Estimación de la brecha fiscal (tax gap) en el IRPF, 2003-2022

JAIME VALLÉS GIMÉNEZ ANABEL ZÁRATE MARCO

Estudios sobre la Economía Española 2026/03 Enero 2026

Jaime Vallés Giménez

Anabel Zárate Marco

Universidad de Zaragoza e Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS)

Agradecimientos: Los autores agradecen la ayuda recibida de FEDEA, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PID2024-156256OB-I00) y del Gobierno de Aragón (Proyecto S23_23R).

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF) los individuos declaran voluntariamente la renta obtenida durante el período impositivo, determinan su deuda tributaria y, finalmente, la pagan. Esta voluntariedad en la obligación tributaria hace que el cumplimiento fiscal, en ocasiones, no sea total, bien porque no se presenta la declaración (nonfiling gap), porque no se declara toda la renta (underreporting gap), o porque no se paga en su totalidad la cuota tributaria (underpayment gap). La diferencia entre lo que los contribuyentes pagan de impuestos y lo que deberían pagar si cumplieran completamente con la legislación fiscal constituye el fraude, evasión o brecha fiscal (tax gap).

Este concepto, aunque está relacionado, difiere del de economía sumergida. La evasión fiscal se refiere a la reducción ilegal de la obligación tributaria mediante ocultación o falsificación en el marco del sistema impositivo, mientras que la economía sumergida engloba actividades productivas no registradas, bien por ilegales (como el tráfico de drogas, tráfico de personas o blanqueo de capitales), bien por irregulares (como servicios profesionales sin factura o empleos sin contrato), y que pueden obedecer a dinámicas distintas, como barreras administrativas, rigidez normativa, altos costes laborales, etc. En este trabajo vamos a centrarnos en la cuantificación de la brecha fiscal en el IRPF, dejando al margen la economía informal, cuya cuantificación implicaría estimar producción oculta y empleo no declarado, lo que requeriría una metodología diferente y ampliaría el alcance del análisis más allá del IRPF.

Las consecuencias sociales y económicas del fraude fiscal son de gran relevancia, en términos de eficiencia y equidad, para cualquier economía. El fraude provoca déficits presupuestarios que obligan a recortar gastos o elevar impuestos; conduce a una mala asignación en el uso de los recursos, cuando los defraudadores cambian su comportamiento con respecto a las inversiones, horas de trabajo, etc.; altera la distribución de la renta, en la medida en que algunos contribuyentes explotan mejor el sistema fiscal que otros; genera sentimientos de desconfianza ante la Ley y las instituciones y pérdida de valores colectivos; dificulta la identificación de los beneficiarios de servicios y prestaciones públicas; su presencia hace que los gobiernos tengan que destinar recursos para detectar el incumplimiento, medir su magnitud y penalizar su práctica; y afecta a la bondad de las estadísticas macroeconómicas (López et al, 2021). Además, es un comportamiento de los contribuyentes tan importante, al menos, como los cambios en la oferta de trabajo o ahorro (Saez et al., 2012; Piketty et al, 2014), Por ello, los intentos por cuantificar, explicar y reducir el fraude fiscal han sido una constante en las economías desarrolladas.

Existen diversos métodos para estimar el fraude fiscal (Alm, 2012; Slemrod y Weber, 2012 o Slemrod, 2017), que pueden agruparse en dos: métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos se basan en microdatos y, por lo tanto, se enmarcan en los enfoques bottom-up. El más preciso es la realización de inspecciones y auditorías reales de declaraciones individuales, en las que se compara lo declarado con información real obtenida por la administración (datos bancarios, facturas, etc.). Este método se aplica en países como Estados Unidos y el Reino Unido y existen estudios que, basándose en este enfoque, han estimado el fraude en contextos concretos, como Alm et al. (1991) para Jamaica. Partiendo de auditorías, la Extreme Value Methodology (EVM), desarrollada en el Reino Unido, extrapola resultados de auditorías de riesgo en grandes contribuyentes al conjunto de la población, usando multiplicadores basados en la teoría de colas. Otro método directo son las encuestas, en las que se pregunta a los participantes si han evadido impuestos en el pasado o si han declarado todos sus ingresos en ejercicios previos. Este tipo de preguntas sobre comportamiento evasor se ha incorporado en encuestas representativas, como la Encuesta General de la Población Alemana (ALLBUS), utilizada por Becker y Mehlkop (2006) para estimar la prevalencia de la evasión fiscal en Alemania. También Houston y Tran (2003) utilizan la encuesta para estimar la prevalencia del fraude en Australia.

Por su parte, los métodos indirectos estiman el fraude a partir de indicadores que revelan comportamientos ocultos. Un enfoque clásico consiste en calcular la diferencia entre los ingresos declarados fiscalmente y los ingresos recogidos en las cuentas nacionales, lo que permite aproximar la magnitud de la brecha fiscal en términos agregados. Este método fue empleado por la Comisión del Fraude Fiscal (1988) en España, y Paulus (2015) utiliza un enfoque similar para Estonia, comparando los registros fiscales con los ingresos declarados en encuestas. Existen también métodos que, analizando las diferencias de comportamiento entre individuos con niveles similares de renta, pero procedentes de distintas fuentes, permiten cuantificar el fraude en el IRPF por fuentes de renta. Un ejemplo clásico es el trabajo de Pissarides y Weber (1989), que, partiendo de la hipótesis de que la cantidad de alimentos comprada no depende del tipo de ingreso, analiza, a partir de encuestas, la relación entre el gasto en alimentos y los ingresos declarados por asalariados y autónomos. Las discrepancias entre ambos colectivos permiten inferir el ingreso real y compararlo con el declarado. Siguiendo esta lógica, otros estudios han utilizado indicadores alternativos al consumo, como las deducciones fiscales (Feldman y Slemrod, 2007) o la oferta de crédito (Artavanis, Morse y Tsoutsoura, 2016), obtenidas ambas de microdatos (tributarios, en el primer caso, y crediticios, en el segundo). En la literatura se puede encontrar también alguna estimación de fraude mediante modelos de frontera estocástica, una técnica econométrica que permite evaluar el nivel de cumplimiento fiscal relativo a una “frontera” eficiente. Este enfoque parte de la idea de que, bajo condiciones óptimas, los contribuyentes declararían la totalidad de sus ingresos, por lo que, cualquier desviación respecto a esa frontera refleja incumplimiento. Un ejemplo es el trabajo de Esteller (2005), que analiza el IRPF a nivel provincial en España y calcula un índice medio de cumplimiento fiscal utilizando esta metodología1 .

Hay diversos países que publican estimaciones oficiales de fraude en el impuesto sobre la renta personal, e integran estas estimaciones en su planificación estratégica y en la asignación de recursos para la inspección. La agencia federal de Estados Unidos (Internal Revenue Service, IRS) fue pionera en los años sesenta, con el Taxpayer Compliance Measurement Program (TCMP), que sentó las bases para el actual National Research Program (NRP). Estos programas se basan en auditorías aleatorias exhaustivas y muy representativas, que se realizan en determinados años (las más recientes han sido en 2001, 2006, 2011 y 2014), y cuyos resultados se utilizan para proyectar estimaciones los años intermedios2 . El IRS publica el desglose del tax gap en las tres categorías de incumplimiento: non-filing, underreporting y underpayment. El coste bruto estimado del tax gap por underreporting, proyectado para el ejercicio 2022, fue de 381.000 millones de dólares, 53.000 millones por nonfiling y 80.000 millones por underpayment. En total, el coste bruto ascendió a 514.000 millones de dólares (447.000 millones netos, es decir, descontando lo recaudado posteriormente por inspecciones o pagos atrasados), lo cual sitúa el tax gap en torno al 20% de la obligación tributaria teórica (17,5% neto). Esta brecha se explica en gran medida por la alta proporción de rentas no sujetas a retención (IRS, 2024).

El Reino Unido institucionalizó la medición sistemática en 2005 con el Random Enquiry Programme (REP), gestionado por His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC). Este programa también aplica auditorías aleatorias, aunque, al no ser tan exhaustivas, ajusta los resultados mediante multiplicadores para corregir la evasión no detectada. Sus informes son anuales y desglosan el tax gap por modalidad de incumplimiento y nivel de incertidumbre, aunque las auditorías aleatorias que alimentan el REP se realizan para varios ejercicios fiscales agrupados3 . En el Reino Unido, el tax gap neto del impuesto sobre la renta personal, las cotizaciones a la seguridad social y el impuesto sobre ganancias del capital fue solo del 3% en el ejercicio 2023-2024 (según proyecciones), equivalente a 14.400 millones de libras, siendo las pequeñas empresas las principales causantes de dicha brecha fiscal. Este buen resultado se debe al amplio alcance del sistema de retención en la fuente (Pay-As-You-Earn, PAYE), y al sistema de información en tiempo real (Real Time Information, RTI) (HMRC, 2025).

1 Todos estos métodos son objeto de críticas (Schneider y Enste, 2000, 2002; y Schneider, 2005). Las auditorías tienen un elevado coste y no detectan ni todos los ingresos no declarados, ni a todos los no declarantes. La fiabilidad de los datos de encuestas sobre evasión fiscal es muy cuestionable, porque las personas pueden no recordar sus decisiones de declaración, pueden no responder con sinceridad o no responder en absoluto, y los encuestados pueden no ser representativos de todos los contribuyentes. Por su parte, los métodos indirectos, basados en brechas, atribuyen cualquier discrepancia a la evasión fiscal.

2 https://www.irs.gov/statistics/irs-the-tax-gap

3 https://www.gov.uk/government/collections/measuring-tax-gaps

En Australia, la Australian Taxation Office (ATO) adoptó un enfoque similar mediante el Tax Gap Research Program. Desde 2010 publica anualmente estimaciones del tax gap, combinando auditorías aleatorias (realizadas en determinados años y que cubren varios ejercicios fiscales) con modelos estadísticos para corregir la evasión no detectada4 . A diferencia de Estados Unidos y Reino Unido, el programa australiano complementa las auditorías con análisis de riesgo y datos administrativos (información de terceros). Sus informes incluyen modalidad de incumplimiento y nivel de incertidumbre y su metodología se publica con total transparencia. También incluye criterios de fiabilidad y revisión independiente y está alineada con estándares internacionales (OCDE), para garantizar la comparabilidad entre países. El tax gap neto del impuesto sobre la renta personal fue, en 2022-2023, del 10,3% (11% bruto), equivalente a 35.500 millones de dólares australianos (AUD), debiéndose la mayor parte de este tax gap a empresas de reducida dimensión (ATO, 2025).

Canadá publica estimaciones del fraude en el impuesto sobre la renta personal, desde 2016, a través de los Tax Gap Reports, elaborados anualmente por la Canada Revenue Agency (CRA). Para su estimación se combinan auditorías (aleatorias y selectivas), con modelos estadísticos que corrigen, mediante multiplicadores, la evasión no detectada. Además, se realizan proyecciones para los años intermedios en los que no hay auditorías y se incorporan análisis de incertidumbre5. Los informes incluyen desgloses bastante detallados por modalidad de incumplimiento. La CRA estimó que, en 2017, el tax gap bruto en el impuesto sobre la renta personal fue del 10-12%, lo que supuso dejar de recaudar entre 15.500-18.300 millones de dólares canadienses. De dicho gap, unos 6.300 millones se debían a underpayment. Tras descontar lo recuperado por control, el tax gap se situó en torno al 6% (CRA, 2022).

Italia ha institucionalizado la estimación del fraude en el impuesto sobre la renta personal, desde 2018, a través de la Relazione sull’economia non osservata, publicada anualmente por el Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)6. Este informe utiliza dos enfoques complementarios. Uno topdown, que compara la base imponible potencial, derivada de la contabilidad nacional, con la base declarada, para calcular la evasión en el impuesto sobre la renta de autónomos y asalariados; y otro bottom-up, que analiza casos concretos de evasión, mediante auditorías, para extrapolar patrones y cuantificar la evasión en segmentos específicos. El informe también incorpora correcciones por evasión no observada, revisa estimaciones anteriores y presenta intervalos de confianza. Además, se complementa con análisis temáticos como el fraude intracomunitario, los pequeños autónomos y los grandes contribuyentes. En 2020, Italia estimó un tax gap de unos 32.100 millones de euros (MEF, 2023).

