Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles

Noveno informe - 2022

JULIO LÓPEZ LABORDA

CARMEN MARÍN GONZÁLEZ

JORGE ONRUBIA

Estudios sobre la Economía Española 2025/02

Febrero 2025

fedea

Las opiniones recogidas en este documento son las de sus autores y no coinciden necesariamente con las de Fedea.

fedea

EEE 2025-02

Julio López Laborda Universidad de Zaragoza y FEDEA

Carmen Marín González FEDEA

Jorge Onrubia Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM) y FEDEA

ENERO 2025

Agradecimientos: Julio López Laborda agradece la ayuda recibida del Gobierno de Aragón (Proyecto S23_23R). Carmen Marín agradece la financiación recibida a través del Ministerio de Ciencia, innovación y universidades (Proyecto PID2023-148090NB-I00). El grado de exactitud o fiabilidad de la información derivada por elaboración propia de los autores de los datos suministrados por el INE y la AEAT es de la exclusiva responsabilidad de aquellos.

Índice

3 Resumen 7 Sección 1 Introducción 9 Sección 2 De la renta de mercado a la renta disponible extendida 17 Sección 3 Prestaciones monetarias 22 Sección 4 Impuestos 36 Sección 5 Gasto público en sanidad y educación 40 Sección 6 Impacto agregado de impuestos y prestaciones 53 Referencias 58 Anexo I Impuestos y prestaciones por tipos de hogar 61 Anexo II Impuestos y prestaciones por comunidades autónomas

Resumen

En este Noveno Informe del “Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles” se estima, para el año 2022, el impacto distributivo sobre los hogares residentes en España de las prestaciones públicas, monetarias y en especie, y el sistema fiscal. El estudio abarca a los residentes en las diecisiete comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las prestaciones monetarias examinadas son las pensiones públicas de jubilación y de supervivencia, prestaciones y subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad y asistencia social y ayudas al estudio, familiares y a la vivienda. Y las prestaciones en especie, la sanidad y la educación.

En cuanto a los impuestos, se analizan el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Patrimonio, las Cotizaciones Sociales a cargo del trabajador o autónomo y a cargo de la empresa, el IVA, el ITPAJD, los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas, Hidrocarburos, Labores del Tabaco y Electricidad y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.

En consecuencia, podemos decir que el Observatorio ofrece una fotografía bastante precisa de la capacidad redistributiva de la intervención pública en España a través de impuestos y prestaciones. Además, con el propósito de ofrecer una visión más completa del impacto redistributivo del sector público, por primera vez, incluimos una estimación preliminar de la contribución al mismo de los gastos públicos distintos de las prestaciones monetarias o en especie analizadas, como los servicios públicos generales, la defensa, la protección del medio ambiente o los asuntos económicos.

Transcurridos dos años desde la irrupción de la pandemia de COVID-19, los datos de 2022 permiten considerar superados sus efectos sobre los impuestos y prestaciones. En 2022, la inflación, impulsada en gran medida por la guerra en Ucrania, ha afectado significativamente al crecimiento de la renta de mercado, al coste de las prestaciones y a la recaudación fiscal. A continuación, sintetizamos los resultados más relevantes obtenidos en este Informe:

1º. En 2022, la renta de mercado ampliada media del conjunto de hogares aumentó un 12,8% respecto de 2021, año en el que, tras la recesión originada por la pandemia, ya se había recuperado un 14,6%. Por fuentes, las rentas que más crecen entre 2021 y 2022 son las del capital (21,6%), seguidas de las del trabajo (11,8%) y de las rentas de actividades económicas (11,2%). La desigualdad de la renta de mercado ampliada es la menor mostrada por esta

magnitud desde 2017, primer año de la serie homogénea (Gini de 0,5672, frente a 0,5821 en 2021).

2º. El conjunto de prestaciones monetarias aumentó entre 2021 y 2022, de media, en casi un 3% tras el descenso del 3,1% registrado entre 2020 y 2021. Por categorías, solamente disminuyeron su importe medio las prestaciones y subsidios por desempleo (27,8%) y, en mucha menor medida, las prestaciones por invalidez (0,2%). Las cuantías medias del resto de categorías crecieron, siendo el incremento más elevado el del resto de prestaciones (28,2%), seguido de los ingresos por asistencia social (13,4%), las pensiones de jubilación (7,8%) y las de supervivencia (4,4%). Tras la incorporación de las prestaciones monetarias a la renta de mercado ampliada, la renta bruta media aumentó respecto de 2021 un 10,6%, lo que condujo a que el subsidio medio efectivo para estas prestaciones se redujese al 20,1% en 2022 (1,5 puntos porcentuales menos que en 2021).

3º. Las prestaciones monetarias corrigen, de forma agregada, la desigualdad de la renta de mercado en 2022 un 23,4%, porcentaje inferior al 24,9% alcanzado en 2021 y el más bajo de la serie homogénea iniciada en 2017. No obstante, la notable bajada de la desigualdad de la renta primaria ampliada señalada más arriba hace que la desigualdad de la renta bruta se reduzca entre 2021 y 2022, aunque muy ligeramente (apenas un 0,6%). Como sucede en todos los años incluidos en el Observatorio, en 2022, la principal aportación de las prestaciones monetarias a la redistribución de la renta procede de las pensiones de jubilación. Todas las prestaciones reducen su contribución a la reducción de la desigualdad entre 2021 y 2022.

4º. En el ámbito de los impuestos, en 2022, la recaudación aumenta en todos los tributos, con la excepción del Impuesto sobre el Patrimonio y los Impuestos Especiales. En términos agregados, los ingresos tributarios medios se incrementan en un 11,2%, 2,6 puntos más de lo que crecieron entre 2020 y 2021. En consecuencia, el citado aumento de la renta bruta media del 10,6%, hace que el tipo medio efectivo del sistema fiscal crezca 0,19 puntos en 2022, hasta representar el 35,1% de la renta bruta de los hogares, aunque más de 1 punto por debajo del 36,3% alcanzado en 2018. Por su parte, la renta disponible (obtenida como la diferencia entre la renta bruta y el conjunto de impuestos) se incrementa en 2022 en un 10,3%.

5º. El efecto redistributivo alcanzado por el sistema fiscal en 2022 es el más reducido de los últimos seis años para los que disponemos de resultados comparables. Así, el conjunto de impuestos ha reducido la desigualdad de la renta bruta en un 1,2% en 2022, prosiguiendo la tendencia observada en los últimos años de reducción de su efecto redistributivo (1,8 en 2021), con la notable excepción de 2020. En consecuencia, la desigualdad de la renta después de

impuestos, o renta disponible, prácticamente no se ha visto modificada entre 2021 y 2022, con un inapreciable aumento del 0,03%. Los datos siguen reflejando paladinamente el papel protagonista que representa el IRPF en la corrección de las desigualdades de renta de los hogares, aunque su efecto redistributivo experimenta, de nuevo, una destacada caída entre los dos últimos años, como ya sucedía entre 2020 y 2021. Entre 2021 y 2022, solo mejoran el efecto redistributivo el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sociedades, aunque esto apenas afecta al efecto redistributivo conjunto del sistema.

6º. Mientras que, en 2020, las prestaciones en especie experimentaron un incremento medio del 8% con respecto a 2019, que afectó, sobre todo, a la sanidad, ese crecimiento se moderó en 2021 hasta el 4,8% y en 2022 en el 4,9%, centrándose especialmente en el servicio de educación. En consecuencia, la renta disponible extendida (calculada como la suma de la renta disponible y estas prestaciones en especie) aumenta un 9,3% de media entre 2021 y 2022, y lo hace en todos los tramos de renta bruta considerados. En cuanto al subsidio medio efectivo, en 2022, la participación de la sanidad y de la educación en la renta bruta de los hogares cae, respecto a 2021, al 8,8% y 5,3%, algo por encima de los valores alcanzados antes de la pandemia. Esta reducción en las tasas medias de subsidio tiene lugar en todos los tramos de la distribución de renta bruta.

7º. El gasto público en educación y sanidad ha minorado, de forma conjunta, la desigualdad de la distribución de la renta disponible (después de impuestos y prestaciones monetarias) de los hogares residentes en España en un 10,8% en 2022, cuatro décimas menos que en 2021. Por separado, las prestaciones de sanidad reducen en un 9% la desigualdad de la renta disponible en 2022, mientras que las de educación lo hacen en un 3,1%. Como consecuencia, la desigualdad de la renta disponible extendida crece en 2022, respecto de 2021, alrededor de medio punto porcentual, igualando prácticamente el valor del índice de Gini de 2019, el más elevado de la serie homogénea iniciada en 2017.

8º. En términos redistributivos, la intervención pública con el conjunto de impuestos y prestaciones analizados ha reducido un 32,5% la desigualdad en la distribución de la renta de mercado de los hogares residentes en España en 2022. Aunque solo puntos porcentuales por debajo de la conseguida en 2021, se trata de la menor reducción de la desigualdad de la renta primaria de la serie iniciada en 2017, 5,6 puntos por debajo de la alcanzada en 2020, año con la menor desigualdad de la renta disponible extendida. Las prestaciones monetarias son responsables de un 72% de esa reducción (porcentaje del que 60,2 puntos son aportados por las pensiones de jubilación y supervivencia), los impuestos, de un 2,8%, la menor contribución de la serie, y las prestaciones en especie, del 25,2% restante.

9º. El análisis conjunto de los impuestos y prestaciones muestra que los hogares pertenecientes a los tres primeros quintiles de renta (esto es, el 60% de los hogares residentes con menor renta bruta) son, en media, beneficiarios netos de la intervención pública en 2022, ya que perciben un subsidio efectivo neto (es decir, una diferencia positiva entre prestaciones e impuestos). Este saldo favorable a estos hogares es decreciente con la renta bruta: del 85,4% de la renta bruta para el primer quintil, al 15,9% para el tercero. Los hogares ubicados en los dos quintiles superiores (es decir, el 40% con más renta bruta), son contribuyentes netos, ya que, para ellos, la diferencia entre prestaciones e impuestos es negativa: desde el -4,7% para el cuarto quintil hasta el -23,6% para los centiles 91 a 99 y el -18,1% para el 1% con mayor renta bruta. Por lo tanto, el saldo neto de la intervención pública en España, a través de impuestos y prestaciones públicas, deja de ser progresivo en el último tramo de la escala de rentas brutas.

10º. Si, complementariamente al análisis anterior, se adopta una perspectiva que considera la renta de ciclo vital de los hogares españoles, los resultados obtenidos con un ejercicio preliminar muestran que la desigualdad de la renta entre hogares, antes y después de impuestos y prestaciones, es menor que con la perspectiva anual que adopta el Observatorio. Las prestaciones monetarias ven reducido notablemente su efecto redistributivo, mientras que el gasto en sanidad y educación aumentan ligeramente su aportación a la redistribución. En el caso de los impuestos, el efecto igualador obtenido desde la perspectiva de renta anual se convierte en un efecto desigualador, como consecuencia de que los impuestos directos reducen significativamente su efecto redistributivo y los indirectos son algo más desigualadores. En conclusión, la intervención pública reduce la desigualdad en la distribución de la renta entre hogares 7 puntos porcentuales menos que cuando se adopta la perspectiva de análisis anual (un 25,5% frente al 32,5%).

11º. En una primera aproximación dirigida a estimar el efecto distributivo del resto del gasto público no financiero distinto de las prestaciones monetarias y en especie consideradas en el Observatorio, se obtiene que estos gastos añaden 3,3 puntos porcentuales a la corrección de la desigualdad generada por la intervención pública (del 32,5% al 35,8%).

