¿Cómo afectan los impuestos y las prestaciones públicas a los hogares en riesgo de pobreza?

JULIO LÓPEZ LABORDA

CARMEN MARÍN GONZÁLEZ

JORGE ONRUBIA

Estudios sobre la Economía Española 2022/10

Mayo de 2022

fedea

Las opiniones recogidas en este documento son las de sus autores y no coinciden necesariamente con las de Fedea.

Julio López Laborda Universidad de Zaragoza, FEDEA y Equalitas

Carmen Marín González FEDEA

Jorge Onrubia Universidad Complutense de Madrid (ICEI-UCM), FEDEA y Equalitas

(mayo de 2022)

Resumen: El trabajo examina cómo afecta a los hogares españoles en riesgo de pobreza la intervención pública llevada a cabo a través de impuestos (directos e indirectos) y prestaciones públicas (monetarias y en especie), en el año 2018. El análisis se realiza, en primer lugar, de forma agregada, comparando el impacto distributivo de impuestos y prestaciones en los hogares situados bajo el umbral de pobreza y en los demás hogares. Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos para diversas tipologías de hogares según su tamaño, composición y edades, así como según la fuente principal de sus ingresos. En todos los casos, se han obtenido también resultados diferenciando según el sexo del sustentador principal del hogar. El saldo de la intervención pública (prestaciones – impuestos) para los hogares en riesgo de pobreza es claramente positivo: un 50,5% de su renta bruta (59,1% para los hogares sustentados por mujeres y 44,9% para los sustentados por hombres), frente a un 1,8% negativo para el resto de los hogares.

Palabras clave: Riesgo de pobreza, impuestos, prestaciones públicas.

Códigos JEL: D31, D63, H23, I32, I38.

Agradecimientos: Algunos resultados previos de este trabajo se publicaron en la revista Documentación Social, nº 9, 2021. Agradecemos los comentarios de Ángel de la Fuente. Julio López Laborda agradece la financiación del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón (proyecto S23_20R, Grupo de Investigación de Economía Pública).

1. Introducción

La pobreza no es un fenómeno exclusivo de los países en desarrollo. En las dos décadas transcurridas del siglo XXI, la gran mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea muestra una tendencia preocupante en cuanto al número y proporción de hogares pobres. De acuerdo con los datos ofrecidos por Eurostat (2021a), la población en riesgo de pobreza en la Unión Europea a 27 (UE-27), después de transferencias monetarias e impuestos directos pagados por los hogares, aumentó durante la Gran Recesión desde el 16,5% de 2010 hasta el 17,5% de 2016. Con la recuperación económica se produjo una ligera reducción, retornando en 2019 la tasa de pobreza al 16,5%. Ahora bien, detrás de esta media ponderada existe una gran heterogeneidad por países, desde el 23,8% de Rumanía al 10,1% de la República Checa.¹

España presentaba en 2019 la quinta tasa más elevada de pobreza relativa de la UE-27, por detrás de Rumanía, Letonia, Bulgaria y Estonia. En la figura 1.1 se muestra su evolución desde 2010.

Figura 1.1 Evolución de la pobreza en España (2010-2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV (INE, 2021).

¹ La tasa de pobreza relativa se calcula a partir de un umbral de pobreza relativa determinado por el 60% de la mediana de la renta disponible equivalente del país. En consecuencia, esta medida de pobreza monetaria puede aparejar la existencia de diferencias notables entre países respecto de la capacidad adquisitiva de los hogares situados por debajo del umbral.

Sin duda, la irrupción de la pandemia de la COVID-19 a comienzos del año 2020 ha tenido un impacto directo sobre la generación de ingresos de los hogares y, consecuentemente, sobre las tasas de pobreza. Las respuestas de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea a través de sus políticas económicas y sociales, respaldadas por las acciones de financiación puestas en marcha con prontitud por la Unión Europea, han ido dirigidas en buena medida al mantenimiento de rentas, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Como es sabido, los datos proporcionados por las encuestas del programa de Eurostat Survey of Income and Living Conditions (EU-SILC) son esenciales para medir la pobreza en los países de la Unión Europea y sus repercusiones. Sin embargo, el desfase temporal existente entre la obtención de la información y la publicación de resultados anuales impide hasta la fecha disponer de datos para el análisis de los años 2020 y 2021.²

No obstante, desde el comienzo de la pandemia, han ido publicándose trabajos con estimaciones, generalmente basadas en ejercicios de simulación a partir de las últimas olas disponibles de la EU-SILC, del impacto de la pandemia en el nivel de ingresos de los hogares, así como en la desigualdad y en las tasas de pobreza.³ Para el conjunto de la UE-27, Eurostat (2021b) estima que la pobreza se habría mantenido estable en 2020, aunque con una gran diversidad por países y grupos de edad. En esta misma línea, Almeida et al. (2021) encuentran que la respuesta rápida de los gobiernos nacionales, aprobando medidas fiscales de mantenimiento de rentas, sustentadas por la política fiscal expansiva de la Unión Europea, habría amortiguado el impacto negativo de la COVID, reduciendo la caída de la renta media disponible equivalente del -9,3% al -4,3%, lo que, a su vez, habría mitigado en alrededor de un 20% el aumento de la tasa de pobreza que habría tenido lugar sin esas medidas (0,8 puntos frente a un punto porcentual). Resultados similares son obtenidos por Christl et al. (2021), que concluyen, primero, que el impacto de la COVID-19 sobre la desigualdad de la renta fue compensado, en gran medida, por el sistema de prestaciones y ayudas fiscales en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea: para el conjunto de los hogares, el índice de Gini de la renta de mercado aumentó de 0,499 a 0,505, mientras que el de la renta disponible descendió ligeramente, de 0,289 a 0,287;

² Dado el enorme impacto de la pandemia sobre los ingresos y las condiciones de vida de los hogares y el indudable interés de su análisis, Guio et al. (2021) han recomendado la adopción de una serie de medidas que deberían incorporarse en la EU-SILC, algunas actualmente en consideración en el seno de Eurostat.

