i para pruebas de concepto 40 I3 Proyectos estratégicos orientados a la transición ecológica y digital 296 I3 e I6 Programa Misiones Ciencia e Innovación, CDTI 141 I4 Ayudas Ramón y Cajal - formación, 2021-23 153 I4 Ayudas J de la Cierva- formación, 2021-23 32 I5 Programa Neotec 36 I5 Ayudas proyectos con sello de excelencia en convocatoria Horizonte 20 I6 Medicina personalizada de precisión 30 I6 Acción Estratégica en Salud 2017-2020 135 I7 Creación Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético 53 I8 Programa Tecnológico automoción sostenible 40 I9 Programa Tecnológico Aeronáutico 40 C18 Mejora de las capacidades del sistema nacional de salud 969 I1 Inversión en equipos de alta tecnología 944 I2 A la FEMP para la promoción de estilos de vida saludables 6 I2 proyectos prevención y tratamiento de adicciones 7 I3 Red de vigilancia en salud pública, CCAA 13 C19 Plan Nacional de Capacidades Digitales 1.229 I1 Formación en competencias digitales, por parte de las CCAA 140 I2 Adquisición de dispositivos portátiles 149 I2 Instalación y mantenimiento de aulas digitales interactivas 821 I2 Formación del profesorado 19 I1 Formación en competencias digitales, por parte de las CCAA 140 I3 Transformación digital 2021: formación digital para ocupados 50 I3 Form. digital trabajadores del plan de fomento del empleo agrario, profea 50 C20 Plan estratégico de impulso a la Formación Profesional 419 I1 Evaluación y certificación de competencias profesionales 116 I1 Reskilling y Upskilling de la población activa 88

I2 Espacios de tecnología, aulas de emprendimiento y formación profesores 19 I3 Aumento de la oferta de formación profesional 73 I3 Potenciación de la oferta bilingüe de ciclos formativos 93 Proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en FP 24 C21 Modernización y digitalización del sistema educativo 748 I1 A CCAA para nuevas plazas públicas de primer ciclo de educ. infantil 201 I2 Programa PROA+ 78 I3 Acompañamiento y Orientación del alumnado vulnerable 30 I4 Ayudas universid. para estancias de formación y para atracción de talento 362 I5 Ayudas digitalización universidades 77 C22 Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión 270 I1 Proyectos de innovación en el ámbito de los cuidados de larga duración, 110 I2 Moderrnización de los servicios sociales 50 I3 Accesibilidad a la vivienda de personas mayores 50 I4 Sistema telemático de seguimiento de medidas cautelares violencia genero 41 I4 A la FEMP para modernización de ATENPRO, anualidad 2021 12 I4 Convenio Save de Children 8 C23 Nuevas políticas públicas para el mercado de trabajo 521 I1 Programa Investigo, anualidad 2022 59 I1 Prog. Primera experiencia profesionl en el sector publico, anualidad 22 96 I1 Programa Tandem de formación alternando con el empleo, an 22 80 I2 Apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y urbano 4 I3 Convocatoria Programas de Formación Sector Turismo 40 I3 Recualificación de trabajadores incluidos en ERTEs 119 I4 Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad 14 I7 Itinerarios de inclusión IMV: convenios con AATT y ONGs, pr. piloto 109 C24 Revalorización de la industria cultural 54 I1 Digitalización de operadores de gestión de derechos de propiedad 10 I1? Ayudas para la producción de largometrajes 12 I1 Modernización de las estructuras de gestión artística 18 I2 Artes escénicas y musicales 22 I2 Mejora fondos bibliotecas públicas 10 I2 Rehabilitación antiguo edificio de Tabacalera en Madrid 6 C25 España hub audiovisual de Europa 52 I1 Ayudas a salas de cine 17 I1 Fomento de la internacionalización de la industria audiovisual española 25 I1 Impulso sector audiovisual 10 C26 Plan de fomento del sector del deporte 124 I2 Modernización de Centros de Alto Rendimiento 49 I2 Ayudas a CCAA para modernizar las instalaciones deportivas. 75 Total 23.409