Sección 1 Introducción

El presente Informe estima el impacto distributivo sobre la renta de los hogares españoles de los principales impuestos, directos e indirectos, y de las prestaciones públicas, monetarias y en especie, en el año 2022. Los resultados se ofrecen, para su comparación valorativa, junto con los de 2021, ya publicados en el octavo Informe (López-Laborda, Marín y Onrubia, 2024). El estudio abarca a los residentes en las diecisiete comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Este documento constituye el noveno Informe del Observatorio iniciado en 2016 que, hasta este momento, cubre los años 2013 a 2022. El Observatorio ofrece una fotografía bastante precisa del impacto distributivo sobre los hogares residentes en España, en cada año, de los principales impuestos directos (IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio y Cotizaciones Sociales pagadas por trabajadores, autónomos y empresarios) e indirectos (IVA, Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuestos Especiales sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas, sobre Hidrocarburos, sobre las Labores de Tabaco y sobre la Electricidad e Impuesto sobre las Primas de Seguros), así como las prestaciones monetarias (pensiones públicas de jubilación y de supervivencia, prestaciones y subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad y asistencia social y ayudas al estudio, familiares y a la vivienda) y en especie (sanidad y educación).¹

La metodología empleada es la publicada en López Laborda, Marín y Onrubia (2016b), con las modificaciones recogidas en López Laborda, Marín y Onrubia (2020, 2021a y 2021b).

La organización del Informe adopta la estructura habitual en las investigaciones en este ámbito, que sigue la siguiente secuencia de transformación de la renta de mercado a través de la intervención pública. En primer lugar, las prestaciones monetarias percibidas por los hogares se añaden a su renta de mercado (o renta primaria), obteniéndose la renta bruta. A continuación, los impuestos directos e indirectos minoran la renta bruta de los hogares, determinando su renta disponible. Finalmente, las prestaciones en especie de sanidad y educación se suman a la renta disponible, obteniéndose como resultado la renta disponible extendida de cada hogar.

¹ Los informes anteriores se recogen, respectivamente, en López Laborda, Marín y Onrubia (2016a, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021a 2023a y 2024). En López Laborda, Marín y Onrubia (2023b) se ha abordado una nueva perspectiva demográfica de análisis para el Observatorio, con la que se muestran los resultados obtenidos atendiendo a su incidencia distributiva generacional, mientras que, en López Laborda, Marín y Onrubia (2022) se ofrecen resultados sobre cómo afecta la intervención pública a los hogares españoles en riesgo de pobreza.

En consecuencia, el Informe se estructura de la siguiente manera. En la sección 2, se definen los diversos tipos de renta y se explica cuáles son los impuestos y las prestaciones públicas que se consideran en el análisis. La estimación de la incidencia distributiva de cada instrumento de la intervención pública se presenta en las secciones siguientes: en la sección 3, de las prestaciones públicas de carácter monetario, en la sección 4, de los impuestos, y en la 5, de las prestaciones públicas en especie. El impacto agregado de prestaciones e impuestos se contiene en la sección 6.

El Informe tiene dos anexos. En el primero, se muestra el reparto de los impuestos y prestaciones entre diversas categorías de hogares. En el segundo, se detalla la incidencia distributiva de impuestos y prestaciones en cada comunidad autónoma.

En el sitio web del Observatorio en https://fedea.net/category/observatorio-impuestos/ está disponible la información cuantitativa detallada, en formato Excel, tanto de los impuestos como de las prestaciones, para todos los años del Observatorio.

Novedades en este Informe

En la última sección del Informe introducimos dos extensiones del mismo, que pretendemos desarrollar con mayor precisión en ediciones posteriores del Observatorio. La primera es una aproximación preliminar a la cuantificación de la desigualdad desde una perspectiva de ciclo vital, complementaria a la perspectiva anual (transversal) que adoptamos en el Observatorio desde su inicio. La segunda es una estimación de la contribución a la reducción de la desigualdad de los gastos públicos distintos de las prestaciones monetarias o en especie ya consideradas en el Observatorio, como los servicios públicos generales, defensa, protección del medio ambiente o asuntos económicos, entre otros.

Sección 2 De la renta de mercado a la renta disponible extendida

En esta sección, en primer lugar, se define la unidad de análisis y los diversos tipos de renta de los hogares residentes que se utilizan en este trabajo. Posteriormente, se presenta, de forma sintética, la distribución de la renta de mercado ampliada de los hogares en 2021 y 2022, como punto de partida para el análisis que se realiza en las secciones siguientes.

2.1 Unidad de análisis

La unidad de análisis empleada en el Observatorio es el hogar residente en España. La definición de hogar (privado) utilizada es la misma que la adoptada en la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV): “persona o conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar principal o parte de ella, y consumen y/o comparten alimentos u otros bienes con cargo a un mismo presupuesto” (INE, 2019: 41). El estudio abarca, por tanto, a los residentes en las diecisiete comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El número de hogares residentes en España en 2021, representados por la ECV de 2022 (INE, 2023), asciende a 18.927.630, mientras que, para 2022, la ECV de 2023 (INE, 2024) representa a 19.149.001 hogares.

Tanto la renta, en sus diferentes definiciones, como las prestaciones (monetarias y en especie) y los pagos impositivos reflejados en las figuras consideradas, se refieren al hogar y son la suma de todos los importes correspondientes a sus miembros. La principal fuente de información estadística utilizada en el Observatorio, salvo que se indique otra cosa, es la ECV. Debe tenerse en cuenta que los importes anuales corresponden al año anterior al de la encuesta: la ECV de 2022, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2023, contiene información sobre la renta anual, las prestaciones monetarias y los impuestos directos y cotizaciones sociales del año 2021, y la ECV de 2023, publicada por el INE en 2024, de las respectivas variables anuales de 2022.

Todos los cálculos estadísticos se realizan y presentan en términos monetarios. En el Anexo online se recogen también los resultados alcanzados para las denominadas “rentas equivalentes”, que se obtienen al aplicar una “escala de equivalencia”, que tiene en cuenta el tamaño y la composición del hogar, a la renta total, a las prestaciones y a las cuotas impositivas de cada hogar.²

² En este estudio aplicamos la escala de equivalencia de la OCDE modificada, que, en su ponderación del número de miembros del hogar, asigna valor 1 al primer adulto, 0,5 al resto de adultos y 0,3 a los menores de 14 años.

2.2 Categorías de renta

- Renta de mercado

La renta de mercado (o primaria) del hogar es la suma de todas las rentas percibidas por sus miembros, incluidos los menores de 16 años, como retribución de los factores productivos ofertados. Está integrada por las rentas monetarias y no monetarias brutas de los asalariados, los beneficios o pérdidas de los trabajadores por cuenta propia, el autoconsumo de bienes, la renta bruta procedente de alquileres, intereses, dividendos y el resto de rentas del capital.

- Renta de mercado ampliada

Esta magnitud es el resultado de añadir tres componentes a la renta de mercado: las transferencias netas periódicas entre hogares, las rentas procedentes de planes privados de pensiones y las indemnizaciones por despido. Estos dos últimos se estiman a partir de la información recogida en la ECV. La inclusión de estas tres transferencias privadas incorpora un cambio de la desigualdad de la renta primaria, el cual puede medirse comparando la desigualdad de las distribuciones de la renta de mercado y de la renta de mercado ampliada.

- Renta bruta

Para obtener la renta bruta, se suma a la renta primaria ampliada el importe de las prestaciones públicas de carácter monetario correspondientes a diferentes programas de gasto, transferidas por el sector público a los hogares. En concreto, se incorporan los ingresos por pensiones públicas en todas sus categorías (pensiones de jubilación, de supervivencia y de invalidez), las prestaciones por desempleo y enfermedad, así como distintos programas de ayuda a familias en situación económica desfavorable (ayudas para familias e hijos, ingresos por asistencia social, rentas mínimas como el ingreso mínimo vital, ayuda para la vivienda y ayudas al estudio).

De acuerdo con esta definición, la renta bruta incorpora una primera intervención del sector público correctora de la desigualdad de la renta de mercado ampliada, realizada a través de las prestaciones monetarias transferidas a los hogares. Para medir su impacto distributivo, se compara la desigualdad de la distribución de la renta de mercado ampliada con la de la renta bruta.

La renta bruta es el indicador que se toma como referencia en el Observatorio para evaluar el impacto distributivo de cada instrumento de la intervención pública sobre los hogares, agrupados según su capacidad económica. Por consiguiente, las distribuciones por quintiles reflejadas en los gráficos para las distintas categorías de renta, prestaciones públicas e

impuestos se han obtenido usando como variable de referencia, en todo caso, la renta bruta de los hogares españoles del año correspondiente.³

En el Gráfico 2.1 se muestra la composición de la renta bruta de los hogares por quintiles de renta. Dentro de la renta de mercado, diferenciamos entre las rentas del trabajo (que incluyen las cotizaciones sociales empresariales y las realizadas por el SEPE para los receptores de prestaciones por desempleo), las procedentes del capital (que incorporan los beneficios societarios distribuidos y no distribuidos) y las rentas de actividades económicas, integradas por los beneficios o pérdidas de los trabajadores por cuenta propia y el autoconsumo de bienes. La categoría de otras rentas está formada por las transferencias privadas tenidas en cuenta para calcular la renta de mercado ampliada. Las prestaciones monetarias de carácter público son el quinto componente considerado.

Gráfico 2.1. Composición por fuentes de la renta bruta (porcentajes por quintiles) Composición porcentual de la renta bruta por quintiles (%). Año 2021

³ La utilización de la renta bruta como variable de referencia suele ser un estándar habitual en el análisis distributivo, pues permite medir el impacto de los impuestos y las prestaciones en la totalidad de los hogares, incluidos aquellos que carecen de rentas de mercado o en los que estas son muy reducidas, como sucede con frecuencia en los integrados por pensionistas o desempleados. Además, debe tenerse en cuenta que la renta procedente de las prestaciones monetarias es gravada en el momento de su percepción, en la mayoría de los casos, por el IRPF (en el caso de las prestaciones por desempleo, también por las cotizaciones sociales) y, al destinarse al consumo, por los impuestos indirectos.

2022 Composición porcentual de la renta bruta por quintiles (%). Año 2022

- Renta disponible

Con la renta bruta, los hogares hacen frente a sus obligaciones fiscales, tanto por impuestos directos y cotizaciones sociales, como por impuestos indirectos. La minoración de la renta bruta en estos pagos da lugar a la renta disponible.

Los impuestos directos considerados en el Observatorio son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre Sociedades (IS) y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP). Además, dentro del bloque de la fiscalidad directa, se analizan las Cotizaciones Sociales (CCSS) a cargo de trabajadores y autónomos, así como las abonadas por los empresarios, incluyéndose también las cotizaciones de los trabajadores desempleados y las realizadas en beneficio de estos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Los impuestos indirectos incorporados en el Observatorio son el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), los Impuestos Especiales (IIEE) sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas, sobre Hidrocarburos, sobre las Labores del Tabaco y sobre la Electricidad, y el Impuesto sobre las Primas de Seguros (IPS).

La aplicación de estos impuestos tiene un impacto distributivo originado por el reparto de su carga entre los hogares, el cual se refleja al comparar la desigualdad de la distribución de la renta bruta con la de la renta disponible.⁴

- Renta disponible extendida

El Observatorio incorpora al análisis la estimación del impacto distributivo del gasto público en educación y sanidad. La sanidad y la educación son las dos principales políticas de gasto en bienes preferentes, cuya provisión por parte del sector público se realiza, mayoritariamente, mediante transferencias en especie. Valoradas monetariamente, estas transferencias en especie aumentan la renta disponible, dando lugar a una última categoría de renta denominada renta disponible extendida.

Para cuantificar el impacto distributivo de estas prestaciones en especie comparamos el cambio en la desigualdad que se produce al pasar de la distribución de la renta disponible a la de la renta disponible extendida.