³ Los trabajos reseñados a continuación ofrecen comparaciones para el conjunto de países de la Unión Europea (en varios de ellos, incluyendo el Reino Unido) o para una selección de estos. Por razones de espacio, no incluimos en esta revisión los numerosos estudios concretos de país que, de forma creciente, han ido publicándose.

y segundo, que la tasa AROPE de riesgo de pobreza estimada para 2020, usando el umbral relativo habitual, habría descendido del 16,3% al 15,9%.

En un análisis para Bélgica, Italia, España y el Reino Unido, Cantó et al. (2021) estiman que los ingresos de mercado de los hogares, en términos equivalentes, cayeron durante el primer momento de la pandemia entre un 16% y un 18% en España y Bélgica, y entre un 24% y un 26% en el Reino Unido e Italia, respectivamente. La aplicación de medidas presupuestarias por parte de los gobiernos habría reducido esas pérdidas medias en la renta disponible de los hogares al 4% en Bélgica y España, al 6% en Italia y al 8% en el Reino Unido. En cuanto a la desigualdad de la renta, esta se habría mantenido prácticamente igual, mientras que la tasa de pobreza habría aumentado significativamente, aunque con diferente intensidad según el país (más de 3 p.p. en Italia, 2 en el Reino Unido y 1 p.p. en Bélgica y España). Como factores determinantes de estas diferencias en el impacto en la pobreza, los autores señalan: a) la dimensión asimétrica del shock; b) las diferencias existentes en el sistema fiscal y en el de prestaciones; c) las diferencias en el diseño de las medidas adoptadas; y d) las diferencias de la composición y hábitos socioeconómicos de los hogares.

Utilizando datos en tiempo real para Francia, Alemania, Italia, España y Suecia, Menta (2021) encuentra que, tras el comienzo de la pandemia de la COVID, las tasas de pobreza crecieron de enero a mayo de 2020 en todos estos países, aunque posteriormente descendieron parcialmente, hasta septiembre, cuando finaliza el período de análisis. No obstante, el comportamiento de la pobreza fue heterogéneo entre países, con Italia como país más afectado y Francia en el otro extremo, destacándose también la ampliación de las diferencias regionales de pobreza en Italia y España. Además, este trabajo evidencia que las tasas de pobreza aumentaron con mayor intensidad en el caso de los individuos jóvenes y las mujeres, así como para los asalariados, aunque con diferencias significativas entre países.

Desde una aproximación basada en el cálculo de las pérdidas salariales potenciales para diversos horizontes temporales de duración de los cierres de la actividad económica, teniendo en cuenta si durante los mismos los puestos de trabajo se consideraron esenciales, admitían el teletrabajo o correspondían a actividades que sufrieron cierres, Palomino et al. (2020) estimaron que estas pérdidas fueron sustanciales y bastante desiguales a lo largo de la distribución de renta, en todos los países de la Unión Europea. Para los 29 países europeos considerados en su estudio, estos autores estiman incrementos medios de las tasas de pobreza en una horquilla de 4,9 a 9,4 p.p., con reducciones medias de los ingresos salariales para los trabajadores pobres entre el 10% y el 16,2%. Estas caídas de las rentas salariales habrían generado, según sus estimaciones, aumentos de la desigualdad entre el 3,5% y el 7,3% del índice Gini, si bien hay que advertir que no se tiene en cuenta ninguna medida de mantenimiento de ingresos de las aplicadas por los gobiernos.

Para el caso español, Martín-Carretero y Macías-Aymar (2020), mediante un ejercicio basado en proyecciones del desempleo y de los impuestos y prestaciones monetarias (sin incluir el ingreso mínimo vital), estiman que, durante 2020, el desempleo generado por la pandemia habría originado caídas de ingresos superiores al 9% en los tres primeros deciles, siendo la pérdida del primer decil (-20,5%) 8,5 veces superior a la sufrida por el último decil (-2,4%) y 7,3 y 7,9 veces superior a las experimentadas por los deciles 8 y 9, respectivamente. Este cambio en la distribución de las rentas habría provocado un incremento de la pobreza relativa de 1,57 puntos, con una caída de la renta mediana del 14,8%, lo que habría situado al 23,1% de la población española bajo el umbral de la pobreza, aproximadamente 10,8 millones de personas. Alternativamente, se calcula la tasa de pobreza relativa para el umbral de pobreza previo a la pandemia, lo que elevaría la tasa de pobreza monetaria relativa de 2020 al 25,96% de la población y la pobreza severa alcanzaría al 10,51%. En el caso de la desigualdad, se estima que el índice de Gini de la renta disponible habría aumentado en 1,72 p.p. respecto a 2019, situándose en 34,24, valor similar al alcanzado en 2012, en plena crisis financiera.

No obstante, como advierte Ayala (2021), no resulta sencillo predecir la evolución de la pobreza y valorar la pérdida real de bienestar producida, puesto que, como se acaba de comprobar, el umbral utilizado en las medidas relativas para determinar qué hogares son considerados pobres cambia al variar la distribución de renta entre dos momentos del tiempo. Por ello, propone, alternativamente, considerar la evolución del porcentaje de hogares sin ningún ingreso que trimestralmente ofrece la Encuesta de Población Activa, a menudo utilizado como un indicador de pobreza severa. Desde mediados de marzo de 2020 hasta el final del segundo trimestre de ese año, este indicador aumentó de forma significativa, si bien, con la apertura de una parte sustancial de las actividades económicas, en el tercer trimestre de 2020 se produjo un importante retroceso, aunque el indicador se mantuvo por encima del nivel previo a la pandemia. Si se observa el porcentaje de hogares con todos los miembros activos en paro, este indicador siguió creciendo en el tercer trimestre de 2020, aunque a menor ritmo que en el segundo. Ayala (2021: 22) concluye que, de cualquier manera, la pandemia habría supuesto “un freno en el proceso de reducción de la pobreza cuando todavía no se había cerrado la brecha respecto a los niveles anteriores a la crisis de 2008”.