4 Tax gap program summary findings | Australian Taxation Office

5 https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/about-canada-revenue-agency-cra/tax-canada-a-conceptualstudy/tax-gap-brief-overview/overall-federal-tax-gap-report.html

6https://www.finanze.gov.it/it/il-dipartimento/Documenti-e-report-di-economia-e-finanza/nota-di-aggiornamentodef-e-relazione-economia-non-osservata/

Suecia no cuenta con un programa anual sistemático para estimar el tax gap, como otros países, pero la autoridad tributaria nacional sueca (Skatteverket), ha publicado informes sobre la brecha fiscal en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2020. Para su elaboración, combina un enfoque macroeconómico (que compara renta potencial con renta declarada) con encuestas Delphi, donde un panel de expertos estima el multiplicador de no detección para corregir la evasión oculta7. Los informes que elaboran incluyen intervalos de confianza y revisiones metodológicas, y se complementan con análisis temáticos sobre sectores de alto riesgo, así como patrones de incumplimiento. Suecia estimó un tax gap medio de 10.200 millones de SEK para empleados y autónomos, entre 2014-2018, lo que supuso un 1,3% de brecha fiscal en el impuesto personal sobre la renta (Skatteverket, 2021).

En España, por el contrario, no se dispone de estimaciones oficiales de fraude en el IRPF. Las cifras disponibles proceden de estudios académicos, aunque a finales de los años 80, por encargo del Ministerio de Hacienda, la Comisión del Fraude Fiscal (1988), dirigida por el profesor Lagares, hizo una estimación del fraude en España entre 1979 y 1986. Comparando los ingresos declarados fiscalmente con los recogidos en las cuentas nacionales, esta Comisión estimó que, en 1986, los españoles residentes en el territorio de régimen común declaraban un 55,1% del total de rentas obtenidas, alcanzando el cumplimiento fiscal valores del 71,3% para las rentas del trabajo y del 30,4% para las otras rentas. Utilizando una metodología similar, Pulido (2014)8 , calculó el grado de cumplimiento entre 2003 y 2012 para el conjunto de rentas, situándolo en 2012 en el 75%. Posteriormente, y utilizando también un enfoque macroeconómico, aunque no enteramente coincidente con el de los trabajos anteriores, López-Laborda et al (2021) cuantificaron por primera vez en España el cumplimiento fiscal por regiones de régimen común en el IRPF entre 2003 y 2014. Para ello, compararon la renta declarada por los individuos a efectos fiscales, con la renta consignada en la cuenta de hogares de la Contabilidad Regional de España Las cifras obtenidas muestran que el cumplimiento agregado pasó del 69,3% en 2003 al 76,2% en 2014, siendo el cumplimiento en las rentas del trabajo siempre elevado y bastante estable (en torno al 90%). El cumplimiento en las restantes rentas (capital y actividades económicas) se situó entre el 30 y el 45,3%. La dispersión en los niveles de cumplimiento autonómico no era muy relevante, con la excepción de las Islas Baleares. En 2014, las Comunidades Autónomas más cumplidoras eran Extremadura (81,2%), Asturias (80,2%) y Cantabria (79,5%); y las más incumplidoras, Baleares (68%), Cataluña (71,5%) y Canarias (71,6%).

7 Reports | Skatteverket

8 Pulido (2014), a diferencia de la Comisión Lagares, considera como ingresos fiscales toda la base imponible, es decir, incluye variaciones patrimoniales, atribuciones de rentas y rentas imputadas; y de las cuentas nacionales toma la remuneración de los asalariados, las rentas netas de la propiedad y las rentas mixtas, de las que excluye el consumo de capital fijo y los impuestos ligados a la producción.

Hay investigaciones que han recurrido a otras metodologías para estimar el cumplimiento fiscal en el IRPF en España. Como se ha dicho más arriba, Esteller (2005) realizó una estimación de fronteras estocásticas a nivel provincial, obteniendo un nivel medio de cumplimiento fiscal en el IRPF del 82,2% para el período 1993-2000, con una desviación típica muy significativa. Según estos cálculos, el mayor nivel de cumplimiento lo presentaba Asturias y Zaragoza, con el 95,3 y el 94,5%, respectivamente, y el menor, Cuenca y Guadalajara, con el 48,3 y el 52,7%, respectivamente. Estos resultados son consistentes con los obtenidos por Alañón-Pardo y Gómez de Antonio (2005).

Martinez-López (2013), basándose en el enfoque estándar de Pissarides y Weber (1989) y utilizando datos de consumo de la Encuesta de Presupuestos Familiares, estimó que los ingresos declarados por los autónomos, en el periodo 2006–2009, deberían incrementarse en aproximadamente un 25% para alcanzar el nivel de cumplimiento observado de los asalariados. Domínguez et al. (2015, 2017) aplicaron la misma metodología, adaptada por Feldman y Slemrod (2007), para estimar el fraude en el IRPF según la fuente de renta, durante 2005-2008. Para ello, emplearon los microdatos del Panel de Declarantes del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y utilizaron los donativos, como indicador, en vez del consumo. Partiendo de la premisa de que en las rentas procedentes de pensiones no existe fraude, estimaron que, en 2008, el cumplimiento era total en las rentas del trabajo, pero bastante inferior en las restantes categorías de renta: 39,08% en las rentas del capital mobiliario, 45,53% en las del capital inmobiliario, 52,60% en las rentas de actividades económicas en estimación directa y 54,79% en estimación objetiva. Para comprobar la robustez de los resultados, utilizaron como gasto, de manera alternativa, las pensiones compensatorias y alimentos entre cónyuges y las cantidades invertidas en la adquisición de vivienda habitual. Torregrosa (2015) emplea también los donativos, pero aplica el procedimiento de dos etapas de Heckman, además del método de una sola etapa de Feldman y Slemrod (2007), obteniendo niveles de cumplimiento algo más bajos.

En este trabajo presentamos una cuantificación, lo más precisa posible, de la brecha fiscal en el IRPF, entendida como renta no declarada, tanto para el conjunto de las Comunidades Autónomas (en adelante, CCAA) de régimen común, como a nivel individual para cada Comunidad Autónoma (en adelante, CA). La brecha estimada debe interpretarse como una aproximación al límite superior del fraude, ya que puede también deberse a otras razones (conceptuales, metodológicas, etc.) que se discuten al final del trabajo. Posteriormente, estimamos el coste fiscal asociado a dicha brecha.

El análisis se organiza de la siguiente manera. En la sección 2 se describe la metodología utilizada. En la sección 3 se presentan los resultados obtenidos. La sección 4 estima el coste recaudatorio derivado del nivel de incumplimiento calculado. El trabajo concluye con una discusión de los resultados.

Para la estimación de la brecha fiscal en el IRPF empleamos un enfoque macroeconómico, inspirado en el utilizado por la Comisión del Fraude Fiscal (1988), aunque con ciertas mejoras metodológicas. El procedimiento consiste en comparar la renta declarada en el IRPF por los contribuyentes (en adelante “renta fiscal”), con la renta registrada en la contabilidad regional (en adelante “renta real”). El cociente entre dichas magnitudes, expresado en porcentaje, refleja el grado de cumplimiento fiscal. La diferencia respecto al 100% constituye, por tanto, la brecha fiscal o tax gap, entendida como la parte de renta no captada por el sistema tributario o no declarada (underreporting y/o underfiling). La estimación se realiza para el período 2003-2022.

La renta fiscal de los individuos se obtiene a partir de las Muestras de Declarantes y Muestras de No Declarantes (en adelante, MD y MND, respectivamente) que publica el Instituto de Estudios Fiscales (IEF, Ministerio de Hacienda y Función Pública). Las MD proporcionan microdatos de las declaraciones de IRPF, mientras que las MND recogen ciertos microdatos de sujetos no obligadosno declarantes, cuya suma de retribuciones se encuentra entre 10.000 y 22.000 euros brutos anuales9 . El ámbito geográfico de ambas muestras es el Territorio de Régimen Fiscal Común (en adelante, TRFC), lo que implica la exclusión del estudio de las comunidades forales (Navarra y País Vasco), para las que no se dispone de la información fiscal necesaria. La aplicación de factores de elevación poblacional y la agregación de rentas a nivel autonómico, o, de forma más precisa, para el conjunto de las 15 CCAA del permite su comparación con la renta real.

La renta real se calcula a partir de la Cuenta de Renta de los hogares de la Contabilidad Regional de España (en adelante, CR), que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad).

No obstante, dado que no existe una correspondencia exacta entre los conceptos declarados en el IRPF y los recogidos en la CR, ha sido necesario realizar ajustes metodológicos, basados en la información contenida en otras fuentes, con el fin de garantizar su comparabilidad y obtener una estimación, lo más precisa posible, del nivel de cumplimiento fiscal, y, por extensión, del tax gap. La falta de información para llevar a cabo estos ajustes obliga a excluir también a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla del estudio10.

9 Entre 2003 y 2006, las MND proporcionaban microdatos de los sujetos con rentas entre 8.000 € y 22.000€.

Para la estimación, se han utilizado únicamente aquellas fuentes de renta del IRPF cuya correspondencia con las rentas recogidas en la CR resulta fiable. Estas son las rentas del trabajo personal, las rentas del capital mobiliario, las rentas del capital inmobiliario, las rentas de las actividades económicas y determinadas rentas en régimen de imputación (la de las Agrupaciones de Interés Económico y Uniones Temporales de Empresas, las del régimen de transparencia fiscal y las derivadas de la cesión de derechos de imagen), que hemos incluido en las rentas de la actividad económica. El cumplimiento fiscal se va a calcular de manera agregada para las rentas de actividades económicas y las rentas del capital inmobiliario, al no ser posible su separación para determinar la renta real correspondiente a cada una de ellas, a partir de los datos de la CR. Se han excluido, por tanto, las variaciones patrimoniales, las rentas en régimen de atribución11 y las rentas inmobiliarias imputadas, cuya equivalencia con la CR resulta insuficiente para garantizar una estimación precisa de su nivel de incumplimiento12. Las rentas del trabajo (en adelante, RT), que comprenden todos los rendimientos derivados, directa o indirectamente, del trabajo personal (salarios, pensiones, retribuciones en especie y determinadas prestaciones sociales), constituyen el componente más significativo de la base imponible del IRPF, representando en 2022 más del 87% del total de rentas declaradas. Las rentas de las actividades económicas y del capital inmobiliario (en adelante, RAE_RCI) suponen aproximadamente el 10%, mientras que, las del capital mobiliario (en adelante, RCM), que comprenden principalmente dividendos, intereses de cuentas y depósitos y rendimientos derivados de operaciones de capitalización, no llegan al 3%.

Asimismo, debe señalarse que, mientras que, a efectos del IRPF, la residencia de los individuos está determinada por la CA en la que el individuo permanezca un mayor número de días en el período impositivo; en la CR, los hogares residen en la región donde radique su centro de interés económico predominante. No obstante, estas diferencias no han podido ser consideradas en nuestro análisis, lo que constituye una limitación que conviene tener presente.

A continuación, se detallan los cálculos y ajustes realizados para la estimación de la brecha fiscal, desagregando el análisis, en la medida de lo posible, por fuentes de renta. En la tabla 1.A del

10 Las Estadísticas de Rendimientos de Actividades Económicas, de la AEAT, que utilizamos para medir el cumplimiento fiscal en las rentas de las actividades económicas, no recogen información sobre Ceuta y Melilla.

11 Las rentas en régimen de atribución se corresponderían, en gran parte, con lo que la Contabilidad Nacional considera cuasisociedades, y, por lo tanto, no las incluimos en la renta fiscal.

12 Hemos intentado cuantificar el tax gap para las rentas imputadas (ver Anexo I) pero no hemos conseguido lograr una correspondencia adecuada con la renta real correspondiente a dichas rentas.

Anexo II puede verse la correspondencia entre las partidas incluidas en la renta fiscal y en la renta real de cada fuente o categoría de renta.

La renta fiscal del trabajo se ha calculado íntegramente con la información contenida en las MD y MND del IEF, realizando las operaciones que se indican a continuación:

Rendimientos íntegros del trabajo, tanto dinerarios como en especie, obtenidos de las MD.

1. + Rendimientos íntegros dinerarios del trabajo, de las MND.
2. + Valor de las rentas en especie del trabajo, de las MND.
3. + Ingresos a cuenta efectuados por el pagador y que deben declararse, como rendimiento íntegro del trabajo, al haberse ingresado en la AEAT como pago a cuenta del IRPF. Se han obtenido de las MND.
4. - Ingresos a cuenta repercutidos, es decir, los soportados económicamente por el trabajador, y obtenidos de las MND.
5. - Cotizaciones sociales efectuadas por el trabajador y deducidas en el IRPF. Se han obtenido de las MD.