2.3 Definición de la renta de mercado: criterios metodológicos

Desde el Sexto Informe del Observatorio, hemos incorporado al análisis distributivo realizado el Impuesto sobre Sociedades y las Cotizaciones Sociales abonadas por los empleadores. Para ello, adoptamos el enfoque de la “distribución actual de la renta” propuesto por Saez y Zucman (2023), e imputamos el Impuesto sobre Sociedades íntegramente a los accionistas (de igual forma que los impuestos restantes sobre el capital son atribuidos a sus propietarios), identificados a través de los hogares perceptores de dividendos, mientras que las cotizaciones sociales empresariales son atribuidas en su totalidad a los trabajadores (de igual manera que se hace con el resto de las cotizaciones sociales e impuestos que gravan las retribuciones del trabajo).

Desde el punto de vista metodológico, en coherencia con la imputación a los hogares de las cuotas del Impuesto sobre Sociedades y de las Cotizaciones Sociales empresariales, la aplicación de este enfoque requiere incluir en la renta primaria la totalidad de las rentas que son gravadas por los diversos impuestos. En el caso del Impuesto sobre Sociedades, esto supone incluir en la renta de mercado el importe anual de los beneficios obtenidos por las sociedades cuyas acciones están en manos de los hogares residentes, tanto si se trata de los dividendos

⁴ Hay que advertir que, en las comparaciones internacionales, es frecuente encontrar análisis en los que la renta disponible solamente contempla la aplicación de impuestos directos y cotizaciones sociales, no incluyendo, por tanto, los impuestos indirectos. Como excepciones, pueden consultarse Blasco et al. (2023), Fisher-Post y Gethin (2023), Office for National Statistics (2023) y Maier y Ricci (2024).

distribuidos a los accionistas como de beneficios mantenidos como reservas en las sociedades. De igual forma, las rentas salariales percibidas por los miembros del hogar deben ser incrementadas en el importe de las cotizaciones sociales pagadas por los empleadores, al considerarse que este coste fiscal supone una mayor retribución del factor trabajo, con independencia de que sea abonado a la Seguridad Social por el empleador.

En cuanto a la aplicación de esta metodología, hay que señalar que, mientras que la ECV contiene información del importe de las cotizaciones sociales empresariales imputables a cada trabajador (que, no obstante, hemos debido completar en algunos casos, como las abonadas por el Servicio Público de Empleo Estatal para los perceptores de las prestaciones por desempleo), en el caso de las rentas societarias, esta encuesta no contiene información sobre su cuantía total, ni tampoco de la parte correspondiente a los dividendos distribuidos, al figurar estos incluidos en la misma variable de rentas del capital que los intereses. Por supuesto, la ECV tampoco contiene información de la cuota del Impuesto sobre Sociedades pagada. Por tanto, para poder disponer de estas partidas, ha sido necesario estimarlas a partir de la explotación de la información disponible en la ECV, de las estadísticas agregadas del Impuesto sobre Sociedades publicadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como de las Cuentas anuales no financieras de los sectores institucionales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística.

Para estimar los beneficios societarios íntegros (antes del pago del Impuesto sobre Sociedades) hemos seguido el mismo procedimiento descrito en el Sexto Informe del Observatorio (López Laborda, Marín y Onrubia, 2021a), si bien la disponibilidad del nuevo Panel de Hogares de la Agencia Tributaria (AEAT, 2024), con información a nivel de microdatos del IRPF a partir del año 2016, representativa del conjunto de hogares españoles en el territorio fiscal común, ha permitido mejorar el reparto en la ECV entre dividendos y resto de rentas del capital mediante una estimación econométrica de elección discreta.⁵ La renta societaria total se distribuye entre los hogares en proporción a los importes de los dividendos de cada hogar así estimados y se imputa la correspondiente cuota del Impuesto sobre Sociedades.

⁵ Para estimar los dividendos de 2022 se han utilizado los microdatos de IRPF de 2021 del Panel de Hogares de ese año, al no estar disponibles en el momento de la elaboración de este trabajo los correspondientes a 2022. En este proceso se han tenido en cuenta solamente las declaraciones de IRPF de 2021 del Panel de Hogares con rentas brutas declaradas inferiores a 505.000 euros, dado que en la ECV no existen para ese año hogares con rentas superiores a este importe y que tengan rentas de la propiedad.

2.4 La distribución de la renta de mercado ampliada

El Gráfico 2.2 muestra la distribución de la renta de mercado ampliada correspondiente a los años 2021 y 2022, por quintiles (desagregándose el último quintil en el decil 9, los centiles 91 a 99 y el último centil), en términos de su valor medio y del porcentaje que representa respecto del total de los hogares. En 2021 y 2022, los cuatro primeros quintiles acumulan, respectivamente, el 44,2% y el 45,2% de la renta de mercado ampliada total. El decil 9 representa, tanto en 2021 como en 2022, un 17,7%, mientras que la participación de los percentiles 91 a 99 es, respectivamente, del 27,5% y del 26,9%. Para el 1% de los hogares con mayor renta de mercado ampliada, la participación fue del 10,5% en 2021 y del 10,2%, porcentajes similares al 10,3% que se alcanzó en 2019, año previo al de inicio de la pandemia de la COVID, en el que la participación cayó al 7,9%.

Gráfico 2.2. Distribución de la renta de mercado ampliada de los hogares en 2021 y 2022 (media en euros; participación en el total en porcentaje)

En cuanto al crecimiento de la renta de mercado ampliada entre 2021 y 2022, este se situó en el 12,8%. Por quintiles, los porcentajes de crecimiento van disminuyendo, desde el 20,8% del primer quintil hasta el 8,9% del último percentil, con la excepción del segundo quintil, donde fue mayor el crecimiento medio de la renta de mercado ampliada, un 24,7%. Debe tenerse en cuenta que, debido a las tensiones inflacionistas generadas, fundamentalmente, por la guerra de Ucrania, el Índice de Precios al Consumo (IPC) anual alcanzó en 2022 el 8,4%, un valor

desconocido desde mediados de la década de los años ochenta (en 2021, el IPC se elevó hasta el 3,1%, tras permanecer desde 2013 sin superar el objetivo del Banco Central Europeo del 2%). Por fuentes, las rentas que más crecen entre 2021 y 2022 son las del capital, un 21,6%, seguidas de las del trabajo, un 11,8%, y de las rentas de actividades económicas, un 11,2%. Las incluidas en la rúbrica de “otras rentas” tan solo aumentaron un 1,3%.

En las rentas del trabajo, el mayor incremento se dio en el segundo quintil (27,8%), seguido por los quintiles tercero (16,9%) y primero (16,1%). Los aumentos fueron menores en el cuarto quintil (13,6%), el decil 9 (11,4%) y los percentiles 91 a 99 (4,5%), mientras que el "top 1%" registró un aumento del 7,3%. Por otro lado, en las rentas de actividades económicas, el primer quintil tuvo un crecimiento destacado (49,1%), seguido del "top 1%" (26,8%), mientras que otros grupos como el segundo quintil (16,5%) y el decil 9 (14,3%) también superaron la media, mientras que el tercer quintil experimentó un descenso del 7,8%. En cuanto a las rentas de capital, los mayores incrementos se observaron en los percentiles 91 a 99 (60,1%) y el decil 9 (41,3%), mientras que los quintiles tercero, primero y cuarto registraron aumentos más moderados (22,5%, 15,55% y 15,49%, respectivamente). El segundo quintil mostró el menor crecimiento (1,4%). Cabe destacar que, a diferencia del fuerte aumento del 161,2% en las rentas del capital del "top 1%" entre 2020 y 2021, este segmento creció solo un 8,1% entre 2021 y 2022.

Sección 3 Prestaciones monetarias

En esta sección, estimamos cómo intervienen en la formación de la renta bruta, a partir de la renta de mercado ampliada, las principales prestaciones monetarias de carácter público percibidas por los hogares españoles. Como ya hemos señalado en la sección anterior, de acuerdo con los datos que ofrece la ECV, consideramos las siguientes prestaciones públicas: pensiones públicas de jubilación y de supervivencia (viudedad y orfandad), prestaciones y subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad y asistencia social y ayudas al estudio, familiares y a la vivienda.

Para las pensiones de jubilación y supervivencia, la información disponible en la ECV permite identificar las prestaciones de carácter público, ya sean de gestión pública directa o a través de mutualidades. Respecto de las prestaciones por discapacidad y enfermedad, en España, estas proceden en su práctica totalidad del régimen público, independientemente de su gestión pública o privada, si bien no es factible determinar la posible inclusión en los importes de estas variables de pagos procedentes de fuera del sistema público. En el caso de las prestaciones y subsidios por desempleo, pese a su carácter estrictamente público, ha sido necesario estimar sus importes, pues la variable de la ECV que las recoge incluye también, sorprendentemente, las indemnizaciones por despido recibidas por los hogares.⁶ En el resto de prestaciones consideradas, con la información disponible en la ECV, no resulta posible separar los pagos procedentes del sistema público de los procedentes de entidades privadas, aunque, de acuerdo con la información presupuestaria disponible, es razonable presumir que el carácter público será claramente predominante.⁷

Para cada prestación, calculamos la tasa media efectiva de subsidio en un año, definida como el cociente entre la cuantía de la prestación y la renta bruta de los hogares (en adelante, para simplificar, nos referiremos a esta tasa simplemente como “subsidio medio efectivo”). Como ya hemos explicado, por homogeneidad en el análisis, la renta de referencia es, a lo largo de todo el trabajo, la renta bruta de los hogares, si bien, como veremos más adelante, evaluaremos la contribución de las prestaciones a la reducción de la desigualdad de la renta de mercado ampliada. Los resultados para cada clase de prestaciones y para el conjunto de ellas en 2021 y 2022 se detallan en el Anexo online.

⁶ La estimación se ha realizado aplicando los límites máximos mensuales establecidos en la regulación de las prestaciones por desempleo vigente para los años analizados, considerando que los importes que exceden esos límites corresponden a la percepción de indemnizaciones por despido. Las cuantías de estas indemnizaciones son, en términos generales, bastante elevadas, lo que las convierte en un factor determinante para ubicar a los hogares que las perciben tanto en la distribución de la renta primaria como en la de la renta bruta.

⁷ Entre las prestaciones monetarias percibidas por los hogares en 2022, se ha incluido, dentro de la categoría “resto de prestaciones”, el importe de la bonificación por adquisición de combustibles regulada en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo.

El conjunto de prestaciones aumentó entre 2021 y 2022, de media, un 2,9%, tras el descenso del 3,1% registrado entre 2020 y 2021. Por categorías, solamente disminuyeron su importe medio las prestaciones y subsidios por desempleo (27,8%) y, en mucha menor medida, las prestaciones por invalidez (0,2%). Las otras categorías experimentan en 2022 crecimientos en sus cuantías medias, dándose el incremento más elevado en el resto de prestaciones (28,2%), explicado, fundamentalmente, por la incorporación de la subvención de 0,2 céntimos en la compra de carburantes. También aumentan los ingresos por asistencia social (13,4%), seguido por las pensiones de jubilación (7,8%) y las de supervivencia (4,4%).

Entre 2021 y 2022, la renta bruta media aumentó un 10,6%, impulsada por el incremento del 12,8% en la renta de mercado ampliada. Como resultado, el subsidio medio efectivo para prestaciones se redujo al 20,1% en 2022, 1,5 puntos porcentuales menos que en 2021. La mayor disminución ocurrió en los subsidios por desempleo, que bajaron un punto porcentual (del 2,9% al 1,9%). En las pensiones de jubilación, el subsidio medio cayó ligeramente (0,3 puntos), aunque los hogares del primer quintil vieron un aumento de 1 punto. El resto de las reducciones fueron menores: 0,15 puntos en las prestaciones de supervivencia y en las de invalidez. Los ingresos por asistencia social fueron la única categoría en la que el subsidio medio efectivo se mantuvo prácticamente estable, con un ligero aumento de 0,01 puntos.⁸ El subsidio medio efectivo del resto de prestaciones monetarias aumentó en 0,13 puntos.