La actuación del sector público resulta crucial para reducir la pobreza. Además de las políticas dirigidas a aumentar la renta de mercado percibida por los miembros de los hogares más vulnerables, las prestaciones sociales suelen ser el instrumento más utilizado para combatir la pobreza, tanto las de carácter monetario como aquellas proporcionadas en especie en bienes preferentes como la sanidad, la educación, la atención social o la vivienda. En este sentido, una forma habitual de comparar entre países la efectividad de los sistemas de protección social es la observación de las tasas de riesgo de pobreza, antes y después de que operen las transferencias.

Nuestro objetivo con este trabajo es analizar cómo afecta la intervención pública, a través de impuestos y prestaciones, a los hogares españoles en riesgo de pobreza, comparando sus resultados con los obtenidos para el resto de los hogares residentes en España. A tal fin, por el lado de la imposición, consideraremos tanto los impuestos directos como los indirectos. Y por el lado de las prestaciones sociales, tanto las monetarias como las que se perciben en especie.

Tras esta introducción, el artículo se estructura de la siguiente manera. En la segunda sección presentamos, de forma breve, las consideraciones metodológicas seguidas en el análisis realizado. En la tercera sección mostramos los principales resultados obtenidos por tipos de impuestos y prestaciones. La cuarta sección muestra los resultados anteriores de acuerdo con la tipología de hogares según su tamaño, composición y edades, así como según la fuente principal de sus ingresos. En todos los casos, se han obtenido también resultados diferenciando según el sexo del sustentador principal del hogar. El trabajo finaliza con una síntesis de sus principales conclusiones.

2. Cuestiones metodológicas

La tasa de riesgo de pobreza utilizada en este trabajo es la empleada por Eurostat: el porcentaje de hogares con una renta disponible equivalente por debajo del umbral del riesgo de pobreza, determinado en el 60 % de la mediana de la renta disponible equivalente de los hogares de cada país. A estos efectos, la renta disponible de los hogares se calcula sumando todos los ingresos monetarios y en especie recibidos por cada uno de los miembros del hogar, lo que incluye las rentas de mercado de cualquier fuente, las transferencias recibidas de otros hogares y las prestaciones sociales monetarias; al resultado, que se denomina renta bruta, se le restan los impuestos directos y las cotizaciones sociales pagadas. Para tener en cuenta las diferencias en el tamaño y composición de los hogares, se calcula la renta bruta y disponible “equivalente” del hogar, aplicando la “escala de equivalencia de la OCDE modificada”, lo que permite comparar entre hogares por unidad de consumo.⁴

⁴ Esta escala de equivalencia asigna un peso de 1 al primer adulto del hogar, de 0,5 a cada uno de los restantes miembros del hogar mayores de 14 años y de 0,3 a los miembros menores de 14 años.

En este trabajo utilizamos los datos sobre renta, impuestos y prestaciones para el año 2018 procedentes del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles publicado por FEDEA (López-Laborda et al., 2016, 2021). Precisamente, para 2018, el Observatorio incorpora una nueva definición de la renta de mercado que incluye, además de las rentas directamente percibidas de los pagadores, la renta procedente de los beneficios societarios no distribuidos, así como una imputación como salario de las cotizaciones sociales a cargo del empleador, bajo el supuesto de que constituyen una mayor retribución del trabajador.⁵ Esta extensión de la renta de mercado apareja incorporar, en paralelo, dos nuevos pagos impositivos de los hogares: la imputación a los accionistas del Impuesto sobre Sociedades que grava las rentas societarias, distribuidas o no, y la imputación a los asalariados de las cotizaciones sociales a cargo del empleador.

A partir de esta definición alternativa de la renta de mercado y considerando el total de impuestos directos y cotizaciones sociales pagadas por los hogares, obtenemos una renta disponible equivalente cuyos importes medio y mediano ascienden en 2018, respectivamente, a 18.642 y 15.313 euros. En consecuencia, el umbral de pobreza para ese año se eleva a 9.188 euros por unidad de consumo, importe superior al umbral de los 9.009 euros publicado por el INE (2020) para ese año. Este umbral de 9.188 euros, que se alcanza en el percentil 22 de la distribución de renta disponible equivalente y en el percentil 19 de la distribución de renta bruta equivalente, es el que utilizamos en el trabajo para identificar a los hogares en riesgo de pobreza.⁶ Por debajo del umbral calculado se situaban, en 2018, 3.935.991 hogares, de un total de 18.652.434, lo que representa una tasa del 21,1% de hogares en riesgo de pobreza, algo superior al 20,7% reflejado en el gráfico 1.1.

Si, además de las prestaciones de carácter monetario, únicas consideradas por Eurostat en su definición del umbral de pobreza relativa, extendemos la renta disponible de los hogares añadiendo las prestaciones en especie correspondientes a sanidad y educación que perciben los hogares, calculadas en López Laborda et al. (2021), el umbral de pobreza por unidad de consumo se eleva hasta 11.229 euros. Con este umbral, la tasa de pobreza se reduce al 14,4%, lo que supone una reducción del número de hogares en riesgo de pobreza del 32% (de 3.935.991 a 2.677.480). La figura 2.1 refleja las diferencias existentes en la distribución de la renta disponible equivalente en los tres escenarios alternativos de cuantificación del umbral de pobreza descritos más arriba.