La renta real del trabajo se ha obtenido a partir de la Cuenta de Renta de los hogares de la CR. No obstante, hemos recurrido a otras fuentes para realizar una serie de ajustes, que permitan una correspondencia más exacta con la renta fiscal del trabajo. El procedimiento ha consistido en operar, de la manera que se indica a continuación, con las siguientes partidas:

Remuneraciones de los asalariados (D1r), procedentes de la Cuenta de asignación (recursos) de la renta primaria de los hogares de la CR. Esta partida incluye todas las rentas brutas dinerarias y en especie, procedentes del empleo, percibidas por el sector de los hogares que trabaja como asalariado en empresas, administraciones públicas, etc. Son rentas brutas, es decir, que incluyen las cotizaciones sociales que realiza el trabajador y también el empleador, y las retenciones que se le efectúan al trabajador.

+ Prestaciones sociales netas recibidas por los hogares, distintas de las transferencias sociales en especie (D62r), recogidas en la Cuenta de distribución secundaria (recursos) de la renta de los hogares de la CR. Esta partida comprende las prestaciones de la seguridad social en efectivo (como pensiones de jubilación, prestaciones por desempleo, por baja laboral), las prestaciones en efectivo y en especie de otros seguros sociales vinculados al empleo (como las pensiones y demás prestaciones de MUFACE, los salarios que se continúan pagando por los empleadores en los períodos de baja, etc.) y las prestaciones de asistencia social (rentas de integración, etc.).

+ Indemnizaciones de seguros no vida (D72r), disponibles en la Cuenta de distribución secundaria (recursos) de la renta de los hogares de la Contabilidad Nacional (en adelante, CN), y que hemos repartido entre las CCAA del TFRC, utilizando como criterio la estructura regional del agregado D7r en la CR. Es decir, hemos repartido el D72r_nacional entre las CCAA, en función del peso relativo que tiene en cada CA (con respecto al total de CCAA del TFRC) el agregado D7r (según la CR). La partida D72r recoge los ingresos procedentes de seguros que cubren pérdidas o daños materiales, riesgos de salud y otros eventos asegurados, como accidentes, incendios o robos (por ejemplo, por el seguro del hogar).

\[D 7 2 r _ {C A} = D 7 2 r _ {n a c i o n a l} \frac {D 7 r _ {C A}}{D 7 r _ {T F R C}}\]

1. - Cotizaciones sociales netas pagadas (D61e), recogidas en la Cuenta de distribución secundaria (empleos) de la renta de los hogares de la CR. Son los pagos de los hogares a los sistemas de seguros sociales, con el fin de asegurar el pago de prestaciones sociales. Comprenden, tanto las que realizan los hogares, como los empleadores.
2. - Salarios y pensiones no recogidos en las MND del IEF, por estar por debajo de su ámbito poblacional. Los hemos estimado a partir de los salarios y pensiones por tramos, que proporciona la estadística sobre Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias. Dicha estadística ofrece información de carácter censal sobre los perceptores (residentes en el TFRC) de salarios, pensiones y prestaciones por desempleo sujetas al IRPF, aunque se trate de retribuciones inferiores al mínimo legal de exención para la obligación de declarar en IRPF, retribuciones con tipo de retención nulo y rentas exentas. Utilizamos sólo la información sobre salarios y pensiones, ya que es la que se proporciona por tramos (en realidad, medios tramos) del salario mínimo interprofesional (en adelante, SMI) y, en su caso, de la pensión mínima (en adelante, PM)13. Para calcular los salarios (y pensiones) que quedan por debajo del umbral de las MND, obtenemos primero el número de medios tramos del SMI14 (y, en su caso, de la PM15) que hay contenidos en dicho umbral, para

13 La información sobre prestaciones por desempleo se proporciona de manera agregada, por lo que no es posible extraer la parte que estaría debajo del ámbito poblacional de las MND del IEF.

14 https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/SMI/index.htm)

15 Utilizamos el dato de las pensiones mínimas de mayores de 65 años y con cónyuge a cargo (https://www.javiersevillano.es/DatosMacro/Pensiones-Max-Min.php#:~:text=Este%20gr%C3%A1fico%20presenta%20la%20evoluci%C3%B3n,de%20221%20a%20825%2C2.)

después coger el volumen de salarios (y pensiones) de la Estadística del Mercado de trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, correspondiente a ese número de medios tramos.

- Rentas del trabajo exentas, que hemos estimado a partir de las Memorias de Beneficios Fiscales (en adelante, MBF) de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Estas MBF, que tienen por ámbito el TFRC, proporcionan el beneficio fiscal estimado, es decir, la pérdida de ingresos tributarios correspondientes al Estado que, presumiblemente, se producirá a lo largo del año, como consecuencia de la existencia de incentivos fiscales orientados al logro de determinados objetivos de política económica y social. Por tanto, las cifras que se proporcionan son netas, es decir, tras el pertinente descuento de las cantidades que miden el efecto de la cesión parcial del impuesto a las Administraciones Territoriales, tal y como se preceptúa en la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA (LOFCA) y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)16. Además, su valoración se efectúa de acuerdo con el criterio de caja o momento en que se produce la merma de ingresos. En consecuencia, para determinar las rentas del trabajo exentas, hemos procedido de la siguiente manera:

1º. Hemos calculado los beneficios fiscales totales de las rentas del trabajo del año t, dividiendo los beneficios fiscales del Estado asociados a estas rentas, que están recogidos en las MBF del año t+1, entre (1-p)*(1-q), siendo p el porcentaje de cesión del IRPF a las Corporaciones Locales (CCLL), obtenido a partir de los datos de liquidación definitiva de las CCLL17, y q el porcentaje de cesión a las CCAA, fijado en la LOFCA18.

\[\text { Total beneficios fiscales } R T = \frac {\text { Beneficios fiscales del Estado asociados con } R T}{(1 - p) * (1 - q)}\]

2º. Hemos estimado las rentas del trabajo exentas que dan lugar a dichos beneficios fiscales, dividiendo, por un lado, los beneficios fiscales de las RT asociadas con rentas bajas19, entre el tipo de gravamen (en adelante, tg) mínimo de la tarifa aplicable a la base imponible general; y, por otro lado, los restantes beneficios fiscales de las RT20, entre el tg marginal que le correspondería al tg medio agregado de la base imponible general. Para determinar este tipo medio agregado, hemos dividido la cuota íntegra general entre la base imponible general, ambas correspondientes al total de declarantes del IRPF y obtenidas de las Estadísticas de declarantes del IRPF. Las tarifas que hemos considerado son las correspondientes al año t.

16 Hasta 2004 solo se descontaba la cesión a las CCAA, no la de los municipios.

17 Como los datos de liquidación definitiva de las CCLL se publican generalmente con un desfase temporal de dos años y los Presupuestos Generales del Estado se elaboran con un año de antelación, para calcular las rentas exentas que generan los beneficios fiscales de cada ejercicio, hemos utilizado el porcentaje de cesión definitiva correspondiente a 4 años antes. Esta elección es coherente con la metodología aplicada en las MBF, tal como se recoge, por ejemplo, en la edición de 2023.

18 El porcentaje de cesión a las CCAA fue del 33%, hasta 2008, y del 50%, desde 2009.

19 Las rentas del trabajo exentas que hemos considerado asociadas con rentas bajas son las pensiones de invalidez, las rentas por acogimiento de discapacitados, mayores 65 años o menores, las becas públicas, las prestaciones de sistemas de previsión social a favor de discapacitados y las prestaciones económicas de dependencia.

20 Las otras rentas del trabajo exentas (las que se obtienen independientemente del nivel de renta) son las prestaciones por actos de terrorismo, las indemnizaciones por despido, las prestaciones familiares por hijo a cargo, orfandad, maternidad y paternidad, las pensiones de la Guerra Civil, las gratificaciones por misiones internacionales, las prestaciones

\[R T e x e n t a s = \frac {T o t a l B ^ {\circ} f i s c a l R T b a j a s}{t g m í n i m o g e n e r a l} + \frac {T o t a l B ^ {\circ} f i s c a l R T n o b a j a s}{t g m a r g i n a l a s o c i a d o a l t g m e d i o g e n e r a l}\]

3º. Como las rentas exentas que hemos estimado son las del TFRC, las hemos repartido entre las CCAA, utilizando como criterio la estructura regional del agregado (d1r+d62r+d72rsalarios y pensiones no recogidos en las muestras de no declarantes), con relación al conjunto de CCAA del TFRC.

\[R T e x e n t a s _ {C A} = R T e x e n t a s * \frac {(d 1 r + d 6 2 r + d 7 2 r - s a l a r i o s y p e n s i o n e s n o r e c o g i d o s e n M N D) _ {C A}}{(d 1 r + d 6 2 r + d 7 2 r - s a l a r i o s y p e n s i o n e s n o r e c o g i d o s e n M N D) _ {T F R C}}\]

La renta fiscal de las actividades económicas y del capital inmobiliario se ha obtenido, principalmente, de las MD del IEF, aunque la hemos complementado con información proporcionada por la Estadística de rendimientos de actividades económicas de la AEAT, con el fin de garantizar su correspondencia con la renta recogida en la CR. Las operaciones efectuadas han sido las siguientes:

Rendimiento neto reducido de las actividades económicas estimado por el método de estimación directa (RNRAEED), proporcionado por las MD.

1. + Reducciones del rendimiento neto practicadas por los declarantes en el régimen de Estimación Directa (ED), obtenidas de la Estadística de rendimientos de actividades económicas de la AEAT.
2. + Gastos financieros deducidos por los declarantes en el régimen de ED, obtenidos también de la Estadística de rendimientos de actividades económicas de la AEAT21. Los añadimos dado que, en la CR, las rentas mixtas netas (recursos) no deducen intereses.

por desempleo de pago único, las ayudas económicas a deportistas, las rentas por trabajos realizados en el extranjero, las prestaciones por nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos, los rendimientos de los tripulantes de determinados buques de pesca, los rendimientos derivados de patrimonios protegidos y la mitad de los premios literarios, artísticos y científicos (ya que algunos serán declarados como renta de las actividades económicas).

21 Como los años previos a 2007 no hay información sobre las reducciones y los gastos financieros deducidos por los contribuyentes en ED, para añadir estas partidas a los RNRAEED en el periodo 2003-2006, hemos multiplicado los declarados cada uno de esos años en cada CA, por la relación en 2007 entre el gastos financierosED]/RNRAEED en esa misma CA.

1. + Rendimiento neto reducido de las actividades económicas no agrícolas estimado por el método de estimación objetiva (RNRAEnoagricEO), obtenido de las MD.
2. + Reducciones del rendimiento neto de las actividades económicas no agrícolas en estimación objetiva (EO), practicadas por los declarantes del IRPF, excepto la minoración por incentivos a la inversión, ya que las rentas mixtas netas (recursos) de la CR descuentan el consumo de capital fijo (depreciación o amortización de los activos utilizados en el proceso productivo). Se han obtenido de la Estadística de rendimientos de actividades económicas de la AEAT22.
3. + Rendimiento neto reducido de las actividades económicas agrícolas en EO (RNRAEagricEO), obtenido de las MD.
4. + Reducciones del rendimiento neto de las actividades económicas agrícolas en EO, y practicadas por los declarantes del IRPF, excepto la minoración por incentivos a la inversión. Se han obtenido de la Estadística de rendimientos de actividades económicas de la AEAT23.
5. + Imputaciones de renta de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), obtenidas de las MD.
6. + Imputaciones de renta de las Uniones Temporales de Empresas (UTE), de las MD.
7. + Imputaciones de renta del régimen de transparencia fiscal, de las MD.
8. + Imputaciones de renta por la cesión de derechos de imagen, de las MD.
9. + Rendimientos netos del capital inmobiliario, de las MD, concretamente, rendimientos íntegros menos gastos deducibles. Incluimos estos rendimientos en la renta fiscal (numerador del cumplimiento fiscal) porque, dentro del epígrafe de rentas mixtas (que, como veremos, es la contrapartida de las RAE en el denominador), se incluyen las rentas derivadas del alquiler de inmuebles, siendo imposible separarlas de resto de rentas derivadas de la actividad económica. Debe recordarse que, tal y como hemos señalado antes, el cumplimiento fiscal de las RAE y de las RCI se va a determinar de forma conjunta, dado que no es posible desagregar la renta real para cada una de estas categorías, a partir de los datos de la contabilidad regional.