En el Gráfico 3.1 se muestran los subsidios medios efectivos correspondientes a las divisiones de la distribución de la renta bruta de los hogares que venimos considerando, tanto para el total de las prestaciones como para las cinco clases que hemos diferenciado: pensiones de jubilación y supervivencia, desempleo, invalidez, asistencia social y resto. Como la importancia de las pensiones impide apreciar bien el peso de las restantes prestaciones, incluimos también el Gráfico 3.2, que detalla los subsidios medios efectivos de las prestaciones distintas de las pensiones.

⁸ A diferencia de lo que sucedía en 2021, tras su implantación en 2020 mediante la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, la aportación en 2022 del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al subsidio medio efectivo de los ingresos por asistencia social se habría moderado, como refleja la pequeña subida de 0,06 puntos (de 4,65% al 4,71%) en los hogares del primer cuartil, donde se concentran mayoritariamente sus perceptores. Esto es consistente con los datos sobre la evolución del número de beneficiarios e importe medio mostrados por AIReF (2022, 2023) en las dos primeras evaluaciones realizadas del IMV.

Gráfico 3.1. Tasas medias efectivas de subsidio de las prestaciones monetarias en 2021 y 2022, por tramos de renta bruta (%) En el Gráfico 3.1 se observa que las pensiones de jubilación y supervivencia explican la mayor parte de las prestaciones monetarias recibidas por los hogares en 2022, como viene sucediendo en los años anteriores: un puntos porcentuales más que en 2021 y puntos más que en 2020, lo que pone de manifiesto la fuerte tendencia al alza de las pensiones dentro del conjunto de prestaciones sociales monetarias percibidas por los hogares españoles, especialmente las de jubilación, que ven aumentado su peso relativo de 2021 a 2022 en 2,9 puntos porcentuales, del 61,6% al 64,5%. Por su parte, las prestaciones vinculadas al desempleo representan en 2022 el 9,4%, 4 puntos menos que 2021. El peso de las prestaciones de invalidez desciende ligeramente en 2022 hasta el , desde el 7% de 2021, mientras que e correspondiente a los ingresos por asistencia social aumenta puntos porcentuales, hasta el 1,93%, desde el 1,76% (en 2020 su peso fue del 1,23%, tras la introducción de la figura del IMV). Finalmente, el resto de prestaciones monetarias supone, en 2022, el 4,8% del total, 0,94 punto por encima de lo que representaban en 2021.

Por quintiles, se comprueba, como en años precedentes, que el subsidio medio agregado es decreciente, indicativo de la progresividad de las prestaciones públicas. En el año 2022, el primer quintil obtuvo prestaciones que representaban un 66,2% de su renta bruta, mientras que, para el 1% de hogares con mayor renta bruta, estas suponían el 3,8%. El mismo perfil decreciente se observa para cada una de las prestaciones consideradas.

Gráfico 3.2. Tasas medias efectivas de subsidio de las prestaciones monetarias en 2021 y 2022, por tramos de renta bruta, excluyendo pensiones (%) Entre 2021 y 2022, los subsidios medios efectivos cayeron prácticamente en todos los segmentos de renta para todas las prestaciones analizadas.

Adicionalmente, hemos calculado el efecto redistributivo del sistema de prestaciones monetarias de carácter público, a través del impacto de estas sobre la desigualdad en la distribución de la renta de mercado ampliada, tal y como se ha definido esta última en la sección 2. A tal fin, se obtiene, como se hace habitualmente, el índice de Reynolds-Smolensky, que cuantifica la diferencia entre la desigualdad de la renta antes y después de las prestaciones, medida a través del índice de Gini, que toma valores entre 0, para la máxima igualdad, y 1, para la máxima desigualdad.

En 2022, el índice de Gini de la renta de mercado ampliada es de 0,5672, significativamente inferior al valor de 0,5821 que presentaba en 2021. El índice de Reynolds-Smolensky para el conjunto de prestaciones monetarias es de 0,1328 en 2022, lo que supone que las prestaciones monetarias corrigen, de forma agregada, la desigualdad de la renta de mercado en ese año un 23,4%. Este porcentaje es inferior al 24,9% alcanzado en 2021 y al 26,7% obtenido en el año 2020 (cuando el índice de Reynolds-Smolensky de las prestaciones monetarias alcanzó un valor máximo de la serie de 0,1563) y el más bajo de la serie homogénea iniciada en 2017. Como consecuencia de la acción redistributiva de las prestaciones públicas de carácter monetario, el índice de Gini de la desigualdad de la renta bruta se sitúa en 0,4344 en 2022, un 0,62% más bajo que en 2021 (0,4371).

Como sucede en todos los años incluidos en el Observatorio, en 2022, la principal aportación de las prestaciones monetarias a la redistribución de la renta procede de las pensiones de jubilación (que reducen en un 15,50% la desigualdad de la renta de mercado ampliada), seguida de las de supervivencia (un 4,06%), desempleo (1,98%), invalidez (1,68%), resto de prestaciones (0,75%) y asistencia social (0,74%). Con la salvedad de estas dos últimas categorías, todas las prestaciones monetarias disminuyen su contribución a la reducción de la desigualdad entre 2021 y 2022, destacando la caída de 0,9 puntos porcentuales de las de desempleo.

Sección 4 Impuestos

En esta sección, vamos a estimar cómo los impuestos pagados por los hogares modifican la renta bruta de estos, obteniéndose como resultado la renta disponible (o neta). Empezaremos presentando los resultados para cada impuesto y seguidamente examinaremos cómo se reparte entre los hogares el conjunto de impuestos analizados, comparando el peso de los impuestos directos e indirectos para cada tramo de renta. Como ya se ha indicado, los impuestos considerados son los siguientes: IRPF, IS, Impuesto sobre el Patrimonio, Cotizaciones Sociales a cargo del trabajador o autónomo y del empresario, IVA, ITPAJD, Impuestos Especiales sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas, Hidrocarburos, las Labores del Tabaco y la Electricidad e Impuesto sobre las Primas de Seguros.

En el Gráfico 4.1 se recogen los tipos medios efectivos de cada impuesto en 2021 y 2022, calculados como el cociente entre el importe de los impuestos pagados y la renta bruta de los hogares. Entre esos dos años, aumenta la recaudación de todos los tributos, con la excepción del Impuesto sobre el Patrimonio y los Impuestos Especiales. En términos agregados, los ingresos tributarios medios se incrementan en un 11,2%. Como ya se ha dicho, la renta bruta media de los hogares aumenta en el mismo período en un 10,6%, de forma que el tipo medio efectivo del conjunto de impuestos se incrementa en 0,19 puntos, hasta representar el 35,1% de la renta bruta de los hogares.

Gráfico 4.1. Tipos medios efectivos de los impuestos en 2021 y 2022, calculados sobre la renta bruta de los hogares (%)

4.1 IRPF

La recaudación imputada del IRPF se incrementa de media entre 2021 y 2022 en un 14,5%, crecimiento superior al de la renta bruta. En consecuencia, como refleja el Gráfico 4.1 anterior, el tipo medio efectivo agregado del IRPF sigue mostrando una tendencia creciente, situándose en el 10,6% en 2022, frente al 10,3% de 2021.

En el Gráfico 4.2 se observa que, en 2022, el tipo medio efectivo del IRPF crece a lo largo de la distribución de la renta bruta, pero cae más de 5 puntos en el centil superior. Como ya se ha explicado en los Informes anteriores del Observatorio, este último resultado se debe, fundamentalmente, a que la renta bruta de los hogares incorpora la imputación a los mismos de las rentas societarias detallada en la sección 2, que se concentra mayoritariamente en el “top 1%”, y de las cuales, las rentas no distribuidas no resultan gravadas por el IRPF. El gráfico también muestra que, en general, los tipos medios efectivos son más elevados en 2022 que en 2021.

Gráfico 4.2. Tipo medio efectivo del IRPF en 2021 y 2022, por tramos de renta bruta (%) Adicionalmente, se ha calculado la contribución del IRPF a la reducción de las desigualdades de renta entre los hogares, medida por el índice de Reynolds-Smolensky. Como hemos visto en la sección 3, tras la aplicación de las prestaciones monetarias, el índice de Gini de desigualdad de la renta bruta es 0,4371 en 2021. En ese año, el IRPF reduce en un 4,3% la desigualdad en la distribución de la renta bruta entre los hogares españoles. En 2022, el índice de Gini de desigualdad de la renta bruta disminuye hasta 0,4344, y el IRPF reduce ligeramente su

contribución a la reducción de la desigualdad, hasta el 4,1%. Como se comprobará en un epígrafe posterior, el IRPF sigue siendo el instrumento redistributivo más potente con que cuenta el sector público, por el lado de los impuestos.

4.2 Impuesto sobre Sociedades

La recaudación imputada del Impuesto sobre Sociedades (IS) aumenta en un 29,7% de media entre 2021 y 2022 y el tipo medio efectivo pasa del 0,8% al 0,9% de la renta bruta de los hogares (Gráfico 4.1). Para interpretar adecuadamente el reducido tamaño de los ingresos de IS que se recogen en este estudio hay que tener en cuenta que, como explicamos en el Sexto Informe del Observatorio (López Laborda, Marín y Onrubia, 2021a) y en la sección 2 de este Informe (nota 5), solo imputamos la cuota impositiva que pagan los hogares que, primero, sean residentes en España, y segundo, estén adecuadamente representados en la ECV.

Como muestra el Gráfico 4.3, el IS se comporta de manera progresiva. Los tipos medios efectivos no alcanzan en 2022 el 0,3% para el 90% de los hogares con menos renta bruta y superan el 6,7% para el 1% de los hogares más ricos. Estos últimos pagan en 2022 el 62% del importe total del IS imputado a los hogares residentes y, junto con el tramo anterior, casi el 88%. Salvo para el segundo quintil, los tipos medios en 2022 son superiores a los de 2021.

Gráfico 4.3. Tipo medio efectivo del Impuesto sobre Sociedades en 2021 y 2022, por tramos de renta bruta (%)

En consonancia con su limitado volumen recaudatorio, aunque el IS es muy progresivo, su capacidad redistributiva sigue siendo muy reducida. En 2021, el impuesto imputado reduce en

un 0,86% la desigualdad en la distribución de la renta bruta entre los hogares residentes en España y en 2022, en un 1,01%.

Conviene precisar que, como se explica en la sección 2 de este Informe, para cuantificar la renta de mercado, hemos atribuido a los hogares perceptores de dividendos la renta obtenida por las sociedades en las que participan, con independencia de si esa renta se ha distribuido o no y de si se ha obtenido en España o en otros países, pero solo imputamos a esos mismos hogares el IS español. Por lo tanto, no les estamos imputando los impuestos sobre los beneficios societarios que se hayan pagado, en su caso, en el extranjero, por la parte del beneficio societario obtenido fuera de España. Se trata de una decisión justificada, porque el objetivo de este Observatorio es evaluar la relación de intercambio entre los impuestos que se pagan y las prestaciones que se reciben por los hogares en España, y esos impuestos no se pagan en nuestro país, por lo que tampoco contribuyen a financiar el sistema español de prestaciones públicas. En cualquier caso, hay que reconocer que la carga tributaria total de los hogares por la imposición sobre sociedades, española o de otros países, será superior a la reflejada en el gráfico 4.3, aunque no sea posible calcular su importe.

4.3 Impuesto sobre el Patrimonio

Como en los anteriores Informes, comprobamos que el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) sigue siendo un tributo marginal en nuestro análisis. La recaudación media ha disminuido entre 2021 y 2022 un 4,9%, y el tipo medio efectivo agregado se ha reducido del 0,09% al 0,08% (Gráfico 4.1).⁹

Como refleja el Gráfico 4.4, en 2022, el perfil de los tipos medios efectivos presenta una curiosa forma de U, con prácticamente los mismos valores en el tramo decreciente y creciente: los tipos caen hasta el cuarto quintil y luego aumentan, de forma que el tipo correspondiente a los hogares ubicados en el “top 1%” es casi el mismo que el de los hogares del primer quintil. Un comportamiento similar se observa para el año 2021. En coherencia con estos resultados, el IP apenas modifica la distribución de la renta. En ambos años, el impuesto contribuye a aumentar muy levemente la desigualdad en la distribución de la renta de los hogares españoles: en un 0,02% en 2021 y en un 0,01% en 2022.