⁵ Este supuesto se basa en Saez y Zucman (2019).

⁶ El umbral de pobreza relativa utilizado por el INE se alcanza en el percentil 23 de la de la renta bruta equivalente.

Figura 2.1 Distribución de la renta disponible equivalente (2018) (Densidad Kernel) Nota: Las líneas verticales corresponden a los valores medianos de las distribuciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV (INE, 2021) y de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).

Cuando diferenciamos según el sexo del sustentador principal del hogar, la renta bruta equivalente de los hogares sustentados por mujeres (que representan un 37,8% del total de hogares) es un 8,1% inferior a la de los sustentados por hombres (24.444 euros frente a 26.586 euros). Al centrarnos en los hogares en riesgo de pobreza, el porcentaje de los que tienen a una mujer como sustentadora principal crece hasta el 42,5%, siendo su renta bruta equivalente un 11,1% inferior a la de los hogares pobres con un hombre como sustentador principal (7.008 euros frente a 7.885 euros). Por lo que respecta a la tasa de pobreza, en el caso de los hogares con una mujer como sustentadora principal, aquella se sitúa 4 puntos por encima de los hogares en los que este sustentador principal es un hombre: 23,7% frente a 19,5%.

3. Resultados por categorías de prestaciones e impuestos

Veamos, a continuación, cómo afecta la intervención de la hacienda pública a los hogares situados por debajo del umbral de pobreza. Si ponemos el foco en las diferentes categorías de prestaciones sociales, y empezamos distinguiendo entre prestaciones monetarias y en especie, podemos calcular el “subsidio medio efectivo” para cada tipo de prestación, que no es más que el cociente entre el volumen de prestaciones que reciben los hogares y su renta bruta. La figura

3.1 permite observar la importante aportación a la renta de los hogares pobres de las transferencias de gasto público en sanidad y educación (un subsidio medio efectivo del 47,6%), superior, incluso, al de las transferencias monetarias en pensiones de jubilación, supervivencia e invalidez, prestaciones y subsidios por desempleo y por otros conceptos (41,2%). La distancia, en ambos casos, respecto de lo que estas prestaciones suponen para los hogares situados por encima del umbral de pobreza es enorme: 4,4 veces en el caso de las prestaciones en especie y 1,8 veces en el caso de las monetarias.

Figura 3.1 Prestaciones sociales monetarias y en especie para los hogares en riesgo de pobreza y el resto de hogares (2018) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).

La figura 3.2 ofrece información sobre el detalle de las distintas prestaciones. Podemos ver que la mayor aportación de renta para los hogares en riesgo de pobreza procede del gasto público en servicios de sanidad (28,9%), seguida de la educación (18,7%). Dentro de las transferencias monetarias, las pensiones de jubilación son las que más aportan (16,2%), a bastante distancia de las prestaciones y subsidios de desempleo (8,9%). Las pensiones de supervivencia (viudedad, orfandad y a favor de familiares) contribuyen en un 7,2% y, a mayor distancia, las de invalidez (4,7%), las prestaciones de asistencia social (2,2%) y el resto de prestaciones (2%).⁷ Una diferencia importante respecto de los hogares situados por encima de la línea de pobreza es que, en estos, son las pensiones de jubilación las que más aportan a la renta bruta (14,7%), seguidas del gasto en sanidad (7,7%), y no superando las prestaciones restantes el 4%.

⁷ Esta última categoría residual incluye las prestaciones por enfermedad y las ayudas por familia o hijos, vivienda y estudios.

Las prestaciones de asistencia social son las ayudas -públicas o procedentes de organizaciones privadas sin ánimo de lucro- dirigidas a personas en riesgo de exclusión social, entre las que se incluyen los programas de rentas mínimas o de inserción aplicados por algunas comunidades autónomas (el Ingreso Mínimo Vital estatal fue aprobado y se empezó a aplicar en 2020). Estas prestaciones benefician en 2018 a un 6,6% de los hogares en riesgo de pobreza (unos 260.000 hogares) y a un 2,4% de los hogares situados por encima del umbral de pobreza (unos 350.000 hogares). Cada uno de los primeros recibe, de media y por unidad de consumo equivalente, aproximadamente, 2.500 euros en concepto de prestaciones de asistencia social; mientras que los segundos reciben 3.100 euros (aproximadamente, 4.000 y 4.800 euros, respectivamente, sin aplicar las escalas de equivalencia).

Figura 3.2 Prestaciones sociales monetarias y en especie, por categorías, para los hogares en riesgo de pobreza y el resto de hogares (2018) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).

A continuación, nos detendremos en los impuestos pagados por los hogares en riesgo de pobreza. A tal fin, calculamos el “tipo medio efectivo”, que es el cociente entre los impuestos pagados y la renta bruta de los hogares. Como se observa en la figura 3.3, la carga tributaria soportada por los hogares pobres es superior en casi tres puntos a la soportada por los hogares situados por encima de umbral de pobreza: un tipo medio efectivo del 38,3% frente a un 35,4%. Esto se explica porque, mientras el tipo medio efectivo de los impuestos directos pagados por los hogares pobres es algo más de cinco puntos inferior al tipo medio soportado por el resto de hogares, en coherencia con el carácter progresivo de la imposición directa, el tipo medio efectivo de los impuestos indirectos es más de ocho puntos mayor para los hogares pobres. Detrás de este resultado está el comportamiento regresivo de los impuestos indirectos, explicado, a su vez, porque los tipos de gravamen de estos impuestos son independientes de la renta del hogar y por ser la propensión media al consumo de los hogares decreciente con la renta.