La renta real de las de las actividades económicas y del capital inmobiliario se ha obtenido operando de la siguiente manera:

22 Como los años previos a 2007 no hay información sobre las reducciones practicadas por los declarantes de actividades económicas no agrícolas en EO, para añadir estas partidas a los RNRAEnoagricEO en el periodo 2003-2006, hemos multiplicado estos RNRAEnoagricEO declarados cada año en cada CA, por la relación en 2007 entre el [RNAEnoagricEO – minoración por incentivos a la inversión de actividades no agrícolas en EO]/RNRAEnoagricEO de esa misma CA.

23 Para añadir estas partidas los años previos a 2007, hemos seguido el mismo procedimiento que para las actividades no agrícolas (detallado en la anterior nota a pie de página).

Renta mixta neta (B.3nr), que estimamos para cada CA a partir de la Cuenta de explotación (empleos) de la renta de los hogares de la CN y de Cuenta de asignación de la renta primaria (recursos) de la renta de los hogares de la CR. Esta partida recoge la renta que obtienen los empleadores y trabajadores por cuenta propia, una vez descontada la formación bruta de capital o amortizaciones. Se denomina mixta porque no es estrictamente una remuneración ni solamente beneficio, es decir, en ella no puede distinguirse lo que son salarios de lo que serían los beneficios como empresario. Esta renta mixta incluye las rentas de la propiedad vinculadas con los activos financieros y no financieros de la empresa, así como las rentas derivadas del alquiler de inmuebles. Como la renta mixta neta (B.3nr) solo está disponible a nivel nacional, la estimamos para cada CA mediante el siguiente procedimiento:

1º Estimamos el agregado Excedente Neto de Explotación y Renta Mixta Neta de cada CA (ENE_RMNCA). Para ello, partimos del agregado bruto, suponemos que, en cada CA, la relación entre el agregado neto y el bruto es la misma que a nivel nacional.

\[\mathrm {ENE\_RMN} _ {\mathrm{CA}} = \mathrm {EBE\_RMB} _ {\mathrm{CA}} * \frac {\mathrm {ENE\_RMN} _ {\mathrm{NACIONAL}}}{\mathrm {EBE\_RMB} _ {\mathrm{NACIONAL}}}\]

2º Estimamos el Excedente Neto de Explotación de cada CA , que mediría el valor imputado neto por todas las viviendas en propiedad principales y secundarias (no las desocupadas, ni las que están en expectativa de venta o alquiler, ni inmuebles distintos de las viviendas). Para ello, repartimos el ENE nacional entre las CCAA, utilizando como criterio la estructura regional del valor catastral (en adelante, VC) residencial en el TFRC.

\[\mathrm{ENE} _ {\mathrm{CA}} = \mathrm{ENE} _ {\mathrm{NACIONAL}} * \frac {\mathrm{VCresidencial} _ {C A}}{\mathrm{VCresidencial} _ {T F R C}}\]

3º Obtenemos la Renta mixta neta de cada CA , descontando del agregado ENE_ el .

\[R M N _ {C A} = \mathrm {ENE\_RMN} _ {\mathrm{CA}} - \mathrm {ENE} _ {\mathrm{CA}}\]

+ Rentas de la tierra (D45r), procedentes de la Cuenta de asignación de la renta primaria (recursos) de la renta de los hogares de la CN, y que hemos repartido entre las CCAA utilizando como criterio la estructura regional del agregado D4r de la CR. Esta partida recoge los ingresos que recibe el propietario de un recurso natural (tierra, ríos, subsuelo, etc), por ponerlo a disposición de otra unidad institucional. Se corresponde con las rentas fiscales del capital inmobiliario (incluidas en el numerador), por lo que, al no estar incluidas en el epígrafe de rentas mixtas (del denominador), las incorporamos a la renta real de las actividades económicas y del capital inmobiliario.

\[D 4 5 r _ {C A} = D 4 5 r _ {n a c i o n a l} \frac {D 4 r _ {C A}}{D 4 r _ {T F R C}}\]

La renta fiscal del capital mobiliario la integran los rendimientos netos del capital mobiliario de las MD, es decir, los rendimientos íntegros menos los gastos deducidos.

La renta real del capital mobiliario la obtenemos, fundamentalmente, a partir de la información proporcionada por la CR, aunque hacemos una serie de ajustes, para que refleje, de la manera más exacta posible, los mismos conceptos que la renta fiscal del capital mobiliario. Las operaciones efectuadas han sido las siguientes:

Rentas de la propiedad a cobrar por los hogares (D4r), obtenida de la Cuenta de asignación de la renta primaria (recursos) de la renta de los hogares de la CR.

- Las rentas atribuibles a los hogares que tienen suscritas pólizas de seguro vida y las rentas atribuibles a los partícipes en fondos de inversión (D44r). Estas son rentas no realizadas, que no se incluyen en el numerador, es decir, no se declaran como RCM, por lo que las eliminamos del denominador. Esta partida (D44r) está disponible en la Cuenta de asignación de la renta primaria (recursos) de la renta de los hogares de la CN, y la repartimos entre las CCAA en función de la estructura regional del agregado Otras rentas de inversión (D4r) de la CR.

\[D 4 4 r _ {C A} = D 4 4 r _ {n a c i o n a l} \frac {D 4 r _ {C A}}{D 4 r _ {T F R C}}\]

- Rentas de la tierra (D45r), disponibles en la Cuenta de asignación de la renta primaria (recursos) de la renta de los hogares de la CN, y que hemos repartimos entre las CCAA, tal y como se ha indicado con anterioridad, en función de la estructura regional del agregado D4r de la CR. Esta partida se corresponde con RCI, por lo que las eliminamos del denominador de las RCM24.

- Rentas exentas del capital mobiliario, que estimamos a partir de las MBF de los PGE, concretamente, las correspondientes a los rendimientos de planes de ahorro a largo plazo (PALP), que están exentos en el IRPF desde 2015. Para estimarlas, procedemos de manera similar a como hemos hecho con las RT:

1º. Partimos de los beneficios fiscales consignados, por este concepto, en las MBF de cada año y determinamos, primero, los beneficios fiscales totales de las RCM del año t, dividiendo los beneficios fiscales asociados a los PALP, y recogidos en las Memorias de Beneficios fiscales del año t+1, entre .

24 Tras estos ajustes, en la renta real del capital mobiliario se están recogiendo intereses (D41), dividendos (D42) y beneficios reinvertidos de la inversión exterior directa (D43).

\[\text {Total beneficios fiscales RCM} = \frac {\text {Beneficios fiscales del Estado asociados con PALP}}{(1 - p) * (1 - q)}\]

2º. Estimamos las rentas exentas que dan lugar a dichos beneficios fiscales, dividiendo, los beneficios fiscales del capital mobiliario, calculados en el paso anterior, entre el tg marginal que le correspondería al tg medio agregado de las rentas del ahorro, Para determinar este tg medio agregado, hemos dividido la cuota íntegra del ahorro entre la base imponible del ahorro, correspondientes ambas al total de contribuyente y obtenidas de las Estadísticas de declarantes del IRPF (AEAT, Ministerio de Hacienda). Las tarifas que hemos considerado son las correspondientes al año t.

\[R C M e x e n t a s = \frac {T o t a l B e n e f i c i o f i s c a l R C M}{t g m a r g i n a l a s o c i a d o a l t g m e d i o g e n e r a l d e l a h o r r o}\]

3º. Como las rentas exentas que hemos estimado son las del TFRC, las hemos repartido entre las CCAA en función de la estructura regional de D4r sobre el conjunto de CCAA del TFRC.

\[R C M e x e n t a s _ {C A} = R C M e x e n t a s * \frac {d 4 r _ {C A}}{d 4 r _ {T F R C}}\]

Los resultados obtenidos los hemos agrupado en torno a dos grandes bloques. Por un lado, presentamos el examen detallado del cumplimiento fiscal por categorías de renta para el conjunto de CCAA del TFRC. Por otro lado, abordamos el estudio de las disparidades territoriales, que pone de relieve las variaciones en el cumplimiento fiscal entre CCAA.

El Gráfico 1 muestra la evolución del grado de cumplimiento fiscal en el IRPF y de su indicador complementario, el tax gap, para el total de rentas consideradas en este estudio (en adelante, TR). En él puede verse que el cumplimiento fiscal (línea verde) sigue una trayectoria claramente ascendente a lo largo del periodo 2003-2022. En los primeros años, se situaba en torno al 72-75%, lo que suponía una brecha fiscal (línea roja) del 25-28%. A partir de entonces, se observa una mejora progresiva, habiendo aumentado el cumplimiento agregado 13 puntos porcentuales (en adelante, pp), en términos acumulados. En los dos últimos años, el cumplimiento fiscal supera el 85%, de forma que la brecha fiscal se sitúa en el 14-15%, lo que se traduce, tal y como muestra la serie de barras, en unos 105.000-112.000 millones de euros anuales.

25 Tal y como se indicó anteriormente, p es el porcentaje de cesión del IRPF a CCLL, obtenido a partir de los datos de liquidación definitiva de las CCLL, y q el porcentaje de cesión a las CCAA, fijado en la LOFCA.

Gráfico 1: Evolución de la brecha fiscal en el conjunto de CCAA del TFRC. Total de Rentas (TR)

Nota: Las barras, que representan la brecha fiscal en millones de euros, hacen referencia al eje secundario. Los datos asociados a este gráfico están recogidos en la Tabla 2.A del Anexo II (columnas 46 y 47).

Sin embargo, tal y como muestra el gráfico 2, esta mejora no ha sido homogénea entre categorías de renta. Las RT han mantenido históricamente los niveles más altos de cumplimiento fiscal (entre el 86% y el 94%), gracias a que están sometidas a retención en origen, mecanismo por el cual el pagador retiene e ingresa en la AEAT una parte del rendimiento del trabajador. Este sistema, si bien genera costes de cumplimiento para las empresas, resulta extraordinariamente eficaz desde la perspectiva recaudatoria, al eliminar prácticamente la posibilidad de ocultación. Mejoras marginales en los niveles de cumplimiento son, por lo tanto, difíciles de conseguir en las RT.

Gráfico 2: Evolución del cumplimiento fiscal por categoría de renta, para el conjunto de CCAA del TFRC

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en la Tabla 2.A del Anexo II (columnas 17, 31, 39, 43 y 47).

No obstante, el cumplimiento fiscal de las RT ha experimentado un incremento acumulado de casi 4 pp, desde 2003, pasando del 88,68 al 92,64%. Las variaciones interanuales han sido pequeñas, aunque se observan algunas oscilaciones coyunturales más marcadas, como el repunte de 2007 y el máximo alcanzado en 2020. El repunte de 2007 parece responder a un efecto estadístico derivado de la construcción del denominador. Como puede verse en la tabla 2.A del Anexo II, que muestra la evolución de las diferentes partidas que integran la renta fiscal y la real para el conjunto de CCAA del TFRC, ese año aumentaron las partidas descontadas por salarios y pensiones por estar por debajo del umbral poblacional de las MND (columnas 12 y 13). Esto redujo la renta real del trabajo y elevó el nivel de cumplimiento fiscal. El máximo de 2020 probablemente esté asociado a la COVID-19, por el incremento masivo de prestaciones sociales que generó (ERTE, prestaciones por cese de actividad, Ingreso Mínimo Vital), todas ellas sujetas a retención y declaración, que reforzaron la transparencia de las rentas salariales. En cualquier caso, el cumplimiento fiscal en estas RT se mantuvo en niveles elevados tras la pandemia, quizás porque afloró en 2020 economía informal, para beneficiarse de las medidas anti-COVID, que tuvo que mantenerse en el sector formal en los años sucesivos. El gráfico 3 permite ver también que, a pesar de que la brecha fiscal en las RT no ha sido nunca elevada, cada punto porcentual se traduce en miles de millones de euros, llegándose a superar los 45.000 millones de euros en 2022.

Gráfico 3: Evolución de la brecha fiscal en el conjunto de CCAA del TFRC. Rentas del Trabajo (RT)

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en la tabla 2.A del Anexo II (columnas 16 y 17).