⁹ En los últimos años, ha mejorado sustancialmente la representatividad de los datos del IP consignados en la ECV. Las cuantías agregadas que se consignan en la ECV por este impuesto son de 831,5 millones de euros en 2021 y 799,9 millones en 2022. La cuota ingresada por el IP en estos dos ejercicios se eleva a 1.203,7 y 1.352,3 millones de euros, respectivamente (AEAT, 2022, 2023), lo que quiere decir que la ECV está reflejando entre el 60 y el 70% de la recaudación del impuesto.

Gráfico 4.4. Tipo medio efectivo del Impuesto sobre el Patrimonio en 2021 y 2022, por tramos de renta bruta (%)

4.4 Cotizaciones Sociales

La recaudación media por cotizaciones sociales crece un 10,8% entre 2021 y 2022, solo un poco por encima del crecimiento en la renta bruta de los hogares, lo que lleva a que el tipo medio efectivo continúe mostrando la estabilidad de los años precedentes: un 17,6% en 2021 y en 2022 (Gráfico 4.1). El tipo medio efectivo correspondiente a las cuotas de trabajadores y autónomos es el 4% en los dos años; el de las empresas, el 13,6% en 2021 y el 13,7% en 2022. El comportamiento de los tipos medios de las cotizaciones de trabajadores y autónomos a lo largo de la escala de rentas, que refleja el Gráfico 4.5, sigue siendo similar al observado en los años anteriores, mostrando una forma de U invertida, con muy poca pendiente, y con dos valores muy llamativos. Por una parte, los hogares situados en el primer quintil tienen el tipo efectivo más elevado de todos los tramos, superior al 5% en 2021 y 2022. Ese resultado se explica por la aplicación, en particular, a los trabajadores autónomos, de bases mínimas de cotización sobre las que deben contribuir, pese a que a sus rentas sean inferiores a las mismas o aun cuando incurran en pérdidas. Por su parte, los hogares ubicados en el 1% superior soportan un tipo efectivo ligeramente superior al 1%, el más bajo de todos, con mucha diferencia. Esto es debido, por un lado, a la existencia de bases máximas para todos los cotizantes (4.070,10 euros mensuales en 2021 y 4.139,40 en 2022), que dejan exenta de tributación una parte de las retribuciones más altas, y, por otro lado, al menor peso relativo de las rentas salariales y

empresariales en la renta bruta de los hogares del centil superior.¹⁰ Los tipos medios efectivos son más altos en 2021 que en 2022, salvo para los dos primeros quintiles.

Gráfico 4.5. Tipo medio efectivo de las cotizaciones sociales en 2021 y 2022, por tramos de renta bruta (%)

La evolución de los tipos medios de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social presenta también una forma de U invertida, más marcada que en el caso de los tipos correspondientes a trabajadores y autónomos. Los tipos medios son mayores en 2022 que en 2021 para los cuatro primeros quintiles y el decil 9 de renta bruta. Como podemos ver en el gráfico, ahora desaparece la anomalía que hemos señalado más arriba para las rentas más bajas, aunque el tipo medio efectivo de las cuotas empresariales de los hogares más ricos sigue siendo el más reducido de toda la escala de renta bruta.

Tanto en 2021 como en 2022, las cuotas sociales de trabajadores y autónomos tienen un efecto redistributivo negativo; el efecto de las cuotas empresariales es positivo en 2021, pero negativo en 2022. Agregando unos y otros, el resultado es que las cotizaciones sociales aumentan la desigualdad en la distribución de la renta bruta en un 0,61% en 2021, y en un 1,53% en 2022.¹¹

¹⁰ Como se explica en el documento metodológico complementario a los Informes (López Laborda, Marín y Onrubia, 2016b), la ECV ofrece, incomprensiblemente, de manera agregada las cotizaciones sociales de trabajadores y autónomos y el IRPF correspondientes a cada hogar, lo que nos obliga a realizar una estimación de las cotizaciones soportadas por los hogares y obtener de manera residual el IRPF. Algunas medidas normativas (como la denominada “tarifa plana” de los autónomos) no se pueden cuantificar con la información disponible, por lo que es posible que haya una sobrevaloración de la carga tributaria por cotizaciones, especialmente en los primeros quintiles, compensada con una infravaloración del IRPF pagado.

4.5 IVA e ITPAJD

En este epígrafe, presentamos conjuntamente los resultados sobre la imputación a los hogares del IVA y el ITPAJD (modalidad transmisiones patrimoniales onerosas), ya que las fuentes que hemos utilizado (ECV y EPF) no nos permiten distinguir de manera completamente fiable cuál de los dos impuestos recae, en cada caso, sobre las adquisiciones por los hogares de viviendas y vehículos (coches, motos, embarcaciones y aeronaves), las dos categorías de bienes con hechos imponibles gravados por el ITPAJD en las transmisiones realizadas por particulares.

El IVA e ITPAJD pagado por los hogares se ha incrementado de media en un 7,2% entre 2021 y 2022 (frente al 8,8% de aumento entre 2020 y 2021), por debajo del incremento experimentado por la renta bruta, de forma que el tipo medio efectivo pasa del 5,1% al 4,9% (Gráfico 4.1). Hay que recordar que en 2022 se siguieron aplicando diversas medidas de reducción de los tipos impositivos del IVA para paliar el efecto de los aumentos de los precios de la energía, como la electricidad, el gas natural, la madera y los pellets.

Como se observa en el Gráfico 4.6, el tipo medio cae a lo largo de la escala de rentas. Los hogares situados en el quintil inferior soportan en estos años una carga fiscal entre un 11% y un 12% de su renta bruta; sin embargo, los pertenecientes al percentil superior pagan un impuesto un poco por encima del 1% de su renta bruta. Estos resultados muestran que la disminución de la proporción de renta de los hogares destinada a consumo tiene más impacto en el comportamiento de los tipos medios que la aplicación de tipos reducidos en el IVA. Pese a que estos últimos están dirigidos, en buena medida, a reducir la carga tributaria de los consumidores de menor capacidad económica, lo cierto es que el consumo de productos sujetos a esos tipos reducidos no varía excesivamente a lo largo de la escala de renta: en 2022, representa aproximadamente un 50% de la cesta de consumos gravados de los hogares del quintil más bajo (un 48% en 2021) y un 46% del centil más alto (45% en 2021). Aunque todos los hogares han pagado, de media, unos impuestos mayores en 2022 que en 2021, ese incremento ha sido inferior al experimentado por su renta bruta media, salvo para los hogares del decil 9, lo que explica que el tipo medio efectivo en 2022 haya sido menor que en 2021, excepto para el decil apuntado.

¹¹ Utilizando escalas de equivalencia, el efecto redistributivo de las cotizaciones sociales es negativo en los dos años para sus dos componentes: véase el Anexo online.

Gráfico 4.6. Tipo medio efectivo del IVA y el ITPAJD, sobre renta y sobre gasto en 2021 y 2022, por tramos de renta bruta (%)

En consecuencia, el IVA y el ITPAJD se comportan, como viene sucediendo en los años precedentes, de manera regresiva para el conjunto de hogares. En efecto, tras la aplicación de esos tributos, la desigualdad en la distribución de la renta bruta de los hogares aumenta en un 2,74% en 2021 y en un 2,47% en 2022.

Lógicamente, la evaluación de la progresividad efectiva del IVA y el ITPAJD cambia si calculamos los tipos medios efectivos en relación con el gasto total de los hogares, en lugar de con la renta bruta. El propio Gráfico 4.6 muestra los resultados de ese ejercicio para los dos años examinados. Se observa que los tipos efectivos definidos sobre el gasto de los hogares apenas cambian a lo largo de la distribución de la renta, reflejando una práctica proporcionalidad del gravamen respecto de aquella magnitud.¹²

¹² Estos resultados pueden ser útiles para emplearse en una valoración del impacto distributivo del IVA desde una perspectiva de ciclo vital, pero no permiten concluir, sin más, que, con ese enfoque, el IVA es un impuesto proporcional o ligeramente progresivo, porque no se están tomando en consideración las herencias y donaciones recibidas y transmitidas por los hogares. Hay alguna evidencia de que, también en términos de ciclo vital, el ahorro es creciente con la renta: para Estados Unidos y Reino Unido, véase Bozio et al. (2013, 2017); para Dinamarca, Jakobson et al. (2020). La evidencia en el Reino Unido muestra que el IVA sigue siendo regresivo, aunque menos que si se adopta un enfoque anual para medir el impacto redistributivo de las políticas públicas (Levell et al.,2015, 2021; Roantree y Shaw, 2018). En

4.6 Impuestos Especiales

Se incluyen en esta sección cuatro Impuestos Especiales: los Impuestos sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas, el Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto sobre las Labores del Tabaco y el Impuesto Especial sobre la Electricidad; además del Impuesto sobre las Primas de Seguros.

Entre 2021 y 2022, se observa una caída del 5,9% en la recaudación de este conjunto de impuestos. Por figuras, solo aumenta (en un 5,9%) la recaudación media del Impuesto sobre las Primas de Seguros, cuyo tipo de gravamen experimenta un incremento legal en 2021. La mayor reducción (de un 76%) la sufre el Impuesto Especial sobre la Electricidad, cuyo tipo impositivo también se reduce en 2021.¹³

El tipo medio efectivo sobre la renta bruta del conjunto de Impuestos Especiales es el 1,1% en 2021 y el 0,9% en 2022 (Gráfico 4.1), prolongando la tendencia decreciente de los ejercicios anteriores (1,5% en 2017, 1,4% en 2018, 1,3 % en 2019, 1,1 en 2020). Entre 2021 y 2022 caen los tipos medios efectivos de todos los impuestos analizados. En coherencia con lo señalado más arriba, lo más destacado es la reducción operada en el Impuesto sobre la Electricidad, del 0,05% al 0,01%.

Tal como se observa en el Gráfico 4.7, el tipo medio efectivo del conjunto de Impuestos Especiales es relativamente alto para los hogares del primer quintil (1,9% en 2021 y 1,6% en 2022) y no deja de reducirse, hasta representar un 0,28% de la renta bruta de los hogares pertenecientes al 1% superior en 2021, y un 0,22% en 2022. Este perfil decreciente del tipo medio efectivo es común a todos los Impuestos Especiales considerados. Los tipos medios son siempre menores en 2022 que en 2021.

El comportamiento del tipo medio efectivo refleja, como en los anteriores Informes, la regresividad de los Impuestos Especiales, aunque su reducida importancia recaudatoria hace que su contribución al aumento de la desigualdad sea bastante pequeña. Estos impuestos aumentan la desigualdad de la renta bruta en un 0,37% en 2021 y en un 0,30% en 2022.

Francia, Georges-Kot (2015) estima que la regresividad del IVA se reduce a la mitad adoptando la perspectiva de ciclo vital.

¹³ El Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, redujo el tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 1269632% al 0,5% hasta el 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, esta reducción se prorrogó para los años 2022 y 2023. Por su parte, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021, elevó el tipo de gravamen del Impuesto sobre las Primas de Seguros del 6% al 8%.

Gráfico 4.7. Tipo medio efectivo de los Impuestos Especiales, sobre renta y sobre gasto, en 2021 y 2022, por tramos de renta bruta (%) El Gráfico 4.7 muestra también cómo, cuando se calcula sobre el gasto total de los hogares, el tipo medio efectivo del conjunto de Impuestos Especiales crece a lo largo de la distribución de la renta, con una caída para el centil superior.