Figura 3.3. Impuestos directos e indirectos para los hogares en riesgo de pobreza y el resto de hogares (2018) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).

Por figuras impositivas, en la figura 3.4 vemos que la mayor aportación a la presión fiscal de los hogares pobres viene del IVA y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) (13,2%), seguido de las cotizaciones sociales de empleadores (12,4%) y de trabajadores y autónomos (7,6%). Los menores pagos impositivos corresponden a los impuestos especiales y sobre las primas de seguros (2,6%) y al IRPF (2,1%), siendo prácticamente insignificante la carga en los impuestos sobre el patrimonio (0,18%) y sobre sociedades (0,12%). Si observamos detenidamente la figura 3.4, no hay apenas diferencias entre los hogares pobres y el resto de hogares en el tipo medio efectivo resultante de la suma de IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sociedades, IVA e Impuestos Especiales. Lo que desequilibra la balanza en detrimento de los hogares pobres son, fundamentalmente, las cotizaciones sociales, cuyo tipo medio efectivo es tres puntos más alto que para los hogares situados por encima del umbral de pobreza.

Figura 3.4 Impuestos directos e indirectos, por categorías, para los hogares en riesgo de pobreza y el resto de hogares (2018) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).

La figura 3.5 integra impuestos y prestaciones. El saldo de la intervención pública para los hogares en riesgo de pobreza es claramente positivo: un 50,5% de su renta bruta, frente a un 1,8% negativo para el resto.⁸

⁸ Para el total de hogares españoles, el resultado de la intervención pública mediante impuestos y prestaciones arroja un saldo agregado positivo del 1,5% de la renta bruta, que se explica por los impuestos y prestaciones que se han considerado por López Laborda et al. (2021) en el Observatorio en el que se basa este estudio.

Figura 3.5 Impacto agregado de impuestos y prestaciones para los hogares en riesgo de pobreza y el resto de hogares (2018) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).

Si analizamos los resultados de la intervención pública a través de impuestos y prestaciones atendiendo al sexo del sustentador principal del hogar, la figura 3.6 muestra que los hogares en los que una mujer es la principal aportante de ingresos son, en media, en todo caso, beneficiarios netos de la intervención pública: el saldo es de un 59,1% de la renta bruta equivalente para los hogares pobres, de un 1,6% para el resto y de un 5,5% para el conjunto de hogares sustentados por una mujer. En cambio, en los hogares sustentados por hombres, solamente los hogares pobres son, en media, beneficiarios netos (44,9% de la renta bruta equivalente), mientras que el resto de hogares y el total son contribuyentes netos (-3,6% y -0,8% de la renta bruta equivalente).

Las diferencias en prestaciones e impuestos por razón del sexo del sustentador principal son notablemente más significativas en el caso de los hogares situados por debajo del umbral de pobreza. Así, en el caso de las prestaciones en especie de sanidad y educación, el subsidio medio efectivo recibido por los hogares en los que el sustentador principal es una mujer es 4,3 puntos porcentuales superior, diferencia que se amplía hasta 9,5 puntos cuando se trata de prestaciones monetarias. Para los hogares situados por encima del umbral de pobreza, estas diferencias se reducen a 3,5 puntos en las prestaciones monetarias y prácticamente desaparecen para las prestaciones en especie. Por lo que respecta a los impuestos directos pagados por los hogares pobres, el tipo medio efectivo de aquellos cuyo sustentador principal es un hombre es 3,3 puntos superior, mientras que, en el caso de los impuestos indirectos, los hogares con una mujer sustentadora principal pagan 3 puntos porcentuales más. Por encima del umbral de pobreza, estas diferencias en los tipos medios efectivos se reducen a 1,8 puntos en el caso de los impuestos directos y prácticamente desaparecen para los impuestos indirectos.

Figura 3.6 Impacto agregado de impuestos y prestaciones, según el sexo del sustentador principal, para los hogares en riesgo de pobreza y el resto de hogares (2018) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).

Para completar, desde una perspectiva territorial, los resultados proporcionados en esta sección, en la tabla 3.1 (al final de este documento) recogemos la información por comunidades autónomas de los tipos medios efectivos correspondientes a los impuestos directos e indirectos pagados por los hogares en riesgo de pobreza, los subsidios medios efectivos de las prestaciones monetarias y en especie recibidas por estos hogares, y el saldo neto de ambas actuaciones. La tabla 3.2 ofrece la misma información para el resto de hogares. En los mapas incluidos en la figura 3.7 se muestra, para los hogares en riesgo de pobreza de cada comunidad autónoma, respectivamente, el tipo medio efectivo del total de impuestos y el subsidio medio efectivo del conjunto de prestaciones.

Figura 3.7 Subsidios y tipos medios efectivos de los hogares en riesgo de pobreza, por comunidades autónomas (2018)

A) Subsidio medio efectivo del conjunto de prestaciones sociales (%)

4. Resultados por tipos de hogar

En esta sección, vamos a agrupar a los hogares que se sitúan por debajo del umbral de pobreza siguiendo tres criterios alternativos: la composición del hogar, la fuente principal de ingresos del sustentador principal del hogar y la edad de ese sustentador principal. Seguidamente, examinaremos cómo ha afectado la intervención pública a los diversos grupos de hogares englobados en cada una de las tres categorías anteriores. La tabla 4.1 recoge las frecuencias absolutas y relativas de cada grupo. Además, para cada una de estas tres segmentaciones, extenderemos el análisis teniendo en cuenta el sexo del sustentador principal del hogar. La tabla 4.2 muestra las frecuencias absolutas y relativas para cada tipo de hogar al añadir esta diferenciación.