- Fuente: Referencias del Consejo de Ministros, PdG (2021), convocatorias del Plan de Recuperación https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias y Boletín semanal Next Generation EU https://planderecuperacion.gob.es/documentos-y-enlaces/boletin-semanal-nextgenerationeu De todas estas fuentes, se excluyen algunas actuaciones con presupuestos muy reducidos. También se intenta evitar duplicidades, pues en algunos casos el mismo proyecto aparece varias veces, p. ej. en el momento de publicación de la convocatoria y en el de concesión. (*) Aparte de la cantidad aquí indicada, se prevé aportar otros 1.425 millones en préstamos.

3. Datos de afiliación y empleo efectivo por sectores y CCAA

Con este documento se adjunta una hoja Excel (sectores&CCAA_dic21.xlsx) con datos mensuales de afiliación a la Seguridad Social, afectación a ERTEs y beneficiarios de prestaciones por cese de actividad desde el inicio de la pandemia que pueden ser útiles para analizar la evolución del empleo a nivel de sectores de actividad o actividades CNAE a dos dígitos y de comunidades autónomas. La hoja es una versión actualizada de la que acompañaba a de la Fuente (2020a) a la que se han incorporado también datos de comunidades autónomas.

Referencias

a. Fuentes estadísticas

https://w6.seg-social.es/PXWeb/pxweb/es/

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, 2020a). Resumen mensual de datos estadísticos. Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo. http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-avance/datos.html

b. Plan de Recuperación y reformas asociadas

BOE (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE (2021a). Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21652.pdf

BOE (2021b). Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf véase también: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211228.aspx#reforma

Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG-C, 2021a). Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Congreso de los Diputados, Serie A: proyectos de ley, no. 66-1, 6 de septiembre de 2021. Madrid. https://www.congreso.es/publicoficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-66-1.PDF

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados (BOCG-C, 2021b). Proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas. https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-76- 1.PDF#page=1

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados (BOCG-C, 2021c). Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-74-1.PDF

Comisión Europea (CE, 2021a). Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. Bruselas. https://planderecuperacion.gob.es/documentos-y-enlaces

Comisión Europea (CE, 2021b). Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la propuesta de decisión de ejecución del Consejo. Análisis del plan de recuperación y resiliencia de España. Bruselas. https://planderecuperacion.gob.es/documentos-y-enlaces

de la Fuente, A., M. Fernández, D. Rodríguez y otros (2021). “El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: un resumen anotado.” Informes y papeles del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19. FEDEA Policy Papers no. 2021-22. Madrid. https://bit.ly/3v5Avja

European Commission (CE, 2021c). Annex to the Commission Decision approving the Operational Arrangements between the Commission and Spain pursuant to Regulation (EU) 2021/241. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/countersugned_es-_rrf.pdf

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1. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MAE, 2021). Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (“ley de start ups”) https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/participacion_publica/ audiencia/ficheros/210706-APL-START-UPS.pdf

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1. Ministerio de Educación y de Formación Profesional (MEFP, 2021). Proyecto. Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. Madrid. https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:bc5488c3-4ce8-490b-880e-1969895f74b6/00-proyecto-ley-fp-consejo-ministros-07-09-21.pdf

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1. Ministerio de Trabajo y Economía Social (MTES, 2021). Modernización de las políticas activas de empleo. Anteproyecto de ley de empleo. https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/031221 -Presentacion_Ley_Empleo.pdf

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1. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MTMAU, 2021). Anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda. https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/01_apl_vivien da_nt_26_octubre.pdf

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1. Ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MJAE, 2021). Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL% 20Insolvencia%20Tramitaci%C3%B3n.pdf

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1. Parlamento Europeo (PE, 2021). Establecimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0038ES.pdf

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1. Presidencia del Gobierno (PdG, 2020a). Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Gobierno de España, Madrid. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020PlanR ecuperacion.pdf

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1. Presidencia del Gobierno (PdG, 2021). Referencias del Consejo de Ministros. https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx

c. Otras referencias

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