4.7 IBI

El INE solo suministra datos del IBI pagado por la vivienda principal de los hogares, por lo que consideramos que no son suficientemente representativos de la carga asociada a ese impuesto. Por tal motivo, aunque en este epígrafe ofrecemos algunos resultados sobre este tributo, ya que nos parece interesante poder decir algo sobre el tipo medio efectivo del IBI que recae sobre las viviendas habituales de los hogares y su comportamiento por quintiles de renta bruta, no integraremos estos resultados en los análisis que realizaremos en los epígrafes siguientes sobre el impacto agregado del sistema fiscal y de los impuestos y las prestaciones en la renta de los hogares.

La cuota media del IBI se ha incrementado en un 0,4% entre 2021 y 2022. En este último año representa, para el total de hogares españoles, un 0,5% de su renta bruta. Como muestra el Gráfico 4.8, por segmentos de renta, la parte del IBI que recae sobre las viviendas principales de los hogares es claramente regresiva: en 2022, el tipo medio efectivo cae desde el 1,5%, para e quintil inferior, hasta el 0,1%, para el 1% con mayor renta bruta. En todos los tramos de renta, los tipos son más bajos en 2022 que en 2021.

Gráfico 4.8. Tipo medio efectivo del IBI en 2021 y 2022 por tramos de renta bruta (%)

4.8 Impuestos totales

En este epígrafe vamos a examinar cómo se reparte entre los hogares residentes en España la carga tributaria agregada de los impuestos analizados en los epígrafes anteriores (con la excepción del IBI).

Como se ha mencionado al principio de esta sección, mientras la renta bruta media se elevó en un 10,6% entre 2021 y 2022, los ingresos impositivos lo hicieron en un 11,2%. Como consecuencia, la renta disponible media (calculada como la diferencia entre la renta bruta y el conjunto de impuestos) aumentó en ese período en un 10,3%, beneficiando a todos los tramos de la escala de rentas. Como también se ha señalado, el tipo medio efectivo agregado se sitúa en 2021 en el 34,9% y en el 35,1% en 2022 (Gráfico 4.1), más de 1 punto por debajo del 36,3% alcanzado en 2018 y el 36,5%, en 2017.

El Gráfico 4.9 refleja cómo, en 2022 (igual que en 2021), el tipo medio efectivo del conjunto de impuestos crece con la renta bruta de los hogares, desde el 27,5% del primer quintil hasta el 38,9% del decil 9 y el 38,8% de los centiles 91-99, para caer en el centil 100 hasta el 24,1%, el tipo más reducido de toda la escala de renta. Este resultado ya lo obteníamos en los informes anteriores y por las mismas razones.¹⁴ Por un lado, como se ha detallado en el epígrafe 4.1, a consecuencia de la imputación a los hogares de la renta societaria, que se concentra en el centil superior, el tipo efectivo que soporta este grupo de hogares más ricos en el IRPF cae alrededor de 6 puntos con respecto al tramo anterior, tanto en 2021 como en 2022 (Gráfico 4.2). Por otra parte, el tipo medio efectivo de las cuotas a la Seguridad Social de las empresas es, en 2022, casi 10 puntos inferior en el grupo del 1% con más renta bruta que en los hogares de los centiles 91 a 99; en 2021, esa diferencia es de más de 10 puntos (Gráfico 4.5). La imputación del IS, que afecta especialmente a los hogares situados en el 1% más rico, que deben hacer frente a un tipo efectivo casi 6 puntos superior a los hogares situados en los centiles 91 a 99 (Gráfico 4.3), no es suficiente para compensar los dos resultados anteriores.¹⁵

Gráfico 4.9. Tipos medios efectivos de los impuestos en 2021 y 2022, por tramos de renta bruta (%)

IRPFI. Sociedades I. Patrimonio Cotizaciones Sociales IVA e ITPAJDIIEE e I. sobre Primas de Seguros

Todos los hogares han pagado, de media, más impuestos en 2022 que en 2021. Pero ese y en los centiles 91-99, lo que explica la reducción en los tipos medios efectivos que se observa en esos dos tramos de renta.

¹⁴ A su vez, el perfil que muestra el Gráfico 4.9 no difiere del que presentan los sistemas fiscales de otros países desarrollados. Para los casos de Estados Unidos, Francia y Países Bajos, puede consultarse la figura 1 en Piketty et al. (2023).

¹⁵ Como se ha explicado en el epígrafe 4.2, la imputación a los hogares del Impuesto sobre Sociedades no incluye, deliberadamente, los impuestos sobre los beneficios societarios que se hayan pagado, en su caso, en el extranjero por la parte del beneficio societario obtenido fuera de España. No obstante, aun suponiendo que el impuesto pagado en otros países fuera igual al imputado en España (lo que parece muy poco realista), esto supondría incrementar en unos 7 puntos el tipo medio efectivo del “top 1%” en 2022. Aunque menos llamativa, la situación de estos hogares seguiría siendo favorable en comparación con los demás hogares residentes: el tipo medio efectivo para el conjunto de impuestos del último centi sería similar al del segundo quintil.

El Gráfico 4.10 diferencia entre los impuestos directos e indirectos soportados por los hogares en cada tramo. En el bloque de la imposición directa incluimos el IRPF, el IS, el Impuesto sobre el Patrimonio y las Cotizaciones Sociales. Por su parte, el bloque de impuestos indirectos está integrado por el IVA y el ITPAJD, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.

Para el conjunto de hogares residentes en España, en 2021, el tipo medio efectivo de los impuestos directos es el 28,8%, y el de los indirectos, el 6,2%; en 2022, el 29,3% y el 5,8%, respectivamente. Eso quiere decir que la imposición directa representa, en los dos años, el 82- 83% del total de impuestos pagados por los hogares, y la indirecta, el 17-18% restante.

El Gráfico 4.10 muestra claramente el carácter regresivo de la imposición indirecta y el progresivo de la directa, con la salvedad, ya explicada, de la parte superior de la distribución de la renta. Solo para el primer quintil, en 2021, pesan más los impuestos indirectos que los directos. En el otro extremo de la distribución de la renta bruta, el peso de los impuestos indirectos en el tax-mix del “top 1%” no llega al 10%.

Gráfico 4.10. Tipos medios efectivos de los impuestos directos e indirectos en 2021 y 2022, por tramos de renta bruta (%) También se ha calculado la contribución del conjunto del sistema fiscal a la reducción de las desigualdades de renta entre los hogares. Como ya se ha señalado más arriba, la desigualdad de la renta bruta, medida por el índice de Gini, se ha reducido de 0,4371 en 2021 a 0,4344 en 2022. El índice de Reynolds-Smolensky para el conjunto de impuestos ha sido de 0,0080 en

2021 y 0,0052 en 2022. Por tanto, el sistema fiscal ha reducido la desigualdad de la renta bruta en un 1,8% en 2021 y en un 1,2% en 2022, prosiguiendo la tendencia observada en los últimos años de reducción de su efecto redistributivo, con la notable excepción de 2020: 3,6% de corrección de la desigualdad en 2017, 3,5% en 2018, 1,5% en 2019 y 4,4% en 2020. La desigualdad de la renta después de impuestos, o renta disponible, apenas ha cambiado entre 2021 y 2022, pasando de un valor del índice de Gini de 0,4291 a 0,4292.

El Gráfico 4.11 resume la contribución de cada impuesto al efecto redistributivo agregado del sistema fiscal y refleja con claridad el papel protagonista representado por el IRPF en la corrección de las desigualdades de renta de los hogares.¹⁶ Entre 2021 y 2022, ha mejorado el efecto igualador del Impuesto sobre Sociedades y se ha reducido el efecto desigualador del IVA e ITPJAD, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre el Patrimonio.

Gráfico 4.11. Porcentaje en que los impuestos aumentan (+) o reducen (-) la desigualdad en la renta bruta de los hogares en 2021 y 2022

¹⁶ Como el cálculo del efecto redistributivo de cada impuesto se hace siempre con relación a la renta bruta de los hogares, el efecto redistributivo agregado del sistema fiscal no es la mera suma de los efectos redistributivos de sus componentes, sino que depende también de sus respectivos tipos medios y de las reordenaciones de rentas. Esta precisión también resulta aplicable a las prestaciones, monetarias y en especie. Sobre la posibilidad de agregación de efectos redistributivos puede verse Lambert (2001: cap. 11).

Sección 5 Gasto público en sanidad y educación

En esta sección, concluimos el proceso de imputación de los impuestos y prestaciones que integran la intervención pública, examinando cómo se modifica la renta disponible de los hogares por la imputación a los mismos de las prestaciones públicas en especie de sanidad y educación.

Como se explica en López Laborda, Marín y Onrubia (2020), para la imputación del gasto en sanidad aplicamos el enfoque del valor del seguro. Dado el carácter universal de la cobertura de la sanidad pública en España, consideramos beneficiarios a la totalidad de los integrantes de los hogares residentes en España. La adopción de este enfoque puede interpretarse como la provisión de un seguro sanitario público de cobertura general para toda la población residente en España.¹⁷

En cuanto a la imputación del gasto público en educación, seguimos el enfoque del consumo real, a partir de la identificación en los hogares de la ECV de los usuarios efectivos de cada uno de los niveles educativos contemplados en el estudio.¹⁸

Para estimar la cuantía a imputar a cada hogar, tanto en el caso de la sanidad como de la educación, se parte, para cada año, del coste presupuestario total ejecutado, en términos consolidados, ofrecido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, 2023) para los grupos de función correspondientes al gasto en salud (07) y en educación (09). Para todas las categorías de gasto consideradas, se ha dispuesto del desglose del coste presupuestario ejecutado en cada comunidad autónoma, lo que permite una imputación más afinada de cada categoría a los beneficiarios de los hogares residentes en cada comunidad. Una vez determinado para cada año el gasto total correspondiente a las categorías consideradas para sanidad y educación, este se distribuye entre los hogares, de forma individualizada, siguiendo los criterios recogidos en López Laborda, Marín y Onrubia (2020).

¹⁷ Las categorías de gasto sanitario consideradas para su imputación individualizada son las siguientes: servicios hospitalarios y especializados; servicios primarios de salud; servicios de salud pública; servicios colectivos de salud; gasto en farmacia; traslado, prótesis y aparatos terapéuticos; y gasto de capital.

¹⁸ Las categorías de gasto en Educación consideradas para la imputación individualizada son las siguientes: educación infantil y primaria; educación secundaria y formación profesional (sin incluir el ciclo superior); educación superior: universitaria y formación profesional de ciclo superior; educación especial y compensatoria; Educación en régimen especial (escuelas de idiomas, conservatorios de música, etc.); educación de adultos; educación ocupacional; educación en el exterior; servicios complementarios; actividades extraescolares y anexas; administración, formación de profesores, investigación y otros; becas (excepto para Educación superior); becas (para Educación Superior); gastos adscritos a corporaciones locales y ciudades autónomas; y transferencias de las administraciones educativas a las corporaciones locales.

Si, en 2020, las prestaciones en especie experimentaron un incremento medio del 8% con respecto a 2019, que afectó, sobre todo, a la sanidad (un aumento cercano al 11%, frente al 4% en educación), ese crecimiento se modera en 2021 (hasta el 4,8%) y 2022 (4,9%) y pasa a centrarse más en el servicio de educación, cuyas prestaciones se elevan, en 2021, en un 8,1% de media, frente al 2,9% de las sanitarias, y en 2022, un 6,1%, frente a un 4,2%. Como consecuencia, la renta disponible extendida (calculada como la suma de la renta disponible y estas prestaciones en especie) aumenta un 9,3% de media entre 2021 y 2022, y lo hace en todos los tramos de renta bruta.

En 2021, el subsidio medio efectivo se eleva hasta el 9,4% en sanidad y el 5,5% en educación. En 2022, los porcentajes se reducen al 8,8% y 5,3% respectivamente, aunque situándose todavía un poco por encima de los valores alcanzados en los años previos a la pandemia. El Gráfico 5.1 muestra la evolución de los subsidios medios efectivos para ambas prestaciones en especie y para su agregado.