4.1. Tipos de hogar según su composición

La figura 4.1 muestra los tipos y subsidios medios efectivos correspondientes a cada grupo de hogar, según la composición del mismo (número de miembros y rangos de edad). En esta figura y en las siguientes de esta sección, los diferentes tipos de hogar se presentan ordenados de mayor a menor saldo de la intervención pública, calculado como la diferencia entre el subsidio y el tipo medio efectivo, es decir, entre prestaciones recibidas e impuestos pagados. En la identificación de cada grupo se indica, entre paréntesis, su tasa de pobreza.

En la figura 4.1 se observa que las dos agrupaciones de hogares con un saldo favorable más elevado son las parejas sin hijos en las que, al menos, un miembro tiene más de 65 años, y los hogares formados por una sola persona mayor de 65 años. Estos son los dos grupos que pagan unos impuestos más bajos, en buena medida, porque no satisfacen cotizaciones a la Seguridad Social; y también los que reciben prestaciones más altas, fundamentalmente, procedentes de pensiones de jubilación y viudedad, así como prestaciones en especie por el servicio de sanidad. A estos dos grupos les sigue el de las familias monoparentales, que es el que menos renta bruta media equivalente tiene, que obtienen un beneficio elevado, sobre todo, por las prestaciones en especie del servicio de educación.

En el otro extremo de la figura 4.1 se encuentran los colectivos con un saldo de la intervención pública menos favorable: las personas entre 30 y 65 años que viven solas, las parejas menores de 65 años que no tienen hijos y las personas menores de 30 años. Este último grupo es uno de los que presenta una mayor tasa de pobreza, un 41,4%, aunque, como podemos ver en la tabla 4.1, se trata de un colectivo poco numeroso (un 2,3% de los hogares pobres y un 0,9% del resto de hogares).⁹ El saldo de la intervención pública para las personas menores de 30 años es negativo: son los hogares que pagan más impuestos (con un peso importante de las cotizaciones sociales) y los que reciben menos prestaciones, y los únicos para los que los primeros son superiores a las segundas.

Figura 4.1. Impuestos y prestaciones totales de los hogares en riesgo de pobreza según la composición del hogar (2018) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).

Hay que destacar que, para los hogares situados por encima del umbral de pobreza, se mantiene sustancialmente la ordenación que refleja la figura 4.1, pero en este caso solo los dos primeros grupos de hogares (aquellos formados por un único miembro con más de 65 años o por una pareja sin hijos también con al menos un miembro mayor de esa edad) tienen un saldo positivo, esto es, son beneficiarios netos de la intervención pública, siendo el resto contribuyentes netos. Al considerar en la anterior segmentación el sexo del sustentador principal del hogar, vemos que, cuando este es un hombre, la mayor tasa de pobreza relativa corresponde a hogares compuestos por parejas con tres o más hijos (44,7%) y a los formados por una sola persona menor de 30 años (36,1%). Estos últimos son el grupo con menor renta bruta entre los hogares pobres.

⁹ Esta baja frecuencia relativa puede explicarse por la tardía emancipación de los jóvenes en España.

En el caso de los hogares sustentados por mujeres, el grupo con mayor tasa de pobreza es el formado por una mujer menor de 30 años (50,5%), seguido de los hogares integrados por familias monoparentales (43,4%). No obstante, el primero de estos dos grupos está entre los que tienen una renta bruta media más elevada, aunque se trata, como se puede ver en la tabla 4.2, del grupo con menor frecuencia tanto entre los hogares pobres (2,5%) como entre el resto de hogares (0,8%). En el caso de los hogares monoparentales pobres que dependen de los ingresos de una mujer, su frecuencia relativa es aproximadamente 7 veces mayor que en el caso de los sustentados por un hombre (12,5% frente al 1,7%), proporción similar a la que se da para el resto de hogares (5,1% frente al 0,9%).

En la figura 4.2 se muestra el resultado de la intervención pública según la composición del hogar, para los hogares situados bajo el umbral de pobreza, diferenciando por sexo del sustentador principal. En primer lugar, en línea con la figura 4.1, se observa que los hogares unipersonales formados por una persona menor de 30 años son los únicos que son contribuyentes netos, tanto si son hombres como mujeres.

Figura 4.2 Impuestos y prestaciones totales de los hogares en riesgo de pobreza según la composición del hogar y el sexo del sustentador principal (2018) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).

En todos los tipos de hogar considerados, el saldo de la intervención pública es más favorable cuando es una mujer la principal sustentadora, con dos excepciones: las parejas sin hijos con, al menos, un miembro mayor de 65 años, y los hogares unipersonales formados por individuos menores de 30 años. En la primera de estas categorías, cuando el hogar es sustentado por un hombre, este es casi siempre un pensionista de jubilación, que además suele recibir un gasto en sanidad mayor, mientras que, cuando la sustentadora es la mujer, en algunos casos, su pareja está en activo y percibe ingresos del trabajo. Esta diferencia se refleja tanto en los pagos impositivos como en las prestaciones que perciben. En el caso de los hogares formados por una persona menor de 30 años, encontramos la mayor diferencia a favor de los hogares en los que el sustentador principal es un hombre, con un tipo medio efectivo neto (prestacionesimpuestos) del 3,1%, frente al 26,1% en caso de que se trate de una mujer. Los datos muestran una mucha mayor importancia de los gastos educativos en los hogares formados por hombres. Para los hogares situados por encima del umbral de pobreza, no existe diferencia en el saldo de la intervención pública para los hogares unipersonales formados por hombres o mujeres menores de 30 años.