Por el contrario, las rentas distintas del trabajo (en adelante, RDT) muestran niveles de cumplimiento fiscal mucho más bajos, aunque con mejoras significativas. En los primeros años, el cumplimiento estaba en torno al 35%, frente al casi 55% de 2022, lo que supone un incremento de 20 pp (puede verse en la tabla 2.A del Anexo II, columna 43). Dentro de este grupo, las RAE_RCI son las que más han contribuido a la reducción de la brecha fiscal. El gráfico 4 muestra que el nivel cumplimiento fiscal en estas rentas ha pasado del 32-35% inicial, a rozar el 54% en 2022. Este avance probablemente responda, tanto a un mayor control administrativo (por ejemplo, la obligación de identificar arrendadores, vigente desde 2007), como a la digitalización de la gestión tributaria, impulsada por la generalización de la sede electrónica y el sistema Cltive, así como por medidas específicas, como el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), implantado en 2017; la facturación electrónica obligatoria, vigente para la contratación pública desde 2015, etc. Aun así, sigue habiendo una brecha fiscal de casi la mitad de estas rentas en 2022 (casi 54.000 millones de euros, tal y como puede verse en la serie de barras del gráfico 4), lo cual puede deberse a diversos factores, como la ausencia de retención en origen; el uso de efectivo en transacciones, que escapan al registro contable y, por lo tanto, fiscal; y la existencia de distintos métodos de determinación del rendimiento neto (y de tributación en el IVA), que genera oportunidades de arbitraje fiscal (en particular, el método de estimación objetiva, que buscando simplificar el cumplimiento de los pequeños empresarios, puede generar desconexión entre la renta real y la fiscal).

Gráfico 4: Evolución de la brecha fiscal en el conjunto de CCAA del TFRC. Rentas de las Actividades Económicas y del Capital Inmobiliario

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en la tabla 2.A del Anexo II (columnas 30 y 31).

Las RCM presentan un comportamiento más irregular. El gráfico 5 muestra que, durante los años de expansión económica, el nivel de cumplimiento fiscal se situó en torno al 43-50%, mientras que, en periodos de crisis, alcanzó valores superiores al 60-70%.

Gráfico 5: Evolución de la brecha fiscal en el conjunto de CCAA del TFRC. Rentas del capital mobiliario

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en la tabla 2.A del Anexo II (columnas 38 y 39).

Los repuntes de 2009, 2012 o 2016 parecen estar vinculados a factores estadísticos, concretamente, a caídas importantes en las rentas de la propiedad registradas en la CR, tal y como refleja la tabla 2.A del Anexo II (columna 33). No obstante, no puede descartarse que dichas mejoras guarden relación con la Directiva 2003/48/CE, conocida como “Directiva de Ahorro”, que en España entró en vigor en 2005; o con el Intercambio Automático de Información Fiscal (CRS/DAC), que entró en vigor en 2016. En los años más recientes, el cumplimiento de estas rentas se sitúa en torno al 57-59%, todavía muy por debajo del observado en las RT, aunque con una tendencia positiva respecto a los datos de mediados de los 2000. La brecha fiscal en estas rentas es de más de 12.000 millones de euros en 2022. La heterogeneidad de productos financieros y sus diferentes tratamientos fiscales (rentas del capital vs, ganancias patrimoniales, exenciones específicas, diferimientos, etc.) introduce una complejidad que seguramente favorece la evasión fiscal. A ello se suma la elevada movilidad internacional de los patrimonios financieros, que facilita las estrategias de evasión mediante paraísos fiscales o jurisdicciones de baja tributación. En este sentido, si tenemos en cuenta que, según el Global Tax Evasion Report 2024 (Alstadsaeter et al, 2023), los hogares españoles tenían en 2022 una riqueza equivalente al 10,1% del PIB en el extranjero, es decir, 138.736,53 millones de euros, y asumimos una rentabilidad del 10% (13.873,65 millones de euros) y un cumplimiento del 73% (el asumido en el escenario “central” de dicho informe, para 2022), todavía se ocultaban unas rentas del capital de 3.745,88 millones de euros. Por tanto, teniendo en cuenta las RCM declaradas en 2022 en términos netos (17.400 millones de euros) y los 3.745,88 millones evadidos en el extranjero, solo quedaría sin explicar una brecha fiscal del 29,41% en las RCM.

En el gráfico 6 hemos recogido la brecha fiscal total en el IRPF, expresada en millones de euros, así como la aportación relativa de cada categoría de renta a dicho total. Puede verse que, en el período analizado, la brecha fiscal total ha oscilado entre 91.000 y 157.000 millones, procediendo la mayor parte de las actividades económicas y capital inmobiliario (las barras lilas muestran que entre el 46-61% de la brecha fiscal total procedía de estas fuentes), seguidas del trabajo (barras azules) y, a considerable distancia, del capital mobiliario (barras naranjas).

Gráfico 6: Evolución de la brecha fiscal estimada

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en la tabla 2.A del Anexo II (columnas 16, 30, 38 y 46).

No obstante, la contribución relativa del cumplimiento fiscal en cada categoría de renta a la mejora del cumplimiento total (expresado en porcentaje), depende, tanto de su evolución específica, como de su peso en el total de rentas. El Gráfico 7 sintetiza estas dos dimensiones clave, así como su efecto combinado, evidenciando que, incluso mejoras modestas en el nivel de cumplimiento de las RT tienen un impacto agregado muy superior al que generan avances más intensos en las RDT, dado que las primeras representan más del 87% de las rentas totales. De hecho, el análisis de regresión, recogido en la Tabla 3.A del Anexo II, confirma que las RT son las que más contribuyen al aumento del cumplimiento total. Concretamente, si el cumplimiento fiscal de las RT aumenta en un 1%, el cumplimiento fiscal del total de rentas aumenta en un 0,93%.

Gráfico 7: Contribución de cada categoría de renta al cumplimiento fiscal agregado

Incremento en el cumplimiento fiscal entre 2003 y 2022. La etiqueta superior indica el cumplimiento fiscal (%) en 2022

Cumplimiento fiscal en 2003 (%)

Peso de cada categoría de renta en el TR fiscal, en 2022

Contribución de cada categoría de renta a la mejora del cumplimiento fiscal total, en pp (eje secundario)

Nota: Los puntos porcentuales (pp) en que el cumplimiento fiscal de cada categoría de renta contribuye a la mejora del cumplimiento fiscal total (representados por las etiquetas verdes) se han obtenido multiplicando los pp de mejora en el cumplimiento fiscal de cada categoría de renta (barras verdes) por el peso relativo de cada categoría de renta en el total (etiquetas amarillas). La suma de las contribuciones de las RT, RAE_RCI y RCM (+5,76 pp) es inferior al cambio observado en el cumplimiento fiscal en el TR (+12,9 pp), ya que la descomposición se ha realizado manteniendo constantes los pesos de 2022 y el cumplimiento del TR no se calcula como una media ponderada de los cumplimientos de las distintas categorías de renta, sino como la relación entre la renta fiscal correspondiente al TR y renta real del TR.

El gráfico 2.A del Anexo II muestra la evolución del cumplimiento fiscal, por categoría de renta, en cada CA. En él puede apreciarse que, aunque la tendencia general es positiva en todas las regiones, hay disparidades entre CCAA en la evolución de las distintas categorías de renta. Las RT presentan niveles elevados y relativamente homogéneos de cumplimiento fiscal entre CCAA, mientras que las RDT son las que explican la mayor parte de las divergencias territoriales. De esta forma, aunque el cumplimiento fiscal de las RT reduce la dispersión en el cumplimiento agregado (al representar estas rentas más del 87 % del total), las diferencias en el cumplimiento fiscal de las RDT resultan clave para comprender la heterogeneidad regional.

Para ilustrar mejor las diferencias territoriales, hemos elaborado los gráficos 8 a 12, que sintetizan los incrementos en el grado de cumplimiento fiscal por categoría de renta entre 2003 y 2022, tanto por CA como para el conjunto de CCAA del TFRC.

El gráfico 8 confirma una mejora generalizada del nivel de cumplimiento fiscal total y permite apreciar una reducción en las disparidades territoriales. Mientras en 2003, la diferencia entre la CA con mayor cumplimiento (Asturias, 77,7%) y la menor (Islas Baleares, 64,3%) era de 13,4 pp, en 2022 esta brecha se reduce a 7,7 pp (Madrid, 88,6% frente a Murcia, 80,9%). Esta convergencia no solo se refleja en el rango, sino también en la dispersión estadística. Como puede verse en la tabla 9.A del Anexo II, la desviación estándar se reduce casi un 45%, pasando de 3,79 pp en 2003 a 2,1 pp en 2022, lo que evidencia una mayor homogeneidad territorial. Sin embargo, persisten patrones territoriales estables. Madrid, Cantabria y Comunidad Valenciana presentan, en ambos momentos del tiempo, cumplimientos superiores al promedio nacional (representado en el gráfico 8 por las líneas discontinuas horizontales). Por el contrario, Andalucía, Canarias, Islas Baleares, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja presentan sistemáticamente cumplimientos inferiores, reflejo probablemente de un mayor peso de sectores tradicionales, con menor trazabilidad, y de territorios con particularidades geográficas, como la insularidad o la dispersión demográfica, que dificultan el control. Las mejoras absolutas más pronunciadas en el cumplimiento fiscal total se observan en Canarias (+18,27 pp), Baleares (+17,70 pp), Andalucía (+16,49 pp) y Castilla-La Mancha (+15,94 pp); mientras que los avances más modestos corresponden a Asturias (+5,62 pp) y Aragón (+7,85).

Gráfico 8: Evolución del cumplimiento fiscal en el TR, por Comunidad Autónoma

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en la tabla 4.A del Anexo II.

Las disparidades territoriales en el cumplimiento de las RT son pequeñas y muestran también una clara tendencia a la convergencia, al caer la desviación estándar en casi un 29% (ver tabla 9.A del Anexo II). En 2003, la diferencia entre la CA con mayor cumplimiento (Asturias, 92,7%) y la menor (Canarias, 85,4%) era de 7,3 pp; mientras que, en 2022, esta brecha se reduce a 5,5 pp, con Baleares liderando (con 96,8%), frente a Cataluña, que registra el menor nivel (91,3%). El gráfico 9 refleja, además, que son las CCAA que en 2003 estaban rezagadas (Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia), las que lideran las mejoras y estrechan las diferencias territoriales. Baleares (+11,13 pp), concretamente, pasa de estar entre las últimas posiciones en 2003, a liderar el ranking en 2022. Por el contrario, algunas regiones con cumplimiento elevado en 2003 (Aragón, Cataluña, Madrid) pierden posición relativa, pese a conservar niveles elevados (en 2022 quedan ligeramente por debajo de la media). Por tanto, el nivel de cumplimiento en las RT ha mejorado en todas las CCAA, pero a ritmos desiguales, siendo más intenso donde existía más margen de mejora.

Gráfico 9: Evolución del cumplimiento fiscal en las RT, por Comunidad Autónoma

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en la tabla 5.A del Anexo II.

El cumplimiento fiscal en las RDT muestra una dinámica mucho más compleja y desigual. Aunque el promedio nacional aumenta del 35,9%, en 2003, al 54,7%, en 2022, este avance no ha traído consigo una mayor cohesión territorial, sino todo lo contrario. La dispersión se ha intensificado de forma notable (la desviación estándar ha aumentado casi un 145%, tal y como puede verse en la tabla 9.A del Anexo II), lo que evidencia una polarización cada vez más marcada. En 2003 la diferencia entre la CA con mayor cumplimiento (Cataluña, 39,95%) y la menor (Canarias, 29,20%) era de 10,75 pp; mientras que, en 2022, la distancia supera los 31 pp (Madrid frente a Murcia). Además, como muestra el gráfico 10, el contraste entre regiones es evidente. Mientras algunas regiones experimentan mejoras espectaculares en su nivel de cumplimiento (Madrid, por ejemplo, alcanza un nivel de cumplimiento del 70,75%, tras crecer casi 34 pp), otras apenas superan el umbral del 40% (sería el caso de Murcia, con un 39,17%, o Asturias, con un 40,2%), siendo el resultado un mapa de cumplimiento fiscal más polarizado que hace dos décadas.