Gráfico 5.1. Tasas medias efectivas del gasto público en sanidad y educación en 2021 y 2022, por tramos de renta bruta (%)

Se aprecia claramente que tanto el gasto sanitario como el educativo son progresivos, ya que sus respectivos subsidios medios efectivos decrecen a medida que aumenta la renta bruta de los hogares. Para la sanidad, el subsidio medio para los hogares ubicados en el primer quintil se sitúa en los dos años considerados en el 33-35%, mientras que, para los hogares situados en el tramo más alto, se queda un poco por encima del 1% de su renta bruta. Para la educación, en ambos años, los porcentajes correspondientes al primer quintil y al último centil son, respectivamente, el 13% y el 1%. En consecuencia, las prestaciones públicas en especie de educación y sanidad representan, conjuntamente, cerca del 50% de la renta bruta de los hogares más pobres y un 2% aproximadamente de la de los más ricos.

El gasto sanitario y educativo medio aumenta entre 2021 y 2022 en todos los tramos de renta considerados. La tasa media efectiva de subsidio agregada para sanidad y educación es menor en todos los tramos en 2022 que en 2021.

El carácter progresivo del gasto en sanidad y educación se refleja en los índices de redistribución. Como se ha señalado en la sección anterior del Informe, la desigualdad de la renta después de impuestos, o renta disponible, se ha mantenido prácticamente sin cambios entre 2021 y 2022, pasando de 0,4291 a 0,4292, todavía por debajo del valor alcanzado en 2019. El índice de Reynolds-Smolensky del gasto sanitario es de 0,0412 en 2021 y 0,0386 en 2022. En términos porcentuales, la sanidad pública reduce en un 9,6% la desigualdad de la renta disponible en 2021, y en un 9,0% en 2022.

En cuanto al gasto educativo, el índice de Reynolds-Smolensky es de 0,0126 en 2021 y 0,0134 en 2022. O, de otra forma, el gasto público educativo ha minorado la desigualdad en la distribución de la renta disponible de los hogares residentes en un 2,9% en 2021 y un 3,1% en 2022. El 94,5% de ese efecto corrector de las desigualdades en 2022 (el 93,8%, en 2021) se debe a las prestaciones correspondientes a la educación no superior, de tal forma que el gasto en universidad y en el ciclo superior de formación profesional prácticamente no altera la distribución de la renta disponible.

El efecto redistributivo del gasto público en educación es sensiblemente inferior al del gasto público en sanidad, por la combinación de los siguientes motivos. En primer lugar, porque el subsidio medio efectivo para el gasto en educación no llega al 60% del correspondiente al gasto sanitario. En segundo lugar, porque el índice de progresividad global de Kakwani del gasto educativo representa en torno al 80% del mismo índice para el gasto sanitario. Finalmente, porque la reordenación de las rentas de los hogares a consecuencia de la intervención pública es mucho mayor para la educación que para la sanidad.¹⁹

¹⁹ Recuérdese que el índice de Reynolds-Smolensky, RS, depende del subsidio medio efectivo de la prestación, b, del índice de Kakwani, K, y del efecto reordenación, R, de acuerdo con la siguiente ecuación: . No obstante, la diferencia entre la capacidad redistributiva de ambos servicios no es tan grande si los cálculos se realizan en términos de renta equivalente, es decir, teniendo en cuenta el tamaño y la composición del hogar. Ello es debido a que, como consecuencia de la aplicación

Sumando los gastos públicos en educación y sanidad imputados a los hogares, podemos calcular el efecto redistributivo derivado del conjunto de las prestaciones públicas en especie. El índice de Reynolds-Smolensky agregado es 0,0482 en 2021 y 0,0464 en 2022, es decir, que el gasto público en educación y sanidad ha minorado la desigualdad en la distribución de la renta disponible (insistimos, después de impuestos y prestaciones monetarias) de los hogares residentes en España en un 11,2% en 2021 y en un 10,8% en 2022.²⁰ Como consecuencia, el índice de Gini de la renta disponible extendida es 0,3809 en 2021 y 0,3828 en 2022.

de la escala de equivalencia, la renta de los hogares con hijos se reduce con respecto a la misma renta obtenida por los hogares sin hijos, y solo los primeros se benefician del gasto público en educación. Por ejemplo, en 2022, el índice de Reynolds-Smolensky del gasto en sanidad pasa a ser 0,0453 (frente a en términos de renta monetaria), y el del gasto en educación, 0,0245 (frente a 0,0134).

²⁰ Recuérdese que, a las prestaciones, en especie o monetarias, también les resulta aplicable la aclaración contenida en la nota 16.

Sección 6 Impacto agregado de impuestos y prestaciones

Una vez que hemos examinado por separado el reparto entre los hogares españoles de los impuestos y las prestaciones, monetarias y en especie, integramos ambas perspectivas, con el propósito de determinar cuál es el impacto distributivo neto de la intervención pública realizada con estos dos instrumentos. Como ya se ha dicho, el conjunto de impuestos considerados en el Informe representa un 35,1% de la renta bruta de los hogares en 2022 (el 34,9% en 2021). La suma de las prestaciones monetarias y en especie analizadas supone el 34,2% de la renta bruta de los hogares en 2022, 2,3 puntos porcentuales por debajo de su peso en 2021.

El gráfico 6.1 refleja la distribución de las prestaciones públicas percibidas y de los impuestos pagados por los hogares españoles en 2021 y 2022, mostrando, comparativamente, el resultado neto de ambos instrumentos (prestaciones menos impuestos) en términos de porcentaje sobre la renta bruta de cada tramo de renta.

Gráfico 6.1. Tipos y subsidios medios efectivos y saldo neto, en 2021 y 2022, por tramos de renta bruta (%) 2021

Como podemos ver, tanto en 2021 como 2022, los tres primeros quintiles son, en media, beneficiarios netos de la intervención pública a través de impuestos y prestaciones, desde el subsidio neto del 85-89% del primer quintil hasta el 16-20% del tercer quintil. A partir de ese quintil, el efecto neto se convierte en un tipo impositivo creciente, desde el 2-5% para el cuarto quintil hasta el 24% para los centiles 91 a 99 y el 18% para el 1% con mayor renta bruta. Por lo tanto, el saldo neto de la intervención pública en España, a través de impuestos y prestaciones públicas, deja de ser progresivo en el último tramo de la escala de rentas brutas.

Hay que precisar que el Gráfico 6.1 presenta los resultados medios para cada tramo, incluyendo, por tanto, hogares con saldo positivo y negativo. La Tabla 1 complementa esa información, indicando el número y porcentaje de hogares dentro de cada tramo que se beneficia de un saldo positivo entre prestaciones e impuestos. Puede observarse que, como cabía esperar, la mayoría de beneficiarios netos se concentra en los tres primeros quintiles, y la mayoría de contribuyentes netos, en los dos últimos. Aunque también hay hogares en los primeros tramos de renta bruta que son contribuyentes netos, y hogares en los dos tramos superiores que son beneficiarios netos. En términos agregados, en 2021 y 2022, más del 50% de los hogares residentes en España reciben en concepto de prestaciones, monetarias y en especie, una cuantía superior a la que pagan en impuestos, directos e indirectos.

Tabla 1. Hogares con saldo neto de prestaciones e impuestos positivo y negativo, 2021 y 2022 2021

2022

El Gráfico 6.2 recoge, también para 2021 y 2022, cuál es la participación porcentual en el total de renta primaria ampliada de los hogares situados en cada tramo seleccionado de renta bruta, así como su participación en la renta disponible extendida total, es decir, una vez que los hogares han pagado sus impuestos y han recibido las diversas prestaciones monetarias y en especie contempladas en el Informe. En coherencia con el Gráfico 6.1, los hogares pertenecientes a los tres primeros quintiles (esto es, el 60% de los hogares residentes con menor renta bruta), que son beneficiarios netos de la intervención pública, tienen una participación en la renta disponible extendida superior a su participación en la renta primaria ampliada. Concretamente, los hogares del primer quintil incrementan su participación en la renta total en un 281% en 2021 y un 256% en 2022. Lo contrario ocurre para los hogares

pertenecientes al 40% con más renta. En particular, los hogares incluidos en el centil superior reducen su participación en la renta total en un 20% en 2021 y en un 18% en 2022.²¹

Gráfico 6.2. Participación de cada tramo de renta bruta en la renta total en 2021 y 2022, antes y después de prestaciones e impuestos (%) 2021

²¹ Los datos de este gráfico nos permiten calcular el tipo marginal efectivo que soporta un hogar si se mueve hacia un quintil superior. En 2022, el tipo más alto corresponde a los hogares situados en el tercer quintil, cuyo tipo marginal es 1 – (0,2210 – 0,1615) / (0,2320 – 0,1297), es decir, un 41,85%.

2022

El impacto sobre la renta de los hogares de esta combinación de prestaciones e impuestos puede describirse también de forma secuencial, tal como se recoge en la Tabla 2 para 2022. Así, para el hogar español medio, que en ese año tenía una renta primaria ampliada de 44.036 euros, las prestaciones públicas de carácter monetario elevan su renta en 11.101 euros, de los cuales 8.557 euros correspondieron a pensiones de jubilación y supervivencia, 1.043 euros a prestaciones y subsidios de desempleo, 755 euros a prestaciones de invalidez, 215 euros a prestaciones de asistencia social y 532 euros al resto. El resultado es una renta bruta media de 55.137 euros que, tras el pago de 16.142 euros en concepto de impuestos directos y 3.218 euros de indirectos, se convierte en una renta disponible de 35.777 euros. Por último, la percepción de prestaciones en especie derivadas del gasto público en sanidad (4.875 euros) y educación (2.904 euros), elevan la renta disponible extendida del hogar español medio a 43.556 euros.

Tabla 2. De la renta de mercado ampliada a la renta disponible extendida, 2022 (media, euros)

Por último, calculamos el impacto agregado de los impuestos y las prestaciones públicas sobre la desigualdad de la renta de los hogares españoles en 2021 y 2022. La información detallada se contiene en el Anexo online.

En el Gráfico 6.3 se muestran los cambios en el índice de Gini que se producen como consecuencia, primero, de añadir las prestaciones monetarias a la renta primaria ampliada, a continuación, de hacer frente los hogares al pago de impuestos directos e indirectos, y finalmente, de percibir la participación en el gasto público en sanidad y educación, para alcanzar la renta disponible extendida. Comentaremos en detalle los resultados para 2022. La información anterior se complementa, para este último año, con el Gráfico 6.4, que presenta las curvas de Lorenz antes y después de la intervención pública a través de prestaciones e impuestos.

Gráfico 6.3. Corrección de la desigualdad tras la aplicación de impuestos y prestaciones públicas en los hogares españoles en 2021 y 2022 (variaciones en el índice de Gini) 2021

2022

Partimos del índice de Gini de la renta primaria ampliada de los hogares que, como ya hemos señalado, es de 0,5672 en 2022. El carácter progresivo de las prestaciones públicas monetarias

reduce en ese año la desigualdad que presenta la renta primaria ampliada en 0,1328 puntos de Gini, situando el índice de Gini de la renta bruta en un valor de 0,4344. A continuación, el comportamiento progresivo global de la imposición añade otra reducción de la desigualdad de la renta bruta de 0,0052, lo que sitúa la desigualdad de la renta disponible en 2022 en un valor del índice de Gini de 0,4292. Finalmente, el gasto público en sanidad y educación todavía reduce la desigualdad en 0,0464 puntos de Gini, de forma que la desigualdad en la distribución de la renta disponible extendida se sitúa en un valor del índice de Gini de 0,3828.

En definitiva, la intervención pública en forma de impuestos y prestaciones, monetarias y en especie, ha reducido en un 32,5% la desigualdad en la distribución de la renta de mercado de los hogares residentes en España en 2022, el valor más bajo en los últimos seis años. Las prestaciones monetarias son responsables de un 72% de esa reducción, los impuestos, de un 2,8%, y las prestaciones en especie, del 25,2% restante.