Los hogares en riesgo de pobreza sustentados por una mujer más favorecidos con respecto a los sustentados por hombres son los monoparentales: aquellos disfrutan de un subsidio medio neto del 81,2%, frente al 55,4% de los sustentados por un hombre. Sin embargo, para los hogares monoparentales por encima de la línea de pobreza, la distancia entre los saldos es mucho menor y favorable a los sustentados por hombres: un tipo medio neto del 7,5%, frente al 12,1%.

4.2. Tipos de hogar según la fuente de ingresos del sustentador principal

La figura 4.3 agrupa a los hogares pobres según la fuente de ingresos del sustentador principal. En coherencia con la figura 4.1, los hogares más beneficiados por la intervención pública son los dependientes de pensiones, seguidos por los que dependen de subsidios (fundamentalmente, prestaciones por desempleo, aunque también tienen un peso elevado en su renta las prestaciones de sanidad y educación); estos últimos presentan una tasa de pobreza del 75,2%. A continuación, aunque a mucha distancia de los anteriores, se sitúan los hogares cuya fuente principal de recursos son las rentas de propiedad, por el peso elevado en su renta del servicio de sanidad. Estos hogares constituyen el grupo con menor renta bruta media, aunque también el de tamaño más reducido (tabla 4.1).

Los hogares de asalariados y autónomos son los que tienen un saldo más pequeño, ligeramente negativo en el caso de los hogares cuya fuente principal de renta es un negocio personal o una actividad profesional por cuenta propia. No hay apenas diferencias en las prestaciones públicas que reciben ambos tipos de hogar, pero los de autónomos soportan un tipo medio impositivo algo mayor, tanto en impuestos directos como indirectos.

Figura 4.3 Impuestos y prestaciones totales de los hogares en riesgo de pobreza según la fuente de ingresos del sustentador principal en 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).

En los hogares ubicados por encima del umbral de pobreza, se producen dos cambios en su ordenación: los hogares dependientes de transferencias de otros hogares intercambian su posición con los dependientes de rentas de la propiedad, y los de asalariados con los de autónomos. El primer grupo y los dos últimos son contribuyentes netos, y los restantes, beneficiarios netos.

Cuando atendemos al sexo del sustentador principal del hogar, encontramos que, entre los hogares en que los hombres son sustentadores principales, las mayores tasas de pobreza se dan entre los perceptores de subsidios (71,7%) y los autónomos (34,0%). En el caso de los hogares en los que una mujer es la sustentadora principal, las mayores tasas de pobreza corresponden a hogares perceptores de subsidios (79,9%) y de transferencias entre hogares (65,8%).

La figura 4.4 muestra, para la segmentación de los hogares en riesgo de pobreza en función de su fuente principal de ingresos, los tipos y subsidios medios, diferenciando por el sexo del sustentador principal. El saldo de la intervención pública solo es negativo o, lo que es lo mismo, se trata de hogares que son contribuyentes netos, en dos casos: cuando el principal perceptor de ingresos es autónomo y se trata de una mujer; o cuando es un hogar en el que el sustentador principal es un hombre perceptor de rentas de la propiedad.

Figura 4.4 Impuestos y prestaciones totales de los hogares en riesgo de pobreza según la fuente de ingresos y el sexo del sustentador principal en 2018 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).

El saldo es siempre más favorable para los hogares sustentados por mujeres, salvo en el caso de pensionistas y, sobre todo, de autónomos. En el primer grupo, las diferencias provienen de la mayor cuantía de la pensión media percibida, además del mayor gasto en sanidad que muestran los hogares sustentados por hombres. En el segundo grupo, la diferencia está en las mayores cotizaciones a la Seguridad Social que presentan los hogares pobres en los que la sustentadora principal es una mujer, si bien debemos destacar que estos hogares tienen una renta bruta equivalente media bastante menor que si el sustentador principal es un hombre (un 17,7%). En los hogares situados por encima del umbral de pobreza, los saldos de la intervención pública apenas difieren entre los hogares sustentados por hombres o mujeres, para estos grupos de pensionistas y autónomos.

La mayor diferencia a favor de los hogares con mujeres como sustentador principal se da en aquellos dependientes de rentas de la propiedad, con un subsidio medio neto del 32,3%, frente a un tipo medio efectivo neto del 12,2% para los sustentados por un hombre. Los mayores tipos impositivos medios pagados por los hogares en los que el hombre es sustentador principal, tanto para la imposición directa como indirecta, explican este resultado. Esta diferencia desaparece para los hogares por encima del umbral de pobreza.

4.3. Tipos de hogar según la edad del sustentador principal

Finalmente, la figura 4.5 divide a los hogares pobres según la edad del sustentador principal. El perfil que muestra este gráfico es muy claro y, de nuevo, resulta perfectamente coherente con las figuras 4.1 y 4.3. Los hogares cuyo sustentador principal tiene más de 85 años son los que se benefician más de la intervención pública. Aunque el beneficio es positivo para todos los tramos de edad, va disminuyendo a medida que se reduce la edad, hasta llegar a los hogares cuyo sustentador principal tiene menos de 30 años, que son los que más impuestos pagan y los segundos que menos prestaciones reciben. Este colectivo es el que presenta una mayor tasa de pobreza en esta categorización de los hogares por edad, un 37%.

Figura 4.5 Impuestos y prestaciones totales de los hogares en riesgo de pobreza según la edad del sustentador principal (2018). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).

La ordenación de los hogares según la edad del sustentador principal experimenta un único cambio en los hogares por encima de la línea de pobreza: los hogares que dependen de un menor de 30 años tienen un saldo más favorable que los dependientes de sustentadores entre 30 y 50 años. No obstante, por encima del umbral de pobreza, solo los hogares cuyo sustentador principal tiene una edad igual o superior a 65 años son beneficiarios netos de la intervención pública.