Gráfico 10: Evolución del cumplimiento fiscal en las RDT, por Comunidad Autónoma

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en la tabla 6.A del Anexo II

Dentro de este agregado, las RAE_RCI son el componente más relevante y el que explica buena parte de la dispersión territorial en el cumplimiento fiscal del TR. La tabla 9.A del Anexo II indica que la desviación estándar del cumplimiento fiscal en estas rentas ha aumentado un 210% y el Gráfico 11 muestra que las diferencias más extremas entre CCAA pasan de 10,15 pp (Aragón vs. Islas Baleares), en 2003, a 36,38 pp (Madrid vs. Murcia), en 2022. Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana se consolidan en ambos años en lo alto del ranking de cumplimiento fiscal, probablemente por una mayor concentración de actividades profesionales y empresariales formalizadas, con estructuras que facilitan la trazabilidad y el control. Por el contrario, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia o Murcia, muestran niveles más modestos de cumplimiento fiscal, lo cual puede ser un reflejo de la persistencia de sectores tradicionales y una alta atomización empresarial, que dificulta el control. Madrid (+39,99 pp) y Cataluña (+22,59 pp) lideran las mejoras absolutas, mientras que Asturias (+3,44 pp) y Murcia (+4,83 pp) muestran avances mínimos, probablemente porque los sectores tradicionales siguen dominando.

Gráfico 11: Evolución del cumplimiento fiscal en las RAE_RCI, por Comunidad Autónoma

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en la tabla 7.A del Anexo II

En el caso de las RCM, las diferencias territoriales también son notables y muestran una tendencia a la polarización. El gráfico 12 muestra que, en 2003, la diferencia entre la CA con mayor cumplimiento (La Rioja, 52,63%) y la menor (Canarias, 35,80%) era de 16,83 pp, siendo la media nacional del 47,01%. En 2022, pese a que el promedio asciende al 57, 1%, la distancia entre extremos se amplía hasta 26,24 pp (Madrid lidera con un 64,1%, mientras que Castilla-La Mancha sólo muestra un 37,86%). Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Cantabria se mantienen siempre en posiciones de elevado cumplimiento fiscal; mientras que Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias permanecen siempre en la parte baja del ranking de cumplimiento fiscal. Las mayores mejoras absolutas se observan en Madrid (+14,29 pp) y Cataluña (+11,02 pp), mientras que Extremadura (- 4,44 pp) y Castilla-La Mancha (-1,23 pp) son las únicas CCAA donde el cumplimiento fiscal disminuye, situándose ambas a la cola del ranking, seguidas de Andalucía y Castilla y León. También destaca el estancamiento relativo de La Rioja (+6,73 pp), que partía como líder en 2003, pero ha perdido posiciones frente a otras CCAA.

Gráfico 12: Evolución del cumplimiento fiscal en las RCM, por Comunidad Autónoma

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en la tabla 8.A del Anexo II

El Gráfico 13 muestra la dispersión del cumplimiento fiscal por categoría de renta y CA, a lo largo del período 2003–2022, mediante diagramas de caja. Las cajas compactas y las elevadas medianas de las RT confirman su comportamiento estable y homogéneo entre regiones. Por el contrario, las RDT, RAE_RCI y, sobre todo, las RCM, presentan cajas más amplias y bigotes largos, lo que refleja una evolución irregular y mayor variabilidad temporal. La presencia de outliers en estas rentas indica que hay años con desviaciones extremas en el nivel de cumplimiento fiscal.

En el gráfico 14 hemos recogido la estructura de rentas, por categoría, en cada CA, y su nivel de cumplimiento fiscal total. Aunque cabría esperar que un mayor peso de las RT se tradujera en un mayor nivel de cumplimiento fiscal total (López et al, 2021), dicho gráfico muestra que esta relación no es clara ni uniforme entre CCAA. Por ejemplo, en Aragón, Asturias, Extremadura o Murcia, donde las RT (barras azules) suponen casi el 90% del TR, el cumplimiento fiscal total apenas supera el 80% (marcador amarillo); y Madrid, donde el peso de las RT es intermedio, lidera el ranking de cumplimiento fiscal. El gráfico de dispersión (gráfico 15) ilustra muy bien la ausencia de relación entre estas dos magnitudes.

Gráfico 14: Estructura de la renta y cumplimiento fiscal total (TR), por Comunidad Autónoma

A su vez, la información estadística de la tabla 10.A del Anexo II revela que, ni las correlaciones (ni las lineales ni las no paramétricas), ni las estimaciones por MCO sugieren que la estructura de las rentas explique la heterogeneidad territorial observada en el cumplimiento del TR. Tampoco parece haber correlación con los tipos de gravamen autonómicos, ya que, por ejemplo, tanto Madrid, con tipos reducidos, como Cantabria, con tipos más altos, presentan niveles elevados de cumplimiento fiscal; mientras que Murcia, con tipos moderados, registra el nivel más bajo. En cambio, se observa cierta asociación entre un bajo cumplimiento en las RDT y en el TR en algunas CCAA (Murcia, Extremadura, Baleares), aunque esta relación no es sistemática.

Gráfico 15: Relación entre el peso de las RT y el cumplimiento fiscal del total de rentas (TR): evidencia gráfica

El análisis de robustez desarrollado en el Anexo III confirma que, para el conjunto de CCAA del TFRC, existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel medio de cumplimiento fiscal entre categorías de renta. Asimismo, el incremento en el nivel de cumplimiento fiscal a lo largo del tiempo no ha sido uniforme entre categorías y, en todas ellas, excepto en las RCM, los aumentos han sido estadísticamente significativos. Por otro lado, el análisis por CCAA confirma la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre la mayoría de las categorías de renta en todas las CCAA, siendo especialmente marcadas en las comparaciones entre RT y las demás rentas. En cuanto a la evolución temporal, la mayoría de CCAA muestran una significativa tendencia al alza en el cumplimiento fiscal, con incrementos más acusados en TR, RDT y RAE_RCI. En las RT, las variaciones solo son significativas en algunas CCAA; mientras que las RCM presentan un comportamiento heterogéneo y sin cambios relevantes en la mayoría de CCAA. Finalmente, el análisis territorial revela diferencias estadísticamente significativas en todas las categorías de renta, confirmando la existencia de heterogeneidad interregional, siendo esta especialmente intensa en las rentas con menor trazabilidad (RAE_RCI y RCM).

Una vez determinada la brecha fiscal, hemos estimado la recaudación que se ha dejado de percibir cada año, como consecuencia de ella, en dos escenarios distintos. El primero corresponde al coste mínimo, entendido como la pérdida de ingresos que se habría producido si la renta no declarada hubiera estado sujeta al tipo de gravamen mínimo del IRPF; y, el segundo, al coste máximo, calculado bajo la hipótesis de aplicación del tipo máximo de gravamen. Para estimar el coste asociado a las RT y RAE_RCI, hemos utilizado tanto los tipos de gravamen correspondientes a la parte estatal de la base liquidable general, como los establecidos por cada CA para la parte autonómica de dicha base. En el caso de las RCM, hemos aplicado los tipos de gravamen del ahorro.

El coste fiscal bruto estimado en ambos escenarios se recoge en la tabla 21.A del Anexo IV, y se ilustra en el gráfico 16. Las cifras revelan que el coste máximo alcanzó su punto más alto en 2012, con unos 68.000 millones de euros, mientras que el coste mínimo en ese mismo año fue de, aproximadamente, 31.500 millones. En el extremo opuesto, el menor coste se registró en el año 2020, coincidiendo con el impacto de la pandemia, situándose entre 17.000 y 39.000 millones de euros (coste mínimo y máximo respectivamente). En 2022, el coste bruto estimado de la brecha fiscal fue de 21.000-51.000 millones de euros, lo que refleja un empeoramiento respecto a 2020, aunque sin alcanzar los niveles previos a 2018.

Por categorías, las RAE_RCI son las que más contribuyen a la pérdida recaudatoria. En 2012, la pérdida máxima de recaudación derivada de estas rentas pudo ser de unos 34.000 millones, frente a los 33.000 millones derivados de las RT. En 2022, las RAE_RCI siguen siendo la principal causa del coste recaudatorio asociado a la brecha fiscal, con 26.000 millones (de coste máximo), seguidas de las RT, que pudieron generar un coste máximo de 21.500 millones. Por el contrario, las rentas del capital mobiliario (RCM) mantienen un papel marginal. Incluso en el escenario máximo de 2022, generan un coste solo algo superior a los 3.000 millones. La tabla 22.A del Anexo IV desglosa estos cálculos por CA, diferenciando la pérdida de recaudación mínima y máxima que ha afectado al Estado (parte estatal) y a cada CA (parte autonómica).

Gráfico 16: Estimación del coste bruto de la brecha fiscal en el conjunto de CCAA del TFRC: escenarios mínimo y máximo

Nota: El escenario de coste mínimo asume que toda la brecha fiscal estaría gravada a los tipos mínimos de las tarifas. El escenario de coste máximo, por el contrario, asume que la brecha se grava a los tipos máximos de las tarifas. Los datos asociados a este gráfico están recogidos en la tabla 1.

Para dimensionar la relevancia de la brecha fiscal, la hemos relacionado con dos indicadores macroeconómicos: la cuota resultante de la autoliquidación del IRPF (en adelante, CRA) y el PIB. Tal y como muestra la tabla 1 (panel A), en 2022, el tax gap de las CCAA del TFRC pudo suponer una pérdida de ingresos equivalente al 19,42-47,08% de la CRA (escenario mínimo y máximo, respectivamente) y al 1,53-3,71% del PIB, lo que evidencia la magnitud del impacto sobre las finanzas públicas. Además, en algunos ejercicios, el coste bruto estimado de la brecha fiscal llegó a representar, en el escenario mínimo, más de la mitad de la cuota recaudada por IRPF y, en el máximo, incluso a superar el 100 % de dicha cuota, lo que subraya la gravedad del problema y la necesidad de abordarlo.

Para obtener una estimación del coste neto de la brecha fiscal, hemos tenido en cuenta el importe del IRPF recuperado a través de actuaciones de control, utilizando los datos de “contraído previo”. Los derechos de contraído previo, que reconocen los derechos previamente al ingreso, incluyen las liquidaciones practicadas por Gestión, Inspección, Aduanas y Recaudación en el ejercicio de los procedimientos de control del cumplimiento tributario, los derechos por autoliquidaciones para las que se solicitó aplazamiento o reconocimiento de deuda y los derechos por ajustes territoriales con las Haciendas Forales. Para estimar esos ingresos, hemos realizado, primero, un ajuste por devengos plurianuales, dado que el importe del contraído previo de un ejercicio puede incluir devengos correspondientes a años anteriores. Concretamente, hemos asignado a cada ejercicio la media de los derechos de contraído previo del IRPF correspondiente al año en cuestión y a los cuatro ejercicios anteriores, en coherencia con el plazo general de prescripción de cuatro años. Estos datos se obtienen de los Informes anuales de Recaudación Tributaria, de la AEAT. A continuación, del importe resultante, hemos descontado la parte correspondiente a los aplazamientos y fraccionamientos de deuda solicitados por IRPF, que hemos estimado, bajo el supuesto de que su peso relativo en el contraído previo del IRPF es equivalente al que representan los aplazamientos totales dentro del conjunto del contraído previo. El importe de los aplazamientos los hemos obtenido de las Memorias de la Agencia Tributaria.

El gráfico 17 muestra que el importe del IRPF recuperado mediante actuaciones de control ha aumentado en los últimos años, alcanzando, en 2022, casi 10.000 millones de euros. El panel B de la tabla 1, muestra que, si descontamos estos ingresos aflorados, el coste neto estimado de la brecha fiscal fue en 2022 de 11.310-41.289 millones de € (columnas 10 y 11), equivalente al 10,43-38,09% de la CRA, y al 0,82-3% del PIB (columnas 12 a 15). Por tanto, estas actuaciones de control permitieron recuperar casi 9 pp del coste estimado de la brecha fiscal, en términos de recaudación por IRPF, y 0,71 pp, en términos de PIB. Estos resultados confirman la eficacia de dichas actuaciones, aunque evidencian que persiste margen de mejora. Además, estas medidas generan un efecto disuasorio adicional, no cuantificable directamente, que contribuye a incrementar el cumplimiento voluntario en ejercicios futuros.

Tabla 1. Estimación del coste bruto y neto de la brecha fiscal, en términos relativos: escenarios mínimo y máximo

Nota: El escenario de coste mínimo asume que toda la brecha fiscal estaría gravada a los tipos de gravamen mínimos de las tarifas. El escenario de coste máximo, por el contrario, asume que la brecha se grava a los tipos de gravamen máximos de las tarifas.