Gráfico 6.4. Corrección de la desigualdad tras la aplicación de impuestos y prestaciones públicas en los hogares españoles en 2022 (curvas de Lorenz)

El gráfico 6.5 resume la evolución de la desigualdad antes y después de la intervención pública entre 2017 y 2022 y detalla cómo contribuyen a la reducción de la desigualdad los impuestos y las prestaciones, monetarias y en especie.

Gráfico 6.5. Evolución de la desigualdad de la renta de mercado ampliada, bruta, disponible y disponible extendida (índices de Gini) y corrección porcentual de la desigualdad por prestaciones e impuestos, 2017-2022 El gráfico 6.6 muestra esta misma evolución de la corrección de la desigualdad, pero para las respectivas distribuciones en términos de renta equivalente.

Gráfico 6.6. Evolución de la desigualdad de la renta de mercado ampliada, bruta, disponible y disponible extendida (índices de Gini) y corrección porcentual de la desigualdad por prestaciones e impuestos, 2017-2022 (euros de renta equivalente)

7 Reducción de la desigualdad (% del Gini de la Renta de Mercado Ampliada equivalente)

Una primera aproximación a la desigualdad de ciclo vital

Como explicábamos en la introducción, para concluir este Informe, vamos a presentar dos extensiones del mismo, que pretendemos desarrollar con mayor detalle en ediciones posteriores del Observatorio. La primera es una aproximación preliminar a la cuantificación de la desigualdad desde una perspectiva de ciclo vital.

El Observatorio adopta, desde sus inicios, una perspectiva anual para medir la desigualdad en la distribución de la renta antes y después de la intervención pública. No obstante, sería conveniente la realización de un análisis distributivo que adoptara una perspectiva de ciclo vital, complementaria a la anterior.²² Ante la dificultad de llevar a cabo estudios con este último

²² Esta aproximación se ha aplicado recientemente, por ejemplo, en el Reino Unido, por Levell et al. (2015, 2021) y Roantree y Shaw (2018), quienes concluyen que, desde una perspectiva de ciclo vital, (1) la desigualdad de la renta primaria es mucho menor que la estimada con un enfoque anual, (2) el sistema de impuestos y prestaciones es menos efectivo en reducir la desigualdad, lo que refleja que la intervención pública realiza, sobre todo, redistribución intrapersonal, y (3) las prestaciones y los impuestos directos reducen menos la desigualdad que adoptando un enfoque anual, pero los impuestos indirectos también son menos regresivos. Otros ejemplos de adopción del enfoque de ciclo vital, con

enfoque, por las exigencias de información que comportan, la literatura ha construido y aplicado algunas medidas de desigualdad, con distinto grado de complejidad, que ajustan el índice de Gini atendiendo a la edad de las personas o de los sustentadores principales de los hogares.²³ En la Tabla 3 presentamos los resultados obtenidos con la aplicación de una de esas medidas, la propuesta por Wertz (1979) que, de manera simplificada, elimina en la medición de la desigualdad las diferencias entre las rentas medias de las personas a distintas edades y, por lo tanto, en distintos momentos de su ciclo vital.²⁴

Tabla 3. Desigualdad y redistribución: índices con y sin ajuste por edad, 2022

diferentes aproximaciones metodológicas, pueden encontrarse en Ter Rele (2007), para los Países Bajos, Bovenberg et al. (2008), para Dinamarca, Aaberge y Mogstad (2015), para Noruega, Productivity Commission (2015), para Australia, Bengtsson et al. (2016), para Suecia, Auerbach et al. (2016) y Steuerle et al. (2019), para Estados Unidos o Dreschel-Grau et al. (2022), para Alemania. Véase también el enfoque que proponen Apps y Rees (2022).

²³ Véase, por ejemplo, Paglin (1975), Wertz (1979), Almås y Mogstad (2012) y Arendt y Christensen (2024).

²⁴ Sea el número de hogares que tienen una renta en el rango de renta i (k) y cuyo sustentador principal está en el rango de edad j (r). La renta de cada hogar en esos rangos es . La renta media de todos los hogares en el rango de edad j (r) es y la renta media de los N hogares, ?. El índice de Gini se calcula de la siguiente manera:

? = , , ?_$% , , ?_'& · .?_$% − ?_&'. /2??(? − 1) % ' &

El índice de Gini ajustado por edades que propone Wertz (1979) se calcula como sigue:

???? = , , ?_$% , , ?_'& · .6?_$% − ?_&'7 − 6?_% − ?_'7. /2??(? − 1) &

Puede observarse cómo, ajustando el índice de Gini por la edad del sustentador principal de hogar, la desigualdad de la renta entre hogares es siempre menor que aplicando el índice de Gini sin ningún ajuste y, muy especialmente, en el caso de la renta de mercado ampliada. El efecto redistributivo de las prestaciones monetarias se reduce notablemente con el nuevo indicador, mientras que el del gasto en sanidad y educación aumenta ligeramente. En cuanto a los impuestos, el efecto igualador que se obtiene con el índice de Gini se convierte en un efecto desigualador al aplicar la propuesta de Wertz (1979). La explicación se encuentra,

fundamentalmente (con independencia de cómo midamos el efecto redistributivo separado de cada grupo de impuestos), en el comportamiento de los impuestos directos, que reducen significativamente su efecto redistributivo, mientras que los indirectos son solo un poco más desigualadores. Este conjunto de resultados está en línea con los obtenidos por la literatura que adopta la perspectiva de ciclo vital (ver nota 22).

Como conclusión, si antes hemos señalado que la intervención pública reduce la desigualdad en la distribución de la renta entre hogares en un 32,5%, aplicando el índice de Gini ajustado por edad ese porcentaje baja hasta el 25,5%.

Contribución a la reducción de la desigualdad de otros gastos públicos

El Observatorio se centra en la imputación a los hogares de los impuestos, tanto directos como indirectos, y las prestaciones, monetarias y en especie. Mientras los impuestos constituyen cerca del 90 % de los ingresos no financieros del conjunto de las administraciones públicas, las prestaciones no llegan al 65% del total de gastos no financieros. Queda fuera del análisis, por tanto, un volumen importante de gastos públicos de los que también se benefician los hogares. Para tener una primera aproximación al efecto redistributivo de estos gastos en 2022, hemos acudido al Informe sobre la Clasificación de las funciones de las Administraciones Públicas (IGAE, 2023) y hemos repartido entre los hogares residentes el gasto no financiero total de cada grupo funcional, en la medida en que no esté imputado ya como prestación monetaria o en especie. En este primer ejercicio, los criterios de imputación empleados han sido los siguientes. El gasto en servicios públicos generales, defensa, orden público y seguridad, protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios y ocio y cultura se ha distribuido en la misma cantidad por persona. El gasto en asuntos económicos se ha imputado en proporción a la renta bruta de los hogares. Finalmente, el gasto en protección social se ha asignado en proporción inversa a la renta bruta de los hogares.

El resultado de la imputación realizada es una reducción de la desigualdad de la renta disponible extendida, de 0,3828 a 0,3639 o, en otras palabras, un efecto redistributivo adicional de estos gastos públicos, medido por el índice de Reynolds-Smolensky, de 0,0189. Este resultado era esperable de acuerdo con los criterios de imputación empleados. Por un lado, la imputación de algunos gastos en proporción a la renta de los hogares no altera la distribución de la renta, mientras que el reparto de otras partidas en proporción inversa a la renta es claramente redistributivo. Por otro lado, el aumento del tamaño de los hogares al crecer su renta bruta es menor que el aumento de esa misma renta, por lo que los gastos distribuidos per cápita también tendrán un efecto redistributivo positivo.

Al incorporar al análisis este conjunto de gastos, el porcentaje de reducción de la desigualdad como consecuencia de la intervención pública se elevaría hasta el 35,8%, 3,3 puntos por encima del valor obtenido en su ausencia.

Todavía son muy escasas las investigaciones destinadas a medir el efecto redistributivo de la intervención pública, incorporando impuestos directos e indirectos, prestaciones monetarias y en especie y otros gastos públicos. Recientemente, Fisher-Post y Gethin (2023) han realizado este ejercicio para 151 países entre 1980 y 2019, utilizando datos agregados y aplicando el enfoque de las cuentas distributivas nacionales (DINA, Distributional National Accounts).²⁵ De acuerdo con sus resultados, en Europa occidental, en media, los gobiernos corrigen en un 40% la desigualdad de la renta, porcentaje superior al que acabamos de presentar para España. Algo más del 90% de aquella corrección se debe a las prestaciones y otros gastos públicos y algo menos del 10%, a los impuestos, porcentaje este sensiblemente por encima del efecto redistributivo de la imposición en España.

²⁵ Sobre la metodología DINA, véase Blanchet et al. (2021).

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ANEXO I Impuestos y prestaciones por tipos de hogar

En este anexo mostramos la incidencia del sistema español de impuestos y prestaciones para distintas categorías de hogares, en el año 2022. Los resultados detallados (también para 2021) se pueden consultar en el Anexo online.

Empezaremos por la división de los hogares según su composición. Consideramos las siguientes categorías: 1. Hogar formado por una persona de 65 o más años; 2. Hogar formado por una persona de 30 a 64 años; 3. Hogar formado por una persona de menos de 30 años; 4. Hogar formado por una pareja sin descendientes dependientes y en el que, al menos, uno de los miembros tiene 65 o más años; 5. Hogar formado por una pareja sin descendientes dependientes y en el que los dos miembros tienen menos de 65 años; 6. Hogar formado por una pareja con un descendiente dependiente; 7. Hogar formado por una pareja con dos descendientes dependientes; 8. Hogar formado por una pareja con tres o más descendientes dependientes; 9. Hogar formado por un adulto solo con al menos un descendiente dependiente; y 10. Otros hogares.

Gráfico AI.1. Tipos y subsidios medios efectivos en 2022 según la composición de los hogares (%) El Gráfico AI.1 muestra los tipos y los subsidios medios efectivos correspondientes a cada grupo de hogar, según la composición del mismo. En este gráfico y los siguientes, los hogares se presentan ordenados de mayor a menor saldo de la intervención pública, calculado como la diferencia entre el subsidio y el tipo medio efectivo, es decir, entre prestaciones recibidas e impuestos pagados.

A continuación, agrupamos a los hogares según su fuente principal de ingresos. Las categorías contempladas son las siguientes: Asalariado; autónomo; pensionista; perceptor de rentas de la propiedad; perceptor de prestaciones de desempleo o subsidios; y perceptor de transferencias de otros hogares. Los tipos y subsidios medios efectivos para cada categoría se recogen en el Gráfico AI.2.

Gráfico AI.2. Tipos y subsidios medios efectivos en 2022 según la principal fuente de renta de los hogares (%)

En el último análisis por tipo de hogar que vamos a presentar, dividimos a los hogares por tramos de edad del sustentador principal. Los resultados en términos de tipos y subsidios medios efectivos se muestran en el Gráfico AI.3.

Gráfico AI.3. Tipos y subsidios medios efectivos en 2022 según la edad del sustentador principal del hogar (%)

ANEXO II Impuestos y prestaciones por comunidades autónomas

En este anexo se recoge información sobre la incidencia de los impuestos y las prestaciones públicas, así como el impacto neto de la intervención pública, por tramos de renta, para cada comunidad autónoma, en 2022. Los resultados básicos, por quintiles de renta bruta de cada comunidad se contienen en el Gráfico AII.1, para las diecisiete comunidades autónomas, con excepción, por tanto, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por razón de su tamaño.

Gráfico AII.1. Tipos y subsidios medios efectivos en 2022 por comunidades autónomas (%) ANDALUCIA

ARAGON

ASTURIAS

BALEARES CANARIAS

CANTABRIA

CATALUÑA

CASTILLA – LA MANCHA

CASTILLA Y LEON

EXTREMADURA

GALICIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAIS VASCO

LA RIOJA

COMUNIDAD VALENCIANA

MELILLA