Cuando focalizamos el análisis precedente en el sexo del sustentador principal del hogar, vemos que, tanto para hogares sustentados por hombres como por mujeres, la mayor tasa de pobreza corresponde a los hogares con sustentador menor de 30 años (35,5% y 39,4%, respectivamente). Conforman el colectivo menos numeroso, tras los mayores de 85 años (tablas 4.1 y 4.2). Cuando se trata de hombres, estos hogares son los que tienen una renta bruta menor, muy cerca de los hogares con sustentador entre 65 y 85 años. Cuando se trata de mujeres, la renta bruta más reducida corresponde a los hogares en los que la sustentadora principal tiene entre 50 y 65 años, seguidos a continuación de aquellos con una sustentadora menor de 30 años.

El saldo de la intervención pública por sexo del sustentador principal, para esta segmentación de los hogares pobres, se recoge en la figura 4.6, y es positivo para todos los hogares agrupados por tramos de edad, con independencia del sexo del sustentador. Podemos observar que solo a partir de los 65 años el saldo es más favorable para los hogares cuyo sustentador principal es un hombre: en especial, a partir de los 85, con una diferencia de 22,7 puntos porcentuales. En este tramo de edad, los hogares con sustentador masculino pagan muchos menos impuestos indirectos que los sustentados por mujeres (un 12,4% frente a un 22%), aunque la renta bruta equivalente de ambos, para estas edades, es similar (7.643 euros para hombres y 7.452 euros para mujeres), y recibe algo más de 12 puntos más de prestaciones por sanidad. En cambio, entre los hogares no pobres con sustentadores de más de 65 años, son los dependientes de una mujer los que tienen un saldo de la intervención pública ligeramente más favorable.

En el caso de los hogares que tienen a mujeres como sustentadoras principales, las mayores diferencias a favor de estos se producen entre los 40 y 65 años (entre 11,8 y 12,6 puntos porcentuales), sobre todo, gracias a las prestaciones monetarias y en especie. Esas diferencias se reducen sustancialmente para los hogares no pobres.

Figura 4.6 Impuestos y prestaciones totales de los hogares en riesgo de pobreza según la edad y el sexo del sustentador principal (2018) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).

5. Conclusiones

En este trabajo hemos examinado cómo afecta a los hogares españoles en riesgo de pobreza la intervención pública llevada a cabo a través de impuestos y prestaciones, en 2018. Las principales conclusiones alcanzadas son las siguientes:

Las prestaciones sociales representan casi un 89% de la renta bruta de los hogares pobres, un porcentaje 2,6 veces mayor que para los hogares que superan el umbral de pobreza. El peso de las prestaciones en especie (sanidad y educación) es algo más elevado que el de las prestaciones monetarias (básicamente, pensiones).

• Las prestaciones en especie en sanidad y educación añaden una reducción de la tasa de pobreza de 6,7 puntos, del 21,1% al 14,4%.

Los impuestos pagados por los hogares pobres suponen un 38,3% de su renta bruta, frente a un 35,4% para el resto de hogares. Los impuestos indirectos son un 41,3% del total de impuestos pagados por los hogares pobres, pero solo un 20,8% de los pagados por los demás hogares.

El saldo de la intervención pública (prestaciones – impuestos) para los hogares en riesgo de pobreza es claramente positivo: un 50,5% de su renta bruta (59,1% para los hogares sustentados por mujeres y 44,9% para los sustentados por hombres), frente a un 1,8% negativo para el resto de los hogares.

Los hogares en riesgo de pobreza más favorecidos por la intervención pública a través de impuestos y prestaciones son los formados por personas mayores de 65 años y los sustentados por un pensionista. Los menos beneficiados son los formados o sustentados por una persona menor de 30 años y los sustentados por un autónomo.

En general, el saldo de la intervención pública es más favorable cuando es una mujer la principal sustentadora del hogar en riesgo de pobreza. Las principales excepciones son los hogares integrados por una única persona menor de 30 años, los sustentados por un autónomo y aquellos cuyo sustentador tiene más de 65 años.

• El saldo entre prestaciones e impuestos para los hogares en riesgo de pobreza es, en todas las comunidades autónomas, positivo. En porcentaje de su renta bruta equivalente, los mayores saldos corresponden, en orden decreciente, a las ciudades de Melilla y Ceuta y a las comunidades de País Vasco, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia y Asturias, todas ellas por encima del saldo para el conjunto de España. En el otro extremo, las comunidades de Madrid, Baleares, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía son las que presentan, en este orden, los menores saldos.

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Tabla 3.1 Tipos y subsidios medios efectivos sobre renta bruta equivalente por CC.AA. Hogares en riesgo de pobreza (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).

Tabla 3.2 Tipos y subsidios medios efectivos sobre renta bruta equivalente por CC.AA. Resto de hogares (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).

Tabla 4.1 Tipos de hogar. Frecuencias para hogares en riesgo de pobreza, resto de hogares y total (2018) a) Según la composición del hogar

b) Según la fuente principal de ingresos

c) Según la edad del sustentador principal

Nota: El número total de hogares pobres que figura en el panel c) es inferior al reflejado en los paneles a) y b) debido a que existen hogares en la ECV para los que la muestra no ofrece información sobre la edad del sustentador principal. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).

Tabla 4.2 Tipos de hogar. Frecuencias por sexo del sustentador principal para hogares en riesgo de pobreza, resto de hogares y total de hogares (2018) a) Según la composición del hogar

b) Según la fuente principal de ingresos

c) Según la edad del sustentador principal

Nota: El número total de hogares pobres correspondientes respectivamente a hombres y mujeres que figura en el panel c) es inferior al reflejado en los paneles a) y b) debido a que existen hogares en la ECV para los que la muestra no ofrece información sobre la edad del sustentador principal. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados en López Laborda et al. (2021).