Gráfico 17: Estimación del IRPF recuperado por actuaciones de control

Finalmente, hemos planteado un tercer escenario de estimación del coste de la brecha fiscal, en el que, en lugar de asumir que toda la renta no declarada procede de las rentas bajas (tipo mínimo) o de las rentas altas (tipo máximo), asumimos que se reparte proporcionalmente a lo largo de toda la escala de renta. En este escenario intermedio, por lo tanto, lo que hacemos es suponer que las rentas fiscales de cada contribuyente (de las MD) y de cada no obligado-no declarante (de las MND), se incrementan linealmente según el tax gap estimado en la sección anterior. Para hacer esta simulación, en las MD hemos trabajado, por un lado, con las rentas que tributan en la parte general de la base liquidable (RT, RAE_RCI) y, por otro, con las que tributan en la base liquidable del ahorro. La base liquidable general sometida a gravamen de cada contribuyente (obtenida de las MD) la hemos incrementado linealmente según el gap existente para las RT y las RAE_RCI, en su CA de residencia. Posteriormente, hemos calculado la cuota correspondiente a dicha base liquidable general incrementada, considerando los mínimos personales y familiares aplicables a cada sujeto. Para ello, hemos tenido en cuenta los tramos autonómicos de la tarifa y los mínimos personales y familiares fijados por cada CA. Finalmente, hemos determinado el incremento en la cuota general de cada contribuyente respecto a la situación inicial, hemos aplicado los factores de elevación correspondientes y agregado los resultados por CA.

Con las RCM, que tributan en la base liquidable del ahorro, hemos seguido un procedimiento similar. Hemos incrementado, primero, la base liquidable del ahorro de cada contribuyente (obtenida de las MD), según el gap estimado para las RCM en su CA de residencia. Hemos calculado, después, la cuota correspondiente a dicha base liquidable del ahorro incrementada, teniendo en cuenta la parte de los mínimos personales y familiares (estatales y autonómicos) no utilizados en la base general, por exceder su cuantía. Y, finalmente, hemos calculado el incremento en la cuota del ahorro de cada contribuyente respecto de la situación inicial, aplicado los factores de elevación y agregado los resultados por CA.

En las MND, hemos incrementado la RT de cada sujeto según el tax gap estimado y hemos gravado dicho incremento a los tipos de gravamen mínimos de la tarifa aplicable a la base liquidable general (estatal y autonómica). Posteriormente, hemos aplicado los correspondientes factores de elevación y agregado los resultados por CA.

Los resultados de este ejercicio de simulación se recogen en la tabla 2, donde puede verse que, el coste fiscal bruto estimado en este escenario intermedio ascendería, en 2022, a más de 35.000 millones de euros para el conjunto de CCAA del TFRC, de los que 32.000 millones procederían de RT y RAE_RCI. Este importe equivaldría al 33,48 % de la CRA y al 2,79% del PIB.

El desglose por CA revela una gran heterogeneidad. En términos de CRA, las CCAA donde el coste bruto estimado sería mayor son Extremadura (52,12%), Murcia (50,34%) y Canarias (45,96%), mientras que Madrid se situaría en el extremo opuesto (20,29%). Si se mide en relación con el PIB regional, Asturias lideraría la simulación, con un coste fiscal bruto equivalente al 3,84% de su PIB, seguida de Islas Baleares (3,76%) y Aragón (3,45%), mientras que Madrid volvería a situarse en la posición más baja (2,07%). El gráfico 18 ilustra estos resultados, tanto en términos absolutos (panel A), como en términos relativos (paneles B y C), permitiendo estos últimos identificar, de una manera sencilla, las CCAA con costes recaudatorios por encima de la media nacional (representada por la línea horizontal).

Si descontamos los 9.740 millones de € que, en 2022, se recuperaron por actuaciones de control, el coste neto de la brecha fiscal sería, en este tercer escenario, de 25.621 €, equivalente al 24,25% de la CRA y al 2,02% del PIB.

Tabla 2: Coste bruto estimado de la brecha fiscal: escenario intermedio (en millones de euros)

Nota: El escenario intermedio supone que la renta fiscal de cada contribuyente se incrementa linealmente según el tax gap estimado.

Gráfico 18: Coste bruto estimado de la brecha fiscal: escenario intermedio (en términos absolutos y relativos)

Nota: El escenario intermedio supone que la renta fiscal de cada contribuyente se incrementa linealmente según el tax gap estimado. Los datos asociados a este gráfico están recogidos en la Tabla 2.

Los resultados obtenidos indican que el cumplimiento fiscal en el IRPF ha experimentado una mejora sustancial a lo largo del periodo analizado, pasando de un en 2003, al 85,3%, en 2022, lo que se traduce en una reducción de la brecha fiscal desde el 27,6% hasta el 14,7%. En términos absolutos, la brecha fiscal ha oscilado entre 90.000 y 157.000 millones de euros, situándose en torno a 112.000 millones en 2022. Por categorías de renta, las diferencias son notables. Las RT mantienen niveles elevados de cumplimiento fiscal (86–94 %) y registran una mejora acumulada de casi 4 pp en el periodo analizado, mientras que las RAE_RCI avanzan desde niveles del 32-35%, en los primeros años, hasta rozar el 54% en 2022, contribuyendo de forma decisiva a la reducción del gap. El cumplimiento fiscal en las RCM alcanza el 58,1% en 2022, aunque tiene un comportamiento más irregular. Este contraste pone de manifiesto que, mientras las RT mantienen niveles muy altos de cumplimiento fiscal, gracias a la eficacia de los mecanismos de retención y control, las RAE_RCI continúan siendo el principal desafío, requiriendo soluciones orientadas a mejorar su trazabilidad.

El coste recaudatorio bruto asociado al incumplimiento se estima entre 21.000 y 51.000 millones de euros en 2022, cifra inferior a los niveles previos a 2018, pero superior a la registrada en 2020. Las RAE_RCI constituyen la principal fuente de pérdida recaudatoria, seguidas por las RT. Las RCM, por el contrario, tienen un coste recaudatorio marginal, incluso en el escenario de coste máximo. Tras descontar el IRPF recuperado por control, el coste recaudatorio neto se sitúa en un rango de 11.310-41.289 millones de €, equivalente al de la CRA, y al 0,82-3% del PIB. Aunque estas cifras no son estrictamente comparables con las publicadas oficialmente por otros países —debido a diferencias metodológicas y al alcance de los conceptos incluidos—, su magnitud sugiere que, incluso en el escenario más optimista, el coste neto estimado en relación con el PIB podría situarse por encima de los valores reportados para Canadá, Suecia y Reino Unido, mientras que las estimaciones disponibles para Estados Unidos, Australia e Italia, según muestra la Tabla 3, se encontrarían dentro del rango definido por nuestros dos escenarios extremos.

El estudio confirma una convergencia significativa entre CCAA en el cumplimiento del TR analizadas en este trabajo y en las RT, ya que la dispersión territorial se reduce de forma notable. En el caso del TR, la desviación estándar disminuye casi un 45% entre 2003 y 2022, mientras que en las RT la reducción alcanza el 29%, lo que refleja una creciente homogeneidad en el cumplimiento fiscal de las rentas sometidas a retención. Por el contrario, las RDT presentan una polarización creciente. La desviación estándar se incrementa en las RAE_RCI más de un 200 %, pasando de diferencias máximas de 10 pp, en 2003, a más de 35 pp, en 2022 (Madrid frente a Murcia), y las RCM muestran también brechas territoriales acusadas, con diferencias superiores a 25 pp en 2022.

En términos de mejora absoluta en el nivel de cumplimiento fiscal, destacan Canarias pp), Islas Baleares , Andalucía y Castilla-La Mancha ; mientras que Asturias (+5,62 pp) y Aragón registran avances más modestos. Este patrón sugiere que las reformas y la digitalización han tenido mayor impacto en los territorios que tenían un mayor margen inicial de mejora, mientras que persisten desafíos estructurales en regiones con alta atomización empresarial y menor trazabilidad.

Tabla 3. Comparación internacional del coste neto estimado del tax gap

Nota: Nuestras estimaciones de coste fiscal no son directamente comparables con las cifras oficiales publicadas por otras administraciones tributarias, que suelen incorporar también el incumplimiento por underpayment. El * indica que el coste del tax gap reportado corresponde a underreporting y/o underfiling, lo que se corresponde, en mayor medida, con la estimación realizada para España.

Aunque la metodología empleada en este estudio permite dimensionar de una manera bastante precisa la brecha fiscal en el IRPF, el análisis presenta ciertas limitaciones que conviene destacar. Por un lado, la diferencia estimada entre la renta fiscal y la renta real no puede atribuirse exclusivamente al fraude fiscal en sentido estricto, a pesar de los esfuerzos realizados en esta investigación para intentar encontrar una correspondencia lo más exacta posible entre ambas magnitudes. El tax gap estimado puede estar también capturando fenómenos de elusión, derivada del aprovechamiento de vacíos normativos y tratamientos diferenciales. En este sentido, el concepto de brecha fiscal estimado debe interpretarse en un sentido amplio, que engloba tanto incumplimiento ilegal como comportamientos amparados por la normativa vigente. Asimismo, puede estar capturando, tanto heterogeneidad en la construcción de las variables, como discrepancias metodológicas entre las fuentes estadísticas. Determinadas rentas en especie, por ejemplo, se valoran de forma distinta en ambos sistemas: la CN incluye en las rentas en especie los servicios de guardería para los hijos de los asalariados, o la entrega de acciones gratuitas, mientras que en el IRPF estas remuneraciones pueden estar exentas (arts. 42.3.b y 43.3.f LIRPF). Del mismo modo, exenciones normativas, como la aplicable a los dividendos entre 2008 y 2014, y diferimientos fiscales, reducen la renta fiscal sin que ello implique fraude, aunque incrementan el tax gap estimado. Asimismo, conviene recordar la limitación, ya mencionada, de que en nuestro análisis no hemos podido considerar las diferencias en el criterio de residencia entre fuentes, lo que también puede afectar a los resultados. En consecuencia, las cifras presentadas deben interpretarse como una aproximación agregada al límite superior de fraude, condicionada por diferencias conceptuales y limitaciones estadísticas.

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Las rentas imputadas inmobiliarias son las que, a efectos fiscales, se declaran por la titularidad de inmuebles de naturaleza urbana (o rústica con construcciones que no resulten indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales), siempre que no estén afectos a actividades económicas y no generen rendimientos del capital, es decir que no estén arrendados ni se haya producido cualquier otra cesión de uso mediante precio. Estas rentas, por tanto, son ficticias, no existen en realidad, y, a efectos de su declaración en el IRPF, se estiman en un 2% del valor catastral del citado inmueble, siendo ese porcentaje del 1,1% si está localizado en un municipio en el que los valores catastrales han sido objeto de revisión ese ejercicio o alguno de los 10 anteriores. No obstante, no procede la imputación de rentas por la vivienda habitual, el suelo no edificado, los inmuebles en construcción y los que por razones urbanísticas no sean susceptibles de uso. Estas rentas figuran en las MD del IEF.

En las cuentas nacionales también se asigna una renta por las viviendas, bajo el supuesto de que los propietarios-ocupantes de las mismas se prestan a sí mismos servicios de alojamiento. Estas transacciones ficticias, denominadas también imputadas en la CN, se valoran por el alquiler que los propietarios tendrían que pagar por una vivienda de similar ubicación y características. La imputación se incluye en el excedente de explotación de los hogares, aunque en términos de valor añadido (es decir, detraídos los consumos intermedios del alquiler imputado), no de producción. Por tanto, parece más adecuado estimar la renta real imputada a las viviendas secundarias a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (en adelante, ECV) del Instituto Nacional de Estadística, que proporciona el alquiler imputado correspondiente a los hogares que no pagan un alquiler completo, por ser propietarios, o por ocupar una vivienda alquilada a un precio inferior al de mercado o a título gratuito. El valor imputado en la ECV equivale al alquiler de mercado de una vivienda similar, menos cualquier alquiler realmente abonado y los intereses de los préstamos para la compra de la vivienda principal.

Por tanto, para aproximar la renta real imputada correspondiente a las viviendas secundarias, hemos procedido de la siguiente manera:

1. 1º Hemos obtenido la renta imputada por las viviendas principales en cada CA (ECVvpCA), multiplicado la renta neta media imputada por persona (por las viviendas principales, en la ECV) por la población de cada CA.
2. 2º Hemos ajustado el parámetro v a nivel autonómico, donde v representa el peso que el valor de las viviendas principales tiene en el valor total de los inmuebles a nivel nacional, según la Encuesta

Financiera de las Familias (en adelante, EFF)26. Para ello, hemos multiplicado v por un factor de ajuste que compara la proporción de viviendas principales en cada CA con la proporción nacional, utilizando la información disponible en la Estimación del parque de viviendas (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana)

\[v _ {C A} = v * \frac {p e s o v p _ {C A}}{p e s o v p _ {N A C I O N A L}}\]

será, por tanto, el peso que el valor de los otros inmuebles tiene en el valor total de inmuebles, ajustado a nivel autonómico.

3º Estimamos la renta imputada correspondiente a las viviendas secundarias en cada CA (ECVvsCA), multiplicando la renta imputada por las viviendas principales (ECVvpCA) por el cociente

\[\mathrm{ECVvs} _ {C A} = \mathrm{ECVvp} _ {C A} * \frac {v _ {C A}}{1 - v _ {C A}}\]

4º Como la cantidad legalmente declarada como renta imputada en el IRPF (renta fiscal imputada inmobiliaria) está muy alejada del valor de los alquileres imputados estimado a partir de la ECV , hemos recalibrado este último. Para ello, hemos multiplicado la renta imputada obtenida en el paso anterior por el coeficiente medio de imputación del valor catastral aplicable en cada y por el porcentaje medio que representa el valor catastral sobre el valor de mercado de los inmuebles en cada , dividiendo el resultado entre la rentabilidad media de mercado de los alquileres (rm) 29.

26 La EFF proporciona a nivel nacional, y para los años 2002, 2005,2008, 2011, 2014, 2017, 2020 y 2022, información sobre el peso del valor de las viviendas principales y del resto de inmuebles en el valor total de los activos. A partir de estos datos, calculamos el peso que el valor de las viviendas principales representa sobre el valor total de los inmuebles (a) y, de forma complementaria, el peso que corresponde al resto de inmuebles (entre los que se incluyen las viviendas secundarias) sobre dicho total (1 − a).

27 Cuando los valores catastrales de los inmuebles han sido revisados en el año de referencia de la declaración o en los diez años anteriores, la renta imputada inmobiliaria declarada en el IRPF asciende al 1,1 % del valor catastral; en caso contrario, el porcentaje aplicado es del 2 %. A partir de la información contenida en las Estadísticas Catastrales (Ministerio de Hacienda), que proporcionan los valores catastrales residenciales de cada municipio y la fecha de la última revisión catastral, hemos calculado el porcentaje medio ponderado de renta imputada declarado en cada CA. Para ello, hemos utilizado como ponderaciones el peso que representan, en cada CA, los valores catastrales revisados de los inmuebles residenciales sobre el valor catastral total de los inmuebles residenciales, así como el correspondiente a los inmuebles cuyos valores catastrales no han sido revisados.

'( *+,-./01 0+ 21. -345+62+. *+.-0+3!-/2+.!" + 2% '( 31 *+,-./01 0+ 21. -345+62+. *+.-0+3-/2'( 717/2 0+ 21. -345+62+. *+.-0+3!-/2+. +.!" !!" = 1,1% ∗ '( 717/2 0+ 21. -345+62+. *+.-0+3!-/2+.!"

\[\mathrm{Rentarealimputadainmobiliaria} = \left(\frac {\mathrm{ECVvs} _ {C A}}{r _ {m}}\right) * c _ {C A} * p _ {C A}\]

Los resultados, recogidos en el gráfico 1.A, muestran tasas de cumplimiento superiores al 100% en los primeros años del periodo analizado. Este hecho evidencia la dificultad de estimar las rentas imputadas reales (denominador de la tasa de cumplimiento fiscal de las rentas imputadas inmobiliarias), para que sean comparables con las rentas fiscales (numerador). A esto se suma el underreporting, que no solo afecta a las declaraciones fiscales, sino también a las encuestas, como la ECV. Si un contribuyente oculta ingresos en el IRPF, probablemente también lo haga en entrevistas, lo que introduce sesgos adicionales en el denominador utilizado para estimar el nivel de cumplimiento de esta categoría de renta. Una evidencia se encuentra en la comparación entre la ECV y la CN, recogida en el Informe Metodológico Estandarizado de la ECV (punto 15.3). En 2021, los ingresos por trabajo por cuenta ajena ascendieron a 465.902 millones de euros, en la ECV, y a 449.929 millones, en la CN. Además, tal y como se recoge en dicho Informe, los ingresos del trabajo por cuenta propia, las rentas de la propiedad y las rentas del capital se recogen muy mal en entrevistas, lo cual hace que la fiabilidad en la medición de dichas rentas sea dudosa.

28 Dicho porcentaje lo obtenemos dividiendo el valor catastral residencial de la CA (disponible en las Estadísticas Catastrales) entre el valor de la riqueza inmobiliaria (viviendas de los hogares) en dicha CA. Este último valor lo estimamos asignando, a cada CA, una parte del valor de la riqueza inmobiliaria nacional -viviendas de los hogares- (que proporciona el Banco de España), en función del peso que representa, sobre el total nacional, el valor catastral de todos los inmuebles de la CA.

'( *+.-0+3!-/2 :!" = ;-<5+=/ -3416-2-/*-/#"!$%#"& ∗ ( '(!" '(? )

29 Disponible en las Estadísticas generales del Banco de España (Edificación y vivienda, Rentabilidad de la vivienda bruta por alquiler, acumulado en los doce últimos meses). https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/temas/estadisticaseconomicas-generales.html

Gráfico 1.A: Evolución de la brecha fiscal en el conjunto de CCAA del TFRC. Rentas imputadas

Tabla 1.A: Correspondencia entre partidas incluidas en el numerador (renta fiscal) y en el denominador (renta real) del indicador de cumplimiento fiscal

Continuación Tabla 1.A

Continuación Tabla 1.A

Nota: Los datos obtenidos de las muestras (MD y MND) del IEF se han ponderado aplicando el factor de elevación poblacional correspondiente a cada observación y, posteriormente, se han agregado por Comunidad Autónoma.

Tabla 2.A: Evolución de las partidas que intervienen en el cálculo del cumplimiento fiscal

Continuación Tabla 2.A

Continuación Tabla 2.A

Nota: La tabla muestra el grado de cumplimiento fiscal en el conjunto de CCAA del TFRC, diferenciando entre Rentas del Trabajo (RT), Rentas de Actividades Económicas y del Capital Inmobiliario (RAE_RCI) y Rentas del Capital Mobiliario (RCM). También recoge los agregados Rentas Distintas del Trabajo (RDT) y Total de Rentas (TR). Para cada categoría de renta se incluyen, además de los niveles de cumplimiento fiscal, las rentas fiscales y las reales, así como las partidas que las componen, y la brecha fiscal estimada. El concepto de RAEED de la columna 18 incorpora las reducciones y los gastos financieros, mientras que el RAEagricEO y el RAEnoagricEO, de las columnas 19 y 20, respectivamente, incluyen todas las reducciones, excepto la minoración por incentivos a la inversión. La tercera fila muestra las fuentes de datos de las que se han obtenido los datos, o a partir de las cuales se han obtenido, haciendo los ajustes detallados en la sección metodológica.

Tabla 3.A: Contribución por categoría de renta al cumplimiento fiscal total

Nota: La tabla muestra los resultados de una regresión lineal estimada mediante mínimos cuadrados ordinarios, en la que se analiza el cumplimiento fiscal en el total de rentas (TR) en función del cumplimiento en sus distintas categorías (RT, RAE_RCI y RCM), ponderadas según el peso relativo de cada categoría de renta en el TR. Todas las variables están expresadas en logaritmos y el modelo se ha estimado utilizando errores estándar robustos, para corregir posibles problemas de heterocedasticidad. El coeficiente mide, por tanto, la elasticidad del cumplimiento fiscal en cada categoría de renta.

Gráfico 2.A: Evolución del cumplimiento fiscal estimado por categoría de renta, por Comunidad Autónoma Andalucía

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en las tablas 4A a 8.A del anexo II

Aragón

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en las tablas 4A a 8.A del anexo II

Asturias

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en las tablas 4A a 8.A del anexo II

Islas Baleares

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en las tablas 4.A a 8.A del Anexo II

Canarias

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en las tablas 4.A a 8.A del Anexo

Cantabria

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en las tablas 4.A a 8.A del Anexo

Castilla y León

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en las tablas 4.A a 8.A del Anexo

Castilla-La Mancha

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en las tablas 4.A a 8.A del Anexo

Cataluña

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en las tablas 4.A a 8.A del Anexo

Comunidad Valenciana

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en las tablas 4.A a 8.A del Anexo

Extremadura

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en las tablas 4.A a 8.A del Anexo

Galicia

Cumplimiento fiscal del total rentas

Cumplimiento fiscal de las rentas del trabajo

Cumplimiento fiscal de las rentas del capital mobiliario

Cumplimiento fiscal de las rentas de actividades económicas y capital inmobiliario

Cumplimiento fiscal de las rentas distintas del trabajo

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en las tablas 4.A a 8.A del Anexo

Madrid

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en las tablas 4.A a 8.A del Anexo

Murcia

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en las tablas 4.A a 8.A del Anexo

La Rioja

Nota: Los datos asociados a este gráfico están recogidos en las tablas 4.A a 8.A del Anexo

Tabla 4.A: Cumplimiento fiscal en el Total de Rentas (TR) por Comunidad Autónoma (en porcentaje)

Tabla 5.A: Cumplimiento fiscal en las Rentas del Trabajo (RT), por Comunidad Autónoma (en porcentaje)

Tabla 6.A: Cumplimiento fiscal en las Rentas Distintas del trabajo (RDT), por Comunidad Autónoma (en porcentaje)

Tabla 7.A: Cumplimiento fiscal en las Rentas de Actividades Económicas y del Capital Inmobiliario (RAE_RCI), por Comunidad Autónoma (en porcentaje)

Tabla 8.A: Cumplimiento fiscal en las Rentas del Capital Mobiliario (RCM), por Comunidad Autónoma (en porcentaje)

Tabla 9.A: Dispersión territorial del cumplimiento fiscal por categoría de renta, 2003-2022

Tabla 10.A: Relación entre el peso de las Rentas del Trabajo y el cumplimiento fiscal del total de rentas: evidencia estadística

Para evaluar la robustez de los resultados presentados en la sección 3, hemos realizado un análisis estadístico orientado a comprobar la significatividad de las diferencias en el cumplimiento fiscal entre categorías de renta, así como para cada categoría de renta a lo largo del tiempo. Este análisis lo hemos hecho, primero, para el conjunto de CCAA del TFRC, y después para cada CA. Asimismo, hemos analizado la significatividad de las diferencias en el cumplimiento fiscal, por categoría de renta, entre CCAA.

En primer lugar, hemos analizado si el cumplimiento medio, a lo largo del periodo estudiado, difiere entre categorías de renta para el conjunto de CCAA del TFRC. Para ello, dado que el test de Shapiro-Wilk sugiere que las RAE_RCI no siguen una distribución normal (véase la tabla 11.A) y el test de Levene rechaza la hipótesis de homocedasticidad, al mostrar diferencias significativas en las varianzas (véase la tabla 12.A), hemos utilizado métodos robustos que no requieren homocedasticidad ni normalidad estricta. Tanto la prueba de Welch, como las regresiones con errores robustos, recogidas en la tabla 13.A, confirman diferencias notables y estadísticamente significativas en el nivel medio de cumplimiento fiscal entre categorías de renta. El único contraste no significativo es el de las RDT vs RAE_RCI, lo que sugiere que, entre estas dos categorías, las diferencias son pequeñas. El Gráfico 3.A ilustra el resultado de la prueba de Welch, para la comparación por pares de rentas.

Tabla 11.A: Prueba de normalidad, para el conjunto de CCAA del TFRC (Test de Shapiro-Wilk)

Tabla 12.A: Prueba de homoscedasticidad, para el conjunto de CCAA del TFRC (Test de Levene)

Tabla 13.A: Significatividad de las diferencias de medias entre pares de rentas, para el conjunto de CCAA del TFRC.